Por Germán Ayala Osorio, politólogo y profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente
“…la realidad que llamamos estado no es la espontánea convivencia de hombres que la consanguinidad ha unido. El estado empieza cuando se obliga a convivir a grupos nativamente separados. Esta obligación no es desnuda violencia, sino que supone un proyecto incitativo, una tarea común que se propone a los grupos dispersos. Antes que nada es el estado proyecto de un hacer y programa de colaboración. Se llama a las gentes para que juntas hagan algo. El estado no es una consanguinidad, ni unidad lingüística, ni unidad territorial, ni contigüidad de habitación. No es nada material, inerte, dado y limitado. Es un puro dinamismo – la voluntad de hacer algo en común- , y merced a ello la idea estatal no está limitada por término físico alguno”.[1]
Hay funciones que el Estado, en su concepción moderna, no debería delegar en agentes particulares (empresas privadas) por cuanto en la acción de éstos, los sentidos de solidaridad y responsabilidad social se disuelven fácilmente cuando aparece el signo pesos. Además, hay responsabilidades políticas, morales y éticas que solo el Estado debe y puede asumir, y de las que los particulares aún están lejos de poder asumir.
Los partidos políticos, los políticos profesionales y los mandatarios colombianos han aportado en gran medida a la construcción de un imaginario negativo de lo que es el Estado y por cuenta de su accionar politiquero y por lo tanto, irresponsable, lograron que ese imaginario sirviera para hacer posible la entrega a particulares (agentes privados), funciones claves de un Estado, que como el colombiano, jamás se legitimó ante sus asociados.
Hoy el manejo de recursos estratégicos como el agua va camino a quedar en manos de particulares (extranjeros y nacionales). Los cambios realizados al proyecto de referendo del agua, por ejemplo, abren la posibilidad de que la propiedad del vital recurso pueda quedar en manos de agentes privados.
Ahora es más importante sacar adelante el referendo reeleccionista y la reforma política que deja sin castigo a los congresistas que se unieron con las AUC para delinquir, que preocuparse por asuntos como devolverle al Estado colombiano la función de recaudar él mismo los tributos de sus asociados.
Baste con recordar las perversas experiencias que en esta materia vivieron y viven aún ciudades como Barranquilla y Cali, en donde la función de recaudar impuestos se entregó a particulares. Para el caso de la Sultana del Valle se le entregó dicha responsabilidad a la Unión Temporal Sí Cali a través de una discutida licitación.
Recordemos también que la Procuraduría General de la Nación “destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Cali, Apolinar Salcedo Caicedo, por irregularidades en la licitación y celebración del contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de la capital del Valle”.[2]
Lo curioso del fallo es que no se hace referencia a la naturaleza del Estado moderno, a la necesidad de que se proteja información privada de los contribuyentes y menos aún se refiere a un principio político y filosófico que señala que el ciudadano asociado debe comunicarse y entenderse con el Estado y no con particulares, alrededor del servicio y de la función estatal de recaudar impuestos e invertirlos en el bienestar de todos; así como alrededor de la obligación ciudadana de contribuir a que ese bienestar se alcance. Pero más curioso aún resultó el hecho de que el episodio no generó en su momento discusión alrededor de cuál es el tipo de Estado que queremos y necesitamos en Colombia.
Más allá de las acostumbradas discusiones jurídicas, en las que sobresalen las maniobras de hábiles abogados, lo que debería discutirse y preguntarse es el tipo de Estado que conciben los funcionarios públicos en Colombia, pero especialmente, qué idea de Estado se proclama y se construye desde las instituciones jurídico políticas, desde el Congreso, desde las Cortes, especialmente desde la Constitucional y por supuesto, desde la Presidencia.
Como efectivamente no ha habido y no hay consenso nacional e institucional alrededor del papel, el perfil, las funciones a cumplir e, incluso, la vocación de servicio del Estado colombiano, a través de un proyecto de ley del cual poco se habla y que poco defiende el Gobierno Uribe, se intenta recuperar el monopolio rentista a través de la prohibición de contratar con particulares dicha función.
Pero como a un sector del Congreso le conviene fortalecer y profundizar administrativamente el imaginario de Estado débil e incapaz, dicho proyecto de ley fue archivado por segunda vez, según lo registra la revista SEMANA, en entrevista con el Representante Conservador, Santiago Castro.
