Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La degradación
del conflicto armado interno colombiano, así como la reorientación ideológica
de los actores armados enfrentados, en especial las guerrillas, se originó, en
buena medida, por el lucrativo negocio del narcotráfico. No quiere decir que
otros factores[1]
no hayan incidido en la pérdida del sentido revolucionario y para muchos, emancipatorio
y liberalizador que enarbolaron las guerrillas en los primeros años de lucha
contra el Estado colombiano.
Después de
fallidos procesos de paz, hoy, en el actual proceso de negociación que se
adelanta en La Habana, se vislumbran cambios, a juzgar por lo acordado hasta el
momento y que se puede leer en el Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones,
que sobre los dos primeros temas de la Agenda de Negociación, circuló
masivamente.
Ya fueron
abordados los puntos 1 y 2, que corresponden a los temas la cuestión agraria y
participación política, sobre los cuales ya hay acuerdos importantes que de
manera relacional se tocan con el tercer punto a abordar, los cultivos de uso
ilícito y el narcotráfico. Dentro de los elementos conexos, especialmente con
el punto 1, que hace referencia a la cuestión agraria, aparecen el medio
ambiente y el desarrollo rural, necesariamente afectados por la lucha que
contra el narcotráfico y la siembra de cultivos de uso ilícito, viene librando
el Estado colombiano, por la presión de la llamada ‘Comunidad Internacional’ y
con la ayuda de los Estados Unidos.
En el documento
Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones, se lee que: “lo acordado reconoce y se centra en el papel
fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo
del campo, la promoción de diferentes formas
de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la
dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la
preservación del medio ambiente”[2].
Justo sobre este
último elemento es que debe girar la discusión alrededor de la necesidad de
darle un tratamiento distinto al problema de las drogas, pero especialmente a
la erradicación de los cultivos de uso ilícito, como la coca, amapola y
marihuana, combatidos a través de la erradicación manual, la aspersión de
glifosato, con la clara criminalización de las comunidades que sobreviven de su
siembra y recolección.
Por estar
directamente relacionadas y beneficiarse de la siembra de coca, marihuana y
amapola, así como de su aprovechamiento y de la distribución a gran escala de
narcóticos, las Farc nuevamente le presentan al país su propuesta de
sustitución de cultivos de uso ilícito, en el contexto de conversaciones de paz
con el Estado colombiano. La primera propuesta fue presentada por las Farc
durante el proceso en el Caguán. Ahora, retomaron dicha propuesta y la
presentan al país para su discusión pública y privada.
Es
de vital importancia analizar la propuesta presentada por los negociadores de
las Farc, en torno al complejo y espinoso asunto de las drogas y los cultivos
de uso ilegal. Y es así, porque la lucha contra el narcotráfico y la siembra de
monocultivos de marihuana, coca y amapola tiene, en la dimensión internacional,
a su más complejo contexto, por cuanto la política antidrogas de los Estados
Unidos ha sido impuesta y aplicada en Colombia, sin tener en cuenta
circunstancias culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas.
Política
esta que ha terminado por atizar el conflicto y profundizar, incluso, los
problemas que desde esas mismas dimensiones, legitimaron el levantamiento
armado y de alguna manera sostienen la histórica legitimidad alcanzada por las Farc,
en territorios golpeados por la pobreza, la exclusión y por la nula o
ineficiente presencia del Estado, a lo que se suman los efectos, negativos y
positivos, que dejan la siembra de dichos cultivos y la fumigación con glifosato.
La
propuesta fariana se titula “Programa Nacional de sustitución de los
usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana”.
Se expondrán varios apartes del documento, seguidos del análisis propuesto.
En la propuesta
del grupo insurgente se busca “generar
condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades
campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, que en la actualidad
derivan su subsistencia precaria de cultivos de hoja de coca, amapola y
marihuana, en un contexto de transformaciones estructurales de la sociedad
rural, propias del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental,
democrática y participativa, que reclaman el país y los desposeídos del campo”[3].
Dentro de los
cinco objetivos propuestos, el primero busca “contribuir a las transformaciones estructurales de la sociedad rural,
propias del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática
y participativa, que reclaman el país y los desposeídos del campo”[4].
Las FARC fincan los
objetivos de su plan, en cambios estructurales de la sociedad rural, asunto que
de no darse, podría dar al traste con las ideas y iniciativas que se den en
torno a la sustitución de los cultivos de uso ilícito, por cultivos de pan
coger, que permitan no sólo garantizar seguridad alimentaria, afectada en
materia grave por el empobrecimiento y pauperización del campesinado y en
general de las condiciones materiales e inmateriales del campo y por la firma
de tratados de libre comercio.
El quinto objetivo señala
que “a través de la intervención directa
del Estado, regular la producción y el mercado de la hoja de coca, la amapola y
la marihuana, con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias,
medicinales, terapéuticas y culturales, a definir en cada caso, así como de sus
posibilidades artesanales e industriales”[5].
Este objetivo tiene, en las
políticas antidrogas de los Estados Unidos y en la Unión Europea, a sus mayores
obstáculos, debido a la clara relación de dependencia política y económica que
por largo tiempo disímiles gobiernos colombianos han establecido tanto con la
potencia económica y militar del norte del Continente, como con varios países que
conforman el bloque económico europeo.
El asunto de
fondo está en el sentido político con el que los gobiernos de Colombia han
asumido la soberanía. Resbalosa categoría que por decisiones económicas, no
sólo mantiene esa dificultad de asirla, sino que alimenta lecturas ideológicas
que terminan por estigmatizar a quienes la agitan como salida para mejorar
condiciones internas o para dar solución a problemas como el narcotráfico y la
siembra de cultivos calificados, de manera unilateral, como de uso ilícito.
