Por Germán Ayala Osorio
Con la sanción de la Ley 1286 de enero 23 de 2009, “por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”, la comunidad científica y académica colombiana confía en que el país avance en el fortalecimiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, anclados en la variable del emprendimiento para que el nuevo conocimiento alcanzado y aplicado permita al país alcanzar el anhelado desarrollo o por lo menos, competir en un mercado mundial cada vez más especializado y voraz por la rapidez de los cambios tecnológicos.
Basta con revisar algunos elementos y circunstancias de la cultura política y de las propias realidades del país para entender que la nueva Ley nace con obstáculos que la pueden hacer inútil en poco tiempo.
Empecemos por señalar que el clientelismo, como institución, está arraigado en los valores de los políticos colombianos, incluyendo, por supuesto, al propio Presidente. Transformar a Colciencias en un Departamento Administrativo dependiente directamente del Presidente de la República hace que el clientelismo se instale en la nueva dependencia, con lo cual se garantiza que el objetivo del Artículo 2, que busca “fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes”, se convierta en un saludo a la bandera. No demora el desfile de ‘recomendados ineficientes’ por las instalaciones del naciente Departamento Administrativo, con el firme propósito de garantizar su desgreño e inoperancia.
En lo que toca a la estructura y composición de la nueva estructura burocrática, hay que decir que es la expresión máxima del clientelismo asociado al poder político otorgado al Presidente para elegir a quienes harán parte del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. Leamos con atención la siguiente cita tomada directamente de la Ley: “4. Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector académico y científico, designadas por el Presidente de la República, de personas propuestas por Colciencias, previa consulta a los Consejos de programas Nacionales de Ciencia y tecnología. 5. Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector productivo designadas por el Presidente de la República, de personas propuestas por Colciencias, previa consulta a los Consejos de programas Nacionales de Ciencia y tecnología. 6. Dos (2) personas de reconocida trayectoria del sector científico regional, de departamentos diferentes a los seleccionados en el numeral 4, designadas por el Presidente de la República, de candidatos presentados por el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias".
Por qué no dejar dicha tarea de selección en las universidades públicas y privadas, en aras de garantizar que haya comités asesores con perfiles académico, técnico y científico, alejados de criterios politizados. También debe contarse con el concurso de otras organizaciones de la llamada sociedad civil, como empresarios, industriales y ONG, primeros interesados -eso se espera-, y responsables en avanzar en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
En el parágrafo 2 del artículo 20 se lee lo siguiente: “Las Asambleas Departamentales, los Concejos Distritales y los Concejos Municipales podrán ordenar la creación de unidades regionales de investigación científica e innovación con sus fondos regionales de fomento”. No puede ser más desafortunado el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación contar con órganos clientelizados y clientelares como los Concejos y las Asambleas Departamentales, entes inoperantes, ineficientes e incapaces de discutir asuntos públicos de especial importancia para el país, como los que confluyen en la recién sancionada Ley de ciencia y tecnología.
En cuanto a las circunstancias de orden público en las que es claro que el Gobierno Uribe le está apostando a ganar la guerra contra las FARC, pocos serán los recursos destinados a la investigación científica, pues la prioridad no está en desarrollar el país, sino en acabar con los bandidos de marras. En esa medida, la Ley 1286 fija un elemento clave para el desarrollo científico en el específico ámbito farmacéutico, poco atendido por el Estado. Se trata del conocimiento tradicional que ostentan comunidades negras e indígenas que, asentadas en zonas de gran biodiversidad, pueden aportar en el logro de productos farmacéuticos (aplicación de conocimiento e innovación), con el claro propósito de alcanzar la cura o la mitigación de enfermedades catastróficas.
Si bien la Ley, en el punto 11, del artículo 6, pretende “promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los pueblos indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad cultual, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos”, la verdad es que habría que empezar por exigir a multinacionales de todo tipo, al propio Estado con sus proyectos de infraestructura ejecutados en zonas biodiversas, a quienes ejecutan la política de seguridad democrática, a los grupos armados ilegales y a las firmas explotadoras de oro, entre otros, el respeto de la independencia de las comunidades indígenas y negras, de sus cosmovisiones y por supuesto, de su vida y hábitat.
Por todo lo anterior, quizás le quepa razón al columnista Manuel Guzmán Hennessey, cuando señala que: “…no diré que la nueva ley es ciento por ciento mala. Diré pequeña, que es palabra que define casi todo lo que últimamente se emprende en el país, con medroso aliento de futuro, salvo, claro está, la plata que se asigna al Ministerio de Defensa, esa sí, calculada con grandeza histórica”[1].
Con la sanción de la Ley 1286 de enero 23 de 2009, “por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”, la comunidad científica y académica colombiana confía en que el país avance en el fortalecimiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, anclados en la variable del emprendimiento para que el nuevo conocimiento alcanzado y aplicado permita al país alcanzar el anhelado desarrollo o por lo menos, competir en un mercado mundial cada vez más especializado y voraz por la rapidez de los cambios tecnológicos.
Basta con revisar algunos elementos y circunstancias de la cultura política y de las propias realidades del país para entender que la nueva Ley nace con obstáculos que la pueden hacer inútil en poco tiempo.
