Germán Ayala Osorio, profesor Asociado y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali- Colombia).
Ahora que parece despejarse el camino para los aspirantes a la presidencia[1], bien vale la pena mirar algunos aspectos de la seguridad democrática, única política que debe reelegirse a decir del propio Presidente.
Empecemos por aclarar que la seguridad democrática está contenida en un documento titulado Política de Defensa y Seguridad Democrática. Miremos dos de los pilares contenidos en dicho documento. El primero señala: “La protección de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, origen, lengua, religión o ideología política. Todos los ciudadanos, tanto los que viven en el campo como los que viven en la ciudad, son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos. Los derechos del campesino, del empresario, del sacerdote, del sindicalista, del maestro, del defensor de derechos humanos, del profesor universitario, del periodista, del soldado o del policía serán igualmente protegidos, sin discriminación.”
Curioso que no se mencione a indígenas y negros, grupos étnicos perseguidos, señalados y discriminados por la sociedad y por el propio Estado. ¿Qué tanto ha cambiado esta situación en estos largos siete años? La verdad, muy poco, pues a los indígenas se les continúa persiguiendo y estigmatizando. Baste recordar la infiltración de personal de inteligencia en las mingas indígenas del Cauca, los asesinatos de sus líderes y miembros a manos de paramilitares, guerrilleros, militares y policías. Para el caso de los negros, no para la persecución en el Chocó y en otras zonas del Pacífico de grupos paramilitares interesados en imponer y mantener por la fuerza el monocultivo de la palma y de garantizar la explotación minera a gran escala. ¿Y qué decir del respeto del derecho a la vida de aquellos colombianos asesinados por miembros de la fuerza pública, en lo que se conoce como ‘falsos positivos’?
El segundo pilar fundamental de dicha política señala: “La protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas. La pluralidad del debate político depende de unas condiciones de seguridad que permitan la libre expresión de diferencias de opinión y el libre ejercicio de la autoridad democrática. El gobernante, el opositor o el disidente político requieren garantías que les permitan ejercer su mandato popular o participar en la política sin temer por su seguridad personal. Quienes atacan, secuestran o amenazan a alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, congresistas y demás dirigentes políticos atentan no sólo contra un ciudadano, sino contra la voluntad democrática de la población. La Política de Defensa y Seguridad Democrática busca proteger a dirigentes y disidentes políticos, afianzando a la vez el marco democrático y las amplias posibilidades de participación ciudadana que establece la Constitución Política.” [2]
¿Cuáles son los valores que ha defendido el gobierno de Uribe? El desprecio por la vida y por el estado de derecho cuando mandó acabar con los sicarios de la ‘oficina de Envigado’; o cuando mandó a capturar a un funcionario de Buenaventura sin orden judicial; cuál pluralidad y cuáles garantías a la oposición y a la disidencia cuando aún asesinan sindicalistas y se ordenan seguimientos a congresistas y líderes de opinión. O la postura que asumió en casos y temas como los derechos de los homosexuales y la dosis mínima. ¿Existirán verdaderas garantías cuando el propio Presidente señala como terroristas y auxiliadoras de la guerrilla a las ONG de derechos humanos? ¿Cuál pluralidad si hoy los medios masivos de información están cooptados en su mayoría?
En el acápite Transparencia y juridicidad se señala: “Todas las actuaciones del Gobierno serán transparentes y se someterán al escrutinio público. Fortalecer la cultura de la honestidad y de la transparencia, con mecanismos y herramientas efectivas para erradicar la corrupción, es una prioridad. Ese ejemplo se da en la planeación y ejecución de los contratos, en el control de los impedimentos para evitar conflictos de interés y en la observancia de los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades. El acatamiento de los principios constitucionales de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y, consecuentemente, el uso transparente de los recursos públicos, garantizará que éstos rindan los mejores frutos en beneficio de los ciudadanos. Mayor transparencia y mayor eficacia se traducirán en mayor credibilidad.”[3]
Los siguientes casos dan al traste con las intenciones que se desprenden del enunciado: el del ministro Valencia Cossio que no renunció a su cargo por las actuaciones delictivas de su hermano. ¿No hay conflicto de intereses?; el del director de Invías, Daniel García Arizabaleta, a quien el gobierno protege a pesar de los pronunciamientos y fallos de la Procuraduría en torno a las maniobras dolosas del funcionario. Acaba de pedir una licencia no remunerada para defenderse. ¿Será eso serio cuando ya hay dos fallos en firme de la Procuraduría General de la Nación? Y baste con recordar los casos de Noguera en el DAS y de otros funcionarios salpicados por los escándalos de la yidispolítica y la parapolítica; y por supuesto, la sospechosa visita de oscuros personajes (alias Job[4]) a la Casa de Nariño.
