¿Hay o no investigaciones en el caso de la multinacional Chiquita Brands en Colombia?
[Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
[Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
El caso de la multinacional Chiquita Brands viene siendo investigado por organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e internacionales por lo menos desde 2004. (Boletín 448 de actualidad colombiana, http://www.actualidadcolombiana.org/)
Resulta paradójico que el hoy Fiscal General de la Nación,Mario Iguarán Arana, al parecer desconozca la existencia de investigaciones en contra de Chiquita Brands Internacional, y además se haya comprometido a solicitar información al Departamento de Justicia de Estados Unidos para establecer, como lo menciona el periódico El Tiempo en su edición del sábado 17 de marzo, “si con el dinero de la multinacional se adquirieron fusiles y se realizaron masacres en el noroeste colombiano”. Como si el caso no estuviera ya, suficientemente documentado, tanto por comunidades, organismos defensores de derechos humanos nacionales como internacionales, por lo menos desde 2004, época de confesión de estos hechos por parte de la transnacional bananera.
Pero resulta más paradójico que en la Fiscalía sí existan investigaciones, pero no contra la transnacional, sino en la que ésta aparece como el “ofendido Chiquita Brands Internacional”. En efecto, de acuerdo con esta información obtenida a raíz de acciones de tutela interpuestas por la falta de respuesta a derechos de petición dirigidos por el Colectivo de Abogados, al entonces Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, se tuvo conocimiento que se adelanta ante la Fiscalía la investigación previa radicada con el número 2432 SIJUF 958.570, según el Gaula Rural de Antioquia.
Es casi inconcebible que después de una declaración como la hecha por el presidente de la multinacional Chiquita Brands Internacional en junio de 2004, la Fiscalía de manera oficiosa no haya iniciado una investigación por el grave delito que representa financiar grupos armados ilegales como lo son en este caso los paramilitares, que como se sabe y está de sobra documentado son responsables de innumerables crímenes de lesa humanidad.
Sobre este punto basta recordar que el mismo Cesar Gaviria, entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos - OEA - , abrió una investigación específica sobre el caso, luego de la solicitud de los países involucrados en la entrada del armamento a Colombia, es decir, Nicaragua y Panamá; y de la confesión del jefe paramilitar Carlos Castaño, quien en entrevista con el diario El Tiempo el 30 de junio de 2002, reconociera públicamente que el mayor éxito logrado por las AUC, era precisamente la introducción al país de dicho arsenal. Gaviria entonces nombró como parte del equipo investigador al embajador en ese tiempo de los Estados Unidos en Colombia, Morris Busby y al argentino Sergio Caramagna, actual jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, entre otros expertos.
Es casi inconcebible que después de una declaración como la hecha por el presidente de la multinacional Chiquita Brands Internacional en junio de 2004, la Fiscalía de manera oficiosa no haya iniciado una investigación…
Y es que Chiquita Brands, según los Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no sólo colaboraba con los paramilitares entrando armamento a Colombia, sino que también los financiaba económicamente con pagos previamente revisados y aprobados por altos directivos de la compañía en Cincinnati y los cuales venían realizando desde 1997, luego de un encuentro entre el jefe paramilitar Carlos Castaño y el gerente de Banaldex (empresa filial de Chiquita Brands).
Fueron precisamente los cientos de crímenes cometidos en esta zona, acrecentados en la década de los noventa, y la evidencia irrefutable de la financiación por parte de Chiquita Brands y otras empresas transnacionales a grupos paramilitares, por los cuales, el Tribunal Permanente de los Pueblos, acusara el pasado mes de abril de 2006, a dicha empresa por las “violaciones graves y masivas de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical; por desprecio de la dignidad y de la vida de los trabajadores y sus comunidades, así como por el respaldo a políticas económicas que contribuyen al deterioro dramático de las condiciones de vida y salud de una parte creciente de la población colombiana” y así mismo declarara responsable a los órganos del Estado Colombiano como autores y/o cómplices de los crímenes de lesa humanidad documentados.
Ya es hora, luego de 79 años que esta empresa, conocida en 1928 como United Fruit Company, responda, y no solamente económicamente, sino también jurídica y políticamente por su historial violatorio de derechos en Colombia y que los trabajadores y los campesinos afectados, sean reconocidos como las verdaderas víctimas, y no que los victimarios sean tenidos como los ofendidos.
La Fiscalía General de la Nación debe asumir su responsabilidad por la falta de una acción investigativa seria, que permita avanzar en el esclarecimiento histórico de los hechos; la determinación de responsabilidades penales de los directivos de la transnacional; de los agentes estatales comprometidos por acción y omisión en su actuación; y de las autoridades judiciales que con su inactividad perpetuaron la impunidad y la negación de los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas, sus familiares, las comunidades afectadas y la sociedad colombiana.
