PLAN COLOMBIA: BALANCE SOCIAL Y MILITAR, por Miguel Eduardo Cárdenas Rivera

Es preciso replantear la relación entre seguridad como problema militar y seguridad social. Al hacer un análisis sobre los aspectos militares y sociales del ‘Plan Colombia’, cabe una crítica a su base conceptual en el contexto de la agudización y profundización de la crisis social en el último lustro. Pervive la discusión sobre el problema de la relación de causalidad entre el conflicto social y el conflicto armado. MIGUEL EDUARDO CÁRDENAS RIVERA ¿Seguridad militar versus seguridad social? Durante un debate realizado por El Tiempo, Semana y Caracol el pasado 28 de julio para responder al interrogante sobre si se está ganando la guerra, un punto de vista común que sobresalió en varias exposiciones fue el señalamiento acerca de la coordinación y el entendimiento entre las autoridades civiles y militares en la tarea de 'hacer Estado'. Con suma atención el público asistente conoció la experiencia en el caso del Valle del Cauca a través de los testimonios del General Carlos Alberto Fracica y del gobernador Angelino Garzón. El señor Gobernador aludía sobre el desbalance entre la dinámica de la política de seguridad en un enfoque estrictamente castrense y el estancamiento de la política de seguridad en materia social. Además, hacía un llamado para combinar de manera adecuada la seguridad militar con la seguridad social. Aquí surge la contrapregunta: ¿'ganarse a la población' es un problema social o militar? La discusión se plantea, entonces, en si el sesgo militar se convierte en una debilidad política. En efecto, se trata de un problema que se aborda en términos de análisis estratégico: al evaluar los resultados pragmáticos de la Doctrina de Seguridad Nacional del Presidente Bush y de su enfoque de la 'guerra preventiva' como instrumento de combate al terrorismo, se gana la guerra en el plano táctico militar pero se pierde en el plano de lo estratégico político. Una victoria militar se convierte en una derrota política al no resolverse favorablemente un punto esencial: ¿Cómo brindar seguridad integral al conjunto de la población y no sólo a un segmento del conglomerado social? Al respecto, no es posible una solución al conflicto si no se crean las bases materiales para gozar de la seguridad en un sentido integral. En esta ponencia se propugna por una concepción del orden público como resultado de la sumatoria convergente de varios factores a saber: En primer lugar lo más preciado para el ser humano que es la seguridad, ésto es la seguridad que brinda la tranquilidad para el desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas, laborales y empresariales, el libre movimiento, la libertad de opinión y de pensamiento, la posibilidad de disentir sin ser amenazado; la salubridad, ésto es la salud y el bienestar que la organización social debe garantizar en tanto se pongan en práctica los conceptos de seguridad alimentaria y de seguridad humana entendida -según la ONU- como el conjunto de una serie de variables tales como: empleo, educación, información, tiempo libre, libertades fundamentales y una vida social y cultural basada en el respeto. El último componente de la seguridad integral es la prosperidad como opción colectiva y no sólo para unos pocos. Así las cosas, pensar la paz implica necesariamente cuestionar las políticas estatales predominantes. Al igual que las estructuras económicas y diversas imposiciones internacionales que, en muchas ocasiones, agravan la problemática social interna, en particular en lo referente a dos aspectos centrales: la ineficacia de la agenda mundial contra el tráfico de narcóticos, y la política financiera internacional que parece desconocer el desastre económico y social que ha provocado en los países atrasados. En el sur del país mientras las tropas del Ejército Nacional desarrollan sus operaciones en el marco del 'Plan Patriota' las fuerzas guerrilleras de las FARC se movilizan ejerciendo un control territorial y poblacional, según informa Semana (edición N° 1.159) en el reportaje ‘El río de la guerra’. Por su parte, el vocero de las FARC, Raúl Reyes, da declaraciones y entrevistas que publica tanto El Tiempo (edición N° 32.759) como la revista Cambio (edición N° 578) y asevera que las FARC “no es derrotable”. El tema del 'intercambio