No cabe duda de que al presidente Uribe Vélez le cabe responsabilidad por los sucesos de la filtración de los paramilitares en el DAS, en la bancada uribista y en medianas instituciones del Estado, así como en la presión que ejercieron las AUC en el electorado, cargando la balanza a favor suyo en las elecciones de 2002 y muy seguramente en la campaña de 2006 con la que se aseguró su reelección inmediata.
Algunos columnistas quisieron, infructuosamente, elevar la filtración paramilitar en la vida política (pública) de la nación, al estatus de escándalo, igual o similar al que se conoció como el proceso 8.000, vivido durante la administración Samper. Incluso, lo llamaron el paraochomil. Se trata, sin duda, de un escándalo mayúsculo que, por razones y circunstancias políticas, económicas y mediáticas, quizás no alcance las dimensiones que alcanzó el proceso judicial por la filtración de dineros en la campaña Samper Presidente, por parte del llamado Cartel de Cali.
Existen varias circunstancias que explicarían el por qué la paramilitarización del Estado y de la nación no alcanza a poner en riesgo la gobernabilidad del Presidente y menos aún, que los Estados Unidos cuestionen su legalidad y legitimidad. La primera, la administración Samper intentó reversar varias de las medidas económicas adoptadas por su antecesor César Gaviria, lo que le aseguró la antipatía de un sector amplio de los llamados ‘cacaos’ que vieron con sospecha el giro que podría dar un gobernante preocupado más por la responsabilidad social del Estado, que de garantizarle una mayor riqueza a sectores tradicionalmente poderosos. Esas sospechas fueron alimentadas por viejas dudas que el Departamento de Estado tenía sobre la persona de Samper, y que fueron consignadas en la bitácora que los Estados Unidos tenía asignada para Colombia y que dicho Presidente muy seguramente no seguiría al pie de la letra. Al final, la filtración de los dineros del narcotráfico se utilizó para frenar un proyecto socialdemócrata en manos de Ernesto Samper.
Lo contrario sucede hoy en día con Uribe. Recordemos que la acción antisubversiva llevó a los Estados Unidos a apoyar la acción militar de los Contra en Nicaragua. Es decir, cualquier estrategia es buena para los gringos siempre y cuando sus intereses geoestratégicos se mantengan intactos. Y ello significa apoyar – o por lo menos no cuestionar- a un gobierno comprometido en derrotar la amenaza terrorista representada en las Farc, así sea comprometiendo la imagen de las Fuerza Militares, de algunos representantes de la clase política, e incluso, de la propia imagen del Presidente. Finalmente, se trataría de un Gobierno amigo que merece toda consideración por cuanto está luchando contra un enemigo común.
Además, como alfil de los Estados Unidos, Uribe cumple las funciones de incomodar, vigilar y contrarrestar los giros a la izquierda dados por sus más inmediatos vecinos (Venezuela, Ecuador y Brasil). Es una pieza clave para los Estados Unidos que ve con preocupación lo que está sucediendo en su patio trasero, especialmente en la región andina.
La segunda circunstancia se desprende de la relación medios de comunicación – gremios económicos; es decir, de los intereses económicos de los grandes oligopolios. Como Uribe no pone en riesgo el modelo económico neoliberal, como si lo pudo haber intentado Samper en su momento, grupos y familias como Santodomingo, Ardilla Lülle y Santos, entre otros, tienen a sus medios dispuestos a que no se repita la crisis del 8.000, por simple conveniencia política y económica.
Recuérdese el papel que jugó la gran prensa colombiana en el proceso 8.000: filtraciones, escándalos, presiones y peticiones para que el entonces presidente abandonara el cargo. A pesar de algunas voces en contra y del ejercicio individual y solitario de contados columnistas e investigadores, Uribe está seguro de poder pasar agachado ante el escándalo porque sabe que los medios están maniatados por orden directa de sus propietarios, por la decisión de periodistas y editores de autocensurarse o por las presiones que desde la Oficina de Prensa de la Casa de Nariño se pueda ejercer sobre los periodistas. Hay, sin duda, una suerte de estigmatización y de bloqueo a todo aquel que no esté en línea con el Gobierno.
Una tercera circunstancia aparece cuando se advierte que los principios del proyecto de derechización del país – que encarna Uribe perfectamente- confluyen, a la perfección, con el ideario de la organización paramilitar, que contó, cuenta y muy seguramente contará con la anuencia de empresarios, empresas periodísticas, fuerzas militares y en general, de importantes y reconocidas organizaciones de la llamada sociedad civil.
Así las cosas – y salvo que Mancuso y otros comandantes decidan lo contrario-, es poco probable que Uribe viva y soporte un escándalo como el que vivió Samper Pizano. La falta de rigor y el desinterés por vigilar la cosa pública de la prensa colombiana guardan relación con los silencios de los desmovilizados comandantes de las AUC.
Acá ya no hay investigación periodística que valga la pena hacer. La Noticia no es el escándalo paramilitar y la responsabilidad del Gobierno, sino el reconocimiento internacional de Betty La fea, o las cortinas de humo que se lancen desde Palacio en donde Uribe Vélez siempre saldrá victorioso, gracias a que es frentero, trabajador, exigente y porque habla duro y exige más y mejores resultados. Los resultados de las investigaciones adelantadas por el PDA, en cabeza de Gustavo Petro, serán siempre presentados como calumnias propias de mamertos, ex guerrilleros y amigos de los terroristas.