Empecemos por señalar que el clientelismo, como institución, está arraigado en los valores de los políticos colombianos, incluyendo, por supuesto, al propio Presidente. Transformar a Colciencias en un Departamento Administrativo dependiente directamente del Presidente de la República hace que el clientelismo se instale en la nueva dependencia, con lo cual se garantiza que el objetivo del Artículo 2, que busca “fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes”, se convierta en un saludo a la bandera. No demora el desfile de ‘recomendados ineficientes’ por las instalaciones del naciente Departamento Administrativo, con el firme propósito de garantizar su desgreño e inoperancia.
En lo que toca a la estructura y composición de la nueva estructura burocrática, hay que decir que es la expresión máxima del clientelismo asociado al poder político otorgado al Presidente para elegir a quienes harán parte del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. Leamos con atención la siguiente cita tomada directamente de la Ley: “4. Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector académico y científico, designadas por el Presidente de la República, de personas propuestas por Colciencias, previa consulta a los Consejos de programas Nacionales de Ciencia y tecnología. 5. Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector productivo designadas por el Presidente de la República, de personas propuestas por Colciencias, previa consulta a los Consejos de programas Nacionales de Ciencia y tecnología. 6. Dos (2) personas de reconocida trayectoria del sector científico regional, de departamentos diferentes a los seleccionados en el numeral 4, designadas por el Presidente de la República, de candidatos presentados por el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias".
Por qué no dejar dicha tarea de selección en las universidades públicas y privadas, en aras de garantizar que haya comités asesores con perfiles académico, técnico y científico, alejados de criterios politizados. También debe contarse con el concurso de otras organizaciones de la llamada sociedad civil, como empresarios, industriales y ONG, primeros interesados -eso se espera-, y responsables en avanzar en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
En el parágrafo 2 del artículo 20 se lee lo siguiente: “Las Asambleas Departamentales, los Concejos Distritales y los Concejos Municipales podrán ordenar la creación de unidades regionales de investigación científica e innovación con sus fondos regionales de fomento”. No puede ser más desafortunado el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación contar con órganos clientelizados y clientelares como los Concejos y las Asambleas Departamentales, entes inoperantes, ineficientes e incapaces de discutir asuntos públicos de especial importancia para el país, como los que confluyen en la recién sancionada Ley de ciencia y tecnología.
En cuanto a las circunstancias de orden público en las que es claro que el Gobierno Uribe le está apostando a ganar la guerra contra las FARC, pocos serán los recursos destinados a la investigación científica, pues la prioridad no está en desarrollar el país, sino en acabar con los bandidos de marras. En esa medida, la Ley 1286 fija un elemento clave para el desarrollo científico en el específico ámbito farmacéutico, poco atendido por el Estado. Se trata del conocimiento tradicional que ostentan comunidades negras e indígenas que, asentadas en zonas de gran biodiversidad, pueden aportar en el logro de productos farmacéuticos (aplicación de conocimiento e innovación), con el claro propósito de alcanzar la cura o la mitigación de enfermedades catastróficas.
Si bien la Ley, en el punto 11, del artículo 6, pretende “promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los pueblos indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad cultual, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos”, la verdad es que habría que empezar por exigir a multinacionales de todo tipo, al propio Estado con sus proyectos de infraestructura ejecutados en zonas biodiversas, a quienes ejecutan la política de seguridad democrática, a los grupos armados ilegales y a las firmas explotadoras de oro, entre otros, el respeto de la independencia de las comunidades indígenas y negras, de sus cosmovisiones y por supuesto, de su vida y hábitat.
Por todo lo anterior, quizás le quepa razón al columnista Manuel Guzmán Hennessey, cuando señala que: “…no diré que la nueva ley es ciento por ciento mala. Diré pequeña, que es palabra que define casi todo lo que últimamente se emprende en el país, con medroso aliento de futuro, salvo, claro está, la plata que se asigna al Ministerio de Defensa, esa sí, calculada con grandeza histórica”[1].
Sin duda, no se puede desconocer la importancia de los marcos y de las propias iniciativas jurídicas, pero resulta igualmente estratégico reconocer las circunstancias históricas con las cuales los asuntos públicos se vienen agenciando desde el Estado, desde los partidos políticos y desde la misma acción política ciudadana e institucional. Es claro que los presidentes en Colombia -y los políticos- administran los recursos y la cosa pública pensando más en cumplir con los compromisos electorales adquiridos con los mecenas que les patrocinaron las campañas, que en generar condiciones para que el país avance, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Es triste reconocerlo, pero es así. Y con Uribe, el clientelismo se ha profundizado.
[1] GUZMÁN H., Manuel. Pequeña ley de ciencia. EN: ELTIEMPO.COM.
3 comentarios:
German
Para mi la ley es un gran avance para el desarrollo de Colombia.
Enrique Ciro
Es lógico que las cosas sean de esta manera, ya que en este momento histórico estamos incluidos en un totalitarismo que empieza a mostrarse en su verdadera magnitud, esta situación me recuerda a la pensadora alemana Hanna Arendt cuando nos dice que uno de los rasgos del totalitarismo es justamente que en él todo se presenta sometido por lo político: lo jurídico (que al parecer aún resiste), lo económico, lo científico, lo educativo.
Diego
Le recomiendo: hacer carta al Presidente y proponerle que sea la Universidad quien elija los miembros de Colciencias y hacerla firmar por toda la comunidad.
Blanca
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