viernes, 25 de noviembre de 2016

IMPLEMENTACIÓN SIN ÉFOROS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El jueves 24 de noviembre, en el teatro Colón de Bogotá, el Presidente y el máximo comandante de las Farc, firmaron el Nuevo Acuerdo con el que se pone fin al conflicto armado interno entre esa guerrilla y el Estado colombiano.

Ante la fallida refrendación del primer Acuerdo el 2 de octubre, Gobierno y cúpula de las Farc concertaron que la validación del Nuevo Acuerdo se haría en el Congreso de la República. Posteriormente, el Legislativo deberá concebir las leyes que permitan implementar y blindar jurídicamente lo acordado entre las partes.

La fascinación mediática que generó la apretada victoria del NO en el plebiscito del 2 de octubre, logró anular, de manera temprana, la conversión de los seis millones de colombianos que votamos SÍ en la jornada plebiscitaria, en una especie de “tribunal de eforados” que supervisara y ejerciera control político al proceso de implementación que se surtirá al interior del Congreso de la República.

En medio de un clima de crispación por el descontento y la tozudez de los mediatizados líderes y representantes del NO, el país se apresta a vivir el proceso de juridización del contenido y del sentido político y social del Acuerdo Final (II), sin que los negociadores, actores de la sociedad civil que de tiempo atrás apoyan el Proceso de Paz, la Academia y los Sindicatos, entre otros actores, hayan indicado quiénes serán los éforos, institucionalizados o no, que en adelante harán control social y político de las acciones y decisiones que el Congreso tomará para implementar lo que el Gobierno acordó con las Farc

Sin éforos[1] públicos y sobresalientes, el SÍ, o mejor, los del SÍ, queda, quedan y quedamos a la espera de que los congresistas asuman, con responsabilidad histórica, la tarea de blindar jurídica y políticamente no solo el Acuerdo Final (II) o el Nuevo Acuerdo, sino los procesos administrativos, logísticos y las políticas públicas que deberán consolidar la Paz territorial y con esta, lograr una paz estable y duradera que nos lleve, ojalá, a un esperado y anhelado estadio de posconflicto.

Por el contrario, esta sociedad mediatizada parece más preocupada por las reacciones y por los discursos desinstitucionalizantes del senador Uribe y los de sus devotos escuderos del Centro Democrático, que por el proceso de implementación del Nuevo Acuerdo.

El culto mediático a la polarización, a la rencilla y a la pelotera política generada desde las huestes del Centro Democrático, con el apoyo inmoral de Alejandro Ordóñez Maldonado[2], y la anémica fuerza política de Martha Lucía Ramírez, tiene  efectos políticos y sociales claros: desacreditar y tergiversar el Nuevo Acuerdo, generar miedo e incertidumbre en un pueblo que exhibe una baja cultura política,  y que en 2018 deberá acudir a las urnas para decidir si realmente quiere pasar la página de la guerra, o si por el contrario desea continuar con un histórico y generalizado estado de cosas inconstitucional; y lo más preocupante, ese enfermizo cubrimiento noticioso de lo que vociferan  a diario los que se oponen  al fin del conflicto armado(los del NO), tiene como objetivo distraer a quienes a pesar de haber votado SÍ en el plebiscito, no alcanzan a advertir que en estos momentos no existe un sólido movimiento social y político que vele por los intereses de los seis millones de colombianos que quisieron refrendar el Primer Acuerdo ese 2 de octubre.

Así las cosas, el proceso de implementación del Acuerdo Final (II) que se adelante al interior del Congreso de la República, avanzará en medio de la desconfianza que genera la frágil Unidad Nacional. La suspicacia que genera dicha Unidad Nacional se soporta en la inacción política que asumieron los líderes de los Partidos políticos que la constituyen, y que se tradujo en la baja participación ciudadana ese 2 de octubre. Por ello, es urgente que se definan quiénes fungirán en adelante como éforos de esa enorme y trascendental tarea legislativa en pro de la paz y la reconciliación.



Imagen tomada de Semana.com

[1] Véase: http://dle.rae.es/?id=EPxxbQg ; tiene, igualmente, el sentido de vigilar, supervisar y controlar al Poder. En este caso, al poder legislativo sobre el que recae la enorme responsabilidad de legislar para hacer posible construir, en poco tiempo, una paz estable y duradera.

[2] Destituido como Procurador General de la Nación  por el Consejo de Estado, por violar los artículos 126 y 276 de la Constitución Política de Colombia. De esta forma, se reeligió de manera fraudulenta y espuria. Por la gracia mediática, es hoy uno de los “líderes” del NO y desde ya funge como precandidato presidencial y “guía moral” de quienes desde el Estado promueven el clientelismo. 

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