CATEGORÍA MODELOS ECONÓMICOS, RELACIONES INTERNACIONALES Y LITIGIOS
AMBIENTALES
PRIMER SEMESTRE DE 2013
Por Germán Ayala
Osorio
El texto que se
publica a continuación, hace parte de las actividades del Observatorio
Contextual de Medios del CIER, de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. No es un análisis del discurso de los medios
masivos, en especial de la prensa escrita. Es un análisis de contexto, a partir
de la información publicada en medios como EL ESPECTADOR, EL TIEMPO y EL PAÍS. Análisis
que se hace a partir de la aplicación de la categoría enunciada en el título de
este documento.
La consolidación
del Estado nacional, como orden social y político capaz de integrar Nación y
territorio, tiene en el problema limítrofe con Nicaragua un claro ejemplo de
los problemas que de tiempo atrás afronta el Estado colombiano para erigirse
como un régimen capaz no sólo de autogobernarse, controlar sus fronteras
internas, sus posesiones extracontinentales, sino de garantizar la unidad como
Nación, en medio de las circunstancias que imponen el ser un país pluriétnico y
multicultural.
Quizás sobre esa
debilidad interna se deba comprender el viejo litigio limítrofe entre Colombia
y Nicaragua, en el que estuvieron comprometidas la soberanía sobre el
archipiélago de San Andrés y Providencia, y la explotación de los recursos de
un extensa zona marítima que hoy sigue en disputa, en especial después del
fallo de la Corte Internacional de La Haya.
De allí que las
relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua estén atravesadas,
históricamente, por los permanentes reclamos que el país centroamericano ha
hecho sobre la validez del tratado Barcenas-Esguerra de 1928. En dicho tratado
se reconoció a Colombia la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y una serie de cayos
circundantes. El litigio tomó un giro inesperado con el reciente fallo de la
Corte Internacional de La Haya, que si bien declaró la validez del tratado
Barcenas-Esguerra, otorgó a Nicaragua derechos sobre una gran extensión de mar
que rodea a los cayos sobre los cuales Colombia ejerce soberanía territorial.
Ese hecho,
jurídico, político y diplomático, aparece en el diario EL PAÍS el 4 de enero de
2013, bajo el titular Colombia-Nicaragua,
la verdad sobre la historia (sic). Lo cierto es que estamos ante una
historia de desaciertos diplomáticos y jurídicos por parte del Estado
colombiano, que a través de varios gobiernos, se dejó avanzar el asunto, en
medio de decisiones gubernamentales aisladas o tomadas por fuera de una
estrategia clara y coherente que pudiera enfrentar las pretensiones de
Nicaragua.
En algunos apartes
de la nota publicada en el diario caleño se lee lo siguiente: “…Al llegar al Estado, en 1998, Andrés
Pastrana no recibió del Gobierno de Samper ninguna información relativa a las
reclamaciones de Nicaragua sobre nuestro archipiélago de San Andrés y
Providencia y mar adyacente. Lo cual sugiere que nada se hizo en ese gobierno
o, si se hizo, no tuvo trascendencia…”[1].
El hecho jurídico
seguiría siendo un hecho noticioso de gran valor para la prensa colombiana, en
especial para la prensa bogotana. Sin Mar
y sin Memoria (sic) es el titular de una nota publicada en EL ESPECTADOR,
el 7 de abril de 2013.
El resumen de la
nota da claridad sobre los bandazos que viene dando el Estado colombiano
alrededor de las formas en las que es posible delimitar la frontera marítima
entre Nicaragua y Colombia. Del meridiano 82, como único referente fronterizo
para delimitar soberanías, se pasó al establecimiento de otra forma para trazar
una línea limítrofe, una especie de línea media. “El 18 de julio de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe aprobó la
propuesta de línea media que fue presentada ante la Corte Internacional de
Justicia. En ella Colombia proponía ceder una porción de mar, vital para la
pesca industrial”[2].