Resulta paradójico que el hoy Fiscal General de la Nación,Mario Iguarán Arana, al parecer desconozca la existencia de investigaciones en contra de Chiquita Brands Internacional, y además se haya comprometido a solicitar información al Departamento de Justicia de Estados Unidos para establecer, como lo menciona el periódico El Tiempo en su edición del sábado 17 de marzo, “si con el dinero de la multinacional se adquirieron fusiles y se realizaron masacres en el noroeste colombiano”. Como si el caso no estuviera ya, suficientemente documentado, tanto por comunidades, organismos defensores de derechos humanos nacionales como internacionales, por lo menos desde 2004, época de confesión de estos hechos por parte de la transnacional bananera.
Pero resulta más paradójico que en la Fiscalía sí existan investigaciones, pero no contra la transnacional, sino en la que ésta aparece como el “ofendido Chiquita Brands Internacional”. En efecto, de acuerdo con esta información obtenida a raíz de acciones de tutela interpuestas por la falta de respuesta a derechos de petición dirigidos por el Colectivo de Abogados, al entonces Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, se tuvo conocimiento que se adelanta ante la Fiscalía la investigación previa radicada con el número 2432 SIJUF 958.570, según el Gaula Rural de Antioquia.
Es casi inconcebible que después de una declaración como la hecha por el presidente de la multinacional Chiquita Brands Internacional en junio de 2004, la Fiscalía de manera oficiosa no haya iniciado una investigación por el grave delito que representa financiar grupos armados ilegales como lo son en este caso los paramilitares, que como se sabe y está de sobra documentado son responsables de innumerables crímenes de lesa humanidad.
Sobre este punto basta recordar que el mismo Cesar Gaviria, entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos - OEA - , abrió una investigación específica sobre el caso, luego de la solicitud de los países involucrados en la entrada del armamento a Colombia, es decir, Nicaragua y Panamá; y de la confesión del jefe paramilitar Carlos Castaño, quien en entrevista con el diario El Tiempo el 30 de junio de 2002, reconociera públicamente que el mayor éxito logrado por las AUC, era precisamente la introducción al país de dicho arsenal. Gaviria entonces nombró como parte del equipo investigador al embajador en ese tiempo de los Estados Unidos en Colombia, Morris Busby y al argentino Sergio Caramagna, actual jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, entre otros expertos.
Es casi inconcebible que después de una declaración como la hecha por el presidente de la multinacional Chiquita Brands Internacional en junio de 2004, la Fiscalía de manera oficiosa no haya iniciado una investigación…
Y es que Chiquita Brands, según los Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no sólo colaboraba con los paramilitares entrando armamento a Colombia, sino que también los financiaba económicamente con pagos previamente revisados y aprobados por altos directivos de la compañía en Cincinnati y los cuales venían realizando desde 1997, luego de un encuentro entre el jefe paramilitar Carlos Castaño y el gerente de Banaldex (empresa filial de Chiquita Brands).
Fueron precisamente los cientos de crímenes cometidos en esta zona, acrecentados en la década de los noventa, y la evidencia irrefutable de la financiación por parte de Chiquita Brands y otras empresas transnacionales a grupos paramilitares, por los cuales, el Tribunal Permanente de los Pueblos, acusara el pasado mes de abril de 2006, a dicha empresa por las “violaciones graves y masivas de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical; por desprecio de la dignidad y de la vida de los trabajadores y sus comunidades, así como por el respaldo a políticas económicas que contribuyen al deterioro dramático de las condiciones de vida y salud de una parte creciente de la población colombiana” y así mismo declarara responsable a los órganos del Estado Colombiano como autores y/o cómplices de los crímenes de lesa humanidad documentados.
Ya es hora, luego de 79 años que esta empresa, conocida en 1928 como United Fruit Company, responda, y no solamente económicamente, sino también jurídica y políticamente por su historial violatorio de derechos en Colombia y que los trabajadores y los campesinos afectados, sean reconocidos como las verdaderas víctimas, y no que los victimarios sean tenidos como los ofendidos.
La Fiscalía General de la Nación debe asumir su responsabilidad por la falta de una acción investigativa seria, que permita avanzar en el esclarecimiento histórico de los hechos; la determinación de responsabilidades penales de los directivos de la transnacional; de los agentes estatales comprometidos por acción y omisión en su actuación; y de las autoridades judiciales que con su inactividad perpetuaron la impunidad y la negación de los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas, sus familiares, las comunidades afectadas y la sociedad colombiana.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario