Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La condena a Mario Uribe Escobar debe convertirse en un ícono y servir para jalonar con mayor fuerza el proceso de develamiento de las finas redes que tejieron criminales de las AUC, con la clase política y empresarial de este país, para violar los derechos humanos, y reorientar los objetivos del Estado, hasta convertirlo en un aparato represivo al servicio de la mafia paramilitar y de fuerzas retardatarias, aupadas por el gran capital nacional e internacional.
El primo del presidente Uribe deberá pagar siete años de prisión por probados vínculos con paramilitares. Resta que lo investiguen y que lo encuentren también culpable por delitos de lesa humanidad. Hacia allá es que debería enfocar baterías la justicia colombiana (Fiscalía y CSJ).
Poco a poco Colombia va reconociendo a quienes hicieron parte de la mayor empresa criminal puesta en marcha por políticos, empresarios y militares, entre otros, contra campesinos, comunidades negras e indígenas, líderes de oposición, sindicalistas y líderes sociales, etc.
Hay suficientes motivos para aguardar esperanzas en que habrá verdad, justicia y reparación en el contexto de un fenómeno que no sólo legitimó la acción paraestatal, sino que criminalizó la pluralidad y puso la política, los partidos políticos y a altos funcionarios públicos, de rodillas ante una fuerza asesina, brazo armado de actores económicos neoliberales, convencidos de que el capital necesita circular y producir beneficios a cómo dé lugar.
El final de todo este proceso judicial y político de la parapolítica debe llevarnos a demostrar la cercanía, la participación y la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez con el actuar de los paramilitares. De igual manera, debe cerrarse la parapolítica con el señalamiento y posterior castigo a los empresarios que patrocinaron el proyecto conservador de las AUC y a los políticos que los secundaron en su actividad de cooptación política y auparon y validaron la comisión de delitos como el desplazamiento forzoso y las prácticas genocidas.
No puede truncarse el trabajo de la justicia en torno a la parapolítica. Ojalá no suceda lo mismo que pasó con el proceso 8.000. Que los jueces reciban todo el apoyo del Gobierno de Santos, en especial en materia de seguridad y recursos, así como de aquellos sectores societales que jamás compartieron los objetivos de dicha empresa criminal.
Sin duda, un golpe más al uribismo, uno muy fuerte al ex presidente Uribe y a quienes desde la sociedad civil apoyaron la violación de los derechos humanos.
La condena a Mario Uribe Escobar debe convertirse en un ícono y servir para jalonar con mayor fuerza el proceso de develamiento de las finas redes que tejieron criminales de las AUC, con la clase política y empresarial de este país, para violar los derechos humanos, y reorientar los objetivos del Estado, hasta convertirlo en un aparato represivo al servicio de la mafia paramilitar y de fuerzas retardatarias, aupadas por el gran capital nacional e internacional.
El primo del presidente Uribe deberá pagar siete años de prisión por probados vínculos con paramilitares. Resta que lo investiguen y que lo encuentren también culpable por delitos de lesa humanidad. Hacia allá es que debería enfocar baterías la justicia colombiana (Fiscalía y CSJ).
Poco a poco Colombia va reconociendo a quienes hicieron parte de la mayor empresa criminal puesta en marcha por políticos, empresarios y militares, entre otros, contra campesinos, comunidades negras e indígenas, líderes de oposición, sindicalistas y líderes sociales, etc.
Hay suficientes motivos para aguardar esperanzas en que habrá verdad, justicia y reparación en el contexto de un fenómeno que no sólo legitimó la acción paraestatal, sino que criminalizó la pluralidad y puso la política, los partidos políticos y a altos funcionarios públicos, de rodillas ante una fuerza asesina, brazo armado de actores económicos neoliberales, convencidos de que el capital necesita circular y producir beneficios a cómo dé lugar.
El final de todo este proceso judicial y político de la parapolítica debe llevarnos a demostrar la cercanía, la participación y la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez con el actuar de los paramilitares. De igual manera, debe cerrarse la parapolítica con el señalamiento y posterior castigo a los empresarios que patrocinaron el proyecto conservador de las AUC y a los políticos que los secundaron en su actividad de cooptación política y auparon y validaron la comisión de delitos como el desplazamiento forzoso y las prácticas genocidas.
No puede truncarse el trabajo de la justicia en torno a la parapolítica. Ojalá no suceda lo mismo que pasó con el proceso 8.000. Que los jueces reciban todo el apoyo del Gobierno de Santos, en especial en materia de seguridad y recursos, así como de aquellos sectores societales que jamás compartieron los objetivos de dicha empresa criminal.
Sin duda, un golpe más al uribismo, uno muy fuerte al ex presidente Uribe y a quienes desde la sociedad civil apoyaron la violación de los derechos humanos.
Apreciado Germán.
ResponderBorrarLas Altas Cortes están enfermas de odio, con el equilibrio de sus fallos cada vez más ausente y contaminadas hasta el tuétano de una retardataria fiebre izquierdista que en lo personal me genera vergüenza y de la ajena.
“Por fortuna murieron los abuelos” -como exclaman los adultos mayores- porque de lo contrario tendrían que soportar y observar ese “circo pobre y triste” en el que han caído los otrora vigilantes de la justicia proba y equilibrada de la patria.
MARIO G.
Ha caido en manos de la justicia colombiana otro alfil del uribismo: el ex senador Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Uribe y del narcotraficante Pablo Escobar. "La justicia cojea...pero llega".
ResponderBorrarSaludos.
Reynaldo
Uribiño:
ResponderBorrarLa justica tarda pero llega, aunque no llega completa y como esperaríamos.
Luisf.