Por Germán Ayala Osorio, politólogo y profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente
Propone Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, que la Seguridad democrática la paguemos todos los colombianos. Por lo menos así lo registró el diario EL ESPECTADOR, en su edición on line de hoy 30 de abril de 2009. Qué decir o cómo reaccionar ante semejante propuesta.
Empecemos por decir que la política de seguridad democrática es el correlato del Plan Colombia, pues sus objetivos estratégicos apuntan a derrotar a las Farc, o por lo menos, obligarlas a negociar en condiciones asimétricas con el Gobierno de Uribe. Se trata, sin duda, de una política de guerra con la que se busca nacionalizar el Plan Colombia. Desde hace varios años los expertos le vienen diciendo al Estado colombiano que su guerra interna debe costearla en gran medida con recursos propios, sin esperar las contribuciones de los gringos. Lo que hace Sarmiento Angulo es sumarse al coro que pide la nacionalización y la socialización de sus costos entre todos los colombianos.
La brillante idea de Sarmiento Angulo hay que analizarla en el contexto de una guerra no declarada en la que justamente el presidente del grupo Aval tiene mucho que ver, como quiera que él mismo es responsable de que las circunstancias históricas que generaron el levantamiento del señalado grupo subversivo, hoy subsisten gracias, justamente a un modelo económico y a un sistema financiero diseñados para concentrar la riqueza en unos pocos, como él lo ha podido hacer.
Imagino que el mecanismo para recoger los aportes de todos los colombianos estará amarrado a los procedimientos usados en su red de bancos para estos efectos, lo que le debe garantizar ganancias sustanciales por el movimiento financiero y las inversiones que logre hacer mientras los recursos se desembolsan en las arcas de las fuerzas militares. Así le cobrará al actual Gobierno el haber dado semejante idea tan brillante.
Acostumbrado a socializar las pérdidas de un sistema bancario y financiero perverso, ahora quiere que los costos de la guerra interna los asumamos los colombianos, haciéndonos, en doble vía, responsables y víctimas, desde la perspectiva económica, de un conflicto armado que se pudo evitar si la estrechez mental de cacaos como él, clase dirigente y empresarios colombianos no se hubiese juntado con la estupidez de las Farc y el oportunismo electoral de Pastrana en el marco del proceso de paz en el Caguán.
Si se va a jugar a la guerra, tal y como lo propuso Uribe y lo aprueba Sarmiento Angulo, lo que debemos hacer los colombianos y los órganos de control es exigir transparencia en el manejo de los recursos pues no es despreciable que el 6,3% del PIB se destine hoy a la guerra. Debería el empresario preocuparse por los crímenes de Estado cometidos por la fuerza pública (mal llamados falsos positivos), sostenidos en un uso anómalo de los recursos de los fondos reservados de las fuerzas militares.
Para el empresario de marras es más fácil salir a proponer, irresponsablemente, que todos paguemos la guerra interna, que pedir explicaciones al Gobierno de Uribe y a las Fuerzas Militares alrededor de cómo se utilizan los recursos económicos que él mismo viene aportando a la seguridad democrática y que ascienden al 1,2 por ciento del patrimonio líquido; tampoco es capaz de preguntar por qué, con su dinero, se asesinan colombianos inocentes y se persigue y se amenaza a quienes se separan del unanimismo ideológico y político aupado por Uribe. Y le resulta fácil proponer este tipo de exabruptos porque para Sarmiento Angulo la vida tiene precio y como buen empresario, entre menos le cueste un falso positivo y las bajas que se producen de lado y lado, mejor será para sus finanzas.
Bueno, solo resta decir que eso es lo que da la tierra. Qué le vamos a hacer.
Propone Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, que la Seguridad democrática la paguemos todos los colombianos. Por lo menos así lo registró el diario EL ESPECTADOR, en su edición on line de hoy 30 de abril de 2009. Qué decir o cómo reaccionar ante semejante propuesta.