En esa misma
dirección se entiende la nota del 11 de abril de 2013, intitulada ‘Todos
sabíamos de los riesgos’ (sic), en la que aparece el testimonio de Julio
Londoño Paredes, ex jefe del equipo defensor de Colombia, que representó los
intereses del país ante la Corte de La Haya, durante varios años, a través de
la presentación de recursos jurídicos para contrarrestar las demandas de
Nicaragua.
Este hecho
noticioso tendría continuidad el 26 de mayo de 2013, en una nota de EL
ESPECTADOR, titulada Seaflower, la tabla
de salvación en La Haya (sic). En el texto se lee el propósito de apelar a
la declaración ambiental que la Unesco hiciera sobre el mar y los recursos del
archipiélago de San Andrés y Providencia: “Tras
meses de intensos análisis para buscar una salida al fallo que le arrebató a
Colombia 75.000
kilómetros cuadrados de mar, los abogados y asesores del
caso ven una oportunidad si se argumentan los riesgos ecológicos en esta
reserva marina”[3].
Lo que Colombia
calificaría como intenciones expansionistas de Nicaragua, aparecía con otro
sentido en el titular de una nota del 12 de mayo de EL PAÍS. Nicaragua demandaría a Colombia por más mar[4]
(sic). Se trataría del reclamo sobre una plataforma continental, que incluso,
alcanzaría no sólo a tocar el mar de Cartagena, sino los propios intereses de Panamá. Estamos,
entonces, ante la imagen de un Estado, cuyos asuntos estratégicos han sido
manejados por fuera de una idea consensuada entre las fuerzas políticas,
alrededor de la defensa coherente y sistemática que se debe hacer de los
recursos marítimos y por supuesto, del ejercicio de una soberanía que no sólo
ha sido esquiva internamente, sino que ahora, con el litigio con Nicaragua, se
exhibe la debilidad estatal para mantener o hacer soberanía sobre las fronteras externas.
De otro lado, como
país biodiverso, Colombia no sólo asumió compromisos internacionales con la
adhesión y firma de tratados y convenios para el manejo, uso y aprovechamiento
responsable de la biodiversidad, sino que internamente aprobó una amplia y
generosa legislación ambiental con la que se diseñaron instituciones
ambientales -mas no se logró consolidar
una institucionalidad ambiental- para
enfrentar los desafíos ético-ambientales que impone el modelo de desarrollo
extractivo y la globalización económica, en especial en lo que concierne con la
llegada de inversionistas extranjeros, interesados en explotar las materias
primas del subsuelo colombiano.
Con la Ley 99 de
1993 y los sucesivos desarrollos jurídicos e institucionales, el país se puso a
tono con las exigencias de organizaciones ambientalistas y de la llamada
comunidad internacional. De esta manera, los proyectos de explotación minera,
maderera y de los recursos del mar estaban cobijados por normas y
procedimientos que en algún momento fueron considerados como rígidos y
exigentes, por una cultura ambiental nacional, precaria y alejada de las
responsabilidades éticas que deberíamos asumir dada la riqueza de la
biodiversidad.
Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro del medio ambiente,
sostiene que:
“Diecisiete años
después de expedido el Código Nacional de los Recursos Naturales, Colombia
fortaleció su normatividad ambiental a través de la Constitución de 1991, que
consagró más de cincuenta artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.