humanitario' se eleva y se mantiene como un tema clave de la agenda política nacional. Según el ex diputado de ese departamento y líder campesino, Eder Sánchez, quien también participó en el debate sobre el futuro de la guerra, las guerrillas se mueven en grupos tácticos que les posibilitan adelantar sus operaciones ofensivas. Un ejemplo patético fue la contundencia con que una fuerza de más de 200 unidades realizó el pasado 22 de julio en el corregimiento de Santa Rosa, en el puente que cruza sobre el Río Villalobos en el Cauca, en la ruta estratégica que une Pitalito con Mocoa. Este delicado hecho puede ser indicio de que una estrategia militar 'a secas' no permite 'construir Estado' en el sentido de la seguridad, la tranquilidad, salubridad, prosperidad y bienestar para el conjunto de la población en una determinada circunscripción territorial. Crítica conceptual al ‘Plan Colombia’ El ‘Plan Colombia’ reconoce el conflicto colombiano como un problema de la 'seguridad interna' de los Estados Unidos. En su enfoque, el conflicto armado tiene un aspecto peligroso para los Estados Unidos: los cultivos de uso ilícito, la producción de las drogas y el narcotráfico. Precisamente, a partir del insuceso del 11 de septiembre del 2001 el foco central de la política antidroga de Estados Unidos consiste en garantizar la seguridad nacional, a través de la persecución de los medios de financiación del terrorismo. Las FARC y el ELN son -en el concepto de la seguridad de Bush- parte de un compleja red de terrorismo internacional que amenaza la región. En este contexto, la aceptación de los grupos guerrilleros como actores políticos [legítimos para ser reconocidos como sujetos de negociación] se rechaza tajantemente, pues se convierten en terroristas. La base del ‘Plan Colombia’ es una teoría estratégica que vincula desarrollo económico, seguridad y paz. El aspecto fundamental es la tesis según la cual el tráfico de drogas es una base financiera que alimenta la guerrilla y por ende el conflicto. Los estrategas del Pentágono tienen la opinión de que el mejor camino para fortalecer la democracia y eliminar la producción de drogas es fortalecer las fuerzas militares y de la policía para garantizar y estabilizar el control territorial (y así resolver el fenómeno paramilitar). Si bien es posible obtener algunos éxitos en la erradicación de la coca, su ‘talón de Aquiles’ es el soporte insuficiente para programas alternativos, debido a que es notorio la falta de componentes sociales estructurales. En el caso de las fumigaciones, éstas tienen impactos humanitarios como el desplazamiento (según Codhes, las fumigaciones son una de las causas principales de desplazamiento en Nariño y Putumayo). Además del traslado de cultivos, la violencia asociada al control territorial, la inseguridad alimentaria y la pérdida de ingresos. En el fondo el ‘Plan Colombia’ responde a los intereses geoestratégicos y geopolíticos de los Estados Unidos -en particular sobre la Amazonía-, subordinando los intereses nacionales de Colombia. ¿Es posible las paz sin reformas sociales? Si lo que se quiere es construir la paz en Colombia, ¿qué tipo de paz se quiere construir?, ¿cuál es el concepto de paz?, ¿cabe hablar de paz ‘social’?. Aquí se reivindica un concepto de paz positiva, o sea aquélla que busca las raíces del conflicto y las elimina. En tal sentido, la paz para Colombia necesita unas reformas sociales. En Colombia se presenta un fenómeno de agudización y profundización de la crisis social entre 1998 y 2003. En efecto, las cifras sociales que contiene la 'Evaluación de la Política Social 2003 Contraloría General de la República (CGR)', que se conoció el pasado 16 de julio, la crisis humanitaria se expresa en que la población en estado de indigencia que en el 91 era del 20.4% subió en el 2003 al 34%. La pobreza que entre 1991 y 1998 bajo del 53,8% al 51,5% en el 2003 alcanzó el 64,8%. Según la CGR, las causas son la crisis económica de los noventa, el aumento del desempleo, la baja calidad del empleo (no creció el estable y legal sino el precario, temporal mal remunerado). La CGR constató que la pérdida neta de ingresos de la población, en grandes grupos de la población se registraron retrocesos en el ingreso per cápita hasta del 25%. El desempleo subió del 10,8% en 1991 al 17% en 2003. La