Por Germán Ayala Osorio, politólogo y profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente
La obsesión de Álvaro Uribe Vélez de acabar con las FARC (él mismo, las reconoce como far), para vengar la muerte de su padre y la inercia de la práctica de la política en Colombia, lo han ‘obligado’ a incumplir parte de lo prometido en su Manifiesto Democrático, los 100 puntos de Uribe, propuesto en 2002 y entregado a los colombianos cuando fungió como candidato presidencial.
Es bueno revisar varios de los 100 puntos de Uribe que hasta el momento están sin abordarse. Qué tan dispuesto está hoy y cuánto esté dispuesto mañana el Presidente en cumplir con lo dicho en dicho Manifiesto, no lo sabemos. Es posible que decida, de ser reelegido por segunda vez, cerrar el Congreso para gobernar con sus amigos los militares y los paramilitares. O por el contrario, decida que los serviles congresistas de su causa, bien merecen un aumento en sus privilegios, gracias a que le permitieron -permitirían- perpetuarse en el poder. He aquí parte de lo prometido por AUC (por favor léase Álvaro Uribe Candidato):
En los puntos 8, 9 y 18 se lee: “Menos Congreso, menos consulados y embajadas. Menos contralorías… El 7 de agosto… presentaré el Referendo contra la Corrupción y la Politiquería, que incluirá la reducción del Congreso, la eliminación de los auxilios parlamentarios y de sus privilegios a pensiones y salarios… No podemos seguir con un Congreso que cuesta $600.000 millones al año cuando para vivienda social solo hay $150.000 millones. El número de congresistas debe reducirse de 266 a 150. Sin privilegios pensionales, i salarios exorbitantes”.
Punto 20. “Soy partidario de una sola Cámara que integre al Congreso con la ciudadanía, titular de la democracia participativa”.
Punto 11. …”La Constitución debe autorizar regiones autónomas que surjan de la fusión de departamentos con mecanismos que mantengan su identidad cultural… Tres departamentos que se unan, de manera voluntaria y por iniciativa propia, podrán tener una sola gobernación, una sola asamblea…”.
Punto 13. “Las asambleas tienen que ser más austeras, pero o se deben suprimir salvo cuando sean sustituidas por parlamentos regionales. Se justifican por la representación de las subregiones de cada departamento y el control político. Los diputados no deben tener sueldo, sino honorarios y seguridad social”.
Punto 37. “Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Es muy costoso: $60.000 millones. Con ese dinero podemos financiar 10.000 viviendas sociales por año. Que la autonomía de la justicia la administren las altas cortes con apoyo del Ministerio”.
Acabar, cerrar, suprimir o ‘achiquitar’ el Congreso es una iniciativa que puede tener eco en varios sectores de la sociedad, especialmente en quienes reconocen que se trata de una corporación ilegítima, por cuanto ha sido cooptada por las mafias paramilitares, y porque es una entidad corrupta gracias a que los partidos políticos colombianos históricamente la han utilizado para mantener un modelo económico y político con claros beneficios para reducidas élites, y por ese camino, mantener los privilegios de quienes legislan a favor de unos pocos.
Resultaría, a todas luces, inconveniente cerrar o disminuir el Congreso por cuanto es un subsistema fundamental, parte de un modelo ideal de democracia representativa, que por razones asociadas al clientelismo, la incultura y la violencia políticas, la cultura mafiosa y paraca, entre otras prácticas, no ha funcionado como se esperaría.
Lo que muy seguramente buscará Uribe es cerrarle las puertas a quienes no comulguen con sus ideas y con su propio proyecto político neoconservador. Y es posible hacerlo, buscando acercarse a sus opositores, bien a través de la amenaza, de la cooptación directa a través del ofrecimiento de dádivas (cuotas burocráticas), o a través de la simple eliminación por la vía del asesinato o la desaparición forzosa.
En lo que hay que trabajar es en la formación de una cultura política ciudadana ética y políticamente fuertes, que le permita a cada colombiano discernir en eventos electorales, cuál de las propuestas y de los candidatos a corporaciones públicas defiende mejor los intereses del Estado, de la nación, de la sociedad, y claro, los propios, sin que esa decisión esté mediada por una relación clientelar entre los ciudadanos y los candidatos. Es una tarea compleja que toca realidades como la pobreza y el desempleo, circunstancias que históricamente han favorecido el actuar clientelista de partidos políticos y de microempresas electorales que apoyan a furtivos candidatos ‘independientes’.
En cuanto al asunto de las regiones autónomas, no deja de ser una propuesta ligera e irresponsable que hace a un lado elementos históricos, asociados a prácticas culturales, violencia política, presencia legítima de actores armados como Farc y AUC, realidades ambientales y económicas, entre otras, que se suman a una aplazada reforma agraria integral y a la falta de una política de ordenamiento territorial.
El caso de las Asambleas -y claro, los Concejos- es similar a lo que históricamente ha sucedido con el Congreso: son corporaciones clientelares que no ejercen un efectivo control político sobre el actuar de los gobernadores -y alcaldes-.
Y por último, la promesa de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura parece que no resultaría políticamente viable, porque el propio Presidente ha buscado cooptar no solo a esta institución de la justicia, sino a la Corte Constitucional, dado el enfrentamiento jurídico-político que sostiene el Gobierno de Uribe con la Corte Suprema de Justicia, especialmente con la Sala Penal, en los casos de la yidispolítica, la parapolítica y el tema de extradiciones no autorizadas.
En fin, se trata de promesas que dejan entrever un proyecto político soportado en la histórica ilegitimidad de las corporaciones involucradas, sin que se reconozca en el Gobierno de Uribe la más mínima intención de cambiar ese estado de cosas que se expresa en nocivas prácticas clientelares y corruptas, en las que tienen mucho que ver la elite empresarial, financiera y por supuesto, la elite política tradicional a la que naturalmente pertenece el Presidente.
Lo preocupante es que en el Manifiesto Democrático se lee lo siguiente: “Conserve este manifiesto. Si ganamos la Presidencia haga que lo cumplamos”. Esperemos que no aparezca uno de los áulicos uribistas exigiendo al Presidente que cumpla con lo prometido en su Manifiesto, ahora que está cerca su tercer mandato.
La obsesión de Álvaro Uribe Vélez de acabar con las FARC (él mismo, las reconoce como far), para vengar la muerte de su padre y la inercia de la práctica de la política en Colombia, lo han ‘obligado’ a incumplir parte de lo prometido en su Manifiesto Democrático, los 100 puntos de Uribe, propuesto en 2002 y entregado a los colombianos cuando fungió como candidato presidencial.
Es bueno revisar varios de los 100 puntos de Uribe que hasta el momento están sin abordarse. Qué tan dispuesto está hoy y cuánto esté dispuesto mañana el Presidente en cumplir con lo dicho en dicho Manifiesto, no lo sabemos. Es posible que decida, de ser reelegido por segunda vez, cerrar el Congreso para gobernar con sus amigos los militares y los paramilitares. O por el contrario, decida que los serviles congresistas de su causa, bien merecen un aumento en sus privilegios, gracias a que le permitieron -permitirían- perpetuarse en el poder. He aquí parte de lo prometido por AUC (por favor léase Álvaro Uribe Candidato):
En los puntos 8, 9 y 18 se lee: “Menos Congreso, menos consulados y embajadas. Menos contralorías… El 7 de agosto… presentaré el Referendo contra la Corrupción y la Politiquería, que incluirá la reducción del Congreso, la eliminación de los auxilios parlamentarios y de sus privilegios a pensiones y salarios… No podemos seguir con un Congreso que cuesta $600.000 millones al año cuando para vivienda social solo hay $150.000 millones. El número de congresistas debe reducirse de 266 a 150. Sin privilegios pensionales, i salarios exorbitantes”.
Punto 20. “Soy partidario de una sola Cámara que integre al Congreso con la ciudadanía, titular de la democracia participativa”.
Punto 11. …”La Constitución debe autorizar regiones autónomas que surjan de la fusión de departamentos con mecanismos que mantengan su identidad cultural… Tres departamentos que se unan, de manera voluntaria y por iniciativa propia, podrán tener una sola gobernación, una sola asamblea…”.
Punto 13. “Las asambleas tienen que ser más austeras, pero o se deben suprimir salvo cuando sean sustituidas por parlamentos regionales. Se justifican por la representación de las subregiones de cada departamento y el control político. Los diputados no deben tener sueldo, sino honorarios y seguridad social”.
Punto 37. “Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Es muy costoso: $60.000 millones. Con ese dinero podemos financiar 10.000 viviendas sociales por año. Que la autonomía de la justicia la administren las altas cortes con apoyo del Ministerio”.
Acabar, cerrar, suprimir o ‘achiquitar’ el Congreso es una iniciativa que puede tener eco en varios sectores de la sociedad, especialmente en quienes reconocen que se trata de una corporación ilegítima, por cuanto ha sido cooptada por las mafias paramilitares, y porque es una entidad corrupta gracias a que los partidos políticos colombianos históricamente la han utilizado para mantener un modelo económico y político con claros beneficios para reducidas élites, y por ese camino, mantener los privilegios de quienes legislan a favor de unos pocos.
Resultaría, a todas luces, inconveniente cerrar o disminuir el Congreso por cuanto es un subsistema fundamental, parte de un modelo ideal de democracia representativa, que por razones asociadas al clientelismo, la incultura y la violencia políticas, la cultura mafiosa y paraca, entre otras prácticas, no ha funcionado como se esperaría.
Lo que muy seguramente buscará Uribe es cerrarle las puertas a quienes no comulguen con sus ideas y con su propio proyecto político neoconservador. Y es posible hacerlo, buscando acercarse a sus opositores, bien a través de la amenaza, de la cooptación directa a través del ofrecimiento de dádivas (cuotas burocráticas), o a través de la simple eliminación por la vía del asesinato o la desaparición forzosa.
En lo que hay que trabajar es en la formación de una cultura política ciudadana ética y políticamente fuertes, que le permita a cada colombiano discernir en eventos electorales, cuál de las propuestas y de los candidatos a corporaciones públicas defiende mejor los intereses del Estado, de la nación, de la sociedad, y claro, los propios, sin que esa decisión esté mediada por una relación clientelar entre los ciudadanos y los candidatos. Es una tarea compleja que toca realidades como la pobreza y el desempleo, circunstancias que históricamente han favorecido el actuar clientelista de partidos políticos y de microempresas electorales que apoyan a furtivos candidatos ‘independientes’.
En cuanto al asunto de las regiones autónomas, no deja de ser una propuesta ligera e irresponsable que hace a un lado elementos históricos, asociados a prácticas culturales, violencia política, presencia legítima de actores armados como Farc y AUC, realidades ambientales y económicas, entre otras, que se suman a una aplazada reforma agraria integral y a la falta de una política de ordenamiento territorial.
El caso de las Asambleas -y claro, los Concejos- es similar a lo que históricamente ha sucedido con el Congreso: son corporaciones clientelares que no ejercen un efectivo control político sobre el actuar de los gobernadores -y alcaldes-.
Y por último, la promesa de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura parece que no resultaría políticamente viable, porque el propio Presidente ha buscado cooptar no solo a esta institución de la justicia, sino a la Corte Constitucional, dado el enfrentamiento jurídico-político que sostiene el Gobierno de Uribe con la Corte Suprema de Justicia, especialmente con la Sala Penal, en los casos de la yidispolítica, la parapolítica y el tema de extradiciones no autorizadas.
En fin, se trata de promesas que dejan entrever un proyecto político soportado en la histórica ilegitimidad de las corporaciones involucradas, sin que se reconozca en el Gobierno de Uribe la más mínima intención de cambiar ese estado de cosas que se expresa en nocivas prácticas clientelares y corruptas, en las que tienen mucho que ver la elite empresarial, financiera y por supuesto, la elite política tradicional a la que naturalmente pertenece el Presidente.
Lo preocupante es que en el Manifiesto Democrático se lee lo siguiente: “Conserve este manifiesto. Si ganamos la Presidencia haga que lo cumplamos”. Esperemos que no aparezca uno de los áulicos uribistas exigiendo al Presidente que cumpla con lo prometido en su Manifiesto, ahora que está cerca su tercer mandato.
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