PARAMILITARISMO EN LA PRENSA: LOS CASOS DE ERNESTO YAMHURE Y SALUD HERNÁNDEZ-MORA

Por Germán Ayala Osorio[1]

Resumen

El autor expone un seguimiento y un análisis editorial, periodístico y político de los discursos de dos reconocidos columnistas en los cuales el paramilitarismo aparece como un eje común e ideológico, con los que es posible entender y develar las posturas asumidas por quienes aparecen como líderes de opinión en espacios mediáticos de especial reconocimiento social y político. 

De igual manera, expone los riesgos éticos y políticos que corren los periodistas y los columnistas cuando, al abordar hechos y actores armados dentro del contexto del conflicto armado interno, al exhibir posturas de franca defensa del proyecto político que encarnaron, por ejemplo, los grupos paramilitares.

Palabras claves: política, ética, medios de comunicación.

Introducción

Una sociedad como la colombiana, escindida e históricamente incapaz de soñar (se), pensar (se) y exigir (se) un proyecto de nación incluyente, termina ella misma exhibida en los medios masivos de información, bien a través de la información noticiosa o a través del ejercicio de la doxa de sus columnistas o aquella opinión que surge de la reflexión interna de las directivas o de los representantes de las familias propietarias de las empresas mediáticas. Es decir, la prensa termina registrando, desde la opinión y desde lo noticioso, las angustias, las incertidumbres y los problemas de un país, como Colombia, envuelto en miles de circunstancias complejas en las que, a pesar de todo, sobreviven millones de habitantes, la Nación y el Estado.

Cuando se observa a los medios masivos o se les sigue con cierta asiduidad, es posible constatar los desequilibrios sociales, los problemas de legitimidad del Estado, los conflictos que genera un modelo de desarrollo extractivo y un modelo económico que concentra la riqueza en pocas manos, entre otros asuntos.

Y en ese camino comprensivo, a partir de la lectura de la información mediática, se hacen aceptables calificativos, abiertamente negativos, en torno al Estado y a la democracia en Colombia y en general, a las formas en las que el orden social se mantiene a flote. 

 

En torno a la democracia, podemos afirmar que la colombiana es débil[2] y formal[3], fruto de la histórica precariedad del Estado colombiano. Los imaginarios sociales en torno a esas circunstancias suelen ser expuestas por los medios de comunicación, que son actores claves en la generación de estados de opinión pública, con los que se espera, con cierta ingenuidad, que se fortalezca la democracia, desde la posibilidad mediática de formar ciudadanos capaces de discernir, discutir, debatir y movilizarse alrededor de asuntos públicos, al recibir exclusivamente datos y hechos noticiosos.

Para las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas de Colombia, en el contexto de un conflicto armado interno, los medios de comunicación vienen jugando, cada vez con más fuerza y definición, el rol de actores políticos que usan la información y la opinión, de acuerdo con sus propios intereses empresariales, económicos y políticos, lo que trae como consecuencia que cada vez menos haya interés, desde lo estrictamente periodístico-noticioso, para registrar hechos noticiosos y noticiables.

En un contexto de guerra interna, como el que se vive en Colombia desde hace ya casi 50 años, la función mediática[4] de informar y de opinar se ve claramente comprometida por los efectos mismos de la confrontación armada, los intereses económicos y políticos de los grandes anunciantes y los que claramente exhiben las empresas o familias que fungen como propietarios de medios como EL TIEMPO[5] y EL ESPECTADOR, para hablar de los dos únicos medios de prensa escrita con alcance nacional.

De igual manera, el ejercicio periodístico se ve afectado por la actividad ideológica y política que despliegan los actores (agentes) armados, en especial cuando deciden contactar, confrontar, someter o presionar a la prensa, a los periodistas y a los columnistas. 

A pesar del poder de penetración de la televisión, de la radio y de la Internet, las tribunas de opinión de la prensa escrita aún se reconocen como espacios no sólo de generación de opinión pública, sino de influencia política del medio informativo impreso, en la toma de decisiones del gobierno central, para el caso, de todo lo que acontece en Bogotá en términos políticos, ciudad en la que operan las dos señaladas empresas mediáticas.

Por ello, la prensa escrita cuenta aún con la responsabilidad de generar estados de opinión pública a partir de las tribunas de opinión dispuestas, en lo que se conoce como las páginas de opinión, o las páginas editoriales de medios impresos como los arriba señalados.

Vale la pena reconocer el papel que la llamada opinión pública juega para la democracia, cuando los ciudadanos se informan no sólo a través de los hechos noticiosos publicados a diario, sino por los análisis o comentarios que se publican en las secciones de opinión. El rol resulta importante para la democracia, en tanto los ciudadanos y las audiencias en general tienen en los medios masivos, en la información y en la opinión allí publicadas, insumos para la toma de decisiones y para la adopción de posturas ideológicas y políticas que terminan, finalmente, señalando cuán preparada está la ciudadanía para comprender las complejas realidades colombianas.

En cualquier caso, se espera que la generación de estados de opinión pública apunte hacia la superación de la conciencia episomediática[6] que no sólo impide a los ciudadanos comprender los asuntos públicos, sino que afecta a la democracia en tanto las decisiones adoptadas por los ciudadanos se hacen desde el desconocimiento o la deficiente comprensión de lo que sucede en Colombia.

El columnista Eduardo Posada Carbó, en su columna El clima de opinión (sic) señala lo siguiente:

“Al reconocer, identificar y apreciar el clima de opinión estamos simultáneamente revalorando los espacios de libertad de nuestro sistema político, los derechos a la expresión ciudadana que marcan limitaciones a todo gobierno democrático”[7].

El asunto de la libertad de expresión y de prensa, en un régimen democrático aún débil, guarda estrecha relación con elementos como la cultura política y la real independencia de los medios masivos frente a poderes políticos y económicos que presionan por tratamientos noticiosos acomodados a los intereses de gobiernos, presidentes e instancias de poder que requieren y exigen específicos abordajes periodísticos de hechos que comprometen a personajes y grupos de poder (élites), entre otros.

Pero así como hay circunstancias externas que sujetan o presionan el ejercicio periodístico, hay otras, que dentro de las empresas mediáticas, el grueso de la ciudadanía desconoce: las rutinas de producción noticiosa. Hay allí, en la lógica periodística de la prensa escrita, tres ámbitos a distinguir: de un lado, lo periodístico-noticioso, que se expresa y se objetiva en las noticias publicadas a diario, que nacen de la aplicación de discutibles criterios de noticiabilidad, muchos de ellos ajustables a condiciones y circunstancias políticas que pueden, en precisos momentos históricos, traducirse en presiones para editores, directores y propietarios de medios masivos. 

En lo que corresponde al ejercicio periodístico-noticioso, aquel que construye realidades a través de hechos que han sido elevados a la categoría de noticia, hay que decir que riñe, en ocasiones, con la lógica y la dinámica con la que funcionan las tribunas de opinión (editoriales y columnas de opinión). Es decir, los criterios de noticiabilidad y lo que se sugiere a los lectores desde la diagramación y la ubicación de las noticias, así como desde el tratamiento dado a los hechos noticiosos, no siempre se comparte con quienes, desde el rol de columnistas o editorialistas, abordan, por ejemplo, hechos noticiosos, desde otros puntos de vista.

Es decir, mientras que en las noticias podemos encontrar fuentes y redactores que fustigan fenómenos y hechos de violencia, de corrupción, clientelismo y de cooptación mafiosa del Estado, en las tribunas de opinión (columnistas y editorialistas), podemos hallar ejercicios abiertamente contrarios a la labor periodística de denuncia, de crítica e incluso, a la exigencia de cambios, por ejemplo, de políticas públicas. Ello, para muchos, es parte de la apertura democrática de unos medios masivos históricamente atados a sus valores ideológicos y por ello, contrarios a dar cabida a posturas abiertamente contrarias a su ideario político. Pero el asunto es más complejo, de allí que aluda a la nomenclatura contradicción natural.