Empecemos por decir que la política de seguridad democrática es el correlato del Plan Colombia, pues sus objetivos estratégicos apuntan a derrotar a las Farc, o por lo menos, obligarlas a negociar en condiciones asimétricas con el Gobierno de Uribe. Se trata, sin duda, de una política de guerra con la que se busca nacionalizar el Plan Colombia. Desde hace varios años los expertos le vienen diciendo al Estado colombiano que su guerra interna debe costearla en gran medida con recursos propios, sin esperar las contribuciones de los gringos. Lo que hace Sarmiento Angulo es sumarse al coro que pide la nacionalización y la socialización de sus costos entre todos los colombianos.
La brillante idea de Sarmiento Angulo hay que analizarla en el contexto de una guerra no declarada en la que justamente el presidente del grupo Aval tiene mucho que ver, como quiera que él mismo es responsable de que las circunstancias históricas que generaron el levantamiento del señalado grupo subversivo, hoy subsisten gracias, justamente a un modelo económico y a un sistema financiero diseñados para concentrar la riqueza en unos pocos, como él lo ha podido hacer.
Imagino que el mecanismo para recoger los aportes de todos los colombianos estará amarrado a los procedimientos usados en su red de bancos para estos efectos, lo que le debe garantizar ganancias sustanciales por el movimiento financiero y las inversiones que logre hacer mientras los recursos se desembolsan en las arcas de las fuerzas militares. Así le cobrará al actual Gobierno el haber dado semejante idea tan brillante.
Acostumbrado a socializar las pérdidas de un sistema bancario y financiero perverso, ahora quiere que los costos de la guerra interna los asumamos los colombianos, haciéndonos, en doble vía, responsables y víctimas, desde la perspectiva económica, de un conflicto armado que se pudo evitar si la estrechez mental de cacaos como él, clase dirigente y empresarios colombianos no se hubiese juntado con la estupidez de las Farc y el oportunismo electoral de Pastrana en el marco del proceso de paz en el Caguán.
Si se va a jugar a la guerra, tal y como lo propuso Uribe y lo aprueba Sarmiento Angulo, lo que debemos hacer los colombianos y los órganos de control es exigir transparencia en el manejo de los recursos pues no es despreciable que el 6,3% del PIB se destine hoy a la guerra. Debería el empresario preocuparse por los crímenes de Estado cometidos por la fuerza pública (mal llamados falsos positivos), sostenidos en un uso anómalo de los recursos de los fondos reservados de las fuerzas militares.
Para el empresario de marras es más fácil salir a proponer, irresponsablemente, que todos paguemos la guerra interna, que pedir explicaciones al Gobierno de Uribe y a las Fuerzas Militares alrededor de cómo se utilizan los recursos económicos que él mismo viene aportando a la seguridad democrática y que ascienden al 1,2 por ciento del patrimonio líquido; tampoco es capaz de preguntar por qué, con su dinero, se asesinan colombianos inocentes y se persigue y se amenaza a quienes se separan del unanimismo ideológico y político aupado por Uribe. Y le resulta fácil proponer este tipo de exabruptos porque para Sarmiento Angulo la vida tiene precio y como buen empresario, entre menos le cueste un falso positivo y las bajas que se producen de lado y lado, mejor será para sus finanzas.
Bueno, solo resta decir que eso es lo que da la tierra. Qué le vamos a hacer.
2 comentarios:
el jueguito uribista, es por esto que los empresarios están con uribe, el simplemente hace lo que ellos digan.... o si no como les pareció la idea de un senador de rebajar el salario mínimo y subir los impuestos.... que cosas, solo pasa en Colombia.
Germán, Lo expresado por Sarmiento, no es otra cosa que la prueba del reconocimiento a la existencia de una guerra interna, contrario a lo expesado por el gobierno de Uribe, que niega a todo costo de la existencia de la misma; es decir que si existe un impuesto de guerra, existe una guerra.
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