En cuanto al manejo transparente de los recursos públicos habrá que esperar denuncias e investigaciones para saber qué tanto despilfarro hubo de recursos en los consejos comunales, una verdadera feria clientelar y populista.
Miremos ahora el capítulo Comunicar las políticas y acciones del Estado. Terrorismo y Comunicación, en donde se expone lo siguiente: “El manejo responsable de la información no es sólo tarea de todas las entidades del Estado. Igualmente, corresponde a los medios de comunicación, en cumplimiento del mandato constitucional, ser veraces y responsables, en especial, a la hora de divulgar información que pueda poner en peligro la vida de las personas y el desarrollo de operaciones. Cumplir con estos preceptos constitucionales es una tarea especialmente difícil en un país democrático que, como Colombia, está asediado por organizaciones terroristas. Estas no sólo atentan contra la libertad de prensa mediante la intimidación y la violencia, sino también divulgando falsa información, manipulando la opinión y sembrando confusión. El Estado promoverá y respaldará la reflexión por parte de los periodistas y de los medios acerca de cuál debe ser su papel en una democracia en peligro: si sus prácticas periodísticas respaldan los valores democráticos, qué fuentes de información legitiman y cuáles son los efectos del lenguaje que utilizan.”[5]
¿Será que el unanimismo mediático y la abdicación de medios y noticieros de televisión como EL TIEMPO, RCN y Caracol a cumplir con la tarea de informar es consecuencia de lo que se señala en el anterior párrafo? Tiene sentido pensar que el Gobierno Uribe presionó y presiona a la gran prensa para que informe lo que la Casa de Nariño quiere que se sepa.
Es mucho lo que hay que revisar de una política que se impone a quienes hoy tienen intenciones de llegar a la presidencia. Entre otros asuntos, hay que extender los alcances de la ‘seguridad democrática’ para atacar un problema sentido en ciudades como Cali y Bogotá: el robo callejero, el raponazo, en fin, la delincuencia común que crece como espuma. También, garantizar que las armas estén en poder de las autoridades. Hay que atacar el porte ilegal y legal de las armas que hoy están en manos de civiles; aumentar los controles al interior de las fuerzas armadas para garantizar transparencia pues hay evidencias de que algo podrido hay en ellas. Y por último, quien suceda a Uribe y dé continuidad -parece que no tiene otra opción- a la política de seguridad democrática debe empezar por comprender que las FARC no son el único problema de Colombia y que luchar contra ellas es deber del Estado y no una decisión particular de un Presidente que desea vengar la muerte de su padre y menos aún, un favor que el mandatario de turno le quiere hacer al país.
Empecemos por aclarar que la seguridad democrática está contenida en un documento titulado Política de Defensa y Seguridad Democrática. Miremos dos de los pilares contenidos en dicho documento. El primero señala: “La protección de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, origen, lengua, religión o ideología política. Todos los ciudadanos, tanto los que viven en el campo como los que viven en la ciudad, son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos. Los derechos del campesino, del empresario, del sacerdote, del sindicalista, del maestro, del defensor de derechos humanos, del profesor universitario, del periodista, del soldado o del policía serán igualmente protegidos, sin discriminación.”
Curioso que no se mencione a indígenas y negros, grupos étnicos perseguidos, señalados y discriminados por la sociedad y por el propio Estado. ¿Qué tanto ha cambiado esta situación en estos largos siete años? La verdad, muy poco, pues a los indígenas se les continúa persiguiendo y estigmatizando. Baste recordar la infiltración de personal de inteligencia en las mingas indígenas del Cauca, los asesinatos de sus líderes y miembros a manos de paramilitares, guerrilleros, militares y policías. Para el caso de los negros, no para la persecución en el Chocó y en otras zonas del Pacífico de grupos paramilitares interesados en imponer y mantener por la fuerza el monocultivo de la palma y de garantizar la explotación minera a gran escala. ¿Y qué decir del respeto del derecho a la vida de aquellos colombianos asesinados por miembros de la fuerza pública, en lo que se conoce como ‘falsos positivos’?