Un segundo ámbito se hace posible cuando los periódicos asumen posturas políticas frente a hechos de especial importancia y coyuntura, a través de los editoriales. Claro está que las posturas editoriales asumidas por la prensa escrita en Colombia, en especial en diarios como los aquí reseñados, dan cuenta de verdaderos bandazos y de oscilaciones, que hacen aparecer dichas posturas como ambivalentes, que terminan mandando mensajes confusos a sus lectores. Histórica y políticamente los medios han asumido posturas ambivalentes, en las que coexisten el pensamiento político y las ideas políticas defendidas por el medio escrito y sus intereses mediatos, de acuerdo con la coyuntura a la que se enfrenten, lo que da como resultado esos cambios inesperados que dan vida a los bandazos o tumbos editoriales.

En cuanto al sentido de un editorial, hay que recordar que se trata de un texto que recoge la opinión de las directivas de un periódico, lo que hace posible señalar que el diario o periódico, piensa, siente y opina a través de dicho género periodístico o tipo textual. No se trata, pues, de un asunto menor, por el contrario, un editorial puede definir y medir, entre otros asuntos, el grado de legitimidad de un gobierno e incluso, servir de argumento político para defender diversos discursos, sean estos académicos, políticos e incluso, gubernamentales.

Y un tercer ámbito, que se desprende de la línea editorial de un determinado periódico, se expresa en la apertura de espacios a columnistas de diversas tendencias ideológicas, que al contar con el respaldo de las directivas del medio impreso, terminan orientando a los lectores de acuerdo con los intereses,  el propio norte editorial definido previamente por el medio impreso, y, por supuesto, de acuerdo con las miradas individuales y por lo tanto, subjetivas, que cada columnista hace de los hechos tratados. 

Frente a los avales y respaldos dados por las directivas de los medios impresos a específicos columnistas, hay que señalar que se trata de una acción política y editorial a través de la cual el periódico impreso, de alguna manera, expande, confirma y expone su pensamiento, apoyado en columnistas que, por ejemplo, defienden el establecimiento y la institucionalidad estatal, a pesar de su debilidad e ilegitimidad.

Cuando el lector está ante columnas de opinión que pueden resultar contrarias al pensamiento del diario, reconocido histórica o coyunturalmente, puede pensar que está ante un ejercicio democrático en el que a pesar de que se exalta la diversidad y la pluralidad, hay límites que resultan infranqueables. Y esos límites los pone la misma casa editorial cuando, en precisos momentos, decide poner fin a la publicación de una columna, por considerarla inconveniente y contraria a su pensamiento, hecho que puede terminar con el retiro del columnista, que puede sentirse, de alguna manera, censurado.  O por el contrario, a pesar de cuestionamientos ético-políticos, las directivas del medio deciden mantener el espacio a los columnistas comprometidos en dichos señalamientos, pero que sirven, ideológicamente al medio, porque hacen eco a principios y maneras de actuar que en el fondo ese diario o periódico comparte.  

Lo anterior se evidencia cuando aparecen publicadas opiniones de columnistas que aprueban, promueven o legitiman acciones violentas de grupos armados ilegales, a través del reconocimiento y de la importancia que tiene la combinación de formas de lucha, o porque son evidentes sus simpatías con un específico actor armado ilegal. O también podemos encontrar columnistas que ellos mismos personifican actividades financieras, comerciales y acciones comprometidas éticamente, que si bien judicialmente pueden ser discutibles, desde la ética no admiten justificación alguna. 

Lo sucedido con el columnista Fernando Londoño, por ejemplo, quien adquirió millonarias acciones en lo que se conoce como el caso Invercolsa[8], es una clara muestra tanto de las razones editoriales que un medio como EL TIEMPO decide exponer y sostener, a pesar del rechazo que genera la actuación del mencionado columnista, como de la distancia y el conflicto que hay entre la finalidad periodística de informar, develar la verdad y señalar culpables o responsables sobre hechos públicos condenables social, económica y políticamente, y el ejercicio de la doxa en los espacios dispuestos por los medios masivos, y para este caso en particular, el dispuesto por el periódico EL TIEMPO para que el ex ministro Londoño exponga con libertad sus ideas y percepciones a través de su  privilegiada tribuna de opinión.

Esa separación tajante entre lo editorial (opinión) y lo noticioso expone no sólo maneras discursivas disímiles, sino que exhibe una contradicción natural del ejercicio general de la prensa, en la medida en que en específicas ocasiones los columnistas que allí escriben, exponen sus intereses, prácticas discursivas y principios éticos, abiertamente contrarios a las denuncias, al tono moralizante y a veces reivindicante con el que se pretende informar desde el ámbito periodístico-noticioso.

Esa contradicción natural al parecer no ha sido enfrentada por las directivas de los periódicos en Colombia y muy seguramente del mundo, o por lo menos no hay evidencia alguna de ello, pues la entrega de espacios de opinión se hace desde criterios de apertura ideológica y desde la idea de garantizar una pretendida pluralidad democrática y de balancear la postura política del periódico, expresada a diario a través de los editoriales, pero con límites que por allí rondan, y que en cualquier momento aparecen bien para censurar abiertamente una postura de un columnista o para aclarar la postura del diario, frente a lo expresado por uno o por varios de sus colaboradores. Es posible, incluso, que como actividad humana, dicha contradicción sea irreconciliable.

Obviamente, como en cualquier otra actividad humana, las relaciones de amistad e incluso, las propias conveniencias personales e institucionales y a veces, porqué no, la incoherencia ideológica y política (los llamados bandazos editoriales) sirven como criterios para darle un espacio de opinión a ciertos columnistas que pueden no sólo ser señalados por sectores de la sociedad como personajes funestos  y anodinos, bien por una anterior función pública cumplida, por una actuación con consecuencias disciplinares, éticas o penales, o porque de tiempo atrás están ubicados en orillas ideológicas que de alguna manera acompañan, legitiman o justifican, entre otras, las actuaciones de actores armados legales e ilegales que participan del conflicto armado interno colombiano. Es decir, guerrillas, paramilitares y las fuerzas armadas del Estado.   

Desde las tribunas de opinión de la gran prensa se han defendido proyectos revolucionarios de las guerrillas, y en los últimos años, la acción pretendidamente contrainsurgente del paramilitarismo, como acción válida ante la debilidad del Estado para contener la avanzada de las Farc y del ELN.

Digamos que esa realidad se justifica desde la idea de democracia y desde la acción informativa y formativa de unos medios masivos que deben ser, hasta donde sus intereses y su autonomía empresarial y editorial lo permitan, actores reproductores de principios y prácticas democráticas, legales y ajustadas a valores sobre los cuales hay consenso desde una moral pública y desde una ética, individual y responsable.

Pero por un lado va la tarea legítima de opinar de los columnistas, sin importar la orilla ideológica en la que se ubiquen, y por otro lado, las actuaciones como ciudadanos, como ex funcionarios públicos o como referentes empresariales y educativos, entre otros, de esos mismos columnistas que gozan del privilegio de escribir en una masiva tribuna de prensa.

Es allí en donde esa llamada contradicción natural adquiere un carácter abiertamente inconveniente desde la ética periodística del medio que acoge a los columnistas, pero también desde la acción política misma que hace aparecer el medio masivo o la empresa mediática como actor social, económico, cultural y político de la sociedad civil.

Y se explica mejor el asunto desde dos casos en los que las actuaciones ciudadanas, particulares e ideológicamente discutibles de igual número de columnistas, pusieron en aprietos y hacen cuestionables las líneas editoriales de diarios como EL TIEMPO y EL ESPECTADOR. Se trata de los casos de Ernesto Yamhure[9] y Salud Hernández-Mora.

Presentaré los casos de los columnistas Ernesto Yamhure (por varios años en EL ESPECTADOR) y de Salud Hernández-Mora (habitual colaboradora de EL TIEMPO), comprometidos en relaciones con el ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño, que van más allá de una relación profesional fuente-periodista.

• Los casos de Ernesto Yamhure[10] y Salud Hernández-Mora

En lo que corresponde al fenómeno paramilitar, asunto que está de fondo en los casos de Yamhure[11] y Salud Hernández-Mora, por sus relaciones con Carlos Castaño Gil, líder paramilitar, señalo que, sin duda alguna, estamos ante un  proyecto[12] político, económico, social y cultural de gran envergadura y ante la empresa criminal, quizás la más grande y exitosa, emprendida en Colombia por un grupo armado ilegal. 

