Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El asilo otorgado por Panamá a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, es la primera acción política del ex presidente Uribe en contra no sólo de la justicia, sino contra el Estado, y las instituciones y por supuesto, contra el gobierno de Juan Manuel Santos.
Dentro de la misma acción podrían darse otras peticiones de asilo de los escuderos de Uribe, lo que definitivamente marcaría el rompimiento de las ‘buenas’ relaciones entre el ex mandatario antioqueño y el actual inquilino de la Casa de Nariño.
Uribe y sus áulicos están jugando fuerte. El asilo de Hurtado fue un duro golpe contra la justicia colombiana y la institucionalidad. La tímida respuesta del presidente Santos puede ser interpretada por Uribe como debilidad o excesiva prudencia. Si es lo primero, el plan de ataque continuará si se dan fallos condenatorios en contra de sus protegidos (Bernardo Moreno, Sabas Pretel y José Obdulio Gaviria, entre otros).
Si por el contrario, la lectura se acerca a la segunda, paralelamente Uribe buscará los mecanismos para conocer cuáles serán los movimientos que piensa dar Santos, para buscar un acercamiento con la justicia que beneficie a Uribe y a sus protegidos, lo que supondría el cese de las investigaciones por las ‘chuzadas’. Ese segundo escenario supondría acciones de chantaje de Uribe contra Santos, en relación con el manejo de la cartera de Defensa cuando éste fungió como Ministro de la Defensa.
Se entiende también como una acción política de claro enfrentamiento, la creación de la fundación Causa Justa, anunciada por el ex ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga y liderada por el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón. La búsqueda de recursos económicos para defender a implicados del gobierno de Uribe en sonados casos como la yidispolítica, Agro Ingreso Seguro y las ‘chuzadas’ del DAS, podría utilizarse para presionar a jueces y fiscales, responsables de la suerte de algunos de los amigos de Uribe implicados en dichos escándalos.
No será fácil para el gobierno de Santos enfrentar a un ex mandatario con poder económico y político, con amplia vitrina todavía en los medios de comunicación, con apoyo de algunos círculos internacionales y con capacidad para chantajear y exigir pago por favores recibidos durante sus largos ocho años. La débil institucionalidad colombiana juega a favor del ex mandatario, de ahí la urgencia del actual gobierno por trabajar en esta materia. La mejor forma de hacerlo es asegurar la independencia de los poderes, apoyar las decisiones que tomen la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, pero también, asegurar el funcionamiento del aparato de justicia en condiciones dignas que eviten presiones externas que podrían venir, por ejemplo, de la fundación en ciernes.
Desestimar hasta dónde puede llegar Uribe con tal de mantener su prestigio y evitar sanciones (inhabilidades y condenas) a sus ex subalternos, puede resultar nocivo para Santos, su gobierno y en general, para el Estado colombiano.
Para Uribe existen las instituciones y defiende la institucionalidad siempre y cuando estén alineadas con sus objetivos. Por el contrario, cuando sienta que las instituciones y la institucionalidad van camino a desprestigiar su largo mandato, su reacción puede complicar y afectar los planes de Santos en materia grave.
Causa Justa puede ser el inicio de una fatal cruzada que Uribe emprenda en contra de lo que él llama una persecución política de sus enemigos. De pronto, la hecatombe esté cerca y esta vez en manos de quien hasta ayer juró defender las instituciones democráticas. Amanecerá y veremos.
El asilo otorgado por Panamá a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, es la primera acción política del ex presidente Uribe en contra no sólo de la justicia, sino contra el Estado, y las instituciones y por supuesto, contra el gobierno de Juan Manuel Santos.
Dentro de la misma acción podrían darse otras peticiones de asilo de los escuderos de Uribe, lo que definitivamente marcaría el rompimiento de las ‘buenas’ relaciones entre el ex mandatario antioqueño y el actual inquilino de la Casa de Nariño.
Uribe y sus áulicos están jugando fuerte. El asilo de Hurtado fue un duro golpe contra la justicia colombiana y la institucionalidad. La tímida respuesta del presidente Santos puede ser interpretada por Uribe como debilidad o excesiva prudencia. Si es lo primero, el plan de ataque continuará si se dan fallos condenatorios en contra de sus protegidos (Bernardo Moreno, Sabas Pretel y José Obdulio Gaviria, entre otros).
Si por el contrario, la lectura se acerca a la segunda, paralelamente Uribe buscará los mecanismos para conocer cuáles serán los movimientos que piensa dar Santos, para buscar un acercamiento con la justicia que beneficie a Uribe y a sus protegidos, lo que supondría el cese de las investigaciones por las ‘chuzadas’. Ese segundo escenario supondría acciones de chantaje de Uribe contra Santos, en relación con el manejo de la cartera de Defensa cuando éste fungió como Ministro de la Defensa.
Se entiende también como una acción política de claro enfrentamiento, la creación de la fundación Causa Justa, anunciada por el ex ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga y liderada por el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón. La búsqueda de recursos económicos para defender a implicados del gobierno de Uribe en sonados casos como la yidispolítica, Agro Ingreso Seguro y las ‘chuzadas’ del DAS, podría utilizarse para presionar a jueces y fiscales, responsables de la suerte de algunos de los amigos de Uribe implicados en dichos escándalos.
No será fácil para el gobierno de Santos enfrentar a un ex mandatario con poder económico y político, con amplia vitrina todavía en los medios de comunicación, con apoyo de algunos círculos internacionales y con capacidad para chantajear y exigir pago por favores recibidos durante sus largos ocho años. La débil institucionalidad colombiana juega a favor del ex mandatario, de ahí la urgencia del actual gobierno por trabajar en esta materia. La mejor forma de hacerlo es asegurar la independencia de los poderes, apoyar las decisiones que tomen la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, pero también, asegurar el funcionamiento del aparato de justicia en condiciones dignas que eviten presiones externas que podrían venir, por ejemplo, de la fundación en ciernes.
Desestimar hasta dónde puede llegar Uribe con tal de mantener su prestigio y evitar sanciones (inhabilidades y condenas) a sus ex subalternos, puede resultar nocivo para Santos, su gobierno y en general, para el Estado colombiano.
Para Uribe existen las instituciones y defiende la institucionalidad siempre y cuando estén alineadas con sus objetivos. Por el contrario, cuando sienta que las instituciones y la institucionalidad van camino a desprestigiar su largo mandato, su reacción puede complicar y afectar los planes de Santos en materia grave.
Causa Justa puede ser el inicio de una fatal cruzada que Uribe emprenda en contra de lo que él llama una persecución política de sus enemigos. De pronto, la hecatombe esté cerca y esta vez en manos de quien hasta ayer juró defender las instituciones democráticas. Amanecerá y veremos.
Nota: este artículo fue publicado en esta url: www.nasaacin.org/attachments/article/1305/CAUSA%20JUSTA.pdf.
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