Por Germán Ayala Osorio
Quizás hoy, como nunca, en el Valle del Cauca confluyen escenarios de paz y de guerra, reflejo de la debilidad del Estado, en sus órdenes local, regional y nacional. Del primer escenario, y quizás el más importante para explicar el sentido y señalar responsables del atentado terrorista en la ciudad de Cali, hacen parte los familiares de los diputados secuestrados por las Farc hace ya cinco años.
Justo desde Cali se viene exigiendo al Gobierno de Uribe y a la cúpula de las Farc un acuerdo humanitario que ponga fin al sufrimiento de quienes están en cautiverio. Y justo en- y desde- la ciudad que hoy repudia el atentado dinamitero, se concentran esfuerzos y se buscan alternativas para lograr un entendimiento entre las partes, a partir de una exigencia de las Farc, que parece insuperable: el despeje de Pradera y Florida, municipios del sur del departamento.
Cuando se conmemoran cinco años del secuestro de los diputados del Valle, un atentado terrorista contra la Policía pone en entredicho la posibilidad de un encuentro entre Gobierno y Farc para hablar de intercambio humanitario. Es decir, una vez más se aplaza la solución al drama que viven secuestrados y familiares. ¿Quién puede estar detrás del atentado dinamitero, perpetrado en Cali? Recordemos el bombazo en las instalaciones militares del Cantón Norte de Bogotá, en un entorno en el que tomaban fuerza las alternativas para finiquitar un encuentro entre Gobierno y Farc para hablar de ‘canje’. Hagamos memoria: se dijo en su momento que detrás de dicho atentado había fuerzas oscuras interesadas en evitar el intercambio humanitario, porque facilitarlo debilitaría la ‘moral’ de las tropas y minaría la seguridad democrática. Igualmente hay que recordar los falsos positivos en los que varios oficiales del ejército engañaron al país. Incluso, se habló de la participación de la CIA.
Así entonces, y ante la desconfianza que generan las actuaciones de algunos oficiales (de las fuerzas militares) y miembros de la fuerza pública en general, hay una tesis que no aparece en los libretos de las autoridades y que quizás pocos se atrevan a concebir, pero que tiene que ver con ellas: se trataría de un atentado perpetrado por oscuras fuerzas de ultraderecha – o simplemente de la derecha colombiana, con participación de paramilitares- que buscan, una vez más, evitar que se dé un encuentro con las Farc en la zona rural de Florida y Pradera, con la participación de los senadores demócratas de los Estados Unidos, la Iglesia y los llamados países amigos.
Las autoridades leen su propio libreto y señalan que fueron las Farc. Incluso, 24 horas después del atentado aparecen, con celeridad, pasacalles que gritan frases como Farc asesinos. Del mismo libreto ofrecen la tesis que señala que los responsables del hecho terrorista hacen parte de una alianza entre narcotraficantes y guerrilleros. Dichas tesis tienen asidero en un contexto complejo de luchas intestinas entre capos del norte del Valle, y la evidente participación de las Farc en el negocio del narcotráfico. De ahí su credibilidad y aceptabilidad, con el concurso de los medios informativos (noticieros de los canales privados, especialmente) que cerraron filas en torno al Presidente Uribe.
Miremos ahora a los actores que participan de la tesis de las autoridades, es decir, a los narcotraficantes y que configuran el escenario de guerra. Señalar que los responsables del atentado contra la sede la Policía Valle son miembros de las organizaciones de Diego Montoya (Los Machos) y de Wilber Alirio Varela (Los Rastrojos) se soporta en las acciones delictivas de éstos y en el sangriento enfrentamiento que sostuvieron recientemente estos dos capos del norte del Valle. También se sostiene la tesis oficial en que la captura de Eugenio Montoya, alias Don Hugo, hermano de Diego Montoya, afectó de alguna manera el pacto de no agresión firmado entre los capos, posterior a los enfrentamientos que protagonizaron y que dejaron más de 500 muertos[1]; otra circunstancia que alimenta la tesis de las autoridades tiene que ver con que el descubrimiento de las millonarias caletas en varias zonas de la ciudad de Cali, generaría la reacción violenta de los narcos. ¿Por qué la reacción coincidiría con la conmemoración de cinco años del secuestro de los Diputados? ¿Por qué ahora y no cuando las caletas aparecieron? Son sólo preguntas.