El paramilitarismo necesitó de ideólogos que hicieran lobby en altas y medianas esferas de la sociedad colombiana, para lograr no sólo penetrar su estructura, así como lo hicieron en las propias del Estado, sino para ganar adeptos para un proyecto fincado en el cansancio que aquellos sectores de poder sentían por la acción guerrillera y por los discursos reivindicantes de socialistas, comunistas, sindicalistas y pensadores críticos del Establecimiento.

Que columnistas expongan sus ideas y muestren en sus columnas sus simpatías ideológicas frente a los proyectos armados de guerrillas y paramilitares refleja, en parte, el contexto colombiano, polarizado entre las tendencias de izquierda y de derecha. Pero, por un lado va que cada columnista elabore y exponga sus planteamientos de manera libre, esto es, sujeto tan sólo a los límites que le pone su propia capacidad discursiva y por el otro, que sus columnas sean el resultado de discusiones o de imposiciones o recomendaciones de un agente armado, sea este legal o ilegal.

Hasta allí creo que las libertades de conciencia, de expresión y de prensa quedan cubiertas, lo que daría para aplaudir que aún en medio de las diferencias ideológicas, unos y otros pueden exponer sus ideas de manera libre, eso sí, sin desconocer que en Colombia siempre habrá riesgos para quienes deciden hacer públicas sus opiniones.

Por esa vía, la gran prensa, motivada no sólo por la decisión de asegurar la pluralidad de pensamiento en sus tribunas de opinión, hace que confluyan hoy en éstas, plumas de diversa índole y talante. Por ejemplo, en medios nacionales como EL TIEMPO y EL ESPECTADOR se exhiben posturas de derecha de columnistas como José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño y por supuesto, las de Ernesto Yamhure[13] y de Salud Hernández-Mora[14], entre otros; y de izquierda, como Alfredo Molano Bravo, Álvaro Camacho Guizado y Daniel García-Peña, entre otros.

Pero insisto en que por un lado van las afinidades ideológicas que un columnista pueda sentir o advertir hacia una corriente de pensamiento, o con un proyecto político armado como el de las Farc y las AUC, y por el otro, que los columnistas terminen cumpliendo el papel de prestidigitadores, de voceros y consejeros, de magos del discurso, para encubrir una empresa criminal y hacerla pasar como un proyecto libertador y por ello legítimo y vital para la nación colombiana. Allí hablamos, para el caso particular del grupo armado ilegal que no enfrenta al Estado, de para-doxa.

El término para-doxa sirve para nombrar, señalar, agrupar y describir las posturas políticas de apoyo, asumidas por columnistas frente al fenómeno paramilitar. Posturas, claro está, de respaldo a la acción militar, política, social, cultural y económica de un fenómeno que, como el paramilitarismo, penetró no sólo al Estado, sino a sectores importantes de la sociedad y de la sociedad civil colombianas.

Es decir, la para-doxa, para este caso en particular, no sólo se diferencia ampliamente de la doxa, esto es, la expresión de la opinión crítica y contraria a toda apología al delito, a la ilegalidad y a las prácticas ilegítimas, sino al sentido que los griegos le dieron a dicha nomenclatura. Haber asumido la defensa directa o indirecta, o la justificación abierta o soterrada del paramilitarismo en las tribunas de opinión, da vida a la para-doxa, es decir, a esa opinión que más allá de las condiciones mismas de la subjetividad en la que ella se produce, exhibe valores contrarios a la vida, a la moralidad pública y del propio Estado, y busca ocultar la precariedad y la ilegitimidad del Estado colombiano. Ahora bien, la para-doxa se aplica y adquiere sentido de manera exclusiva para aquellas subjetividades que, hechas discurso, terminaron haciendo apología al paramilitarismo, defendiendo sus prácticas e ideales y justificando sus acciones militares y los delitos de lesa humanidad perpetrados contra hombres, mujeres, ancianos y niños.

Ese parece ser el caso de Ernesto Yahmure, abiertamente involucrado con Carlos Castaño, mas no hay certeza en el caso de la periodista Salud Hernández-Mora[15], a pesar de que su nombre aparece en una nota periodística del periódico Un Pasquín, en el que se señala su cercanía con el reconocido jefe de las AUC.

Es decir, se trata de dos columnistas reconocidos de los diarios capitalinos que por varios años han opinado desde una orilla ideológica compartida, a quienes se les señala de haber tenido relaciones cercanas con Carlos Castaño, líder de las AUC. La versión la recogió en su momento la revista Semana, que a su vez basa su información en la que publicara el periódico Un Pasquín, dirigido por el reconocido caricaturista, Vladdo.

En Semana.com se lee, el 01 de septiembre de 2011, que: 

”Los documentos, hallados en una memoria USB en poder de la Fiscalía y publicados en el periódico Un Pasquín, revelan que Carlos Castaño conocía de antemano las columnas de Ernesto Yamhure y que el entonces jefe paramilitar tenía injerencia sobre su contenido” (sic).

Si ello fue así, Yamhure puede ser señalado como testaferro ideológico[16] de la empresa criminal más grande, temible y exitosa puesta en macha en Colombia: el paramilitarismo.

Esa constatación perjudicaría la libertad de pensamiento y las propias libertades de expresión e, incluso, a la libertad de prensa, en la medida en que el ejercicio subjetivo de la doxa estaría mediado, por un lado, por la presión política que pudo haber ejercido el líder las AUC, Carlos Castaño, sobre Yamhure, para que publicara sus columnas en un sentido o en otro; pero por el otro lado, el mencionado columnista estaría sirviendo de estafeta, de amanuense a un proyecto criminal violador de los derechos humanos y responsable de buena parte de los desplazamientos forzosos de millones de colombianos y de masacres cometidas contra civiles inermes, lo que de inmediato invalida el ejercicio subjetivo de la opinión, para poner, ese mismo ejercicio, al servicio de semejante empresa criminal.

Estamos, entonces, ante una línea delgada que se dibuja entre el derecho que les asiste a los columnistas de la gran prensa nacional, con todo y lo que ello significa, a expresar con cierta libertad sus opiniones y de convertirse, por esa vía, en líderes de opinión, y el de militar, validar, aceptar, difundir y de apoyar empresas o proyectos criminales como el paramilitarismo.

Y si bien no se puede endilgar responsabilidad total a los diarios EL ESPECTADOR y EL TIEMPO por dar cobijo a este tipo de columnistas, sí amerita una discusión alrededor de lo que significa para un país violento y polarizado ideológicamente como Colombia, abrir tribunas de opinión que terminan sirviendo a los intereses de líderes político-militares al margen de la ley. Y se amerita la discusión en aras de avanzar en superar lo que he llamado aquí una contradicción natural.

Y la discusión cabe en la medida en que el diario EL ESPECTADOR dice defender principios e ideas liberales, que abiertamente se contradicen cuando aparecen textos apologéticos de columnistas como Yamhure, como el que apareció el 14 de julio de 2002, bajo el título Política antisubversiva (sic).

Creo que es hora de que el debate se dé y que bueno sería que las Facultades de Periodismo del país, junto con los medios masivos, convocaran a una discusión sobre estos casos que de todas formas tocan la responsabilidad social de los medios masivos, en especial en lo que tiene que ver con la generación de estados de opinión que de verdad sirvan para que las audiencias comprendan los riesgos latentes de defender proyectos político-militares infestados por el narcotráfico y responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad.

Es ya suficiente riesgo para un columnista estar sujeto a sus propias convicciones, ideales y posturas. Y peor aún será el riesgo para éste, cuando decide poner su pluma al servicio de quienes están lejos de aceptar la diferencia. Al hacerlo, deja de ser un columnista, para convertirse en testaferro ideológico. El ejercicio de opinar, en especial desde una tribuna mediática de amplio reconocimiento y circulación, conlleva máximas responsabilidades no sólo para los columnistas, sino para los medios que acogen y publican sus opiniones.

De un columnista, los lectores esperan un ejercicio de la doxa sustentado en una sólida argumentación, en un análisis serio de hechos, situaciones y circunstancias que desea compartir de manera masiva. Un columnista  puede, incluso, llegar a  ser considerado, por un grupo de lectores, como un referente ético, sin que ello comprometa el ejercicio subjetivo que está detrás de una columna de opinión publicada.