Rescato apartes de la entrevista. El Representante Conservador por el Valle del Cauca, dijo a la publicación hebdomadaria, que el proyecto “lo que busca es impedir que los entes territoriales deleguen a cualquier título la administración de los tributos a terceros. Eso quiere decir que pretende evitar que vuelva a pasar lo que pasó en las ciudades de Barranquilla y Cali, donde se entregó toda la gestión tributaria durante los próximos 15 años con unos contratos absolutamente leoninos”. También señala en la entrevista que “detrás de este tipo de concesiones hay mucha plata. Solamente en Cali las comisiones de estas empresas pueden llegar a los 500 mil millones. En Barranquilla, lo que está en juego dependiendo del fallo de una demanda que interpuso una concesionaria contra el Alcalde Alex Char por que les quitó el contrato son cientos de miles de millones. Estas empresas no están detrás de una tajada, sino del ponqué entero de las administraciones municipales. Ese sería el peor camino que podían tomar los municipios colombianos”.[3]
Valdría la pena una juiciosa lectura de la idea de Ortega y Gasset que sirve de epígrafe a esta columna. ¿Cuál es el proyecto común que sirve a todos los colombianos y que proponen Uribe y sus seguidores, con su intención de reelegir la llamada seguridad democrática? ¿Cuál es esa tarea común en la que todos ponemos y aportamos sacrificios para sacar adelante un proyecto de Estado en el que sean posibles nuestros sueños o los proyectos colectivos e individuales?
Ponernos de acuerdo en un proyecto común nos ayudará a cambiar sustancialmente la respuesta que ya conocemos cuando nos preguntamos a quién(es) ha servido y sirve el Estado colombiano.
“…la realidad que llamamos estado no es la espontánea convivencia de hombres que la consanguinidad ha unido. El estado empieza cuando se obliga a convivir a grupos nativamente separados. Esta obligación no es desnuda violencia, sino que supone un proyecto incitativo, una tarea común que se propone a los grupos dispersos. Antes que nada es el estado proyecto de un hacer y programa de colaboración. Se llama a las gentes para que juntas hagan algo. El estado no es una consanguinidad, ni unidad lingüística, ni unidad territorial, ni contigüidad de habitación. No es nada material, inerte, dado y limitado. Es un puro dinamismo – la voluntad de hacer algo en común- , y merced a ello la idea estatal no está limitada por término físico alguno”.[1]
Hay funciones que el Estado, en su concepción moderna, no debería delegar en agentes particulares (empresas privadas) por cuanto en la acción de éstos, los sentidos de solidaridad y responsabilidad social se disuelven fácilmente cuando aparece el signo pesos. Además, hay responsabilidades políticas, morales y éticas que solo el Estado debe y puede asumir, y de las que los particulares aún están lejos de poder asumir.
Los partidos políticos, los políticos profesionales y los mandatarios colombianos han aportado en gran medida a la construcción de un imaginario negativo de lo que es el Estado y por cuenta de su accionar politiquero y por lo tanto, irresponsable, lograron que ese imaginario sirviera para hacer posible la entrega a particulares (agentes privados), funciones claves de un Estado, que como el colombiano, jamás se legitimó ante sus asociados.
Hoy el manejo de recursos estratégicos como el agua va camino a quedar en manos de particulares (extranjeros y nacionales). Los cambios realizados al proyecto de referendo del agua, por ejemplo, abren la posibilidad de que la propiedad del vital recurso pueda quedar en manos de agentes privados.
Ahora es más importante sacar adelante el referendo reeleccionista y la reforma política que deja sin castigo a los congresistas que se unieron con las AUC para delinquir, que preocuparse por asuntos como devolverle al Estado colombiano la función de recaudar él mismo los tributos de sus asociados.
Baste con recordar las perversas experiencias que en esta materia vivieron y viven aún ciudades como Barranquilla y Cali, en donde la función de recaudar impuestos se entregó a particulares. Para el caso de la Sultana del Valle se le entregó dicha responsabilidad a la Unión Temporal Sí Cali a través de una discutida licitación.
Recordemos también que la Procuraduría General de la Nación “destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Cali, Apolinar Salcedo Caicedo, por irregularidades en la licitación y celebración del contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de la capital del Valle”.[2]
Lo curioso del fallo es que no se hace referencia a la naturaleza del Estado moderno, a la necesidad de que se proteja información privada de los contribuyentes y menos aún se refiere a un principio político y filosófico que señala que el ciudadano asociado debe comunicarse y entenderse con el Estado y no con particulares, alrededor del servicio y de la función estatal de recaudar impuestos e invertirlos en el bienestar de todos; así como alrededor de la obligación ciudadana de contribuir a que ese bienestar se alcance. Pero más curioso aún resultó el hecho de que el episodio no generó en su momento discusión alrededor de cuál es el tipo de Estado que queremos y necesitamos en Colombia.