Veinticinco años después de creado el Inderena, se expidió la Ley 99 de 1993
mediante la cual se crearon el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema
Nacional Ambiental, y se dictaron otras disposiciones. De manera similar a las
reformas institucionales de los años setenta, que fueron una respuesta a la
Conferencia de Estocolmo, la constitucionalización del tema ambiental y la
expedición de la Ley 99 de 1993 fueron las principales respuestas de Colombia a
los compromisos adquiridos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992. En un estudio de
Henry Mance (2008), titulado sugestivamente “La política de sostenibilidad:
ascenso y declive del Ministerio del Medio Ambiente colombiano”, se señala que
a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993, durante los gobiernos de los
presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana (1994-2002), se registra un
proceso de consolidación restringida del Ministerio. Las restricciones en el
proceso de consolidación del Ministerio y su posterior declive son explicados
por Mance a partir de la gran vulnerabilidad a los cambios en lo político que
encuentra en la institucionalidad ambiental, que es, además, relativamente
mayor que la de otros sectores del gobierno. En efecto, durante el período
se dieron algunos retrocesos en la normatividad, al lado de sustantivos avances
en la gestión. Los primeros se produjeron aun durante el tiempo que estuvo Juan
Mayr, un reconocido ambientalista, frente el Ministerio (1998-2002). Así, por
ejemplo, se reformó el Código de Minas, que les restó al Minambiente y a las
Corporaciones Autónomas Regionales competencias en el campo de otorgamiento de
las licencias ambientales en el sector minero, un hecho que revela la
impotencia del Minambiente frente a ciertas intervenciones que lleva a cabo el
sector privado para hacer más laxa la legislación ambiental. Así mismo, durante
este período comenzaron a declinar las asignaciones del presupuesto nacional
para la gestión ambiental, como se registra en la siguiente sección”[5].
En ese contexto, es
posible comprender el hecho que se convirtió en noticia el 16 de enero de 2013,
en el diario EL ESPECTADOR. La nota, titulada Ventanilla ‘express’ se abre paso (sic), inicia con una cita
contundente: “Es posible que el
crecimiento de la producción de Pacífic Rubiales y otras compañías en Colombia
en 2013 se siga viendo afectada por el ritmo en la aprobación de licencias
ambientales en el país”[6].
De manera clara, se
exhibe una relación conflictiva entre conservar y aprovechar los recursos de
una frágil biodiversidad, administrada por un Estado precario que aún tiene
problemas para erigirse como un orden viable, justo y perenne, pero
especialmente, como un referente moral que sirva para ordenar la sociedad bajo
criterios de convivencia social y ambiental.
En esa misma
dirección, se entiende el titular Inversión
minera podría disminuir (sic), que se explica, según el diario EL
ESPECTADOR, por el represamiento de licencias ambientales. En el texto se lee que “si bien el Gobierno sacó pecho al conocer la cifra sobre inversión
extranjera directa, la cual creció cerca del 18%, el sector de la minería cree
que para este año la cifra podría disminuir”[7].
De esta manera, el medio de comunicación vehiculiza una suerte de presión
política y técnica de un sector interesado (inversionistas extranjeros), hacia
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y por supuesto, hacia el
Gobierno de Juan Manuel Santos, que puso en marcha la locomotora
minero-energética.
Para el 20 de enero
de 2013 el diario EL PAÍS de Cali publica la entrevista que Salomón Kalmanovitz
concedió a la periodista Margarita Vidal. Con el titular se puede colegir un
elemento moderno clave para el Estado colombiano y que aún éste no puede
garantizar de manera efectiva y eficiente: el monopolio de la renta.
El titular dice así: Se debe gravar fuertemente la actividad
minera (sic). En el mismo texto de la entrevista, se lee lo siguiente: “Hay que decir también que con una economía que se está
basando en la minería en la bonanza del
petróleo, no tiene sentido estar en déficit. Si hubiera habido buenos impuestos
al petróleo y a la minería del carbón, con los nuevos recursos estaríamos sobrados,
pero no se tocaron los intereses de las empresas extranjeras. Atraerlas fue una
política de Uribe que no ha cambiado, mientras él sí cambió unas cosas que
fueron importantes, como la deducción por activos fijos. Esa era una medida que
le quitaba impuestos a todo el que comprara maquinaria y recuerde que los
sectores minero[8]
y de hidrocarburos son muy intensivos en maquinaria. Uribe los descargó de
impuestos[9]”.