El segundo pilar fundamental de dicha política señala: “La protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas. La pluralidad del debate político depende de unas condiciones de seguridad que permitan la libre expresión de diferencias de opinión y el libre ejercicio de la autoridad democrática. El gobernante, el opositor o el disidente político requieren garantías que les permitan ejercer su mandato popular o participar en la política sin temer por su seguridad personal. Quienes atacan, secuestran o amenazan a alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, congresistas y demás dirigentes políticos atentan no sólo contra un ciudadano, sino contra la voluntad democrática de la población. La Política de Defensa y Seguridad Democrática busca proteger a dirigentes y disidentes políticos, afianzando a la vez el marco democrático y las amplias posibilidades de participación ciudadana que establece la Constitución Política.” [2]
¿Cuáles son los valores que ha defendido el gobierno de Uribe? El desprecio por la vida y por el estado de derecho cuando mandó acabar con los sicarios de la ‘oficina de Envigado’; o cuando mandó a capturar a un funcionario de Buenaventura sin orden judicial; cuál pluralidad y cuáles garantías a la oposición y a la disidencia cuando aún asesinan sindicalistas y se ordenan seguimientos a congresistas y líderes de opinión. O la postura que asumió en casos y temas como los derechos de los homosexuales y la dosis mínima. ¿Existirán verdaderas garantías cuando el propio Presidente señala como terroristas y auxiliadoras de la guerrilla a las ONG de derechos humanos? ¿Cuál pluralidad si hoy los medios masivos de información están cooptados en su mayoría?
En el acápite Transparencia y juridicidad se señala: “Todas las actuaciones del Gobierno serán transparentes y se someterán al escrutinio público. Fortalecer la cultura de la honestidad y de la transparencia, con mecanismos y herramientas efectivas para erradicar la corrupción, es una prioridad. Ese ejemplo se da en la planeación y ejecución de los contratos, en el control de los impedimentos para evitar conflictos de interés y en la observancia de los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades. El acatamiento de los principios constitucionales de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y, consecuentemente, el uso transparente de los recursos públicos, garantizará que éstos rindan los mejores frutos en beneficio de los ciudadanos. Mayor transparencia y mayor eficacia se traducirán en mayor credibilidad.”[3]
Los siguientes casos dan al traste con las intenciones que se desprenden del enunciado: el del ministro Valencia Cossio que no renunció a su cargo por las actuaciones delictivas de su hermano. ¿No hay conflicto de intereses?; el del director de Invías, Daniel García Arizabaleta, a quien el gobierno protege a pesar de los pronunciamientos y fallos de la Procuraduría en torno a las maniobras dolosas del funcionario. Acaba de pedir una licencia no remunerada para defenderse. ¿Será eso serio cuando ya hay dos fallos en firme de la Procuraduría General de la Nación? Y baste con recordar los casos de Noguera en el DAS y de otros funcionarios salpicados por los escándalos de la yidispolítica y la parapolítica; y por supuesto, la sospechosa visita de oscuros personajes (alias Job[4]) a la Casa de Nariño.
En cuanto al manejo transparente de los recursos públicos habrá que esperar denuncias e investigaciones para saber qué tanto despilfarro hubo de recursos en los consejos comunales, una verdadera feria clientelar y populista.
Miremos ahora el capítulo Comunicar las políticas y acciones del Estado. Terrorismo y Comunicación, en donde se expone lo siguiente: “El manejo responsable de la información no es sólo tarea de todas las entidades del Estado. Igualmente, corresponde a los medios de comunicación, en cumplimiento del mandato constitucional, ser veraces y responsables, en especial, a la hora de divulgar información que pueda poner en peligro la vida de las personas y el desarrollo de operaciones. Cumplir con estos preceptos constitucionales es una tarea especialmente difícil en un país democrático que, como Colombia, está asediado por organizaciones terroristas. Estas no sólo atentan contra la libertad de prensa mediante la intimidación y la violencia, sino también divulgando falsa información, manipulando la opinión y sembrando confusión. El Estado promoverá y respaldará la reflexión por parte de los periodistas y de los medios acerca de cuál debe ser su papel en una democracia en peligro: si sus prácticas periodísticas respaldan los valores democráticos, qué fuentes de información legitiman y cuáles son los efectos del lenguaje que utilizan.”[5]
¿Será que el unanimismo mediático y la abdicación de medios y noticieros de televisión como EL TIEMPO, RCN y Caracol a cumplir con la tarea de informar es consecuencia de lo que se señala en el anterior párrafo? Tiene sentido pensar que el Gobierno Uribe presionó y presiona a la gran prensa para que informe lo que la Casa de Nariño quiere que se sepa.