El columnista hace parte, entonces, de un campo de producción especial de conocimiento, de información y de generación de cultura política, en el que no sólo es producido-reconocido por sus seguidores, sino también por el lugar que lo adoptó y del que hace parte, en estos casos, las empresas mediáticas en las que escriben. El columnista es, además, productor y motivador de masas, de allí que su escogencia esté sujeta a los intereses editoriales, periodísticos y políticos de las empresas que abren los espacios de opinión.

A falta en Colombia de espacios televisivos y radiales dedicados al análisis serio y crítico de los hechos acaecidos y los noticiosos y de las actuaciones de los distintos gobiernos, las audiencias, ávidas de análisis, vuelcan sus sentidos en los columnistas de diarios como EL TIEMPO, EL ESPECTADOR y SEMANA, entre otros. Realmente no hay mucho de dónde escoger, pero digamos que hay, por fortuna, calificadas columnas y calificados columnistas en estos medios, insuficientes claro, para generar estados óptimos de opinión pública que nos permitan saber y comprender qué es lo que realmente pasa en Colombia con ciertos hechos.

Lo cierto es que lo que se conoció de la relación Yamhure-Carlos Castaño resulta, a todas luces, inaceptable, en la medida en se dejó cooptar, usar y puso su formación y su poder generar opinión en las audiencias que le seguían hasta cuando decidió renunciar, acosado por el escándalo suscitado, al servicio de una empresa criminal tan efectiva en sus métodos de penetración, como en los asociados a la comisión de delitos de lesa humanidad, expresados en prácticas de desaparición forzosa, masacres y genocidios.

Es decir, Yamhure terminó haciendo un ejercicio de para-doxa en el sentido en que acompañó ideológicamente a un grupo armado ilegal, que contó con la aquiescencia de sectores e instituciones del Estado, para alcanzar sus objetivos políticos, militares, económicos, sociales y culturales. Una para-opinión que coadyuvó a que el paramilitarismo, como fenómeno sistémico y complejo, se entronizara en los discursos de consumidores asiduos de la prensa, que no vio riesgos, ni problemas en los discursos proclives a un actor armado ilegal al que se endilgan masacres y la comisión de otros delitos contra la humanidad.

En cuanto a la relación profesional establecida por Hernández-Mora con Carlos Castaño hay que señalar que si ésta se construyó exclusivamente para obtener información de interés periodístico, no hay nada que condenar de esa relación.

Pero la cercanía registrada en los correos, divulgados por Un Pasquín[17], y la modificación a la respuesta dada por el líder paramilitar, sí representa con claridad un problema ético-periodístico, que pone a la columnista al otro lado de esa línea invisible que el periodismo establece entre informar-opinar y la de publicitar- hacer apología de- una actividad ilegal y peor aún, de los intereses políticos de una empresa criminal como lo es el paramilitarismo. 

Ahora bien, si se confirma la participación de Hernández-Mora en la campaña de desprestigio emprendida por el gobierno de Uribe, con el apoyo del DAS contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ello ratificaría que puso su militancia ideológica en la derecha, por encima de su rol como columnista y periodista, y por esa vía, sirvió a los oscuros intereses de un gobierno, que como el de Uribe Vélez, afectó en materia grave la institucionalidad, la democracia y el equilibrio de poderes.  Por lo tanto, enturbió su labor periodística, para acercarse al rol de colaboradora de un gobierno como el de Uribe Vélez, que convirtió el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en la policía política de sus dos administraciones, para perseguir detractores, militantes de izquierda, magistrados, librepensadores y periodistas, entre otros. 

A continuación examino varias columnas publicadas en los diarios EL TIEMPO y  EL ESPECTADOR, con el firme propósito de ampliar lo señalados en líneas atrás.  El primer registro de columna o editorial relacionado con el asunto del paramilitarismo aparece  el 20 de enero de 2002. Y la columna está firmada por Ernesto Yamhure, colaborador asiduo de este diario bogotano, hasta que se conoció lo de sus cercanías con Carlos Castaño Gil, lo que lo obligó a renunciar a su habitual columna.

En su columna, titulada Una paz integral (sic), Yamhure alude al proceso de paz entre Farc y el gobierno de Pastrana. De igual manera, dedica varias líneas de su texto a la necesidad de que el próximo gobernante dialogue con las AUC, y les reconozca estatus político.

En el texto del controvertido columnista se lee lo siguiente:

“En los pasados días de crisis, las Autodefensas, ablandando su lenguaje bélico, invitaron a las Farc a un cese de hostilidades. El jefe político de la organización, Carlos Castaño, ha manifestado su intención de dialogar con el próximo Presidente de la República y esas son muestras suficientes de que las AUC estarían dispuestas a buscar un camino político para dejar las armas”[18]. 

Pasaron los meses y no se registra, en EL ESPECTADOR, la aparición de columnas dedicadas al tema del paramilitarismo. Sólo hasta junio 14 de 2002, cuando aparece, nuevamente, Ernesto Yamhure, con una columna intitulada Política antisubversiva (sic). Si bien de manera directa el controvertido columnista no alude al fenómeno paramilitar, si exhibe en su texto una postura proclive al paramilitarismo o por lo menos, cercana a las prácticas militares y de persecución política adelantadas por las AUC, contra académicos[19], investigadores, sindicalistas y defensores de derechos humanos, entre otros.

Dice Yamhure que:

“… No hay nada más cierto que Colombia está siendo objeto de una conspiración comunista que pretende abrir el camino para que las Farc lleguen al poder. Los que no creen en lo que Londoño[20] ha dicho, que se sienten a esperar resultados. La política antisubversiva traerá consigo una batalla frontal contra los congresistas al servicio de las guerrillas, los magistrados, sobre todo de la Corte Constitucional, que expiden sentencias sospechosas. En la Fiscalía, en los organismos de control, en los sindicatos, en las universidades públicas y privadas- ojo con éstas- y hasta en los gremios de la producción, se han incrustado gérmenes guerrilleros que hay que extirpar cuando antes y Londoño ha sido el único Ministro en años capaz de decirlo sin rodeos. Así, pues, la guerra contra la guerrilla no sólo hay que hacerla en el campo. Bastante equivocados están quienes creen que a plomo se acaba el problema. Si hoy matan mil guerrilleros, en dos meses ya hay otros en su reemplazo. En cambio, si comenzamos a desarticular estos frentes ideológicos comandados por académicos, abogados, políticos que bien saben camuflarse en el Jockey, la guerrilla empezará a tambalear, porque sin llamarnos a engaños, los cimientos de las Farc y del Eln no están en las montañas de Colombia, sino en Bogotá y claro, en San José de Costa Rica”[21].

Estamos, sin duda, frente a un texto apologético, frente a una invitación a asesinar, desaparecer, neutralizar, extirpar, encarcelar a todo aquel que piense distinto o, que simplemente, esté en contravía del naciente unanimismo ideológico y político que Uribe logró diseminar en Colombia desde el primer momento de su llegada al Solio de Bolívar el 7 de agosto de 2002. 

Estamos ante un discurso propio de la para-doxa, propio de fascistas, que consideran el pensamiento divergente como un peligro para el desarrollo de la sociedad capitalista.

Yamhure señala que habrá una guerra frontal contra congresistas que apoyan la lucha armada de la guerrilla, pero guarda silencio frente a la ya evidente penetración paramilitar en el Legislativo con el cual gobernaría Uribe Vélez desde 2002. De igual forma, señala que corporaciones como la Corte Constitucional está infiltradas por la guerrilla, hecho que se evidenciaría en lo que el columnista llama sentencias sospechosas.

En un segundo momento, cuando habla de desarticular, el uso cotidiano de la palabra remite a detenciones, a capturas de criminales, de miembros de bandas de jaladores de carros y de traficantes de droga, entre otros. Es decir, el columnista pone al mismo nivel a magistrados de la Corte Constitucional, y a criminales y a grupos que actúan por fuera de la ley. Sin duda, un exabrupto que EL ESPECTADOR dejó pasar y que de alguna manera va en contravía del propio pensamiento del periódico bogotano, que en sus propias páginas se registra: <<EL ESPECTADOR trabajará en bien  de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico>>.