CGR precisó que, la respuesta del Estado ha sido insuficiente "por cuanto las medidas adoptadas han sido débiles y puntuales". Todo ello se refleja en la distribución del ingreso: en 1991 el 10% más rico tenía 52 veces más ingresos que el 10% más pobre, en el 2000 esa relación aumentó a 78. De todo ello, se desprende que existe una crisis social y humanitaria, y se discute de nuevo la relación existente entre crisis humanitaria y guerra interna. Se debe recordar que las raíces de la insurgencia actual se hallan en la crisis agraria, tal como lo hace el general (r.) Alfonso Mejía Valenzuela en su libro Una guerra inútil, costosa y sin gloria, publicado en 1998 (p. 172). No sobra la pregunta sobre ¿cuándo y por qué nació este conflicto?. Si retrocedemos en la historia, a los años cincuenta y sesenta, cuando nació la insurgencia, tenemos que dar cuenta que hubo una transformación desde el enfrentamiento de los dos partidos tradicionales a una lucha social de los campesinos sin tierra y sin oportunidades de desarrollar una vida digna. No se puede desconocer la relación entre conflicto social e insurgencia en el caso colombiano. Uno de los puntos más álgidos de nuestro debate es el relacionado sobre el vínculo entre el conflicto social y el enfrentamiento armado. Se arguye que no hay relación aceptable de causalidad, dado que si fuese posible este vínculo otros países más pobres que el nuestro estarían en la posibilidad de generar guerras internas. En fin, si se trata de hacer un balance militar y social del Plan Colombia sería recomendable y conveniente revisar tranquila, reflexiva y pausadamente los términos de la carta que 23 senadores de la bancada del Partido Demócrata de los Estados Unidos dirigió al Presidente Uribe, hace unos días, y que a la fecha la anunciada respuesta del Gobierno colombiano no se ha podido conocer. 4 de agosto del 2004. Anexo: 1. El ‘Plan Colombia’ nace de una manera de ver el conflicto colombiano. La estrategia es una lucha contra el terrorismo que niega la existencia de un conflicto con raíces sociales en el país. Así se privilegian las acciones militares y de inteligencia. 2. El conflicto en Colombia tiene hondas raíces políticas y sociales. Solo un tercio de la población colombiana tiene acceso a una vida digna: dos tercios están excluidos. Se trata de una democracia social formal [la cual fue descrita por Darío Echandia como un "orangután con sacoleva"]. 3. Los diferentes gobiernos han sido incapaces de adelantar la reforma social que el país necesita. Ha sido el Partido Liberal quien, en diferentes oportunidades, fracasó en llevar a cabo tales reformas. Así ocurrió con Alfonso López Pumarejo en 1934, los gobiernos liberales compartidos de los años 60 y 70, y con Virgilio Barco, quien fue incapaz de emprender las reformas económicas y sociales que acompañaran las reformas políticas emprendidas por Belisario Betancur. 4. El conflicto sigue girando alrededor de la tierra y su solución requiere adopción de medidas en el campo social y económico. Se requiere de un Estado que haga presencia en todo el territorio garantizando la debida prestación de los servicios públicos, administrativos y sociales, y no solo para determinadas capas sociales como los grandes propietarios de la tierra, y los potentados de la industria, la banqueros y las inversiones de las multinacionales. 5. De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la Republica el 0.5 por ciento de las tierras cultivables del país es poseído por el 53 por ciento de la población. Hay actualmente entre cuatro y seis millones de hectáreas en manos de los narcos y paramilitares. 6. El Plan Colombia no está orientado a solucionar el problema de la tenencia de la tierra en Colombia, para dar un adecuado uso económico social y ambiental como bien común. Su componente social tiene un limitado enfoque asistencialista que no incluye el acceso a la tierra o a inversiones reales con asistencia técnica y financiera. 7. Es torpe afirmar que se trata exclusivamente de una estrategia militar, pero en la práctica los aspectos militares predominan en el ‘Plan Colombia’. 8. Colombia vive actualmente un problema de hambre y un problema alimentario. Debe buscarse una seguridad humana, en la que se garantice al individuo el desarrollo, la tranquilidad y la seguridad alimentaria.