¿A URIBE LO ATORMENTA LA CONDENA A FUJIMORI?

Por Germán Ayala Osorio, profesor Asociado y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia


Cada vez con más fuerza circula una tesis que señala que el afán de Uribe de hacerse reelegir por segunda vez, se explicaría porque al mantenerse en el poder, evitaría la acción de la justicia internacional, que lo juzgaría por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas militares durante sus dos administraciones e incluso, por obstrucción a la justicia.

De esta forma lo registra la columnista de EL ESPECTADOR, Cristina de la Torre, en una columna titulada Parecidos que matan (sic): “…El rumor creciente —con origen en medios cercanos al gobierno— de que el presidente Uribe buscaría una segunda reelección para eludir la acción de la justicia internacional, completaría un cuadro de semejanzas con la experiencia de Fujimori que alarma e invita a reflexión”.

De darse ese eventual, lejano, pero interesante escenario jurídico-político, la condena a Fujimori a 25 años de cárcel por su acción directa en violaciones a los derechos humanos, sería un espejo en el que ineludiblemente tendríamos que mirar la suerte de Uribe Vélez, una vez alcance el estatus de ex presidente.

Uribe Vélez puede estar temeroso de una posible acción de la Corte Penal Internacional, apoyada por la única instancia del poder judicial en Colombia que podría aportar testimonios, pruebas, indicios o valoraciones alrededor de la responsabilidad del hoy Presidente de Colombia, en hechos relacionados con la violación de los derechos humanos, bien por acción directa o indirecta en la comisión de delitos, como por ejemplo, en las actuaciones de los militares comprometidos con los mal llamados ‘falsos positivos’: la Corte Suprema de Justicia.

Pero antes de que ello suceda, muy seguramente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos continuarán, con los ajustes necesarios que eviten a sus ejecutores, dejar cabos sueltos que puedan comprometer a quienes hacen parte de la llamada cadena de mando, en cuya cabeza está el propio Presidente[1].

En analítica.com se reproduce una declaración dada por el propio Uribe a el-nacional.com, el 12 de marzo de 2009, que dice: <<“El presidente también dijo que sabe que hay "amenazas" de grupos opositores que tienen un "corazoncito" de simpatías por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que buscarían llevarlo en el futuro ante la justicia penal internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos. "Amenazan mucho", respondió. "Amenazan mucho porque hay unas personas aquí y en el exterior que tienen un corazoncito con las FARC, pero no lo confiesan porque les da miedo que queden desacreditadas al confesar su corazoncito de FARC. Entonces, esas personas, a las que no identificó, "para defender a las FARC no se atreven a defenderla expresamente sino que maltratan al gobierno y al presidente... (defienden a las FARC) diciendo que el gobierno es paramilitar, que el presidente es violador de derechos humanos, que al presidente hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional >>.

El asunto, por ahora, tiene un carácter especulativo que está soportado en el ingenuo deseo de ver a un Presidente colombiano tras las rejas, en especial a Uribe, quien ha mostrado por lo menos simpatía ideológica con el tenebroso accionar criminal de las AUC. Es posible que así sea. Pero lo cierto es que el actual escenario no es el mismo de los años 60, 70 y 80, en el cual la bandera de los derechos humanos apenas si se reconocía. Hoy el asunto es a otro precio. Baste con recordar lo sucedido con Pinochet, a quien por lo menos le amargaron los finales de su macabra existencia, en juicios, declaraciones y diligencias judiciales. En cuanto a la condena a Fujimori, ésta representa un indicio fuerte y claro de que hay jueces e instituciones judiciales, así como actores de la sociedad civil, que no convalidan acciones extrajudiciales aplicadas con severidad, con el presunto objetivo mayor de combatir y acabar con el delito, el crimen y el terrorismo de agrupaciones por fuera de la ley, como Sendero Luminoso, el MRTA y para el caso de Colombia, las FARC.

Lo que deben comprender tanto el Gobierno, el propio Presidente y quienes vienen apoyando desde 2002 su proyecto de derecha, es que éste no cuenta con el total respaldo de gobiernos vecinos claves para Colombia, como Venezuela y Ecuador y que incluso, las relaciones con los Estados Unidos pueden verse afectadas de darse la continuidad de Uribe en el poder y de mantenerse los negativos indicadores que en materia de respeto a los derechos humanos exhibe el actual gobierno colombiano.

Hoy, curiosamente, los temibles Fujimori y Abimael Guzmán Reynoso[2] están condenados a morir en prisión. No vaya a suceder que terminen juzgados y encarcelados Uribe y varios de sus generales, junto a jefes de las FARC y de las AUC, bien por interés y compromiso de la CPI o en su defecto, por los propios órganos judiciales del país, por develar la verdad de masacres y desapariciones cuya responsabilidad recae tanto en el Estado colombiano, como en las señaladas agrupaciones al margen de la ley. ¿Será que la ejemplarizante condena a Fujimori es ya un fantasma, con el cual Uribe está lidiando desde tempranas horas?

[1] Recuérdese que Uribe señaló a César Gaviria de estar detrás de maniobras en su contra, para llevarlo ante la CPI por obstruir a la justicia. Las declaraciones se dieron en el contexto de la visita del fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo. La visita del fiscal Moreno Ocampo en 2008 se consideró en su momento como un hito político y jurídico de especial significado por cuanto el proceso de verdad, justicia y reparación con los confesos paramilitares deja mucho que desear justamente en lo que toca a saber la verdad de lo sucedido, el real sometimiento a la justicia de los asesinos y por supuesto, la reparación efectiva, a las víctimas de un número cercano a 10 mil personas desaparecidas por la acción armada de las AUC.

[2] Alias Presidente Gonzalo, líder del grupo armado Sendero Luminoso.