Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Ponerle fin al largo, complejo y
degradado conflicto armado interno de Colombia, deviene en una suerte de
imperativo moral para el Presidente Santos. No hay duda de que lograr que las
guerrillas dejen las armas y se reintegren a la vida social, económica y
política del país, resultaría benéfico y beneficioso para una Nación que parece
acostumbrada a las expresiones de violencia política, hasta el punto, de que la sociedad parece haber naturalizado las dinámicas del conflicto
armado y las prácticas de terror en las que han incurrido todos los actores
armados.
En ese sentido, quienes le
apostamos a la negociación política del conflicto armado, lo hacemos siguiendo
y persiguiendo ese imperativo moral, que lastimosamente no es compartido por
todos los colombianos, en especial por los detractores del proceso de paz,
liderados por el Procurador Ordóñez Maldonado y el ex presidente y hoy senador
de la República, Álvaro Uribe Vélez. Detrás de estos dos personajes, están
agazapados - expectantes banqueros, industriales, comerciantes y en general,
élites de poder que exhiben posturas ambivalentes, dado que reconocen que la
construcción de escenarios de posconflicto, demandará altos costos económicos,
que ellos mismos no están dispuestos a asumir. Además, estos grupos de poder y
de interés, tienen miedo y desconfianza alrededor de lo que se está negociando
en La Habana y en los efectos políticos y económicos que generará la implementación
de los acuerdos a los que lleguen las partes que negocian, en nombre de las
Farc y del Gobierno de Santos. Hay
otros, que continúan con sus actividades y proyecciones, sin tener en cuenta
que se está negociando en La Habana el fin del conflicto y que posiblemente, se
firmará el fin de la guerra.
Ahora bien, firmar el fin del
conflicto no hará que la paz aparezca por arte de birlibirloque. De eso son
conscientes las Farc y el Gobierno de Santos y no estoy seguro de que todos los
colombianos que apoyan las negociaciones de La Habana. Lograr la paz demandará
procesos de restauración y/o transformación social, política, económica y
cultural, que involucra, por supuesto, al Estado y sus instituciones, a las
élites de poder tradicional y por supuesto, al resto de la sociedad colombiana.
Pensada y asumida de esa manera
la paz, quienes defienden a ultranza el Establecimiento, al que consideran legítimo
per se, prefieren pensar que la paz que se logre negociar en Cuba, tenga o
tendrá, más un carácter económico, que político. De allí que proponga la siguiente tesis: Santos
Calderón busca ponerle fin al conflicto armado interno con las guerrillas, no
con el objetivo de liderar o dejar sentadas las bases para el logro de las
transformaciones sistémicas que el país necesita, sino con el propósito de
“vender” la idea al mundo y a los inversionistas, de que en el país ya no hay o
existe un conflicto armado interno. Logrado lo anterior, disímiles
inversionistas extranjeros y nacionales interesados en explotar los recursos de
la biodiversidad en el sur del país, harían presencia en territorios libres de
un conflicto armado que frena la inversión extranjera, especialmente en las
zonas en donde justamente la guerra interna se ha podido desarrollar,
justamente por la nula o precaria presencia del Estado. Una vez firmada esa paz
económica, la comunidad internacional entenderá que Farc y ELN ya no existen
como actores armados, así las razones y circunstancias contextuales que
hicieron posible el levantamiento armado en los años 60, se mantengan en el
tiempo, sin cambios significativos en sus formas de expresión.
De esta forma, se configuraría
una paz de carácter económico, pensada para el logro de un crecimiento y
desarrollo económicos, ajustado a las necesidades y expectativas de quienes
históricamente han detentado el poder político y económico en el país. Esa paz
de tipo económico, supone la imposibilidad de lograr una de carácter político,
en el sentido en que la sociedad civil, por completo, acepte que efectivamente
hay mucho por transformar y reconstruir en el país, para consolidar escenarios
reales de posconflicto, sobre los cuales sea posible edificar una paz estable y
duradera.
Las Farc estarían dispuestas a
firmar esa paz económica, al advertir la posibilidad de que habrá territorios
en los que ellos podrán seguir ejerciendo algún tipo de control social e
injerencia política, sin que ello afecte las dinámicas de desarrollo extractivo
o de clara influencia agroindustrial. Pensarán las Farc que las zonas de reserva
campesina y algunas en donde se logren poner en marcha, proyectos de desarrollo
alternativo, serán suficientes estrategias para mantenerse vivos en la vida
electoral y política del país, una vez convertidos en partido político. No
pueden olvidar las Farc que los sectores de derecha y ultraderecha se están
preparando para una guerra sucia, que muy seguramente nos hará recordar el
genocidio de la Unión Patriótica (UP). Así entonces, muy seguramente no habrá
la esperada y soñada profundización de la democracia política.
Además, esa paz económica,
terminará por arrastrar al país hacia su propio avatar, que ya asoma su adusto rostro, a juzgar por los desastres socio
ambientales que viene dejando la mega minería, legal e ilegal, y los proyectos
agroindustriales como el de palma africana.
Ojalá que lo discutido, acordado
y firmado en La Habana no facilite la distinción que aquí hago entre paz
económica y paz política. Ojalá la sociedad civil y las élites de poder se
hagan co responsables de lo que ha pasado en este país por más 50 años, que no
es más que la expresión de su otoñal incapacidad para guiar, ética y
moralmente, a una sociedad empobrecida económica y culturalmente.
Imagen tomada de dinero.com
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