De igual manera, habría una tensión muy fuerte entre los narcotraficantes del Valle – y por qué no, al interior de las autoridades de policía y de sectores políticos- por la posible extradición de alias Rasguño, quien ha sostenido que no hablará con las autoridades colombianas y que lo hará con las de los Estados Unidos. El ventilador lo prenderá en territorio americano. ¿Desconfianza en las autoridades colombianas o parte de un pre acuerdo con las autoridades gringas? Tensión que llevaría a los narcos a iniciar una escalada terrorista.
Surgen preguntas al respecto: ¿Por qué la demora en oficializar la extradición de alias Rasguño? ¿Será que están esperando que corra la misma suerte de Laureano Rentería, hombre de confianza de alias ‘Chupeta’, asesinado en la cárcel La Picota (al parecer envenenado con cianuro), cuando era inminente su extradición a los Estados Unidos? ¿Por qué esta extradición sí se tramitó con celeridad?
Será difícil establecer a ciencia cierta quién está detrás del atentado contra la sede de la Policía en la ciudad de Cali. Y es así porque en el Valle y en Colombia tanto Farc[2], como Paras y Narcos tienen capacidad desestabilizadora; igualmente, hay grupos de ultraderecha, cercanos a elites económicas y políticas, interesados en que el terror y el miedo se mantengan, para justificar no sólo la continuidad de la política de seguridad democrática, sino para asegurar que en las próximas elecciones (2007 y 2010) triunfen los candidatos que aseguren públicamente que lucharán contra los eternos enemigos de la patria. Es decir, sólo los candidatos que ofrezcan seguridad y bala tendrán respaldo popular y mediático. En este escenario los medios masivos jugarán un papel clave para mantener el unanimismo que desde el 2002 ayudaron a crear y que hoy se mantiene con muy buenos réditos para el Gobierno de Uribe.
Lo mejor es mantener una prudente confianza en las tesis que lanzan las autoridades cuando de explicar atentados terroristas se trata; y dudar de la información que publican los medios masivos colombianos. (Publicado en el Boletín Actualidad Colombiana No 450, abril 23- mayo 7 de 2007, Bogotá - Colombia; http://www.actualidadcolombiana.org/).
Adenda: Era de esperarse los rápidos resultados de las autoridades en torno a los autores materiales del atentado. ¿Resultados reales o propaganda oficial?
[1] No registrados en estadísticas oficiales, pero sí comentados por vecinos y habitantes de la región.
[2] A través de un comunicado negaron ser autores del atentado.
Quizás hoy, como nunca, en el Valle del Cauca confluyen escenarios de paz y de guerra, reflejo de la debilidad del Estado, en sus órdenes local, regional y nacional. Del primer escenario, y quizás el más importante para explicar el sentido y señalar responsables del atentado terrorista en la ciudad de Cali, hacen parte los familiares de los diputados secuestrados por las Farc hace ya cinco años.
Justo desde Cali se viene exigiendo al Gobierno de Uribe y a la cúpula de las Farc un acuerdo humanitario que ponga fin al sufrimiento de quienes están en cautiverio. Y justo en- y desde- la ciudad que hoy repudia el atentado dinamitero, se concentran esfuerzos y se buscan alternativas para lograr un entendimiento entre las partes, a partir de una exigencia de las Farc, que parece insuperable: el despeje de Pradera y Florida, municipios del sur del departamento.
Cuando se conmemoran cinco años del secuestro de los diputados del Valle, un atentado terrorista contra la Policía pone en entredicho la posibilidad de un encuentro entre Gobierno y Farc para hablar de intercambio humanitario. Es decir, una vez más se aplaza la solución al drama que viven secuestrados y familiares. ¿Quién puede estar detrás del atentado dinamitero, perpetrado en Cali? Recordemos el bombazo en las instalaciones militares del Cantón Norte de Bogotá, en un entorno en el que tomaban fuerza las alternativas para finiquitar un encuentro entre Gobierno y Farc para hablar de ‘canje’. Hagamos memoria: se dijo en su momento que detrás de dicho atentado había fuerzas oscuras interesadas en evitar el intercambio humanitario, porque facilitarlo debilitaría la ‘moral’ de las tropas y minaría la seguridad democrática. Igualmente hay que recordar los falsos positivos en los que varios oficiales del ejército engañaron al país. Incluso, se habló de la participación de la CIA.
Así entonces, y ante la desconfianza que generan las actuaciones de algunos oficiales (de las fuerzas militares) y miembros de la fuerza pública en general, hay una tesis que no aparece en los libretos de las autoridades y que quizás pocos se atrevan a concebir, pero que tiene que ver con ellas: se trataría de un atentado perpetrado por oscuras fuerzas de ultraderecha – o simplemente de la derecha colombiana, con participación de paramilitares- que buscan, una vez más, evitar que se dé un encuentro con las Farc en la zona rural de Florida y Pradera, con la participación de los senadores demócratas de los Estados Unidos, la Iglesia y los llamados países amigos.