Las directivas del diario EL ESPECTADOR dieron licencia a Yamhure para que posicionara un discurso contrario a la defensa de las libertades ciudadanas y en contravía de los principios y valores democráticos promulgados por la Constitución Política de Colombia, y por supuesto, en contra de los derechos humanos.

En una postura totalmente contraria a la planteada por Yamhure y en un tono distinto, aparece el texto de Fernando Garavito, bajo el título En el país de pacotilla (sic), en la edición de EL ESPECTADOR, del 29 de julio de 2002. En ella, el reconocido columnista alude a Carlos Castaño Gil, entonces líder militar y político de las AUC, por estos días asediado por la gran prensa, que lo buscaba para erigirlo como un héroe de guerra o como una víctima más de la guerra, para justificar la conformación de un ejército paramilitar dizque para vengar la muerte de su padre, secuestrado y asesinado por las Farc.

De esta forma se expresa Garavito de Carlos Castaño, célebre por estos días de agitación mediática y política por la llegada a la Presidencia de Uribe Vélez y por las propias declaraciones públicas del líder de las AUC:

“…Con la complicidad de algunos de los hombres más poderosos del país que, siendo ellos mismos un grupo de bandidos, no quieren caer en manos de otro que los despoje de sus bienes  y los ejecute, se encumbra hasta una posición de privilegio. En un determinado momento, sin que nadie se dé cuenta de cómo, cuándo y dónde pudo ocurrir semejante exabrupto, Carlos se apodera de la vocería de la justicia, y habla sobre el futuro de sus coterráneos. Desafiante, publica un libro donde confiesa algunos de sus crímenes y donde aparece mientras comulga durante uno de sus matrimonios (¡esa es la iglesia que tiene el pobre país de pacotilla!). Pero no sólo eso. Los periodistas lo entrevistan, uno de sus cómplices reconoce que el 35 por ciento de los senadores y representantes del pueblo forman parte de su organización criminal, una lora a la que apodan Gurisatti repite sin sosiego <>, <>. Y, efectivamente, Carlos quiere cacao. Pero a su manera. De modo que empieza a denunciar, en abstracto, los crímenes que él mismo ha cometido. Cuando elige Presidente de la República, decide hacer una jugada maestra. En el mismo momento en el que su aliado visita el país que se ha aprovechado de algunos de sus peores crímenes, logra que este último solicite su extradición. Cuando eso ocurre, anuncia que se someterá a la justicia  de su amigo siempre y cuando pida la extradición de los jefes de otras de las bandas criminales…”[22].   

En esa misma edición del 29 de julio de 2002, se publica el editorial Los escenarios frente a Castaño (sic), del que destaco la postura del diario EL ESPECTADOR, abiertamente contraria al ambiente favorable que en la opinión pública generó no sólo las entrevistas que lograron los dos canales privados, Caracol y RCN, sino los libros que narraban la vida criminal de Carlos Castaño.

En esa dirección, en el editorial de EL ESPECTADOR se lee:

“…Una rápida mirada a la vida criminal del jefe paramilitar muestra cuán hábil ha sido para cambiar de bando según cambia el balance de poder…Siendo así, resultan preocupantes los comentarios de muchos compatriotas esta semana, defendiendo a Castaño como un patriota y asegurando que su lucha contra la subversión merece apoyo. Sin ambages, hay que rechazar esas voces. Ganar la guerra contra la subversión, teniendo en el mismo lado a Castaño y a las Auc, es perderla…”[23].

Al final de año, como ya se dijo, el proceso de paz con las AUC era el tema político que dominaría la agenda mediática, la pública y por supuesto, la del propio gobierno. El editorial de EL ESPECTADOR, del 29 de diciembre de 2002 daba cuenta de ello, de esta manera:

“En materia de procesos de paz, 2003 será inusual para lo que ha sido la experiencia reciente en Colombia. Y lo será porque la contraparte  gubernamental del diálogo no será la guerrilla, sino las autodefensas. En efecto, luego de la aceptación por parte de las Auc de la comisión exploratoria designada por el presidente Uribe, es de esperar que el año se inicie con reuniones entre ambas partes. Y aunque es una buena noticia, es el momento de hacer una reflexión  para señalar algunos riesgos dentro de un proceso que, seguramente, levantará más de una ampolla y que hoy deja más preguntas que certezas”[24].

Termina el seguimiento a las columnas y editoriales de EL ESPECTADOR, con un editorial del 08 de diciembre de 2002, en el que el diario bogotano exalta, con espíritu lisonjero y no sé si con algo de ingenuidad, la política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que recién arrancaba.

Sin duda, el editorial Personajes del año (sic) constituye una apuesta política y editorial de franco apoyo a un gobierno, postura que terminó coadyuvando al posicionamiento del imaginario aquel que señalaba que Uribe Vélez era (fue) el mejor Presidente que haya tenido Colombia en su reciente historia. No hay que insistir en que ello fue una simple falacia mediática con la que se ocultaron errores garrafales en la forma como Uribe guió los destinos del Estado y agenció los asuntos públicos.

En el editorial se lee lo siguiente:

“Termina 2002 marcado por una esperanza: la de que nuestros graves  problemas de violencia y terrorismo sí tienen solución. Que es posible superarlos, que seguramente nos tomará tiempo… Y esa esperanza se ha construido sobre dos pilares. Por un lado, el liderazgo del presidente Uribe, con su presencia en las regiones conduciendo consejos de seguridad, encabezando caravanas turísticas por las carreteras, hablándole duro a la guerrilla. Descansa en su terca y patriótica persistencia por recuperar orden y autoridad. Pero también descansa sobre la Política de Seguridad Democrática…”[25].

Posturas editoriales como estas, cargadas de esperanza y de una inocultable ingenuidad, se explican en el discurso conservador y autoritario que habita en la sociedad colombiana y en medios que aunque se presentan como liberales, realmente representan los intereses de clase, de una reducida élite, que por largo tiempo ha manejado los hilos del poder en Colombia. Una editorial de bienvenida que muy seguramente motivó, en muchos lectores y políticos, el evidente unanimismo político, mediático e ideológico que construyó Uribe Vélez en ocho años de gobierno, que sirvió a su vez, para ocultar y defender en muchas ocasiones, la penetración del paramilitarismo en las entrañas del Estado y el proyecto político que traían tantos sus militantes armados, como sus simpatizantes.  

La periodista y columnista Salud Hernández-Mora en su habitual espacio en EL TIEMPO, titula su columna del 26 de mayo[26] de 2002[27], Crímenes disfrazados de errores (sic). En ella defiende con decisión a las fuerzas armadas de Colombia.

De esta manera lo hace la columnista:

“Las Fuerzas Armadas pueden ser ineficaces, pero no asesinas. Desde luego que aún existen casos de connivencia con las Auc, pero no como política sino como respuesta precisamente a esa ineficacia y ausencia de Estado. Muchos soldados y oficiales medios piensan como buena parte de sus compatriotas: siquiera existen las Auc para frenar a la guerrilla. Así de sencillo y así de triste”[28].

La idea que subrayo del texto de opinión de la columnista Salud Hernández-Mora tiene dos partes. En la primera, la columnista, de alguna manera, justifica el contubernio existente entre militares y paramilitares y lo hace, apoyada en la situación de precariedad del Estado colombiano. En la segunda parte, la columnista hace referencia a una idea que hizo carrera en los imaginarios colectivos e individuales de la opinión pública nacional, lo que terminó legitimando el accionar militar y político de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Convertida esa idea en imaginario colectivo, sirvió a un claro propósito: ocultar los reales objetivos, consecuencias y objetivos del paramilitarismo como fenómeno social, económico, cultural y político. Si bien fuerzas armadas y AUC combatían juntos a los frentes guerrilleros, ello no significa que realmente los paramilitares sirvieran exclusivamente para cumplir la tarea de frenar el avance de la guerrilla. Más bien, con la violencia armada ejercida por los paramilitares, lo que se aseguró fue el desplazamiento de millones de colombianos y el aniquilamiento sistemático de centenares de colombianos, así como la apropiación de extensos territorios para poner en marcha proyectos agroindustriales; y con las actividades de penetración política puestas en marcha por los líderes paramilitares, se logró la cooptación del Estado.

