EL PEQUEÑO DETALLE DE CONSULTAR AL OTRO

Germán Ayala Osorio, politólogo y profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente


Si por algo se ha caracterizado el gobierno de Uribe Vélez, en sus dos administraciones, es por el desprecio por la suerte de los pueblos indígenas y afrocolombianos, asentados en territorios estratégicos en términos de biodiversidad. Un desprecio que se manifiesta en el momento en que no se consulta a estos pueblos a la hora de concebir, por ejemplo, una ley en la que claramente sus intereses se ven - se verían- comprometidos.

Para la muestra, un botón: la Ley 1152 de 2007 o Estatuto Rural, recientemente declarada inexequible por la Corte Constitucional. Justamente, la Corte deja sin piso legal dicha Ley por cuanto el entonces Ministro Uribito, olvidó un pequeño detalle: consultar a los pueblos indígenas y afrocolombianos. Dice la sentencia que: “los procesos de consulta deberán ante todo garantizar los usos y costumbres de los pueblos indígenas, respetando sus métodos o procedimientos de toma de decisiones que hubieren desarrollado" (Sentencia C-208 de 2007)”.

Aunque resulta un fallo legítimo, que significa un triunfo para éstos pueblos que se opusieron desde el principio a dicho Estatuto Rural, no deja de preocupar dos asuntos: primero, lo apretado del fallo, 5 a favor, 4 en contra; y el segundo, la llegada de dos nuevos magistrados, amigos del gobierno, que pueden presionar para que se cambie la jurisprudencia relacionada con el tema agrario, una vez el Gobierno insista en presentar una nueva ley con la cual se asegure el triunfo de la lógica y de los intereses agroindustriales, especialmente aquellos asociados a los monocultivos, que cultural y ambientalmente, generan efectos negativos.

Claro que no se trata de un olvido, simplemente se obedece una política de no reconocimiento, de exclusión, de señalamiento, de persecución, acoso y desaparición de aquellos que de forma valerosa se enfrentan al Establecimiento que busca, a toda costa, convertir a indígenas y negros, en aparceros, despojándolos de sus tierras y del sentido colectivo con el que unos y otros, ejercen control sobre sus territorios. ¿Por qué no respetar sus planes de vida y sus cosmovisiones?, ¿por qué no discutir con ellos?, ¿por qué no sentarse para ver cómo el Estado puede insertarse en lógicas capitalistas de producción, sin que ello signifique el empobrecimiento, cooptación o el abandono de sus costumbres y modos de vida?

Baste con leer apartes del señalado Estatuto Rural para dudar de los buenos propósitos de dicho marco legal: “Promover el desarrollo agroindustrial del país, apoyando la creación de cadenas agroindustriales, clústers y complejos agroin-dustriales. Adecuar al Sector Rural y Agroindustrial a la internacionalización de la economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria, forestal y pesquera”.

Tanto el Estatuto Rural, como la Ley Forestal, estaban soportadas en el interés privado de generar dinámicas agroindustriales en zonas de especial significado, desde las perspectivas de los recursos hídricos y genéticos, como desde la cultural e histórica, en donde habitan negros e indígenas. Lo primero que debe pensar este gobierno es en diseñar una política ambiental consistente en salvaguardar aquellas zonas de especial valor ambiental, para lo cual los pueblos asentados, tanto cerca como dentro de éstas, pueden aportar con su conocimiento tradicional y la respetuosa relación que tienen con la naturaleza, con el entorno. Y para aquellas zonas en las que existen pueblos ancestrales, simplemente respetar su autonomía y reconocerles su autoridad y planes de vida.

Sabemos de antemano que detrás de dichos proyectos están aquellos que han apoyado, como mínimo ideológicamente, a los paramilitares[1] que han ‘limpiado’ y pretenden aún limpiar extensas zonas del país, por ejemplo, el Chocó Biogeográfico, de toda resistencia indígena y negra hacia el monocultivo de la palma africana.

Consultar al Otro no es y no ha sido, precisamente, una bandera que este Gobierno haya agitado con fuerza, por el contrario, la que sí agita e iza con fuerza es la bandera del no reconocimiento de los Otros, y esos Otros, son los indígenas y los afros. Así entonces, desde lo ético-político y lo comunicativo, las propuestas legales del gobierno de Uribe resultan, desde el principio, ilegítimas.

[1] Confluyen aquí también, las acciones criminales de las Farc y de narcotraficantes, así como las desarrolladas por empresas mineras y las dedicadas a la explotación forestal.