El titular de cita,
‘Las grandes mineras pagan bajos
impuestos’ (sic) nace de un informe de la Contraloría General de la
República. En el texto periodístico se lee “que
por cada 100 pesos efectivamente pagados (por renta), las empresas mineras
tuvieron <>>[10]”.
En esa misma línea aparece una nota de EL ESPECTADOR, del 7 de mayo de 2013,
titulada Una renta minera que no engorda[11]
(sic).
Tanto en este
Cuaderno de Trabajo, como en otros, hemos insistido en la idea de que el Estado
colombiano es débil, precario y con una baja institucionalidad. En el documento
Minería en Colombia. Fundamentos para
superar el modelo extractivista, presentado por la Contraloría General de la República se entregan elementos y
circunstancias que claramente el Estado no difícilmente podrá enfrentar, con el
claro propósito de frenar o mitigar los impactos ambientales que viene dejando
a su paso, una equivocada política ambiental, frente a los desafíos que viene
haciendo la locomotora minera.
En el documento
oficial se lee que “la generación de grandes cantidades de residuos tóxicos, la
contaminación de las aguas y la pérdida del suelo y de la biodiversidad son
sólo algunos de los costos ambientales que tendrá que pagar el país si sigue apostándole a la minería a
gran escala como modelo de desarrollo sin un riguroso control ambiental”[12].
Ante las fuertes
críticas que desde diversos sectores se escuchaban frente a lo que ha sido el
manejo de megaproyectos mineros, el presidente Santos debió salir a los medios
a contrarrestarlas. Lo hizo el viernes 17 de mayo de 2013. Su opinión fue
recogida en el titular de una nota publicada por EL ESPECTADOR: Minería, pero no a cualquier precio: Santos (sic).
En el texto se lee lo siguiente: “El
presidente Juan Manuel Santos recalcó que respaldará las actividades de las
firmas mineras extranjeras, siempre y cuando cumplan con las exigencias. Sin
embargo, en el sector hay preocupación por iniciativas de nuevos gravámenes”[13].
Efectivamente,
sobre los recientes informes entregados por la Contraloría General de la
República y los señalamientos que desde varios sectores se hacían a las exiguas
rentas[14]
pagadas al Estado por las empresas mineras, los medios anunciaban que Títulos
nuevos pagarán más (sic). En el texto se dice que “con el regreso a la Ley 685, conocida como Código de Minas, los nuevos
poseedores de títulos que estén
asociados a proyectos de escalas media y grande, es decir, con
exploración superior a 2.000
hectáreas , tendrán un incremento en el canon
superficiario – arriendo que paga el poseedor del título por el derecho a explorar- que oscilaría
entre el 16% y el 200%”[15].
El boom minero[16]
que se despertó en Colombia en el periodo 2002- 2010, sirvió no sólo para
evidenciar el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, sino para
mostrar la incapacidad del Estado para ordenar y concentrar la información de
los títulos otorgados en anteriores gobiernos. Los órganos de control se
enfrentan a problemas en la recolección de la información, al cruce de los
datos que recogen información fiscal (impuestos pagados por vía de regalías) y
por supuesto, a la incapacidad técnica para vigilar las actividades antrópicas
que devienen de proyectos de gran minería.
Las cifras de
títulos mineros alarman no sólo por su número, sino por la rapidez con la que
se otorgaron concesiones mineras en los ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe
Vélez. Según la nota periodística del diario El Espectador, del lunes 21 de
enero de 2013, “En Colombia hay 8.832
títulos mineros, 6263 solicitudes mineras, un gran número de proyectos en etapa
de exploración y en procesos de licenciamiento ambiental, con una minería
ilegal mecanizada desbordada y escasez de infraestructura que le permita al
sector ser competitivo en la región”[17].