De esta forma, la columnista de origen español y nacionalizada colombiana, coadyuvó, con su pluma, a diseminar una idea[29] equívoca, pero estratégica, que al final sirvió para que los líderes paramilitares, en contubernio con agentes del Estado y con el apoyo político-mediático de la para doxa, lograran ocultar la real dimensión y los alcances del fenómeno paramilitar.

Conclusiones: ¿Hay responsabilidad política en la prensa escrita?

Cuando en el ejercicio periodístico los periodistas o los columnistas de opinión suelen mostrar admiración por las fuentes que consultan, bien por el cargo que ostentan, por las calidades humanas que se suponen tienen o que dicen tener, o sobre las cuales ya se ha informado y parece haber consenso, o por los logros alcanzados, las posturas críticas, connaturales al periodista y al columnista, se nublan de tal manera que éstos corren el riesgo de terminar dominados y arrasados por una imagen que de antemano debió ser cuestionada.

Allí hay un asunto clave de responsabilidad periodística de la que muy pocos periodistas y columnistas son conscientes. Tanto el ejercicio informativo, como el de opinar y analizar, debe hacerse desde el lugar de la crítica, de la duda y si se quiere, de un natural cuestionamiento de cualquier obra humana, por más loable, bella o espléndida que parezca.

Cuando el asunto toca con la guerra[30], obra humana que tanto dolor y desazón genera, periodistas y columnistas deben actuar con mayor rigurosidad, pero sobre todo, con el convencimiento de que ella misma, la guerra, expone, per se, la estupidez humana, sin importar quiénes son los vencidos y los derrotados y cuáles son los buenos o los malos.

Más peligroso e inconveniente resulta el asunto cuando la fuente de información de periodistas y columnistas es un militar, un guerrillero o un paramilitar. Suele suceder, como se ha demostrado en los casos de Yamhure y Hernández-Mora, que los columnistas, presos de sus ideologías, terminan siendo cómplices, amanuenses o estafetas de los proyectos bélicos o políticos[31], de las ideas poco democráticas y de ese perverso ego que domina a estos tipos de guerreros (actores armados). Cuando los columnistas anteponen sus ideologías y sus gustos, al obligado ejercicio de opinar desde una subjetividad aparentemente sin límites éticos, políticos y discursivos, entran en el terreno de la apología, lo que los lleva a hacer lecturas amañadas, pues parten de un equívoco: admirar a un actor armado.

Quien se opone a la vida, quien en cualquier momento empuña un arma con la intención o el propósito posterior de matar, bien sea defendiendo a un Estado, que representa un orden político y social esperadamente legítimo, o a los intereses de una organización armada al margen de la ley, no puede ser digno de admiración. Y ese es el primer error que hay que endilgarles a los dos columnistas.

Por ello, los casos de Yamhure y de Hernández-Mora resultan de tal gravedad, que bien merecen ser recogidos por profesores de periodismo, pero en general por todos aquellos ciudadanos que siguen la labor interpretativa y el ejercicio de la doxa en las tribunas de opinión de la gran prensa nacional.

Resulta inaceptable que un actor armado (sea éste militar, guerrillero o paramilitar) revise y apruebe un texto de opinión de un columnista. Es vergonzante. El periodista o columnista que se presta para ello, pierde no sólo ese carácter, sino que desdibuja un rol clave para estas sociedades actuales en las que la información y la opinión adquieren un gran valor, para la toma de decisiones de los ciudadanos políticamente activos[32].

En los procedimientos periodísticos, en las maneras en las que se establecen las relaciones fuente-periodista o columnista, el poder del guerrero suele ponerse por encima de la condición civil que ostenta el periodista o el columnista. Y peor aún, cuando al encuentro comunicativo el actor armado llega uniformado, armado y acompañado por su esquema de seguridad.

Sin duda alguna, se construye un inconveniente escenario de dominación, en el que el paramilitar, guerrillero o soldado somete al periodista o al columnista, lo que inmediatamente invalida el diálogo y por ende, la consecución de la información y su posterior exhibición. Esas circunstancias facilitan la dominación del actor armado, legal o ilegal, sobre quien tiene la función de comunicar. Y peor aún, cuando detrás aparece la admiración del columnista o periodista, tal y como sucedió en los casos arriba señalados.

De allí se desprende, entonces, un elemento contextual, ético y político para un ejercicio periodístico responsable: no aceptar entrevistas o encuentros con actores armados, cuando la disposición del espacio, de las formas discursivas están claramente orientadas a favorecer o a exaltar la perspectiva de lucha de cada uno de éstos actores de la guerra interna colombiana. Es claro que los uniformes y las armas son un discurso que amedrenta, indispone y predispone a quienes participan como civiles en un contexto comunicativo en el que la información cobra y tiene un interés periodístico. Y resulta peor la pretendida situación de comunicación cuando previo al encuentro entre el periodista-columnista y el agente armado ilegal o legal, subsiste en el primero una admiración del uniforme y de los uniformados.

El ejercicio de la prensa debe partir de un principio clave: los actores armados no son héroes, no representan un mejor estar en el mundo, no son ejemplos de vida. Creo que si Yamhure y Hernández-Mora hubiesen tenido claro este principio, no hubiesen terminado al servicio de la causa paramilitar y menos aún, hincados ante la arrogancia de Castaño, quien no era más que un espíritu vengativo reproducido por una sociedad violenta, que tiene en el ejercicio de la prensa al mejor vehículo para legitimar la lucha armada de quienes a todas luces recogen la estupidez y perversidad que sólo es posible en el ser humano.

A la crisis[33] del periodismo noticioso en Colombia se suma la crisis del periodismo de opinión cuando éste se pone al servicio de actores armados y sirve para ocultar hechos y reacomodar discursos con claro beneficio sectorial, en un claro olvido del interés general. Así las cosas, lo que está en entredicho es la ya maltrecha credibilidad de los medios masivos colombianos.

En últimas, de lo que se trata es de exigir mayores responsabilidades, sin ponerle cortapisas a quienes juegan, desde las tribunas[34] de opinión mediáticas, a ser referentes éticos y políticos en un país sin memoria y urgido de análisis y de posturas críticas frente a regímenes abiertamente enemigos de la crítica y de la prensa libre[35] como los que hemos tenido en Colombia. Baste con señalar a los gobiernos de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982 y Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, como regímenes contrarios a la labor informativa-noticiosa de la prensa y al ejercicio crítico de columnistas.

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[1] Comunicador social-periodista, profesor Asociado, investigador y director del Grupo de Investigación en Estudios Sociopolíticos (GIESP, categoría B, de Colciencias, 2010) de la Universidad Autónoma de Occidente. Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana.

[2] Débil porque ella misma, como régimen político, es incapaz de asegurar una vida digna para millones de colombianos que viven en línea de pobreza e incluso, en niveles de vida que claramente se acercan a la miseria. Debilidad que también se manifiesta por la inoperancia y por la incapacidad de una institucionalidad que en muchas ocasiones  actúa en contravía del interés general. Recomiendo algunas reflexiones que sobre la democracia escribí hace un tiempo: http://laotratribuna1.blogspot.com/2012/01/disquisiciones-en-torno-la-democracia.html  http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1367-democracia-es-mas-que-poder-votar.html Nota del autor.

[3] Dicho carácter formal se entiende desde la perspectiva de que efectivamente hay elecciones libres, periódicas, unos cargos públicos, una dinámica electoral y unas reglas de juego democrático para las cuales existen unas instituciones prestas a hacerlas cumplir.  De igual manera, se reconoce que existen unos medios masivos que informan sobre el transcurrir de los eventos electorales y en general, que éstos, de manera libre, informan a las audiencias. Todo lo anterior le da un carácter formal a la democracia, que la hace insuficiente ante problemas no sólo de representación democrática,  sino de exclusión, de pobreza y de violencia política, entre otros problemas. Nota del autor.

[4] Recientemente escribí dos columnas relacionadas con el conflicto armado interno y el papel de los medios masivos de comunicación:1.Los medios, simples vitrinas de la guerra, http://laotratribuna1.blogspot.com/2012/03/los-medios-simples-vitrinas-de-la.html  y Sobre el conflicto armado interno, http://laotratribuna1.blogspot.com/2012/03/sobre-el-conflicto-armado-interno.html.

