FUERO MILITAR PARA UN ACTOR POLÍTICO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En el largo y degradado conflicto armado interno, la política y las armas, como discursos, sirven para caracterizar a los actores armados que participan de la confrontación militar. De un lado, las guerrillas, desdibujadas ideológica y políticamente, intentan recuperar terrenos perdidos en un incierto proceso de diálogo; y del otro, las fuerzas armadas, tratando de ganar un lugar positivo en los imaginarios y representaciones de la población civil, pero en especial, en los de específicos e importantes actores de la sociedad civil que de tiempo atrás apoyan la labor de militares y policías. Y lo vienen haciendo no sólo a través del posicionamiento a través de mensajes publicitarios bien logrados y emitidos en horarios prime time, sino a través del legislativo, en aras de alcanzar mejores condiciones para operar y cumplir con la tarea de combatir a un viejo y al parecer invencible enemigo: las guerrillas.

Y en el Congreso están a punto de lograr una ampliación de las garantías del fuero militar, con el que muy seguramente quedarán blindados ante los requerimientos del Ministerio Público.

La insistencia de ampliar el fuero militar se sostiene no sólo en el afán de blindar jurídicamente a los miembros de la fuerza pública, sino en la necesidad de exhibir a las fuerzas armadas como un actor político con intereses claros en continuar el conflicto armado interno y de relativizar las garantías constitucionales de un débil régimen democrático.

En esa medida, hay miembros activos y retirados de las fuerzas armadas que hace rato vienen constituyendo una especie de ‘burocracia armada’ a la que le conviene extender la guerra interna, porque ella misma entrega dividendos económicos por la vía de la contratación, así como réditos políticos. Los líderes de esa ‘burocracia armada’ presionan a los gobiernos para lograr tratos especiales, y buscan a toda costa convencer a una escindida sociedad civil de que está cerca el triunfo militar y el sometimiento de las guerrillas, así ese anhelo signifique otros 20 o más años de guerra.

Insistir en ampliar los alcances y garantías del artículo 221 de la Carta Política, pone un manto de duda sobre las reales intenciones de la cúpula y de la ‘burocracia armada’, en el sentido de no exponer con total transparencia las actuaciones de militares y policías que en cumplimiento del deber y en actos del servicio, violen la ley y en especial, vulneren los derechos humanos. Dejar las indagaciones sobre la presunta comisión de delitos y excesos de miembros de las fuerzas armadas en manos de instancias uniformadas, devela la intención de encubrir condiciones en las que se opera, bajo el pretexto de que jueces civiles y en general, la sociedad civil, no alcanzan a comprender las características, el sentido de las órdenes y la mística militar con las cuales, por ejemplo, se combate a las guerrillas.

Permitir que instancias militares califiquen una operación y los delitos que en ella se puedan cometer, es una indeseable ventaja que se le entrega a soldados y policías frente a la vigilancia que debe ejercer, por ejemplo, el Ministerio Público. Casos como los ‘falsos positivos’, entre otros delitos, pueden quedar sujetos a la obediencia debida, al espíritu de cuerpo y en general, a la lógica y a las formas como policías, soldados y militares desestiman la naturaleza de la guerra interna, al insistir en que el país realmente está ante una amenaza terrorista[1] y no ante un sistémico y complejo conflicto armado interno.

Así las cosas, extender y fortalecer el actual fuero militar es la expresión clara de que las fuerzas armadas, en especial, una cúpula militar tropera, realmente no están comprometidos con el proceso de paz y que, por el contrario, le apuestan a continuar la guerra con el claro propósito de mantener hacia futuro las especiales condiciones presupuestales y de retiro  que hoy les ofrece el régimen castrense.

De esta forma, no resulta contradictorio que el proyecto de ley se discuta en medio de los diálogos de paz que se llevan a cabo en Cuba, entre el Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc. Por el contrario, sirve para confirmar el poder político alcanzado por una ‘burocracia armada’, activa y retirada, que busca a toda costa el reconocimiento de la sociedad  por sus ‘sacrificios’ y el fortalecimiento de un tipo de democracia militarizada no sólo por las condiciones contextuales que ofrece el conflicto armado interno, sino por la intención de hacer efectiva la fuerza represiva del Estado, manteniendo intacta su incapacidad para erigirse de verdad como un Estado Social de Derecho.

Lo más conveniente sería que policías y militares, en especial lo que llamo aquí la ‘burocracia armada’, se sumaran al proceso de paz y participaran activamente de la discusión de los puntos de la agenda, en el contexto del proceso de paz. Los altos costos económicos, políticos, sociales, culturales y humanos que dejan más de cuarenta años de guerra interna, deberían ser suficiente argumento para dejar de presionar al gobierno de Santos y al legislativo para blindarse ante la ley.

La búsqueda de la paz no puede ser una opción y una exigencia exclusiva para las guerrillas, sino, y por el contrario, un camino posible para quienes desde la legalidad vienen defendiendo un régimen político y un modelo económico violento y excluyente que necesita con urgencia ajustes para hacerse realmente viable.

Nota: ahora resulta que la paz se negocia con las guerrillas, pero la continuidad de la guerra hay que negociarla con la 'burocracia armada'.

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[1] Espíritu de la  Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD), promovida y aplicada durante el periodo presidencial 2002-2010. A pesar de que el Gobierno de Santos reconoció jurídica y políticamente la existencia de un conflicto armado interno, al parecer dentro de las fuerzas armadas, pero en especial en el actual ministro de la Defensa, se sigue pensando en que efectivamente el país debe enfrentar un terrorismo discriminado.