lunes, 25 de abril de 2016

UN FISCAL CORPORATIVO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Si algo busca el modelo económico neoliberal es controlar la acción estatal para beneficiar a poderosas corporaciones. El Estado[1], entonces, se convierte en un apéndice de los intereses particulares que guían la acción política de los partidos políticos que están al servicio de empresas y poderosas corporaciones y gremios;  y entre tanto, la clase política gobierna y legisla para beneficiar a una élite tradicional mezquina, que aprendió muy bien cómo hacerse con el Estado y aliarse con grandes corporaciones.

Neoliberales como Gaviria, Pastrana, Uribe y Santos, entre otros, lograron de disímiles maneras imponerle al Estado un sentido o un carácter corporativo con el que claramente respondieron positivamente a las imposiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y por esa vía, suprimir poco a poco el sentido de lo público que acompaña al Estado y a la política misma.

Crear Agencias paralelas es una forma de “privatizar” el Estado, dándole un carácter técnico con el cual se intenta ocultar el verdadero carácter corporativo. Ejemplo de ello lo constituyen la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y quizás la más controvertida por sus recientes decisiones, la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).

De esta manera, el sentido  de lo público se desvanece ante el incontrastable poder de agentes estatales que operan dentro del Estado para beneficiar a firmas y empresas nacionales y extranjeras. Poco a poco el Estado, como símbolo de unidad territorial y guía moral de la sociedad a la cual disciplina gracias a su poder de coerción, va perdiendo sentido de realidad y su operación cada vez se reduce a favorecer a unos pocos.

El Estado colombiano deviene “privatizado” y la acción política de agentes estatales como ministros, “súper ministros” y directores de Agencias, entre otros, queda sujeta y se encamina a proteger y ampliar los intereses de grandes empresarios y empresas multinacionales.

El aparato de justicia no se queda al margen de esas circunstancias y realidades. Por el contrario, las grandes decisiones devienen de tiempo atrás tomadas por agentes y operadores judiciales cooptados por grandes empresas nacionales y extranjeras. El caso del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chaljub, es apenas una muestra de cómo un agente de Estado le torció el sentido lo público a la justicia, y a la ética misma, beneficiando a terceros.

Ahora que el país conoce la terna que envió el Presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia para que ese tribunal elija el nuevo Fiscal General de la Nación, la posibilidad de que el carácter corporativo llegue al ente investigador y acusador es enorme, por cuenta del perfil de uno de los abogados ternados: Néstor Humberto Martínez Neira.

Si Néstor Humberto Martínez Neira se convierte en Fiscal General de la Nación, esa entidad, en delante, bien podría exhibir un inconveniente y perverso carácter corporativo con el que se beneficiarán los grandes Cacaos de Colombia, empresarios y multinacionales. En especial, aquellos que resulten llamados por la Jurisdicción Especial de Paz o señalados en los informes que la Comisión de la Verdad logre construir una vez se instale y se dé inicio a sus labores investigativas. Esas instancias judiciales, solo vinculante la primera, creadas en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno de Santos y las Farc, investigarán a combatientes y no combatientes que hayan incidido, apoyado o coadyuvado, de manera directa o indirecta, al escalamiento del conflicto y por ende, a la comisión de delitos violatorios de los DDHH y del DIH.

De esa forma, el Establecimiento mantiene el apoyo al proceso de paz de La Habana, a la negociación misma y terminaría aceptando los niveles de impunidad que de todas maneras habrá, en relación con los crímenes cometidos por las Farc, cuando se implemente el modelo de justicia transicional acordado entre las Delegaciones que negocian en territorio cubano. Eso sí, a cambio de que se garantice impunidad para los grandes ricos y empresarios que aportaron dinero, por ejemplo, a grupos paramilitares que masacraron civiles, desplazaron campesinos, afros e indígenas, violaron mujeres y despojaron de sus tierras a unos y otros. 

Así entonces, la tarea de Martínez Neira como Fiscal General de la Nación sería la de “amarrarle” las manos al ente investigador y acusador, y asesorar, por debajo de la mesa o de frente al país, a los grandes empresarios y multinacionales que de disímiles formas apoyaron a grupos paramilitares y coadyuvaron al escalamiento del conflicto armado interno. Y lo haría, usando su influyente bufete de abogados y su cercanía con los grandes ricos de Colombia.

Martínez Neira llegaría a la Fiscalía General de la Nación con un doble perfil, dos caras o caretas. Una, como agente de Estado y la segunda, como hábil agente privado que sabe penetrar el Estado para ponerlo al servicio de los intereses  de poderosos actores y agentes privados.

Para muchos, la elección como Fiscal General de Néstor Humberto Martínez es un hecho. Solo resta esperar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplan con la tarea, valorando el sentido de lo público con el cual han actuado los candidatos ternados. Si ese criterio se aplica, muy seguramente Martínez Neira no podrá ser elegido como Fiscal. Al respecto, Caballero señala: “…si hubiera que resumir en un solo nombre la carencia absoluta de sentido de lo público, ese nombre sería Néstor Humberto Martínez”[2].


Sin duda, hemos construido Estado, Sociedad y Mercado sobre un ethos mafioso que nos aleja de la posibilidad de vivir con sentido de lo colectivo y de lo público. Tendremos un Fiscal corporativo? Amanecerá y veremos.
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