[5] Sobre la compra total de las acciones de la Casa Editorial EL TIEMPO, por parte del empresario y millonario, Luis Carlos Sarmiento Angulo, se señaló que “La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (Olcsa) acordó con los accionistas minoritarios de EL TIEMPO la adquisición de su participación accionaria en esta Casa Editorial, con lo cual dicha organización consigue la totalidad de la propiedad”. (Tomado de http://www.portafolio.co/economia/sarmiento-angulo-es-dueno-la-totalidad-el-tiempo   acceso 30 de mayo de 2012). 

[6] Aquella que, soportada en un lenguaje periodístico y en una técnica periodística ahistóricas, acríticas, moralizantes y macartizantes, logra influir en las audiencias de tal forma, que éstas asumen posturas resultantes de una exposición rápida a unos hechos televisados, elevados al estatus de noticia, que resultan socialmente sensibles y reprochables. Los estados de opinión pública generados se basan en episodios rápidamente superados por nuevos hechos noticiosos, lo que inmediatamente expresa una conciencia episódica, que no permite a las audiencias hacer un ejercicio comprensivo, complejo y sistémico, de los hechos consumidos. La conciencia episomediática resulta convenientemente pasajera en la interesada tarea de los medios de generar estados de opinión pública ajustados a sus intereses, motivaciones e inclinaciones políticas. Una conciencia episomediática facilita la incomprensión de complejas realidades colombianas, relatadas mediante un discurso periodístico-noticioso sujeto a intereses económicos y políticos de las empresas mediáticas. Nota del autor.

[7] Posada Carbó, Eduardo. El clima de opinión. En: El Tiempo, 16 de enero de 2002. p. 1-15.

[8] Así registró el hecho el diario EL ESPECTADOR, en su edición digital del 01 de octubre de 2009: “Seis años después de que el Consejo de Estado hubiera fallado una acción popular que obligaba al abogado y ex ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos a devolver el millonario paquete de  acciones que de manera irregular adquirió de la firma Invercolsa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de sancionar con el pago de 20 salarios mínimos a José Antonio Franco Reyes, representante legal de esa empresa, al considerar que desacató el fallo judicial… En su decisión, el tribunal se abstuvo de enviar a la cárcel a Franco Reyes por considerar que lo que se busca es el cumplimiento efectivo de la decisión del Consejo de Estado y no seguir dilatando la devolución de las acciones, que ya no están en manos de Londoño, sino que se encuentran embargadas por parte de un juzgado de Bogotá y que son objeto de reclamo por parte de la firma panameña Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana (AFIB). La historia se inició en 1997 cuando Fernando Londoño, haciéndose pasar como empleado, adquirió 145 millones de acciones por  $9.000 millones. Pero en concepto de Ecopetrol, esas acciones sólo podían venderse al sector solidario o a ex trabajadores de la compañía”. (Consultado 18 de octubre de 2011).

[9] En el portal www.lasillabvacia.com, se lee lo siguiente en torno al polémica columnista: “Ernesto Yamhure se había convertido en uno de los columnistas estrellas de la derecha y en uno de los principales defensores del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe en los medios. Sin embargo, desde que revelaciones recientes lo vincularon con el jefe paramilitar Carlos Castaño, desapareció del espectro mediático. Ahora pocos saben de su destino, así como muy pocos conocían de sus orígenes cuando de repente se convirtió en un exitoso columnista de radio y prensa”. http://www.lasillavacia.com/historia/de-donde-salio-ernesto-yamhure-27422 Consulta 29 de noviembre de 2011.

[10] Recientemente(2013), la justicia cerró las investigaciones que adelantaba en su contra. A la revista Semana se lee lo siguiente: “Yamhure, en un comunicado de diez puntos, aclaró que la Fiscalía ha precluido la investigación en su contra por presuntos nexos con el paramilitarismo, una investigación que calificó como un “falso positivo con fines políticos” ordenados por la entonces fiscal general, Viviane Morales…”. Tomado http://www.semana.com/nacion/articulo/regreso-al-debate-politico-pero-desde-el-exilio-ernesto-yamhure/358668-3

[11] En la edición digital de EL ESPECTADOR.COM, se lee el siguiente titular: Llaman a indagatoria a Yamhure por presuntos vínculos con paramilitares (sic). En el texto noticioso se lee: “Un fiscal de Montería, Córdoba llamó a indagatoria al analista político y columnista Ernesto Yamhure por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Yamhure, quien según Caracol Radio se encuentra presuntamente fuera del país, deberá responder por su presunta cercanía con el extinto jefe máximo de las AUC, Carlos Castaño Gil. Por estos hechos, se recibirá una declaración juramentada del excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas, Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, quien deberá explicar su conocimiento sobre los vínculos entre el columnista y Carlos Castaño”. Acceso 21 de diciembre de 2011.

[12] Véase Ayala Osorio, Germán. Paramilitarismo en Colombia, más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. 113 páginas.

[13] A raíz del escándalo suscitado por sus relaciones con Carlos Castaño, el columnista envió carta de renuncia al diario EL ESPECTADOR, que por varios años le sostuvo el espacio de opinión. Nota del autor.

[14] Columnista de EL TIEMPO, diario que a pesar del escándalo que trascendió en torno a un cruce de correos, a juzgar por muchos, escritos  en tonos cercanos con el jefe paramilitar, mantuvo la columna a la periodista .Nota del autor.

[15] Las reacciones de columnistas, de periodistas y en general de un sector calificado de la opinión pública se han dado desde diversos ángulos y talantes. Para el caso de Salud-Hernández, la también periodista Patricia Lara Salive, señaló, al final de una columna, lo siguiente: “Salud Hernández, ¡qué peligrosa para la libertad de prensa es la sanción que algunos pretenden imponerte (apartarte de los medios de comunicación) por cruzarte correos con tu entrevistado, el paramilitar Carlos Castaño! Dicen que tu caso es como el de Ernesto Yamhure, cuya columna fue justamente retirada de El Espectador porque, según Un Pasquín, él era consejero a sueldo de Castaño, le envió columnas antes de publicarlas y, a veces, les hizo correcciones por él sugeridas. Son dos casos muy distintos: el suyo, poner su columna a disposición de un delincuente. El tuyo, entrevistarlo para conocer su verdad, como tantos lo hemos hecho, yo por lo menos, que ¡me he pasado mi vida profesional entrevistando delincuentes! ¡Toda mi solidaridad está contigo, admirada Salud!”. Tomado de El libro más bello que he leído en muchos años. En: El Espectador, 22 de septiembre de 2011. Consulta realizada el 18 de octubre de 2011. Por su parte, Daniel Coronell sostuvo en su momento sostuvo que no se puede descalificar y mucho menos señalar criminal a una periodista como Salud Hernández- Mora por entrevistarse con un criminal como Carlos Castaño. Textualmente, en su columna intitulada ¿Es admisible que un periodista entreviste a un criminal?, señaló: “el primer punto por discutir es si es admisible que un periodista entreviste a un criminal. Y la respuesta es sí. Hacerlo no significa respaldar al entrevistado…Salud es una mujer de carácter, que argumenta fuerte, que no se esfuerza por ser amable con sus contradictores y que ve el mundo desde un férreo pensamiento de derecha. Eso no la hace ni delincuente, ni amanuense de un criminal, ni periodista antiética. Y frente al caso de Yamhure, aunque Daniel Coronell no entra a calificar su actuación, sí recoge la versión que circuló en Un Pasquín, el periódico del reconocido caricaturista Vladdo. Al respecto señala: “Vamos por partes. De acuerdo con testimonios y los documentos publicados por Un Pasquín, el periódico de Vladdo, Ernesto Yamhure actuaba como consejero a sueldo de Castaño y -lo que es más grave- por lo menos en una ocasión recibió correcciones del jefe paramilitar para su columna en El Espectador. La evidencia está en una memoria USB entregada a la Fiscalía por el también paramilitar Ever Veloza, alias HH, cuyo contenido sustenta la investigación de la periodista Claudia Julieta Duque”.

[16] Como testaferro ideológico señalo a aquel ciudadano que de manera directa o indirecta, acepta, promueve y defiende prácticas discursivas y principios orientadores de una actividad ilegal o de un grupo armado ilegal. El testaferro ideológico actúa en escenarios políticos y tiene como prioridad legitimar las acciones político-militares de grupos al margen de la ley, en especial cuando éstos violan sistemáticamente los derechos humanos. Nota del autor.