Las autoridades leen su propio libreto y señalan que fueron las Farc. Incluso, 24 horas después del atentado aparecen, con celeridad, pasacalles que gritan frases como Farc asesinos. Del mismo libreto ofrecen la tesis que señala que los responsables del hecho terrorista hacen parte de una alianza entre narcotraficantes y guerrilleros. Dichas tesis tienen asidero en un contexto complejo de luchas intestinas entre capos del norte del Valle, y la evidente participación de las Farc en el negocio del narcotráfico. De ahí su credibilidad y aceptabilidad, con el concurso de los medios informativos (noticieros de los canales privados, especialmente) que cerraron filas en torno al Presidente Uribe.
Miremos ahora a los actores que participan de la tesis de las autoridades, es decir, a los narcotraficantes y que configuran el escenario de guerra. Señalar que los responsables del atentado contra la sede la Policía Valle son miembros de las organizaciones de Diego Montoya (Los Machos) y de Wilber Alirio Varela (Los Rastrojos) se soporta en las acciones delictivas de éstos y en el sangriento enfrentamiento que sostuvieron recientemente estos dos capos del norte del Valle. También se sostiene la tesis oficial en que la captura de Eugenio Montoya, alias Don Hugo, hermano de Diego Montoya, afectó de alguna manera el pacto de no agresión firmado entre los capos, posterior a los enfrentamientos que protagonizaron y que dejaron más de 500 muertos[1]; otra circunstancia que alimenta la tesis de las autoridades tiene que ver con que el descubrimiento de las millonarias caletas en varias zonas de la ciudad de Cali, generaría la reacción violenta de los narcos. ¿Por qué la reacción coincidiría con la conmemoración de cinco años del secuestro de los Diputados? ¿Por qué ahora y no cuando las caletas aparecieron? Son sólo preguntas.
De igual manera, habría una tensión muy fuerte entre los narcotraficantes del Valle – y por qué no, al interior de las autoridades de policía y de sectores políticos- por la posible extradición de alias Rasguño, quien ha sostenido que no hablará con las autoridades colombianas y que lo hará con las de los Estados Unidos. El ventilador lo prenderá en territorio americano. ¿Desconfianza en las autoridades colombianas o parte de un pre acuerdo con las autoridades gringas? Tensión que llevaría a los narcos a iniciar una escalada terrorista.
Surgen preguntas al respecto: ¿Por qué la demora en oficializar la extradición de alias Rasguño? ¿Será que están esperando que corra la misma suerte de Laureano Rentería, hombre de confianza de alias ‘Chupeta’, asesinado en la cárcel La Picota (al parecer envenenado con cianuro), cuando era inminente su extradición a los Estados Unidos? ¿Por qué esta extradición sí se tramitó con celeridad?
Será difícil establecer a ciencia cierta quién está detrás del atentado contra la sede de la Policía en la ciudad de Cali. Y es así porque en el Valle y en Colombia tanto Farc[2], como Paras y Narcos tienen capacidad desestabilizadora; igualmente, hay grupos de ultraderecha, cercanos a elites económicas y políticas, interesados en que el terror y el miedo se mantengan, para justificar no sólo la continuidad de la política de seguridad democrática, sino para asegurar que en las próximas elecciones (2007 y 2010) triunfen los candidatos que aseguren públicamente que lucharán contra los eternos enemigos de la patria. Es decir, sólo los candidatos que ofrezcan seguridad y bala tendrán respaldo popular y mediático. En este escenario los medios masivos jugarán un papel clave para mantener el unanimismo que desde el 2002 ayudaron a crear y que hoy se mantiene con muy buenos réditos para el Gobierno de Uribe.
Lo mejor es mantener una prudente confianza en las tesis que lanzan las autoridades cuando de explicar atentados terroristas se trata; y dudar de la información que publican los medios masivos colombianos. (Publicado en el Boletín Actualidad Colombiana No 450, abril 23- mayo 7 de 2007, Bogotá - Colombia; http://www.actualidadcolombiana.org/).
Adenda: Era de esperarse los rápidos resultados de las autoridades en torno a los autores materiales del atentado. ¿Resultados reales o propaganda oficial?
[1] No registrados en estadísticas oficiales, pero sí comentados por vecinos y habitantes de la región.
[2] A través de un comunicado negaron ser autores del atentado.
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