Por ahora, la gobernabilidad, como la responsabilidad política de Uribe II se mantendrán virtuales, asociadas claro está, al infranqueable unanimismo mediático, político y económico que se vive – y se sufre- en Colombia. Sin oposición, sin partidos políticos serios y fuertes, con una prensa cooptada y una sociedad civil desarticulada, la llamada parapolítica apenas si alcanzará el estatus de escaramuza que no manchará la imagen de un Presidente irremplazable, a decir de EL TIEMPO, y menos aún, podrá impedir que el proyecto hegemónico de la derecha colombiana se consolide con Uribe III o con Vargas Lleras I.
Artículo publicado en el Boletín 445 de Actualidad Colombiana (http://www.actualidadcolombiana.org/), de febrero 5 al 19 de 2007.
Existen varias circunstancias que explicarían el por qué la paramilitarización del Estado y de la nación no alcanza a poner en riesgo la gobernabilidad del Presidente y menos aún, que los Estados Unidos cuestionen su legalidad y legitimidad. La primera, la administración Samper intentó reversar varias de las medidas económicas adoptadas por su antecesor César Gaviria, lo que le aseguró la antipatía de un sector amplio de los llamados ‘cacaos’ que vieron con sospecha el giro que podría dar un gobernante preocupado más por la responsabilidad social del Estado, que de garantizarle una mayor riqueza a sectores tradicionalmente poderosos. Esas sospechas fueron alimentadas por viejas dudas que el Departamento de Estado tenía sobre la persona de Samper, y que fueron consignadas en la bitácora que los Estados Unidos tenía asignada para Colombia y que dicho Presidente muy seguramente no seguiría al pie de la letra. Al final, la filtración de los dineros del narcotráfico se utilizó para frenar un proyecto socialdemócrata en manos de Ernesto Samper.
Lo contrario sucede hoy en día con Uribe. Recordemos que la acción antisubversiva llevó a los Estados Unidos a apoyar la acción militar de los Contra en Nicaragua. Es decir, cualquier estrategia es buena para los gringos siempre y cuando sus intereses geoestratégicos se mantengan intactos. Y ello significa apoyar – o por lo menos no cuestionar- a un gobierno comprometido en derrotar la amenaza terrorista representada en las Farc, así sea comprometiendo la imagen de las Fuerza Militares, de algunos representantes de la clase política, e incluso, de la propia imagen del Presidente. Finalmente, se trataría de un Gobierno amigo que merece toda consideración por cuanto está luchando contra un enemigo común.
Además, como alfil de los Estados Unidos, Uribe cumple las funciones de incomodar, vigilar y contrarrestar los giros a la izquierda dados por sus más inmediatos vecinos (Venezuela, Ecuador y Brasil). Es una pieza clave para los Estados Unidos que ve con preocupación lo que está sucediendo en su patio trasero, especialmente en la región andina.
La segunda circunstancia se desprende de la relación medios de comunicación – gremios económicos; es decir, de los intereses económicos de los grandes oligopolios. Como Uribe no pone en riesgo el modelo económico neoliberal, como si lo pudo haber intentado Samper en su momento, grupos y familias como Santodomingo, Ardilla Lülle y Santos, entre otros, tienen a sus medios dispuestos a que no se repita la crisis del 8.000, por simple conveniencia política y económica.
Recuérdese el papel que jugó la gran prensa colombiana en el proceso 8.000: filtraciones, escándalos, presiones y peticiones para que el entonces presidente abandonara el cargo. A pesar de algunas voces en contra y del ejercicio individual y solitario de contados columnistas e investigadores, Uribe está seguro de poder pasar agachado ante el escándalo porque sabe que los medios están maniatados por orden directa de sus propietarios, por la decisión de periodistas y editores de autocensurarse o por las presiones que desde la Oficina de Prensa de la Casa de Nariño se pueda ejercer sobre los periodistas. Hay, sin duda, una suerte de estigmatización y de bloqueo a todo aquel que no esté en línea con el Gobierno.
Una tercera circunstancia aparece cuando se advierte que los principios del proyecto de derechización del país – que encarna Uribe perfectamente- confluyen, a la perfección, con el ideario de la organización paramilitar, que contó, cuenta y muy seguramente contará con la anuencia de empresarios, empresas periodísticas, fuerzas militares y en general, de importantes y reconocidas organizaciones de la llamada sociedad civil.
Así las cosas – y salvo que Mancuso y otros comandantes decidan lo contrario-, es poco probable que Uribe viva y soporte un escándalo como el que vivió Samper Pizano. La falta de rigor y el desinterés por vigilar la cosa pública de la prensa colombiana guardan relación con los silencios de los desmovilizados comandantes de las AUC.
Acá ya no hay investigación periodística que valga la pena hacer. La Noticia no es el escándalo paramilitar y la responsabilidad del Gobierno, sino el reconocimiento internacional de Betty La fea, o las cortinas de humo que se lancen desde Palacio en donde Uribe Vélez siempre saldrá victorioso, gracias a que es frentero, trabajador, exigente y porque habla duro y exige más y mejores resultados. Los resultados de las investigaciones adelantadas por el PDA, en cabeza de Gustavo Petro, serán siempre presentados como calumnias propias de mamertos, ex guerrilleros y amigos de los terroristas.
Por ahora, la gobernabilidad, como la responsabilidad política de Uribe II se mantendrán virtuales, asociadas claro está, al infranqueable unanimismo mediático, político y económico que se vive – y se sufre- en Colombia. Sin oposición, sin partidos políticos serios y fuertes, con una prensa cooptada y una sociedad civil desarticulada, la llamada parapolítica apenas si alcanzará el estatus de escaramuza que no manchará la imagen de un Presidente irremplazable, a decir de EL TIEMPO, y menos aún, podrá impedir que el proyecto hegemónico de la derecha colombiana se consolide con Uribe III o con Vargas Lleras I.
Artículo publicado en el Boletín 445 de Actualidad Colombiana (http://www.actualidadcolombiana.org/), de febrero 5 al 19 de 2007.
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