Llama la atención
el titular de El Espectador, Colombia no
es potencia minera[18]
(sic), pero sobre todo el llamado que hace la Cámara Colombiana de la Minería[19]
alrededor de la necesidad de buscar más inversión extranjera para que el país
pueda ‘jugar’ en las grandes ligas, es decir, ser considerado como una real
potencia minera. De esta forma, se evidencia claramente que los intereses
sectoriales privados se ponen por encima de consideraciones socio ambientales,
pero sobre todo, de responsabilidades estatales.
“El
director de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz, sugirió que el país debe salir a buscar
mucha más inversión Extranjera Directa (IED) en el sector y aprovechar el auge
que en este sentido se está gestando
desde regiones como África y Asia”.
De igual manera,
debe preocupar que varios proyectos mineros ofrecen problemas y conflictos no
sólo por los reclamos de algunas autoridades locales, sino por las comunidades
que vienen demandando de las empresas mineras y del Estado, el derecho que les
asiste a gozar de un ambiente sano. Conflictos
en 50% de proyectos mineros (sic) es el titular de una nota del sábado 15
de junio de 2013, publicada en EL TIEMPO. En la nota se lee: “Divergencia entre gobiernos centrales y
regionales y reparto de la renta generan fricciones. La mitad de los grandes
proyectos de minerales en Colombia están sometidos a conflictos con
comunidades, de acuerdo con el Observatorio
de Conflictos Mineros en América Latina (Ocmal)”[20].
Entre tanto, el uso
del mercurio viene cuestionándose de tiempo atrás, por los efectos nocivos que
genera en las aguas que contamina y el encadenamiento que dichos efectos
negativos generan en la salud de los seres humanos que consumen la fauna
asociada a las explotaciones mineras. La nota periodística del martes 22 de
enero de 2013, en El Espectador, habla del proyecto de ley mediante el cual se
busca regular el uso del mercurio. En el texto se lee: “Ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, y le restan dos debates
en el Senado (Comisión Quinta y plenaria) el proyecto de ley que busca regular
el uso, comercialización, manipulación y emisión del mercurio y otras
sustancias tóxicas”[21].
Estado, medio ambiente y bonanza minera
El Estado colombiano es lábil e incapaz de ponerle controles
a la inversión extranjera que insiste en ampliar tanto la frontera agrícola
(monocultivo de palma africana y caucho, por ejemplo), como la minera. A su vez, el Congreso no hace
control político a la locomotora minera y actores de la sociedad civil, como la
Academia, apenas si logra elevar su voz de protesta ante los desastres socio
ambientales que vienen dejando tanto la minería legal como la ilegal.
Y peor resulta el panorama para Colombia, cuando es evidente
que no existe un pensamiento ambiental nacional y menos aún, un partido
político cuya bandera sea la defensa de la biodiversidad, pero especialmente,
que exponga con claridad los riesgos que corre el país en materia social y
ambiental, de continuar ese incontrolado ritmo y modo de desarrollo extractivo.
Aunque son evidentes los problemas y los conflictos socio
ambientales que el modelo de desarrollo extractivo viene generando,
especialmente por los megaproyectos mineros, las fuerzas y los actores en
disputa siguen actuando bajo la inercia y las lógicas que impone una idea de
progreso sustentada exclusivamente en el sometimiento de la naturaleza y de sus
recursos, sin controles y sin límites de resiliencia.
Más complejo se
hace el asunto, cuando en las circunstancias y posibilidades que ofrece este
débil Estado, con unas instituciones frágiles y una institucionalidad que
claramente beneficia a la iniciativa privada, nacional y transnacional, lo que se
logra es el sometimiento de la oferta y los servicios ambientales que ofrece un
país biodiverso como Colombia, a las lógicas de un capital sobre el cual el
Estado no ejerce control fiscal, ambiental y político.
Hoy asistimos a una terrible bonanza minera que está acabando
con ecosistemas frágiles, con recursos hídricos, con bosques, y hasta con
territorios en donde intentan vivir, de manera autónoma, comunidades indígenas,
campesinas y afrodescendientes.
