Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Un largo y degradado conflicto interno como el colombiano, deja huellas
indelebles en las formas como se conciben el Estado, la democracia y la
resolución misma del conflicto e incluso, las formas más o menos pacíficas como
deberían de zanjarse los conflictos considerados como no políticos.
Se hace más complejo el asunto cuando históricamente se reconoce la
debilidad y la precariedad del Estado, lo que se traduce en una evidente
ilegitimidad, que impide que como orden social y político, sea aceptado por
todos sus asociados.
Los efectos culturales, sociales, políticos y económicos que deja la
guerra interna de Colombia se soportan y se evidencian en el precario
funcionamiento de instituciones estatales, sobre las que descansa la autonomía
y la permanencia de las autoridades y de los poderes legalmente constituidos.
Los tres actores armados enfrentados, guerrillas, fuerzas armadas del
Estado y paramilitares, sufren
transformaciones importantes en sus objetivos misionales y operacionales, en
tanto que la extensión de su lucha en el tiempo, va convirtiendo ‘loables’
objetivos, en un perverso modo de vida, en el que el olor de la muerte y el
ruido de los cañones, terminan por orientar sus luchas, tergiversando así la
apuesta de poder que cada uno de estos tres actores ha exhibido a lo largo de
50 años de guerra.
Fenómenos como el narcotráfico, la corrupción en las filas, el
cansancio y el envejecimiento de los cuerpos de sus líderes, los relevos
generacionales y los permanentes cambios en las cúpulas, así como el deterioro
en la unidad de mando y las fracturas que suelen sufrir estas estructuras de
las que se espera que sean monolíticas, hacen que organizaciones armadas como
las Farc, las Fuerzas Armadas Oficiales y los Paramilitares, terminen
modificando sus objetivos misionales y por ese camino, afectando su siempre
discutida legitimidad.
Lo peor que les puede pasar a los miembros de una organización armada
que busca alcanzar el poder político y hacerse con el Estado, como es el caso
de las guerrillas, es que su lucha se convierta en un modo de vida, ante la imposibilidad de alcanzar el objetivo mayor
trazado. De igual manera, puede pasar que los miembros de las fuerzas armadas
del Estado y de las fuerzas paramilitares con las que de manera conjunta
buscaron acabar militarmente con los grupos subversivos, terminen defendiendo
más que su rol como combatientes y defensores de un orden político y social pretendidamente legítimo, unos intereses de
clase y un estatus social, político y económico, alejados sustancialmente de la
misión de defender el Estado, mantener el control sobre el orden público y
garantizar la vida en todos los rincones del territorio.
Ante la posibilidad de ponerle fin al conflicto armado interno, a través
de la negociación política que se adelanta en La Habana, el país debe discutir sobre
el lugar que ocuparán y las funciones que desempeñarán las fuerzas armadas
(militares y policías) en un posible y soñado escenario de posconflicto.
En varias ocasiones el presidente Santos ha dicho a los líderes
militares que deben prepararse para el posconflicto. De hecho, el general Leonardo
Barrero, recientemente retirado por el Presidente, por el escándalo de
corrupción[1] develado por la
revista Semana, fue presentado por el Gobierno como el general que llevaría las
fuerzas militares hacia el posconflicto[2].
No es equivocado pensar que resultará difícil para oficiales,
suboficiales y soldados profesionales que combaten de tiempo atrás a las
guerrillas, tener que prepararse para el posconflicto y por esa vía, pasar la
página de la guerra, para coadyuvar, desde otros frentes y acciones, a que la
paz se consolide una vez se firme en La Habana.
De esta manera, y ante el escándalo de corrupción desatado
recientemente al interior del Ejército de Colombia, bien vale la pena pensar el
lugar que deberían ocupar las fuerzas militares y de policía, y en particular
el Ejército, en un eventual escenario de posguerra.
Pero antes de señalar actividades y roles precisos para las fuerzas militares del posconflicto, hay que
señalar que se debe asegurar el total sometimiento de la fuerza pública al
poder civil. Esta es una condición sobre la que recaen dudas, a juzgar por los ruidos de sables que aparecen cada que
hay que remezones en las cúpulas militares y por decisiones operativas en las
que de manera deliberada, se otorgan ventajas a las guerrillas, para generar
impactos sociales y políticos que terminan beneficiando, en escenarios
electorales, a muy precisas opciones de poder político que soportan su proyecto
político en el escalamiento de la guerra interna.
Hecho y asegurado lo anterior, hay que develar los intereses económicos
y políticos que defiende, cada vez más fuerza, una creciente ‘burocracia
armada’ que pareciera que sólo busca mantener privilegios de clase y por
supuesto, el control sobre un millonario presupuesto para la guerra, sobre el
que los organismos de control no tienen absoluta vigilancia y capacidad de
auditarlo. El manejo de los recursos públicos asignados a la guerra y a la
defensa del Estado no puede ser un asunto discrecional de los militares. Debe
ejercerse control social, político y jurídico sobre los ordenadores del gasto
militar.
Luego, hay que convencer a los militares y a esa ‘burocracia amada’, de
la necesidad de reducir el número de efectivos, así como reorientar las
escuelas de formación de oficiales y
suboficiales y por supuesto, el sentido del reclutamiento de soldados.
Logrado lo anterior, hay que pensar en que las nuevas fuerzas
militares, las del posconflicto, podrán dedicarse a construir y hacer
mantenimiento de carreteras secundarias y terciarias, que aseguren la
distribución de bienes y servicios de zonas apartadas. De igual manera, los
militares podrían dedicarse al cuidado de las zonas de Parques Nacionales
Naturales, acompañando en esa labor al Ministerio del Medio Ambiente.
Estas son algunas ideas que bien podrían recogerse para discutir el
papel que las fuerzas militares pueden jugar en un eventual escenario de
posconflicto. Será un largo proceso, que deberá surtirse con el acompañamiento
de específicos actores de la sociedad civil y del propio Estado. No será fácil
cambiar la mentalidad de quienes creen a pie juntillas que la paz solo es
posible ganando la guerra y eliminando físicamente al enemigo. Ese es el reto
que tiene la nueva cúpula militar que tiene Santos y con la que seguramente
afrontará las decisiones que se adopten en La Habana, siempre y cuando asegure
su reelección.
[1] El Presidente señaló: “He considerado oportuno
y necesario hacer un cambio en la cúpula
militar (...) advirtiendo que
el comandante de las Fuerzas Militares -general Leonardo
Barrero- no sale por ningún
hecho de corrupción, sino por unas expresiones respetuosas y
desobligantes (...) otros altos oficiales
salen porque sabían de las irregularidades y no actuaron (...) el ministro de Defensa -Juan Carlos
Pinzón- hará un anuncio sobre el cambio de cúpula y otras decisiones que hemos
tomado (...) vendrán más acciones (...) es importante llegar al fondo de estos
asuntos y cortar de raíz este problema", sentenció. Read more: http://www.lafm.com.co/noticias/presidente-santos-comandante-155487#ixzz2ts9EAYk9
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