FARC Y ESTADO SE RECONOCEN COMO VICTIMARIOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El reconocimiento de la existencia de víctimas anunciado desde La Habana debe considerarse como un hito importante en la medida en que reafirma el carácter político del conflicto armado interno de Colombia y advierte la clara responsabilidad que desde ya asumen tanto el Estado como la dirigencia de las Farc en la comisión de disímiles delitos en el marco de la guerra interna.

El anuncio no sólo apunta a la generación de una mayor confianza[1] en el proceso de paz dentro del país, sino que deberá tener un positivo impacto en las aspiraciones reeleccionistas del Presidente-candidato[2], quien 24 horas antes ya anunciaba que de Cuba llegarían noticias positivas.

El proceso de paz parece imparable, salvo que llegue a la Presidencia el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien con un discurso ambiguo frente a la paz puede terminar por hacerle caso a su mentor, Uribe Vélez y a los sectores de las Fuerzas Armadas y de la sociedad colombiana que se oponen a las negociaciones de paz que se adelantan en territorio cubano.

Más allá del uso electoral de las buenas nuevas que llegan desde La Habana, lo anunciado desde Cuba no solo reconoce la existencia de unas víctimas a las que hay que pedirles perdón y repararlas moral y económicamente, sino que pone al Estado y a las Farc en el mismo talante de victimarios.

Estamos ante un hecho jurídico y político de una gran envergadura en tanto que debe facilitar la aplicación de la justicia transicional para todos los actores armados que participaron y participan del conflicto armado. En adelante, las fuerzas armadas del Estado, los guerrilleros y los paramilitares adquieren el mismo estatus de victimarios, circunstancia esta  matizada solo por la legalidad de unos y la legitimidad reclamada por otros por representar supuestamente los intereses del pueblo colombiano.

Contrario a lo que piensan altos oficiales retirados de las fuerzas armadas, guerrilleros, paramilitares y soldados de la patria pueden ya meterse en un mismo costal. Y ese costal lleva por fuera la palabra victimarios. Todos juntos, finalmente, por acción u omisión,  violaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario[3]. Es decir, todos los ‘guerreros’, con o sin causa, terminaron convertidos en violadores de los derechos humanos, en homicidas unos, y por ello, en mayor o menor grado, victimarios y responsables  del dolor y las incertidumbres de cientos de miles de madres y familias que de manera directa han sufrido los rigores de una guerra degradada y sucia que en mayor medida ha comprometido las vidas de la población civil que vive en zonas rurales y selváticas.

De esta manera, y sin caer en distinciones de orden legal  y en el discurso patriótico que suelen enarbolar oficiales, suboficiales y soldados, las fuerzas estatales son responsables por lo acontecido durante 50 años de confrontación con las fuerzas insurgentes que se levantaron en armas en los años 60.

Y son responsables militarmente por haber impedido la operación de las guerrillas en zonas apartadas de los centros de poder político y económico y por supuesto,  del crecimiento en el número de guerrilleros. La responsabilidad política la deben asumir los gobiernos que desestimaron la lucha interna, especialmente aquellos que en su momento intentaron poner fin al conflicto a través de negociaciones que resultaron fallidas.  Y  de aquellos que aplicaron políticas de seguridad[4] que no solo buscaban acabar militarmente con el enemigo interno, sino anular el pensamiento libre, divergente y comprometido con la defensa de los derechos humanos, el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de colombianos pobres y la consolidación, por fin  de un Estado legítimo y capaz de garantizar el control territorial y en general una vida digna para sus asociados. 

Todos en su conjunto permiten señalar entonces, que la responsabilidad la debe asumir el Estado. No se trata de buscar responsabilidades individuales o grupales, sino de reconocer la histórica debilidad e incapacidad del orden jurídico y político para garantizar la seguridad  y la convivencia pacífica dentro del territorio nacional. Por supuesto que el grueso de la sociedad también es responsable por haber apoyado a aquellos que creyeron en que la solución a los problemas del país estaba exclusivamente en el uso de las armas.

Las Fuerzas Armadas son responsables por haber cohonestado con los paramilitares las prácticas violatorias de los derechos humanos como las masacres, el desplazamiento forzoso y el asesinato selectivo, entre otros delitos, perpetradas por las AUC. 

De igual manera, los guerrilleros de las Farc también son responsables de los señalados delitos y por haber perpetrado acciones terroristas en zonas rurales y urbanas en donde operaron y en las que aún operan.

Llegado a este cuarto punto de la Agenda de seis  pactada entre la cúpula de las Farc y la comisión negociadora del Gobierno de Santos, resta esperar a que los mecanismos que diseñen para escuchar a las víctimas sean expeditos e incluyentes. 

Se ha dado un paso fundamental. Ahora falta que las expectativas que dicho anuncio produce en las familias de las víctimas y en las propias víctimas, no se vean afectadas por las lógicas administrativas[5] que aparecerán en la implementación de  los mecanismos y dispositivos acordados desde La Habana, para asegurar un efectivo y plural reconocimiento, así como la reparación a las víctimas.

Parece que el fin del conflicto está cerca. Pero hay que ser conscientes de que la paz no llegará con la firma de un documento. Falta mucho por hacer y ello compromete a los sectores que hoy, en la actual coyuntura electoral, le están apostando a la continuidad de la guerra.

Imagen tomada de cmi.com.co

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[1] La polarización política entre la derecha y la ultraderecha que hoy se disputan la Presidencia en las elecciones y los tratamientos periodísticos-noticiosos irresponsables y apegados  exclusivamente a las informaciones  de las fuentes castrenses, vienen generando un mal ambiente al proceso de paz. Tiene mayor apoyo internacional que dentro del propio país.

[2] El Presidente-candidato espera que el pronunciamiento que llegó desde La Habana le permita cautivar más votos, en especial de parte de las víctimas, que ven cerca no solo la reparación económica y el reconocimiento, sino que esperan saber la verdad de lo ocurrido con sus familiares desparecidos, secuestrados o asesinados por agentes del Estado o por miembros de las guerrillas.

[3] En 50 años de conflicto la aplicación de las normas del DIH no ha sido efectiva no solo porque se trata de un conflicto irregular y complejo, sino por el no reconocimiento de la jurisdicción internacional por parte de los actores armados enfrentados.

[4] Baste con recordar el Estatuto de Seguridad y la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática de los gobiernos de Turbay Ayala y Uribe Vélez, para reconocer que desde el Estado se violaron de manera sistemática los derechos humanos. El genocidio de la UP es quizás el ejemplo más claro de terrorismo de Estado.

[5] La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras será insuficiente si se tiene en cuenta solo  el número de desplazados que ha provocado la guerra interna (cerca del 11% del total de la población colombiana, es decir, por lo menos 4,4 millones de colombianos desplazados). Se suma a ello la lentitud con la que vienen actuando los jueces de tierras, creados para restituir las tierras a aquellos colombianos que sufrieron el despojo  por cuenta de la acción intimidante de guerrilleros y paramilitares y por el terror que generan los bombardeos de la fuerza aérea y en general, por los intensos combates que se suscitan con cada operativo.