Discutir asuntos
propios de un Estado soberano, en el contexto de un Estado liberal promovido
también por las propias Farc, le quitaría un peso ideológico a la discusión y a
la necesidad de, que en medio de un proceso globalizador y globalizante, el Estado
colombiano actúe desde mejores condiciones de soberanía y capacidad de
autodeterminación.
En otros apartes
de la propuesta, las Farc señalan que “con
base en los instrumentos técnicos propios de la referenciación geográfica y de
la cartografía social, se procederá - con la participación directa de las
FARC-EP y de las comunidades involucradas – a la definición de los territorios
y áreas específicas del Programa. Según el caso y de acuerdo con las
definiciones más precisas del Programa, se podrán establecer territorios o
zonas geográficas a priorizar”[6].
Lo anterior
implica, sin duda, una reorientación en la forma como los territorios son
poblados, modificados, transformados y ocupados socialmente. En especial,
porque la participación de miembros de las Farc en la definición de los
territorios en los cuales se aplicara el Programa, muy seguramente generará
molestias, escozor y hasta urticaria, en sectores rurales acostumbrados a
intervenir de manera directa en la ejecución de POT y políticas de desarrollo
rural de Gobiernos locales y regionales, interesados en beneficiar a aquellos
actores de la producción que hayan apoyado económica y electoralmente tanto las
campañas presidenciales y de congreso. Por ejemplo, los intereses de ganaderos,
palmicultores, cafeteros y la agroindustria cañera, entre otros.
Más adelante, el
documento señala que “teniendo en cuenta
que los territorios y zonas objeto del Programase inscriben dentro de un
concepto de desarrollo alternativo para la soberanía y la seguridad alimentarias
de la Nación, éstos serán excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo
abierto y gran escala, o de exploración y extracción de hidrocarburos”[7].
Esto implicará no
sólo un obligado reordenamiento territorial, sino la reorientación de los
destinos de la llamada locomotora minera, que es hoy fuente del Gobierno de
Santos para financiar iniciativas y tareas de posconflicto. Las implicaciones
políticas que este punto demanda, hace que lo propuesto sea inviable o por lo
menos, difícil de realizar en un país que se la jugó por la gran minería,
especialmente desde las dos administraciones de Uribe Vélez, que el gobierno de
Santos dio continuidad.
En la iniciativa
presentada por las Farc en la Mesa de Conversaciones de La Habana, se propone
que la conformación de “Consejos Territoriales del Programa,
integrados por representantes del Gobierno en el nivel departamental, delegados
de los gobiernos municipales, de las FARC-EP, y de los Consejos Comunitarios de
los respectivos territorios. Sus principales funciones consisten en el diseño
concertado del Programa en el nivel territorial, en la definición de las
políticas, de los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así
como en el seguimiento a su ejecución y cumplimiento, atendiendo lo establecido
de los Programas locales”[8].
Lo hay que
preguntarse es quiénes serán estos delegados de las Farc. Acaso Comandantes de
Frente, mandos medios o guerrilleros de base. Quién y cómo velar por la
seguridad de estos. Las Farc buscan, de esa forma, que sus líderes y
militantes, una vez desmovilizados, ocupen espacios políticos y comunitarios en
regiones en donde seguramente tienen una histórica presencia e influencia.
Se trata, sin
duda, de una estrategia política y electoral de regionalización de su proyecto
político, por la vía de la sustitución de cultivos de uso ilícito o por el
contrario, con la legalización de la siembra y aprovechamiento de dichos
cultivos, para uso medicinal (terapéutico) e incluso, recreativo, eso sí, bajo
el control estatal.
Darle valor a
estos espacios de discusión público y de planeamiento, otorgaría a las Farc una
ventaja política y electoral frente a políticos y líderes de otras fuerzas
políticas que históricamente han trabajado, desde la legalidad, en zonas
apartadas de las ciudades principales, para consolidar allí su proyecto
político y la fuerza electoral necesaria para mantenerse vigentes.
Quizás el punto más
polémico de la propuesta de las Farc sea el de la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa. La
desmilitarización daría la oportunidad para el diseño de experiencias
productivas y de vida social, que bien pueden entenderse como propias del
posconflicto, en la medida en que implican la reconstrucción social, ambiental,
económica y política y cultural de zonas en donde el conflicto armado destrozó el
tejido social, modificó sustancialmente las formas de producción de riqueza y
hasta las formas de resolver los conflictos.
El obstáculo estará en la visión de los líderes de las fuerzas militares
y de las fuerzas políticas que consideran que no debe haber territorios vedados
para la fuerza pública, lo que claramente significa un ambiguo ejercicio de la
soberanía. Los opositores hablarán, incluso, de que la seguridad nacional y la
cohesión de la Nación quedarían golpeadas.
No será fácil,
entonces, avanzar en este punto. La propuesta de las Farc ya está en la Mesa de
Diálogo. Ojalá la Academia asuma su papel deliberador y crítico no sólo para
discutir la viabilidad de lo propuesto por la delegación de las Farc, sino para
coadyuvar a generar una opinión favorable en sectores de la sociedad civil, que
muy seguramente se verán afectados por los alcances del mismo programa de
sustitución de cultivos de uso ilícito.
[1] Dentro de esos
otros factores, está el tiempo para haber conquistado el poder, asunto que poco
a poco limitó las oportunidades de la subversión para hacerse con el Estado,
con la consecuente transformación, objetivo político y militar de los
levantados en armas. Cambiar ese orden establecido, históricamente ilegítimo,
ya no fue posible a través del triunfo militar de las guerrillas.
[2] Informe Conjunto de la Mesa de
Conversaciones. Enero 2014. p.6.
http://www.pazfarc-ep.org
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