PERIODISMO Y DEPORTACIONES (EXPULSIONES) DE COLOMBIANOS DE VENEZUELA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Comparto la idea, principio y “sentencia” de que el periodismo debe estar con los más débiles y vulnerables. Pero ello no puede ser óbice para lograr tratamientos periodístico-noticiosos responsables, tendientes al establecimiento de la verdad de los hechos acaecidos.

Los noticieros de televisión Noticias RCN y Caracol Noticias mandaron periodistas y camarógrafos a cubrir la masiva deportación de colombianos desde Venezuela, por orden expresa del Gobierno de Nicolás Maduro. El cubrimiento lastimero y espectacular logrado por los equipos periodísticos de estos dos noticieros, deja por fuera preguntas y circunstancias contextuales que bien pudieron recoger los periodistas antes de abordar los hechos.

En primer lugar, la decisión de deportar ciudadanos que permanezcan ilegalmente es una potestad que no se puede desconocer a ningún país. Si los colombianos deportados permanecían en territorio venezolano sin los permisos de trabajo o de estadía temporal o definitiva, está en todo su derecho el Gobierno de Maduro de proceder con su expulsión. Otro asunto es la forma de hacerlo, la humillación y la violación de los derechos humanos que las imágenes de televisión y los testimonios logrados de los colombianos expulsados, dejan entrever. Por ejemplo, si es cierto que con las expulsiones se han separado familias, porque hay hijos nacidos en Venezuela, cuyas madres son colombianas que estaban de manera irregular en territorio venezolano, ello claramente viola los derechos humanos. Sobre este asunto, debe tomar atenta nota la Cancillería y resolverlo cuanto antes.

En segundo lugar, hay que examinar si las familias expulsadas por el régimen de Maduro recibían subsidios o algún tipo de ayuda del Estado venezolano, a pesar de la condición de ilegalidad o de irregularidad migratoria. Si ello es así, se podría inferir que detrás de la lucha contra bandas de paramilitares y narcotraficantes que delinquen en esos territorios fronterizos, hay razones económicas de un régimen que ha visto afectadas sus finanzas por los bajos precios del petróleo, principal fuente de ingreso del régimen bolivariano.

Lo cierto es que la medida adoptada por el Gobierno de Nicolás Maduro tiene un trasfondo político, electoral, económico y social en el que claramente está comprometida la gestión del actual presidente de Venezuela. Más allá de su “lucha contra la delincuencia y los grupos paramilitares que buscan desestabilizar su Gobierno, con el apoyo de Uribe Vélez”, el régimen venezolano no puede ocultar, detrás de la evidente paranoia socialista de que hay un enemigo externo, una situación fiscal que amerita la búsqueda de distractores y con ellos, lanzar efectivas cortinas de humo.

De otra parte, el periodismo debe precisar el origen de los colombianos deportados de Venezuela. Por qué, cuándo y desde dónde llegaron a territorio venezolano los compatriotas que hoy sufren la medida adoptada por el vecino país. Estos elementos ayudarían a establecer responsabilidades del Estado colombiano en su conjunto y de específicos gobiernos, como el de Uribe y Santos, en lo que corresponde a la generación de desplazados por razones del conflicto armado interno, o migraciones por razones económicas. Y en este asunto es claro que el Estado colombiano poco control ejerce sobre sus fronteras, lo que claramente muestra la inexistencia de una política de fronteras que asegure condiciones dignas de vida para sus nacionales, que desestimule la migración al vecino país. El tránsito de Venezuela hacia un Estado socialista debió obligar al Estado colombiano a tomar medidas económicas y sociales encaminadas a proteger económicamente a las regiones fronterizas, así como desestimular las masivas migraciones de sus nacionales hacia territorio bolivariano.

Entre tanto, frente a la presencia del senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez en el punto fronterizo, lugar de las expulsiones para “solidarizarse” con sus “compatriotas”, no pudo resultar más desafortunado. Pero lo fue más, que varios medios, entre ellos Noticias RCN, hayan hecho eco de la acción política del controvertido ex mandatario, con la que claramente buscaba caldear los ánimos entre Maduro y Santos, afectando aún más la situación de los deportados y en general, de las ciudades y pueblos fronterizos que dependen en gran medida de la actividades económicas de frontera.

Los medios y periodistas, siguiendo los moralizantes criterios de noticia, cubrieron la improvisada intervención de Uribe para confrontar al Gobierno de Santos, por la “débil postura” asumida frente a las determinaciones de Venezuela de cerrar la frontera y de expulsar colombianos.

Las relaciones con Venezuela, complejas históricamente, no pueden manejarse con el talante camorrero y belicista que expuso Uribe cuando fungió como Presidente y ahora en su magro papel de Senador  de la República. Hay que dejar que la diplomacia actúe y por los canales dispuestos, se logre mitigar los impactos de las medidas adoptadas por el régimen de Maduro.

Así entonces, hay que pedir prudencia a los medios y al periodismo en general, en los tratamientos noticiosos dados a los hechos acaecidos y a los que muy seguramente se seguirán presentando en la extensa frontera con Venezuela. Y en lo que corresponde al manejo de las relaciones con el vecino país, el Gobierno de Santos no puede caer en provocaciones internas y mucho menos, en las bravuconadas del indocto presidente venezolano.


Nota: dada la arrogancia del Gobierno venezolano, las presiones internas que recibe Maduro y el afán de la Guardia venezolana por mostrar resultados y ocultar su contubernio con el contrabando, la orden dada por el Presidente Maduro, es posible que haya terminado por afectar las vidas de cientos de colombianos con distintos estatus migratorios. En cualquier sentido, podemos hablar de deportaciones y expulsiones por parte del Gobierno del vecino país.



Imagen tomada de www.nacion.com