Por Germán Ayala Osorio
La orden de captura librada (medida de aseguramiento) por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de dos senadores y un representante a la Cámara no sólo confirma el nivel de penetración alcanzado por el paramilitarismo y el narcotráfico, sino el distanciamiento político que hoy subsiste entre un sector de la CSJ y el Gobierno de Uribe Vélez. Es decir, por un lado va el sentido jurídico de la medida de aseguramiento y por el otro, el sentido político que tiene y que se explica en la posición asumida por el alto gobierno en torno al proyecto de Reforma a la Justicia, a la tutela y a la intención de quitarle el fuero o el estatus que hoy tiene la Corte Constitucional (CC).
La orden de captura librada (medida de aseguramiento) por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de dos senadores y un representante a la Cámara no sólo confirma el nivel de penetración alcanzado por el paramilitarismo y el narcotráfico, sino el distanciamiento político que hoy subsiste entre un sector de la CSJ y el Gobierno de Uribe Vélez. Es decir, por un lado va el sentido jurídico de la medida de aseguramiento y por el otro, el sentido político que tiene y que se explica en la posición asumida por el alto gobierno en torno al proyecto de Reforma a la Justicia, a la tutela y a la intención de quitarle el fuero o el estatus que hoy tiene la Corte Constitucional (CC).
La historia es así. El presidente Uribe Vélez mantuvo, hasta antes del fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional en torno de la reelección presidencial inmediata, una prudente distancia frente a los criterios filosóficos, políticos y jurídicos con los cuales dicha Corte se pronunciaba alrededor de hechos públicos como las demandas de los ahorradores del sistema UPAC, así como las interpretaciones en torno a fallos de otras instancias como la Corte Suprema de Justicia y el propio Consejo de Estado frente a tutelas de diversa índole.
El conocido ‘choque de trenes’ permitió, de alguna manera, que el Presidente se acercara a las Cortes (Suprema y Constitucional y Consejo de Estado) con recelos y simpatías dependiendo de ciertos intereses y coyunturas políticas. Inicialmente, y antes del fallo que declaró la exequibilidad de la reelección presidencial inmediata, Uribe Vélez mostró simpatías hacia magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con aquellos, que en otras instancias, veían con buenos ojos reformar la tutela, quitándole de esta forma la posibilidad a los colombianos(as) de interponer este recurso ante fallos judiciales; pero también con aquellos que, manera equívoca, consideran que los fallos de la Corte Constitucional tienen un carácter populista que terminan co gobernando y tomando decisiones en el ámbito económico. De ahí la intención, de unos y otros, de quitarle poder a la CC con el proyecto de Reforma a la Justicia que acaba de hundirse en el Congreso.
Cuando el gobierno anunció que no apoyaría, a través de su bancada uribista, cambios drásticos en torno a la tutela y menos aún, en contra de los alcances de la Corte Constitucional, casi de inmediato se entendió en las otras dos Altas Cortes, que el Presidente había tomado partido a favor de la instancia que le había permitido presentarse como candidato a la reelección presidencial inmediata.
Quizás ese sea el motivo político que explique y sostenga la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra los ya conocidos amigos, colaboradores o miembros del paramilitarismo en Colombia.
Lo claro es que Colombia se ‘derechizó’ y se ‘paramilitarizó’ y que el escándalo seguirá. Se espera que la rama judicial haga su trabajo y que las pocas voces de ‘oposición’ que se escuchan contra esta especie de unanimismo político y mediático, denuncien a diario lo que viene sucediendo en Colombia.
Es posible que quienes creyeron en el hombre fuerte, recio y trabajador estén pensando en quitarle el apoyo, dado los niveles de ingobernabilidad que puedan generarse ante el desenmascaramiento de un Gobierno y de un Congreso que simpatizan con el paramilitarismo en cualquiera de sus manifestaciones. Dicho escenario, aunque indeseable, es mejor que mantener en silencio las simpatías, las relaciones y el connubio entre paramilitares, la institución legislativa y el Gobierno que prometió luchar contra la corrupción. Claro, falta quitarle la máscara a empresarios que apoyaron a los grupos paramilitares y que hoy ven con buenos ojos que éste fenómeno político, militar y económico se esté institucionalizando.
Que se confirme lo dicho por el ‘Salvatore Mancuso’ en el sentido en que el 35% del Congreso colombiano guarda relaciones con las llamadas AUC, y en general con el paramilitarismo no debe alarmar, lo que sí alarma es el silencio de un Presidente que rápidamente cuestiona públicamente hechos, situaciones y circunstancias relacionadas con el actuar delictivo de las Farc, pero que curiosamente, y frente a unos hechos inocultables de penetración paramilitar en su bancada uribista en el Congreso, guarda un profundo silencio.
