Por Germán Ayala Osorio
El reciente fallo de la justicia peruana, en el que se condena al ex presidente Fujimori a 25 años de cárcel por autor intelectual en crímenes de lesa humanidad, resulta aleccionador por cuanto desmonta la pretendida dignidad intocable de los ex presidentes, que para el caso de Colombia, descansan libres de culpa ante los juicios de la historia.
Deberíamos considerar la posiblidad jurídico-política y cultural, de juzgar y castigar a ex presidentes como Samper Pizano, Betancur Cuartas, Pastrana Arango y el ya extinto Julio César Turbay, por sus actuaciones cuando fungieron como Presidentes. Una vez abierta esa posibilidad, muy seguramente podremos aguardar con esperanza que la historia juzgue las actuaciones de Uribe Vélez, cuando alcance la 'dignidad juzgable' de ex presidente de la República.
Insisto en lo aleccionador y aleccionante que puede resultar para una sociedad saber que quien ejerció el poder presidencial y tomó decisiones que afectaron la vida , la honra y el destino de una nación en materia grave, esté obligado a comparecer ante la justicia para dar cuenta de sus actuaciones, haciéndose responsable jurídica, política y culturalmente frente a una ciudadanía ávida de ejemplarizantes actuaciones por parte de la justicia, como sucede en varios países latinoamericanos.
Mesías disfrazados de Dictadores o de reyezuelos no pueden ampararse en esa discutida dignidad con la cual ejercen, ejercieron o ejercerán el poder político y con la cual objetivamente le hacen el quite al juicio de la historia. Por el contrario, deben ser juzgados como cualquier otro funcionario público.
El caso Fujimori debe llamar la atención de jueces, magistrados, periodistas y políticos responsables para abrir en Colombia, con reales posibilidades, la exclusa que hasta el momento ha impedido juzgar con claridad y severidad a mandatarios que le han hecho daño al país, gobernando a favor de reducidos sectores, adoptando medidas injustas, pero especialmente, aquellos que han patrocinado, apoyado, directa o indirectamente, crímenes de lesa humanidad, o aquellos que hayan evitado el juzgamiento efectivo de los responsables de dichos delitos.
El caso Fujimori debe servir a quienes preferimos el diálogo a la confrotación armada, a quienes creemos que la dignidad presidencial se gana con el trabajo serio y responsable de quien llega a guiar los destinos de un país y a quienes creemos en la legítima defensa del Estado frente a las acciones de grupos al margen de la ley, sin que ello termine validando la violación de los derechos humanos y del DIH.
La investidura presidencial, como cualquier otra, no puede prestarse para desviar responsabilidades y mucho menos, para autorizar excesos, actuaciones abiertamente ilegítimas e ilegales, o para guiar al país hacia nuevos estadios, logrados con violaciones a libertades ciudadanas e incluso, con la persecución de aquellos que elevaron críticas o se opusieron a que el país transitara hacia esos nuevos estadios.
Mientras abrimos la exclusa, la llamada sociedad civil colombiana debe asumir la tarea de evitar que la dignidad presidencial siga sirviendo a las oscuras intenciones y a los abyectos proyectos políticos de quienes se hacen elegir Presidentes, para dar rienda suelta a los mezquinos intereses de quienes les patrocinaron económica, ideológica y políticamente.
Adenda
Curioso resulta que tanto Fujimori como Abimael Guzmán terminen sus vidas en prisión. Deberían ocupar seldas contiguas para juntos miren y sientan el paso inexorable del tiempo. La justicia peruana ha mandado un mensaje claro a la sociedad inca en su conjunto: el camino de la violencia y el terrorismo son ilegítimos y debe ser proscrito de una vez por todas. Lo deseable es construir una sociedad sin guerreros. No son estas las horas para el honor militar.
Abril 10 de 2009. 4:41 pm.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario