Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Los gobiernos que han intentado ponerle fin al conflicto armado con las
guerrillas, sufrieron y sufren un profundo desgaste político, que se expresa en
niveles mínimos de legitimidad y gobernabilidad. En el pasado, fueron los casos de Belisario Betancur Cuartas y Andrés
Pastrana Arango. Y en el presente, se vive con el actual presidente, Juan
Manuel Santos Calderón.
Miremos el caso de Belisario. Los efectos negativos de su apuesta por
negociar con las guerrillas, los sintió cuando los militares desconocieron su
autoridad en la retoma del Palacio de Justicia. Por más de 24 horas, no tuvo el
control jurisdiccional sobre la fuerza pública. Es más, para muchos sectores
sociales, militares y políticos, Betancur fue un “auxiliador en la sombra de las
guerrillas”. Por lo tanto, un enemigo de la tradición y de esa
institucionalidad históricamente soportada en los mandatos de la Seguridad
Nacional. Esa misma institucionalidad, que cuenta con el respaldo de una
sociedad que reduce los problemas del país a la existencia de las guerrillas,
de allí que la única solución posible sea el aniquilamiento militar de esas
organizaciones subversivas.
Lo sucedido con Pastrana tiene elementos similares. A pesar de que
entregó de manera irresponsable 42 mil kilómetros a las Farc, para establecer
allí la zona de Distensión, logró vender la idea de que esa organización armada
ilegal “engañó” al país, al usar dicho territorio para delinquir y golpear a la
fuerza pública. Al tiempo que desgastaba
políticamente a las Farc, Pastrana aceptaba que el Plan Colombia, aprobado en
el Congreso de los Estados Unidos, se aplicara en Colombia sin controles
políticos, ambientales y sociales. Si bien Pastrana le entregó a Uribe unas
fuerzas armadas muy bien equipadas, sectores sociales, militares y políticos lo
recuerdan como un Presidente que coadyuvó en gran medida al fortalecimiento de
las guerrillas, en especial el de las Farc. Eso sí, pocos se atreven a señalar
su responsabilidad ambiental, por permitir el uso de glifosato, para fumigar
cultivos de uso ilícito, ubicados en zonas de amortiguación y dentro de los
Parques Nacionales Naturales.
Después de ochos años de escalamiento del conflicto armado (2002-2010),
el país vuelve a hablar de paz. Juan Manuel Santos Calderón se juega su capital
político y embarca al país en un proceso de negociación difícil y complejo, que
se viene dando en medio de la histórica polarización que genera la búsqueda de
la paz. Un proceso de negociación que
cuenta con el respaldo de la ONU y de varios países, hecho que contrasta con el
relativo apoyo interno que sectores sociales, militares y políticos le han
brindado al mismo. Subsiste una férrea oposición de empresarios, banqueros,
militares y sectores políticos, que tienen dudas sobre lo que realmente se está
negociando en La Habana, o que simplemente, no están dispuestos a apoyar las
transformaciones que habrá que hacer para garantizar la viabilidad de los
acuerdos a los que se lleguen en Cuba.
En el desgaste político y en el proceso de erosión de la legitimidad e
incluso, en la reducción de la capacidad de los mencionados gobiernos para
maniobrar y tomar decisiones, han jugado un papel fundamental los medios
masivos de comunicación. Agazapados y atrincherados en una maltrecha libertad
de prensa, empresas mediáticas y periodistas, vienen jugando un papel político
definitivo, en la tarea de impedir que
se consolide un discurso de la paz, por la vía de ponerle fin a las
hostilidades y buscar las transformaciones que el país necesita para aclimatar
ese anhelo.
Por ejemplo, fue claro que los medios masivos aportaron negativamente
al proceso de paz del Caguán. Con tratamientos noticiosos espectaculares e irresponsables,
minaron la confianza social y política en las negociaciones adelantadas por
Pastrana con las Farc. Plegados a la fuente militar, construyeron el caso del
Collar Bomba[1],
cuando se demostró que las Farc no tuvieron que ver con ese execrable hecho.
En lo que respecta a Santos, el desgaste político es evidente. Su
legitimidad viene siendo golpeada y erosionada por varios medios masivos, entre
ellos el diario EL PAÍS y los noticieros de televisión, especialmente, el
Noticiero RCN, cuyo propietario, Ardila Lülle, se ha distanciado del
Presidente. La postura editorial del Noticiero RCN obedecería a una profunda
molestia que generó la propuesta del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de
gravar las gaseosas[2].
Por ello, el cambio en la política editorial de dicho Noticiero es evidente[3]. Dirigido por Claudia
Gurisatti, es clara la apuesta por deslegitimar el proceso de paz y por ese
camino, golpear la imagen del Gobierno de Santos.
Ahora, aparece otro factor que facilita el desprestigio al que viene siendo
sometido el Gobierno de Santos: la fumigación con glifosato de los cultivos de
uso ilícito. La recomendación del ministro de Salud en el sentido de frenar la
fumigación aérea de plantaciones de coca, con ese químico, provocó intestinas
controversias entre las carteras de Defensa y Salud, a las que se suman las
posturas pro fumigación asumidas por el ex presidente Uribe y su partido, el
Centro Democrático, el propio Procurador General de la Nación y varios sectores
económicos de la sociedad civil.
Bastó con que las Farc, desde La Habana apoyaran la intención de Santos
de frenar las fumigaciones con glifosato, para que de inmediato, medios,
periodistas y opositores, dijeran que Santos “obedecía órdenes de la cúpula de
las Farc”, de allí su idea de no fumigar más con el poderoso y peligroso
químico.
Así entonces, buscar ponerle fin al conflicto armado interno, por la
vía de la negociación política, significa, sin lugar a dudas, someterse a un
desgaste político que tiene claras expresiones, por la acción de sectores de
poder económico, militar y político, preocupados más por salvaguardar sus
intereses, que por buscar transformaciones sociales, políticas y económicas,
que ayuden a superar las razones objetivas que generaron el conflicto armado
interno. Esos mismos sectores usan a los medios para deslegitimar a los
gobiernos que osen ponerle fin al conflicto armado por la vía de la negociación
política.
Si fracasa el proceso de paz con las Farc, parte de la responsabilidad
habrá que direccionarla hacia los medios masivos y los periodistas que hoy
deslegitiman el proceso de paz y minan la confianza de sectores de la sociedad
civil en el Presidente, lo que claramente busca restarle gobernabilidad. Si se
logra firmar el fin del conflicto entre las Farc y el Estado, esos mismos
medios y periodistas enfilarán baterías en contra de la implementación de los
acuerdos de La Habana.
Mientras ello sucede, Santos parece no advertir la amenaza que se
cierne sobre su capital político, por cuenta de unas empresas mediáticas que
cada vez más actúan como actores políticos. O en otro sentido, actúan en la
arena política, siguiendo instrucciones de aquellos que, con poder económico,
militar y político, buscan a toda costa extinguir toda posibilidad de negociar,
políticamente, el fin del conflicto.
Imagen tomada de eltiempo.com
[1] Véase Hechos Noticiosos,
Tratamientos Explosivos (UAO) y Así comenzó de todo (Enrique Santos Calderón).
[2] http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/impuesto-bebidas-azucaradas-comida-alta-carga-grasas/205422
[3] Es claro que Rodrigo Pardo, como
director del Noticiero RCN, impuso una línea editorial de apoyo al proceso de
paz. Por el contrario, con la llegada de Claudia Gurisatti, a la dirección de
ese noticiero, es evidente que su apuesta editorial y periodística está dada
para deslegitimar la negociación y por esa vía, al Gobierno de Santos. Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2015/05/periodismo-lastimero.html
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