Y para terminar, el ‘choque de trenes’ continuará con el hundimiento del proyecto de Reforma a la Justicia, que pretendía poner fin a las diferencias entre las Cortes. ¿Qué dirá el Gobierno cuando nuevamente las Altas Cortes se enfrenten a raíz de sus profundas diferencias para interpretar la Carta Magna?
Hoy viernes 17 de noviembre de 2006, el noticiero RCN, en su emisión del medio día, emitió apartes de la respuesta que el Presidente dio en torno a los hechos señalados. A los congresistas (sin nombrar a la bancada uribista) los invitó a acercarse a la CSJ para que digan la verdad sobre los presuntos vínculos con el paramilitarismo. Una exhortación amable, sin improperios, que seguramente no salpicará su figura presidencial. Además, invitó a los 30 mil desmovilizados de las AUC para que declaren si el gobierno que preside ha sido permisivo o complaciente con el paramilitarismo. No es necesario que lo hagan, el proceso en Santa fe de Ralito, la penetración política y económica y su institucionalización es suficiente demostración.
El mismo viernes 17 se dirigió al país el señor Presidente, acompañado, al parecer, por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la alocución hizo un recuento de los proyectos de reforma a la justicia y a la tutela que se han presentado desde su posesión en el 2002. Recordó al ministro Fernando Londoño, enemigo acérrimo de la Corte Constitucional y de la misma Constitución Política de 1991, quien lideró uno de los proyectos de reforma, que también se hundió en su momento.
Luego, recordó que visitó a los magistrados de las tres Altas Cortes, en compañía del entonces ministro Sabas Pretel de la Vega buscando consensos para dirimir las diferencias que generaban el llamado 'choque de trenes'. En su intervención televisada Uribe Vélez insistió en que la Corte Constitucional debería mantenerse como una instancia de cierre. Este pronunciamiento no le gustó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien a través de los medios manifestó su desacuerdo con lo expresado por el Presidente de la República.
En el diario EL TIEMPO, el 24 de septiembre de 2006, se registró una noticia en torno al choque de trenes y la toma de partido del Gobierno de Uribe. En algunos apartes de la noticia, intitulada 'Uribe faltó a la palabra': C. Suprema (sic), se señala:
" Según Yesid Ramírez, presidente de ese tribunal, el Gobierno dijo que no intervendría en el choque de trenes entre cortes pero prepara medida a favor de la C. Constitucional. Ministro del Interior responde que la medida será equilibrada.
La pelea entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional -que lleva más de cuatro años- parece haber llegado a su más alto punto de tensión. Y ahora tiene un nuevo actor: el Gobierno.
Yesid Ramírez, cabeza de la Corte Suprema, aseguró ayer que el presidente Uribe decidió ponerse la camiseta de la Corte Constitucional, contrario a lo que había prometido.
"El 5 de julio pasado, dijo que no tomaría partido frente al choque de jurisdicciones -dice el magistrado-. Pero acaba de ordenar la presentación de un acto legislativo que favorece a la Corte Constitucional (...) Faltó a su palabra"(sic).
El conocido ‘choque de trenes’ permitió, de alguna manera, que el Presidente se acercara a las Cortes (Suprema y Constitucional y Consejo de Estado) con recelos y simpatías dependiendo de ciertos intereses y coyunturas políticas. Inicialmente, y antes del fallo que declaró la exequibilidad de la reelección presidencial inmediata, Uribe Vélez mostró simpatías hacia magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con aquellos, que en otras instancias, veían con buenos ojos reformar la tutela, quitándole de esta forma la posibilidad a los colombianos(as) de interponer este recurso ante fallos judiciales; pero también con aquellos que, manera equívoca, consideran que los fallos de la Corte Constitucional tienen un carácter populista que terminan co gobernando y tomando decisiones en el ámbito económico. De ahí la intención, de unos y otros, de quitarle poder a la CC con el proyecto de Reforma a la Justicia que acaba de hundirse en el Congreso.
Cuando el gobierno anunció que no apoyaría, a través de su bancada uribista, cambios drásticos en torno a la tutela y menos aún, en contra de los alcances de la Corte Constitucional, casi de inmediato se entendió en las otras dos Altas Cortes, que el Presidente había tomado partido a favor de la instancia que le había permitido presentarse como candidato a la reelección presidencial inmediata.
Quizás ese sea el motivo político que explique y sostenga la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra los ya conocidos amigos, colaboradores o miembros del paramilitarismo en Colombia.
Lo claro es que Colombia se ‘derechizó’ y se ‘paramilitarizó’ y que el escándalo seguirá. Se espera que la rama judicial haga su trabajo y que las pocas voces de ‘oposición’ que se escuchan contra esta especie de unanimismo político y mediático, denuncien a diario lo que viene sucediendo en Colombia.
Es posible que quienes creyeron en el hombre fuerte, recio y trabajador estén pensando en quitarle el apoyo, dado los niveles de ingobernabilidad que puedan generarse ante el desenmascaramiento de un Gobierno y de un Congreso que simpatizan con el paramilitarismo en cualquiera de sus manifestaciones. Dicho escenario, aunque indeseable, es mejor que mantener en silencio las simpatías, las relaciones y el connubio entre paramilitares, la institución legislativa y el Gobierno que prometió luchar contra la corrupción. Claro, falta quitarle la máscara a empresarios que apoyaron a los grupos paramilitares y que hoy ven con buenos ojos que éste fenómeno político, militar y económico se esté institucionalizando.
Que se confirme lo dicho por el ‘Salvatore Mancuso’ en el sentido en que el 35% del Congreso colombiano guarda relaciones con las llamadas AUC, y en general con el paramilitarismo no debe alarmar, lo que sí alarma es el silencio de un Presidente que rápidamente cuestiona públicamente hechos, situaciones y circunstancias relacionadas con el actuar delictivo de las Farc, pero que curiosamente, y frente a unos hechos inocultables de penetración paramilitar en su bancada uribista en el Congreso, guarda un profundo silencio.
Y para terminar, el ‘choque de trenes’ continuará con el hundimiento del proyecto de Reforma a la Justicia, que pretendía poner fin a las diferencias entre las Cortes. ¿Qué dirá el Gobierno cuando nuevamente las Altas Cortes se enfrenten a raíz de sus profundas diferencias para interpretar la Carta Magna?
Hoy viernes 17 de noviembre de 2006, el noticiero RCN, en su emisión del medio día, emitió apartes de la respuesta que el Presidente dio en torno a los hechos señalados. A los congresistas (sin nombrar a la bancada uribista) los invitó a acercarse a la CSJ para que digan la verdad sobre los presuntos vínculos con el paramilitarismo. Una exhortación amable, sin improperios, que seguramente no salpicará su figura presidencial. Además, invitó a los 30 mil desmovilizados de las AUC para que declaren si el gobierno que preside ha sido permisivo o complaciente con el paramilitarismo. No es necesario que lo hagan, el proceso en Santa fe de Ralito, la penetración política y económica y su institucionalización es suficiente demostración.
El mismo viernes 17 se dirigió al país el señor Presidente, acompañado, al parecer, por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la alocución hizo un recuento de los proyectos de reforma a la justicia y a la tutela que se han presentado desde su posesión en el 2002. Recordó al ministro Fernando Londoño, enemigo acérrimo de la Corte Constitucional y de la misma Constitución Política de 1991, quien lideró uno de los proyectos de reforma, que también se hundió en su momento.
Luego, recordó que visitó a los magistrados de las tres Altas Cortes, en compañía del entonces ministro Sabas Pretel de la Vega buscando consensos para dirimir las diferencias que generaban el llamado 'choque de trenes'. En su intervención televisada Uribe Vélez insistió en que la Corte Constitucional debería mantenerse como una instancia de cierre. Este pronunciamiento no le gustó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien a través de los medios manifestó su desacuerdo con lo expresado por el Presidente de la República.
En el diario EL TIEMPO, el 24 de septiembre de 2006, se registró una noticia en torno al choque de trenes y la toma de partido del Gobierno de Uribe. En algunos apartes de la noticia, intitulada 'Uribe faltó a la palabra': C. Suprema (sic), se señala:
" Según Yesid Ramírez, presidente de ese tribunal, el Gobierno dijo que no intervendría en el choque de trenes entre cortes pero prepara medida a favor de la C. Constitucional. Ministro del Interior responde que la medida será equilibrada.
La pelea entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional -que lleva más de cuatro años- parece haber llegado a su más alto punto de tensión. Y ahora tiene un nuevo actor: el Gobierno.
Yesid Ramírez, cabeza de la Corte Suprema, aseguró ayer que el presidente Uribe decidió ponerse la camiseta de la Corte Constitucional, contrario a lo que había prometido.
"El 5 de julio pasado, dijo que no tomaría partido frente al choque de jurisdicciones -dice el magistrado-. Pero acaba de ordenar la presentación de un acto legislativo que favorece a la Corte Constitucional (...) Faltó a su palabra"(sic).
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