Por Germán Ayala Osorio, profesor Asociado y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente
Luis Carlos Restrepo, presidente de la agrupación política conocida como partido de la U, propuso revivir la inmunidad a los congresistas colombianos, en un afán por evitar más detenciones por sus vínculos con los paramilitares. El evento que desató la ira del señor ternura fue la captura de la hoy ex congresista Zulema Jattin, quien acaba de renunciar a su curul, con el objetivo de evitar ser investigada por la Corte Suprema de Justicia. Sería el regreso a la constitución de 1886, referente histórico, jurídico y político que encanta a la godarria más extrema de este país y salvaguarda de quienes han usado, de tiempo atrás, la constitución y la ley para beneficio propio.
En las actuales circunstancias, la propuesta de Restrepo significa asegurar la impunidad para aquellos miembros del Congreso que han hecho de la política el mejor camino para delinquir, para violar la ley, aliándose como criminales, para reformar el Estado, desplazar y asesinar campesinos y para concentrar el poder en pocas manos.
Sin duda, es el mundo al revés. Deberíamos discutir, por ejemplo, una política criminal en la que los funcionarios públicos puedan ser juzgados con severidad puesto que representan la confianza que cientos de ciudadanos depositan en ellos en unos comicios.
Además, quienes utilizan su investidura para enriquecerse o para beneficiar a terceros, deberán soportar no sólo las decisiones de quienes les juzguen, sino el desprecio y el señalamiento moral de los ciudadanos que votaron por ellos, de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios. Y en cuanto a aquellos electores, cómplices de los elegidos funcionarios públicos (congresistas, diputados o concejales), se esperaría, por lo menos, un acto de arrepentimiento por haber ayudado a consolidar la corrupción al interior de importantes corporaciones públicas.
Es un imperativo del Estado salvaguardar no sólo el interés general, sino las buenas costumbres de los ciudadanos, especialmente de quienes cumplen funciones públicas. No puede ser posible que los ciudadanos mejor preparados, aquellos que conocen a la perfección la lógica de las contrataciones estatales y que juegan a buscarle esguinces a la ley o a las normas, no puedan ser requeridos por autoridad alguna para que expliquen sus actuaciones, sin que medie la decisión de una de las Cámaras, según sea el caso, de levantar la inmunidad, que hoy propone Restrepo regresarle a los honorables padres de la patria.
La propuesta de Restrepo no sólo es perversa, ofensiva e improcedente, sino que pone de presente la base ética con la cual, muy seguramente, actúa el propio ex comisionado de paz. Desde la ética de Restrepo es fácil colegir, entonces, que inmunidad es sinónimo de impunidad.
Da francamente terror escuchar este tipo de propuestas, cuando lo que se espera son iniciativas para asegurar que la acción estatal y las instituciones jurídico-políticas que lo componen, trabajen para garantizar el bien común de todos los asociados.
De aceptarse la propuesta de Restrepo, estaríamos legitimando el delito, el concierto para delinquir, la corrupción y la cooptación mafiosa de las instituciones del Estado. Nadie puede estar por encima de la ley, pues para eso se reconocen fueros para que distintas instancias puedan investigar y castigar a los funcionarios públicos que delincan.
Resultaría lamentable, pero perfectamente posible en las actuales circunstancias, que los delincuentes de cuello blanco que se refugiaron y se refugian aún en corporaciones como el Congreso de la República, caminen impunes y libres a pesar de haber violado la ley. Sería una estocada más a la ya maltrecha institucionalidad colombiana.
Luis Carlos Restrepo, presidente de la agrupación política conocida como partido de la U, propuso revivir la inmunidad a los congresistas colombianos, en un afán por evitar más detenciones por sus vínculos con los paramilitares. El evento que desató la ira del señor ternura fue la captura de la hoy ex congresista Zulema Jattin, quien acaba de renunciar a su curul, con el objetivo de evitar ser investigada por la Corte Suprema de Justicia. Sería el regreso a la constitución de 1886, referente histórico, jurídico y político que encanta a la godarria más extrema de este país y salvaguarda de quienes han usado, de tiempo atrás, la constitución y la ley para beneficio propio.
En las actuales circunstancias, la propuesta de Restrepo significa asegurar la impunidad para aquellos miembros del Congreso que han hecho de la política el mejor camino para delinquir, para violar la ley, aliándose como criminales, para reformar el Estado, desplazar y asesinar campesinos y para concentrar el poder en pocas manos.
Sin duda, es el mundo al revés. Deberíamos discutir, por ejemplo, una política criminal en la que los funcionarios públicos puedan ser juzgados con severidad puesto que representan la confianza que cientos de ciudadanos depositan en ellos en unos comicios.
Además, quienes utilizan su investidura para enriquecerse o para beneficiar a terceros, deberán soportar no sólo las decisiones de quienes les juzguen, sino el desprecio y el señalamiento moral de los ciudadanos que votaron por ellos, de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios. Y en cuanto a aquellos electores, cómplices de los elegidos funcionarios públicos (congresistas, diputados o concejales), se esperaría, por lo menos, un acto de arrepentimiento por haber ayudado a consolidar la corrupción al interior de importantes corporaciones públicas.
Es un imperativo del Estado salvaguardar no sólo el interés general, sino las buenas costumbres de los ciudadanos, especialmente de quienes cumplen funciones públicas. No puede ser posible que los ciudadanos mejor preparados, aquellos que conocen a la perfección la lógica de las contrataciones estatales y que juegan a buscarle esguinces a la ley o a las normas, no puedan ser requeridos por autoridad alguna para que expliquen sus actuaciones, sin que medie la decisión de una de las Cámaras, según sea el caso, de levantar la inmunidad, que hoy propone Restrepo regresarle a los honorables padres de la patria.
La propuesta de Restrepo no sólo es perversa, ofensiva e improcedente, sino que pone de presente la base ética con la cual, muy seguramente, actúa el propio ex comisionado de paz. Desde la ética de Restrepo es fácil colegir, entonces, que inmunidad es sinónimo de impunidad.
Da francamente terror escuchar este tipo de propuestas, cuando lo que se espera son iniciativas para asegurar que la acción estatal y las instituciones jurídico-políticas que lo componen, trabajen para garantizar el bien común de todos los asociados.
De aceptarse la propuesta de Restrepo, estaríamos legitimando el delito, el concierto para delinquir, la corrupción y la cooptación mafiosa de las instituciones del Estado. Nadie puede estar por encima de la ley, pues para eso se reconocen fueros para que distintas instancias puedan investigar y castigar a los funcionarios públicos que delincan.
Resultaría lamentable, pero perfectamente posible en las actuales circunstancias, que los delincuentes de cuello blanco que se refugiaron y se refugian aún en corporaciones como el Congreso de la República, caminen impunes y libres a pesar de haber violado la ley. Sería una estocada más a la ya maltrecha institucionalidad colombiana.
1 comentario:
Estamos de acuerdo: A mayor dignidad, mayor responsabilidad. Por lo tanto las sanciones deberían ser las más drásticas y los juzgadores los más altos. Nada de renunciar, para que un juez inferior los juzgue, como se volvió costumbre aquí. Boquete lamentable abierto por jurisprudencia de la misma Corte.
Y qué decir del descaro de la propuesta de impunidad! Y de la cara de "ofendida" de la detenida! No hay derecho! Y a ésos los van a reelegir!
Claudia
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