[17] http://www.unpasquin.com/PDF-Version/Un-Pasquin-Ed57.pdf. En su editorial, intitulado ¿Colegas?, el periódico señala lo siguiente: “A la sombra de un mal interpretado espíritu de solidaridad, muchos medios y periodistas callan ante cuestionables conductas de colegas que entran en sospecha cercanía o directa complicidad con delincuentes, llámense mafiosos, guerrilleros, estafadores, paramilitares, etcétera. Ejemplo de esto es el caso de Ernesto Yamhure, quien a raíz de las denuncias publicadas en nuestra edición anterior se vio obligado a renunciar a su columna en El Espectador y a abandonar sus espacios radiales en Caracol Radio y Radio Súper, donde compartía micrófonos con el fogoso ex ministro Fernando Londoño Hoyos, quien lo despidió casi en medio de sollozos y exigiendo que se aclarara cómo había sido obtenida la información de la USB. Con el propósito de contextualizar (¿o matizar?)las denuncias sobre los llamados paracolumnistas, algunos quieren desviar la discusión hacia los casos de reporteros amigos de la guerrilla, que también los hay, pero es un tema que ahora no viene al caso. Periodistas inescrupulosos ha habido siempre, pero el problema ahora es muy puntual y no podemos reaccionar con evasivas y falsas solidaridades que sólo sirven para minar nuestra credibilidad. Es lamentable que, salvo contadas excepciones, las directivas de medios, los líderes de agremiaciones periodísticas  y los decanos y docentes, de las facultades, miren para otro lado. Es nuestra obligación sanear las prácticas periodísticas  y un buen comienzo sería olvidar ese espíritu de cuerpo que tanto criticamos en otras instancias, pues cuando un periodista establece relaciones non sanctas con delincuentes, deja ser colega nuestro para convertirse en colegas de ellos”. Consulta 18 de octubre de 2011. 

[18] Yamhure, Ernesto. Una paz integral. En: El Espectador, enero 20 de 2002. p. 2B.

[19] Baste con recordar el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreís, a manos de grupos paramilitares, para darse cuenta de que los paramilitares pretendían atacar a las guerrillas, asesinando, intimidando o desplazando a ciudadanos simpatizantes con ideas de izquierda. Así, se establecía un perverso nexo entre el actuar guerrillero y quienes, sin ser guerrilleros o participar de sus actividades ilegales, compartían ideales y valores propios de la izquierda. Nota del autor.

[20] Entonces Ministro del Interior y de Justicia del gobierno de Uribe Vélez, el mismo del caso de Invercolsa, resuelto en su contra y conocido por su militancia en la derecha. Nota del autor.

[21] Yamhure, Ernesto. Política antisubversiva. En: El Espectador, julio 14 de 2002. p. 21.

[22] Garavito, Fernando. En el país de pacotilla. En: El Espectador, 29 de julio de 2002. p. 21 A.

[23] Los escenarios frente a Castaño. En: El Espectador, editorial 29 de julio de 2002. p. 20 A/opinión.

[24] Pragmatismo, el nombre del juego. En: El Espectador, editorial, diciembre 12 de 2002. p. 20 A.

[25] Personajes del año. En: editorial El Espectador, diciembre 08 de 2002. p. 28 A.

[26] Para el mes de abril no se registraron columnas que ameritaran ser comentadas en este recorrido. Nota del autor.

[27] En todo el mes de abril de 2002, en el diario EL TIEMPO, no se registraron columnas de opinión en las que se aludiera al paramilitarismo y los columnistas asumieran una postura de defensa, ataque o de simple descripción del fenómeno paramilitar. Nota del autor.

[28] Hernández-Mora, Salud. Crímenes disfrazados de errores. En: El Tiempo, mayo 26 de 2002. p. 1-14. Contradictorio resulta el título de la columna, si se mira el texto en su conjunto. Nota del autor.

[29] Pero no sólo fue en los escenarios de opinión en los que se diseminó la idea de que las AUC se crearon para frenar a las guerrillas. También en textos noticiosos se insistía en el asunto. En el lead de una noticia publicada en la sección Primer Plano, página 1-2 de EL TIEMPO,  edición del 29 de julio de 2002, bajo el título Tensión en las entrañas ‘paras’(sic), se lee lo siguiente: “La fuerza irregular más poderosa y temida del país – luego de las Farc- en la que sectores de la sociedad colombiana decidieron depositar dinero y esperanzas para lograr, a través de ellos, frenar la arremetida  guerrillera que el Estado no ha logrado contener, se despedazó”. Nota del autor.

[30] Sofsky señala que “el discurso sobre la guerra supone una rivalidad de fuerzas y cuenta historias  de lucha encarnizada hasta su resolución. Sin embargo, la violencia de la guerra a menudo no consiste verdaderamente en un combate, sino en una masacre de indefensos: el fuego graneado sobre las trincheras, el bombardeo de las ciudades, el baño de sangre en las aldeas. El discurso sobre la tortura habla de la lucha de dos voluntades en torno a la confesión. Pero del mismo modo que la guerra no es la continuación de los conflictos por otros  medios, la tortura no es la continuación del interrogatorio por otros métodos…La verdad de la violencia no reside en el hacer, sino en el padecer”. Sofsky, Wolfang. Tratado sobre la violencia. Madrid: Abad Editores, Serie Lecturas de Filosofía, 2006. p. 66.

[31] Es el caso de Hernández-Mora, quien al parecer sirvió a los propósitos del gobierno de Uribe Vélez en torno a desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

[32] Aquellos ciudadanos que siguen los hechos noticiosos y los problemas más sentidos del país con cierta disciplina, que los pone como referentes sociales y líderes de opinión en sus propios espacios de socialización e incluso, con capacidad para trascender dichos escenarios. Nota del autor.

[33] Véanse las siguientes  publicaciones que dan luces alrededor de la situación en la que informan hoy los medos masivos en Colombia: [33] Señales dentro de los hechos. Cali: FAID, 2000; Plan Colombia y medios de comunicación, un año de autocensura. Cali: CUAO, 2001. De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios y seguridad democrática. Cali: UAO, 2006. La galería de los espejos. En: Voces soberanas, experiencias de periodismo ciudadano. Bogotá: Cedal, Universidad Mariana, Tecnológica de Bolívar y UAO, 2005. Del frenesí noticioso a la política virtual. Análisis elecciones presidenciales 2002 en Colombia Cali: CUAO, 2003. Hechos noticiosos, tratamientos explosivos (caso collar bomba). Cali: UAO, 2004. El caso Granda y su relación con fuentes estólidas y poderes invisibles. Cali: UAO, 2005. Conflicto, posconflicto y periodismo en Colombia: realidades y aproximaciones. Cali: UAO, 2007. El sentido (In) útil de disentir en la era Uribe. Cali: UAO, 2009. 44 Opiniones en contravía de los forzosos consensos mediáticos. Cali: UAO, 2009. Unirevista. El periodismo en Colombia: una historia de compromisos con poderes tradicionales. Unisinos 3. 2006. Sao Leopoldo, Brasil. Medios de Comunicación en Colombia: de la acción informativa a la acción política. Centro Latinoamericano de Estudios Avanzados. América Latina: dilemas y desafíos de cara al siglo XXI: principios, hechos, opiniones.  1ª. ed. Buenos Aires: Fundación Belgrano, 2004. Medios de comunicación: constructores de discursos que polarizan y desdibujan la otredad. revista Diálogos de la comunicación, 66. 2003. Nota del autor.

[34] Para los casos específicos, podemos calificarlas como verdaderas trincheras de opinión. Nota del autor.

[35] No creo que la prensa en Colombia actúe con total libertad, en tanto detrás de las empresas periodísticas hay intereses multinacionales o de grandes emporios que las usan como parte de su infraestructura para posicionar los bienes, servicios o productos que producen, ofrecen y entregan a la sociedad a la que impactan a diario con la información periodística-noticiosa que transmiten. Para el caso que nos ocupa, esa libertad hay que entenderla como la negación ante la cooptación por parte de los actores armados, legales e ilegales, que combaten en Colombia. Nota del autor.