Un
país biodiverso, ambiental y culturalmente como Colombia requiere de un
proyecto educativo que no sólo reconozca y exalte los proyectos de vida de
campesinos, indígenas y afrodescendientes, sino que haga posible que quienes
decidieron vivir en las urbes, dialoguen de manera simétrica y respetuosa con quienes
optaron por vivir en el sector rural.
La
defensa de la biodiversidad y la discusión alrededor del tipo de desarrollo que
mejor conviene a cada una de las regiones del país, solo son posible bajo una
sólida, holística e interdisciplinar educación ambiental. Infortunadamente no
hay en estos momentos en Colombia un proyecto educativo con ese carácter, de
allí la incapacidad de la sociedad civil y de millones de colombianos para
reconocer los efectos negativos que deja un desarrollo económico extractivo que
desconoce las más mínimas lógicas con las que operan los subsistemas naturales
y por ese camino, insiste en un anacrónico antropocentrismo.
La pérdida de masa
boscosa, de fuentes de agua y especies de fauna y flora hace que la
biodiversidad se considere en franco peligro, para un país que cuenta con una
institucionalidad ambiental debilitada por decisiones administrativas y
políticas de sucesivos gobiernos.
De allí que el
titular de EL TIEMPO del 4 de mayo de 2013 cobre sentido para una Nación que ve
cómo pierde lugares en el escalafón de los países biodiversos, por cuenta de un
desarrollo extractivo que hace rato sobrepasó los límites de resiliencia de
numerosos ecosistemas naturales. Nace un
ambicioso plan para salvar la biodiversidad[22]
(sic) es el titular de una nota en la que se señala que habrá una inversión
de 540.000 millones, que se ejecutará en 10 años, para proteger dos millones de
hectáreas. Se trata del plan Naturalmente Colombia, presentado por el
Ministerio del Medio Ambiente para desarrollar actividades de conservación y
protección de más de dos millones de hectáreas.
Otro asunto de
especial interés para el mundo y la sociedad humana tiene que ver con el cambio
climático. Su sola referencia genera sorpresa en quienes desde diversas áreas
del conocimiento y experiencias de vida intentan explicarse el fenómeno.
Lo cierto es que la
inercia del progreso económico mundial y el desinterés de las grandes potencias
económicas y militares, han hecho que el tema del cambio climático no se aborde
con la urgencia e importancia que los científicos recomiendan, dado sus efectos
negativos no sólo en términos socio ambientales, sino en lo que toca a la
economía mundial.
El titular de cita
de EL TIEMPO, del 26 de enero de 2013, ‘El
cambio climático, por fuera de Davos’ (sic) recoge de alguna manera la
incomprensión mundial del cambio climático, por parte de los países desarrollados,
presos de la lógica de un modelo de desarrollo globalizado. En el texto
noticioso se lee: “Organizaciones
denuncian que el tema ni siquiera tuvo sesión de debate, pero es clave para la
economía mundial”[23].
Así mismo y ante la
urgencia de revisar el modelo económico extractivo, minimizar los estragos del
efecto invernadero, comprender el cambio climático y conservar las selvas, en
aras de que ayuden a controlar las emisiones de gas carbónico, Colombia
participó de un encuentro internacional sobre protección de bosques. El titular
de la nota reza así: “17 países se
comprometen a cuidar sus bosques (sic). El objetivo del evento era “…ayudar a distintos países para que
desarrollen estrategias efectivas de financiación que fomenten el manejo
forestal sostenible y la preservación de
los bosques”[24].
Expresión clara del
cambio climático son los bruscos cambios en los ciclos de lluvia y verano. Las
fuertes oleadas de calor o las fuertes lluvias, hacen pensar en que el cambio
climático es una realidad ambiental que, sin duda, afectará la vida de millones
de colombianos, así como la de otros tantos millones de habitantes en el mundo.
En ese sentido, se entiende el titular El
lago Calima está sufriendo de sed [25](sic).
En la nota se habla que el embalse ha perdido 16 metros meses, lo que
indicaría la presencia de un prolongado verano.
Ya en el ámbito
propiamente urbano y departamental, aparecen dos asuntos de especial
importancia social y ambiental, como quiera que ellos devienen en conflictos
socio ambientales y en el choque de racionalidades urbanísticas y culturales,
que incluso, terminaran por afectar la relación - y los límites- entre lo rural y lo urbano: el
jarrillón del río Cauca, que circunda la ciudad de Cali, capital del Valle del
Cauca y la construcción del malecón en la bahía de Buenaventura.
En lo que toca al
problema del jarillón del río Cauca, nuevamente aparece en las páginas del diario
El País de Cali. El titular es claro y directo: Tribunal Contencioso ordena reforzar el jarillón [26](sic).
EL PAÍS informa que comenzó la reubicación de los habitantes del jarillón del
Cauca, específicamente los que ocupaban el asentamiento subnormal llamado
Brisas de un Nuevo Amanecer[27].
Y en lo que
concierne a la construcción del malecón en el puerto de Buenaventura, EL PAÍS
volvería a informar sobre la polémica iniciativa, que claramente expone un
conflicto social, político, ambiental, cultural y urbanístico, en una
ciudad-puerto, sumida en una profunda crisis política y de orden público.
El titular de la
edición de EL PAÍS, del 29 de mayo de 2013 es claro: Aumenta debate por el malecón (sic). En el documento se da cuenta
del enfrentamiento entre dos entidades: una de origen privado y la otra de
carácter estatal. Se trata del INCIVA[28]
y de la Fundación Bahía de la Cruz. Sin duda, se trata de un conflicto en el
que de un lado aparecen los intereses de una población afrocolombiana que vive
en las zonas de bajamar sobre las cuales se ha pensado el trazado del malecón y
del otro lado, aparecen los intereses de la Sociedad Portuaria y de la señalada
Ong, que ven en la obra una posibilidad de cambiarle la cara a la ciudad
puerto, embelleciéndola a través de un moderno malecón, desestimando las
razones culturales y económicas expuestas por la población afrocolombiana que
todas las mañanas sale a busca su sustento en el mar sobre el que viven,
literalmente, en los reconocidos palafitos.
[1] Colombia-Nicaragua, la verdad sobre la historia (viernes 4 de enero
de 2013). EL PAIS, p. 15.
[2] Sin mar y sin memoria (7 de abril de 2013). EL ESPECTADOR. p. 4, 6 y 7.
[3] Seaflower, la tabla de salvación en La Haya (domingo 26 de mato de
2013). EL ESPECTADOR. p. 28.
[4] Nicaragua demandaría a Colombia por más mar (12 de mayo de 2013). EL PAÍS. p. B 6.
[5] Rodríguez, Manuel. Hacer más verde el Estado. En: Revista de Estudios Sociales No. 32. Bogotá. 2009. p. 22-23.
[6] Ventanilla ‘express’ se abre paso (miércoles 16 de enero de 2013). EL PAÍS. p. 11.
[7] Inversión minera podría disminuir (2 de abril de 2013). EL ESPECTADOR. p. 12.
[8] El jueves 14 de marzo de 2013, aparece una nota en el diario EL
ESPECTADOR, que sigue la línea demostrativa alrededor de las exenciones de
impuestos declarada por Uribe Vélez en su doble mandato. Carbón, el rey de las
exenciones (sic) es el titular del texto periodístico referenciado.
[9] “Se debe gravar fuertemente la actividad minera” (20 de enero de
2013). EL PAIS. p. A 16.
[10] ‘Los grandes mineras pagan bajos impuestos’ (martes 07 de mayo de
2013). EL TIEMPO. p. 6.