Es mucho lo que hay que revisar de una política que se impone a quienes hoy tienen intenciones de llegar a la presidencia. Entre otros asuntos, hay que extender los alcances de la ‘seguridad democrática’ para atacar un problema sentido en ciudades como Cali y Bogotá: el robo callejero, el raponazo, en fin, la delincuencia común que crece como espuma. También, garantizar que las armas estén en poder de las autoridades. Hay que atacar el porte ilegal y legal de las armas que hoy están en manos de civiles; aumentar los controles al interior de las fuerzas armadas para garantizar transparencia pues hay evidencias de que algo podrido hay en ellas. Y por último, quien suceda a Uribe y dé continuidad -parece que no tiene otra opción- a la política de seguridad democrática debe empezar por comprender que las FARC no son el único problema de Colombia y que luchar contra ellas es deber del Estado y no una decisión particular de un Presidente que desea vengar la muerte de su padre y menos aún, un favor que el mandatario de turno le quiere hacer al país.
[1] EL COLOMBIANO confirmó ayer que el Presidente no se presentará como candidato a las elecciones de 2010. Al parecer la fuente que entregó la información fue el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos.
[2] Tomado de Política de Defensa y Seguridad Democrática, p. 13.
[3] Ibid., p. 19.
[4] Esto señaló el Gobierno en su momento: “la presencia en la Casa de Nariño de Diego Álvarez, abogado de Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y del desmovilizado Antonio López, alias ‘Job’, obedeció a su deseo de entregar información sobre una posible manipulación de testigos por parte del magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, en contra del Presidente de la República.” Tomado de la página web de la Presidencia.
[5] Op cit., p. 64.
JAMAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderBorrarMAURICIO
Me encantó tu artículo Germán!!! Los documentos y la palabra pueden con todo, pero los hechos son los que realmente hablan del compromiso con el discurso. Si uno lee el texto de la "seguridad democrática" hasta está de acuerdo. Pero si ves la realidad.......bueno no hay peor clientelismo, manzanillismo y ejemplos corrupción y resquebrajamiento de las instituciones a voluntad........ por no hablar de la peor verguenza: la de los "falsos positivos"!!!
ResponderBorrarClaudia
Seguridad democrática, ¿qué es eso?
ResponderBorrarojalá y los colombianos despierten de este letargo guerrerista que ha inculcado este señor, que tanto mal le ha hecho la país con su veneno.
German tu reflexion es contundente por todo el recuento y anâlisis que haces.No cabe duda que arbitrariedades se cometen a diario por este gobierno, dados los lineamientos de la politica de seguridad democratica y aun mâs por el perfil que tiene el mandatario de turno, pero existe "un algo" en este paîs que ayuda a que la gran mayoria de su gente "nosotros" no pasemos del discurso, del comentario, de la tertulia, del chiste, del chisme, y por ultimo del olvido. ¿Serâ que nos gusta ser tratados de esta manera? o ¿Serâ que la cultura del esclavismo estâ tan arraigada en nosotros que necesitamos de un tratamiento diferente al que se nos estâ dando?. De todos modos "ese algo" circunda en nuestra sociedad y el tiene que ver con ese comportamiento de indiferencia, de egoismo, de individualismo, de hipocrecia, de falsedad, etc, que siempre conlleva a lo mismo: a la amnesia temporal circunstancial.
ResponderBorrarSeria bueno reflexionar sobre la forma como nos han educado y actualmente se educa, pues acordemonos que las directrices son trazadas por los gobiernos de turno de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus intereses que implicitamente pueden sugerir formas de controlarnos durante la gran mayoria de nuestra vida a travês de politicas educativas malsanas sin que nosotros nos demos cuenta, generando actitudes y comportamientos que reflejan la clase de sociedad que somos.
Bueno German, acordate que no poseo los dotes de un buen analista ni escritor, pero espero mejorar con tus invitaciones a reflexionar, sos un maestro.
Abrazos
Jairo Q.