Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El jueves 24 de noviembre, en el
teatro Colón de Bogotá, el Presidente y el máximo comandante de las Farc,
firmaron el Nuevo Acuerdo con el que se pone fin al conflicto armado interno
entre esa guerrilla y el Estado colombiano.
Ante la fallida refrendación del
primer Acuerdo el 2 de octubre, Gobierno y cúpula de las Farc concertaron que
la validación del Nuevo Acuerdo se haría en el Congreso de la República.
Posteriormente, el Legislativo deberá concebir las leyes que permitan
implementar y blindar jurídicamente lo acordado entre las partes.
La fascinación mediática que
generó la apretada victoria del NO en el plebiscito del 2 de octubre, logró
anular, de manera temprana, la conversión de los seis millones de colombianos
que votamos SÍ en la jornada plebiscitaria, en una especie de “tribunal de
eforados” que supervisara y ejerciera control político al proceso de
implementación que se surtirá al interior del Congreso de la República.
En medio de un clima de
crispación por el descontento y la tozudez de los mediatizados líderes y
representantes del NO, el país se apresta a vivir el proceso de juridización
del contenido y del sentido político y social del Acuerdo Final (II), sin que
los negociadores, actores de la sociedad civil que de tiempo atrás apoyan el
Proceso de Paz, la Academia y los Sindicatos, entre otros actores, hayan
indicado quiénes serán los éforos, institucionalizados o no, que en adelante
harán control social y político de las acciones y decisiones que el Congreso
tomará para implementar lo que el Gobierno acordó con las Farc
Sin éforos[1]
públicos y sobresalientes, el SÍ, o mejor, los del SÍ, queda, quedan y quedamos
a la espera de que los congresistas asuman, con responsabilidad histórica, la
tarea de blindar jurídica y políticamente no solo el Acuerdo Final (II) o el
Nuevo Acuerdo, sino los procesos administrativos, logísticos y las políticas
públicas que deberán consolidar la Paz territorial y con esta, lograr una paz
estable y duradera que nos lleve, ojalá, a un esperado y anhelado estadio de
posconflicto.
Por el contrario, esta sociedad
mediatizada parece más preocupada por las reacciones y por los discursos
desinstitucionalizantes del senador Uribe y los de sus devotos escuderos del
Centro Democrático, que por el proceso de implementación del Nuevo Acuerdo.
El culto mediático a la
polarización, a la rencilla y a la pelotera política generada desde las huestes
del Centro Democrático, con el apoyo inmoral de Alejandro Ordóñez Maldonado[2], y la
anémica fuerza política de Martha Lucía Ramírez, tiene efectos políticos y sociales claros: desacreditar
y tergiversar el Nuevo Acuerdo, generar miedo e incertidumbre en un pueblo que
exhibe una baja cultura política, y que
en 2018 deberá acudir a las urnas para decidir si realmente quiere pasar la
página de la guerra, o si por el contrario desea continuar con un histórico y
generalizado estado de cosas
inconstitucional; y lo más preocupante, ese enfermizo cubrimiento noticioso
de lo que vociferan a diario los que se
oponen al fin del conflicto armado(los
del NO), tiene como objetivo distraer a quienes a pesar de haber votado SÍ en
el plebiscito, no alcanzan a advertir que en estos momentos no existe un sólido
movimiento social y político que vele por los intereses de los seis millones de
colombianos que quisieron refrendar el Primer Acuerdo ese 2 de octubre.
Así las cosas, el proceso de
implementación del Acuerdo Final (II) que se adelante al interior del Congreso
de la República, avanzará en medio de la desconfianza que genera la frágil
Unidad Nacional. La suspicacia que genera dicha Unidad Nacional se soporta en
la inacción política que asumieron los líderes de los Partidos políticos que la
constituyen, y que se tradujo en la baja participación ciudadana ese 2 de
octubre. Por ello, es urgente que se definan quiénes fungirán en adelante como
éforos de esa enorme y trascendental tarea legislativa en pro de la paz y la
reconciliación.
Imagen tomada de Semana.com
[1]
Véase: http://dle.rae.es/?id=EPxxbQg
; tiene, igualmente, el sentido de vigilar, supervisar y controlar al Poder. En
este caso, al poder legislativo sobre el que recae la enorme responsabilidad de
legislar para hacer posible construir, en poco tiempo, una paz estable y
duradera.
[2]
Destituido como Procurador General de la Nación
por el Consejo de Estado, por violar los artículos 126 y 276 de la
Constitución Política de Colombia. De esta forma, se reeligió de manera
fraudulenta y espuria. Por la gracia mediática, es hoy uno de los “líderes” del
NO y desde ya funge como precandidato presidencial y “guía moral” de quienes
desde el Estado promueven el clientelismo.
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