[11] Una renta minera que no engorda (Martes 7 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 2.
[12] Código de Minas, lo mismo de antes (Martes 07 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 3.
[13] Minería, pero no a cualquier precio: Santos (viernes 17 de mayo de
2013). EL ESPECTADOR. p. 8.
[14] De
otra parte, el mercado accionario es una variable clave para comprender la
situación de la minería y de la explotación de hidrocarburos, en especial,
porque la especulación financiera genera reservas y miedos a los inversionistas
extranjeros que aportan grandes cantidades de dinero a las empresas que hoy
explotan algún mineral en Colombia. El titular es claro: Dudas petroleras se notan en las acciones (sic).
[15] Títulos nuevos pagarán más (jueves 16 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 10.
[16] Mineras elevarán giros a
regiones (sic) es el titular de una nota del lunes 4 de marzo de 2013,
publicada en EL TIEMPO. En el texto se habla de la presentación de proyectos de
desarrollo financiado con dineros de las regalías producidas por la explotación
minera. En esa misma línea, se registra una nota publicada en EL TIEMPO,
titulada Inconformismo por las regalías
del níquel (sic). En el texto se lee: “…
las autoridades del municipio de Montelíbano (Córdoba) tienen un nuevo reclamo.
Dicen que por cuenta de regalías directas, este municipio tiene retenidos más
de 118.000 millones de pesos, más los rendimientos financieros”. Aumentarían reservas de gas (sic) es el
titular de una nota de EL PAIS, del 26 de marzo de 2013. El anuncio aumenta el
interés de los inversionistas para explotar dicho recurso natural. Y en esa
misma dirección, se registra una nota el 26 de marzo de 2013, bajo el título Gigante mundial del cobre llega a Colombia
(sic). En el texto se lee: “la estatal
chilena Codelco y el Ministerio de Minas y Energía firmarán un memorando de
entendimiento para formalizar su aterrizaje”.
[17] El desafío minero (lunes 21 de enero de 2013). EL ESPECTADOR. p. 10.
[18] Colombia no es potencia minera (10 de abril de 2013). EL ESPECTADOR. p. 22.
[19] En una nota de EL TIEMPO del 4 de junio de 2013, se habla de que
hay reservas de crudo estimadas en 2.377 millones de barriles. Se habla de un
crecimiento del 5.2%. Esa nota tiene continuidad y relación con un texto
publicado por EL ESPECTADOR el viernes 31 de mayo de 2013, bajo el título Tras el oro negro prometido (sic). En la
nota se lee que “la participación de más
firmas extranjeras en el mercado petrolero
se convierte en un elemento clave para el futuro del sector”.
[20] Conflictos en 50% de proyectos mineros (sábado 15 de junio de
2013). p. 26.
[21] El camino de la erradicación del mercurio (martes 22 de enero de
2013). EL ESPECTADOR. p. 5.
[22] Nace un ambicioso
plan para salvar la biodiversidad (sábado 4 de mayo de 2013). EL TIEMPO. p. p.
17.
[23] ‘El cambio climático, por fuera de Davos’ (sábado 26 de enero de
2013). EL PAIS. p. 15.
[24] 17 países se comprometen a cuidar sus bosques (2 de febrero de
2013). EL PAIS. p. A 11.
[25] El Lago Calima está sufriendo de sed (20 de abril de 2013). EL PAÍS. p. A 2.
[26] Tribunal Contencioso ordena reforzar el jarillón (2 de marzo de
2013). EL PAIS. p. A 5.
[27] Comenzó la reubicación de los habitantes del jarillón del Cauca (19
de junio de 2013). EL PAÍS. p. A 2.
Al problema técnico del jarillón se suma el de la seguridad. Con patrullajes
fluviales las autoridades pretenden combatir la delincuencia. Así lo registró EL PAÍS, el 25 de mayo de 2013, en la página A 12.
[28] Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio
Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIVA.
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