Más allá de las acostumbradas discusiones jurídicas, en las que sobresalen las maniobras de hábiles abogados, lo que debería discutirse y preguntarse es el tipo de Estado que conciben los funcionarios públicos en Colombia, pero especialmente, qué idea de Estado se proclama y se construye desde las instituciones jurídico políticas, desde el Congreso, desde las Cortes, especialmente desde la Constitucional y por supuesto, desde la Presidencia.
Como efectivamente no ha habido y no hay consenso nacional e institucional alrededor del papel, el perfil, las funciones a cumplir e, incluso, la vocación de servicio del Estado colombiano, a través de un proyecto de ley del cual poco se habla y que poco defiende el Gobierno Uribe, se intenta recuperar el monopolio rentista a través de la prohibición de contratar con particulares dicha función.
Pero como a un sector del Congreso le conviene fortalecer y profundizar administrativamente el imaginario de Estado débil e incapaz, dicho proyecto de ley fue archivado por segunda vez, según lo registra la revista SEMANA, en entrevista con el Representante Conservador, Santiago Castro.
Rescato apartes de la entrevista. El Representante Conservador por el Valle del Cauca, dijo a la publicación hebdomadaria, que el proyecto “lo que busca es impedir que los entes territoriales deleguen a cualquier título la administración de los tributos a terceros. Eso quiere decir que pretende evitar que vuelva a pasar lo que pasó en las ciudades de Barranquilla y Cali, donde se entregó toda la gestión tributaria durante los próximos 15 años con unos contratos absolutamente leoninos”. También señala en la entrevista que “detrás de este tipo de concesiones hay mucha plata. Solamente en Cali las comisiones de estas empresas pueden llegar a los 500 mil millones. En Barranquilla, lo que está en juego dependiendo del fallo de una demanda que interpuso una concesionaria contra el Alcalde Alex Char por que les quitó el contrato son cientos de miles de millones. Estas empresas no están detrás de una tajada, sino del ponqué entero de las administraciones municipales. Ese sería el peor camino que podían tomar los municipios colombianos”.[3]
Valdría la pena una juiciosa lectura de la idea de Ortega y Gasset que sirve de epígrafe a esta columna. ¿Cuál es el proyecto común que sirve a todos los colombianos y que proponen Uribe y sus seguidores, con su intención de reelegir la llamada seguridad democrática? ¿Cuál es esa tarea común en la que todos ponemos y aportamos sacrificios para sacar adelante un proyecto de Estado en el que sean posibles nuestros sueños o los proyectos colectivos e individuales?
Ponernos de acuerdo en un proyecto común nos ayudará a cambiar sustancialmente la respuesta que ya conocemos cuando nos preguntamos a quién(es) ha servido y sirve el Estado colombiano.
[1] ORTEGA Y GASSET, José. La rebelión de las masas. España: Tecnos, segunda edición. P. 319.
[2] Boletín informativo fechado el 4 de diciembre de 2006. Tomado de la URLhttp://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2006/noticias_434.htm (Ingreso 07 de mayo de 2009).
[3] Revista Semana.com. http://www.semana.com/noticias-politica/detras-este-proyecto-mueven-demasiados-intereses/123707.aspx (mayo 07 de 2009).
Dr. Germán, leí el documento que me envió ayer y el de hoy y en cada uno de ellos veo que Ud. tiene una mirada sistémica y panorámica sobre lo que pasa en nuestro país y que sus apuntes buscan ser lo más imparciales posibles (políticamente hablando), pero con una crítica muy fundamentada. Muchos de sus escritos se los he pasado a mi hija Mayeli que estudia periodismo y se está convirtiendo en una lectora asidua de su blog.
ResponderBorrarSaludos,
Darío E.
MUCHOS, de seguro. En un país en el que con los actos de corrupción y con los falsos posi+ivos aumen+a la popularidad del primer corrupto de la Nación, pues qué MAS se puede esperar
ResponderBorrar--
VJ
Germán, felicitaciones por ese trabajo tan juicioso que estás haciendo. Ese es realmente el papel de la Universidad.
ResponderBorrarCarlos M.