Por Germán Ayala
Osorio, comunicador social y politólogo
El escándalo de las ‘chuzadas’ a
miembros del equipo negociador del Gobierno, en La Habana, por parte de la
Inteligencia Militar, hizo recordar los episodios vividos durante el gobierno de
Uribe Vélez[1], en los que se
intervinieron las líneas de comunicación de magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, ONG de derechos humanos, periodistas, críticos del Gobierno y
políticos de izquierda, y se seguían de cerca sus movimientos cotidianos.
Muchos periodistas y ciudadanos
del común creen que se trata de los mismos episodios, con las mismas
motivaciones. Pero no. Las circunstancias son distintas y por supuesto, los
propósitos son disímiles.
Empiezo por señalar que lo
sucedido durante el Gobierno de Uribe Vélez responde al uso indebido y criminal
del DAS, como policía política, para perseguir, intimidar y espiar a todos
aquellos funcionarios de la rama judicial, periodistas y líderes de izquierda,
no afectos a ese régimen de terror que durante ocho años funcionó en
Colombia. Eran los tiempos de la
parapolítica y las señaladas relaciones y cercanías de ese Gobierno, con el
paramilitarismo. De igual manera, eran los tiempos de la reelección
presidencial inmediata en la que también hubo ‘mermelada’, así el mandatario
antioqueño lo negara expresando que ‘su
gobierno no compraba conciencias, sino que persuadía’.
La gravedad de lo ocurrido con el
DAS, penetrado por el paramilitarismo, y las interceptaciones ilegales, obligó
al presidente Santos a acabar con dicho Departamento de Seguridad[2]. El
fin era claro: pasar esa página oscura y tenebrosa de nuestra reciente
historia, sin que ello haya significado el desmonte de la infraestructura
técnica, pero sobre todo, del proyecto político e ideológico en el que se soportan
este tipo de actividades ilegales, propias de un proceso de
desinstitucionalización puesto en marcha entre 2002 y 2010.
Pero quizás la mayor motivación
que está detrás de las actividades ilegales develadas por la revista Semana y
de aquellos militares que facilitaron las operaciones de inteligencia militar,
en contra de los negociadores del Gobierno que hoy conversan con la cúpula de
las Farc, radique en el objetivo y quizás necesidad de golpear y hacer fracasar
las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana, Cuba.
De esta manera, no podemos hablar
de un mismo o de un nuevo episodio de interceptaciones ilegales, originadas y
propiciadas desde un organismo del Estado. Ayer fue el DAS, contra específicos
blancos, en un contexto en el que los asuntos del Estado se manejaron por fuera
de la institucionalidad, dado al carácter personal y privado con el que el
entonces presidente Uribe operó su proyecto político, logrando así efectos
claros en el debilitamiento de varias instituciones.
Hoy, por el contrario, fue la
Inteligencia Militar del Ejército la protagonista de un escándalo que deja
entrever que el Presidente Santos no tiene cabal conocimiento y dominio no sólo
de dicha dependencia, sino de un sector del Ejército, que no parece dispuesto a
seguir, y mucho menos apoyar, el proyecto político que deviene con la búsqueda
y consecución de la paz, esto es, el fin del conflicto armado interno. Quienes
actuaron de manera ilegal, desde las huestes de la Inteligencia Militar[3],
deben estar al servicio de un grupo de oficiales activos y de retirados del
Ejército, preocupados por los efectos que traerá en las filas y en general en
las instituciones castrenses, el fin del conflicto armado.
Insisto, no se trata de un
episodio más del uso indebido de la técnica y de las tecnologías propias del
espionaje, dispuestas por todos los Estados del mundo para mantener y
garantizar lo que se llama la Seguridad Nacional. No. Estamos ante un claro
golpe contra el proceso de paz de La Habana, orquestado desde una dependencia
castrense, apoyada, muy seguramente, por altos oficiales del Ejército, que no
están sintonizados con la iniciativa de paz del Gobierno de Santos y muchos
menos, con su reelección.
Los reiterados llamados del
presidente Santos a los militares para que se preparen para el posconflicto,
inquieta a un sector poderoso del Ejército, que aún cree e insiste en ganar la
guerra contra la subversión y por esa vía, mantener jugosos y no auditados
presupuestos, así como el control y el poder, como quiera que las fuerzas militares
son un actor político-electoral decisivo para el mantenimiento del statu quo. Es
en ese complejo contexto en el que hay que entender y ubicar los hechos que hoy
escandalizan al país.
Es necesario y urgente que el
Gobierno de Santos[4] y él mismo, en su calidad
de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas[5],
asuma la tarea de sacar de las filas a todos aquellos militares que están
detrás de lo sucedido en Bogotá. De igual manera, deberá hacer una purga más
amplia que permita llamar a calificar servicios a todos aquellos soldados que
no estén comprometidos con el proceso de paz, el fin del conflicto y por
supuesto, el diseño y consolidación del posconflicto. Es inevitable la
transformación de las fuerzas armadas, en especial, un redireccionamiento de
las fuerzas militares, en especial de la visión y la misión del Ejército. Y
ello tendrá, sin duda, efectos en el presupuesto y en la reducción del número
de efectivos.
El mensaje ya lo recibió el Presidente
Santos. Las fuertes motivaciones políticas que hoy acompañan el espíritu de
lucha de un grupo o de un sector del Ejército, están conectadas con el proyecto
político que el ex presidente Uribe Vélez buscará llevar al Congreso de la
República, con la clara intención de torpedear los acuerdos que se logren en la
mesa de negociaciones. Igualmente, ese ideario político sobre el que operan
ciertas unidades militares, también está conectado con los proyectos políticos
del candidato presidencial del Centro Democrático[6], Óscar
Iván Zuluaga y de la candidata de un sector del Partido Conservador, Martha
Lucía Ramírez.
[1] Leer también: http://laotratribuna1.blogspot.com/2009/02/con-el-das-nos-acercamos-al-estado.html
[2] Hoy se llama Agencia Nacional de
Inteligencia, ANI.
[3] Si bien hay que aplaudir la decisión
del alto mando de remover de sus cargos a dos generales de Inteligencia, se
espera que el Gobierno de Santos llame a calificar servicios y cambie la cúpula
militar. http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-relevan-jefe-de-inteligencia-del-ejercito/376155-3
[4] Esta es la hora en la que el país no
conoce el nombre del oficial que le entregó al ex presidente Uribe, las
coordenadas de un operativo con el que
se logró sacar del país a un miembro de la cúpula de las Farc, rumbo a La
Habana. La revista Semana.com se pregunta: “Será tarea de la
justicia averiguar para quién y por qué funcionó 'Andrómeda' y si se trata
de ruedas sueltas en el Ejército. “Cuando todo esto se sepa van a pasar dos
cosas. Lo primero es que lo van a negar, como pasó con el DAS al comienzo. Y la
segunda es que, a diferencia del DAS, que con el tiempo se supo lo que pasó,
esto es el Ejército y el rasero es muy distinto. Si esta es la hora en que no
han dicho quién le dio las coordenadas al presidente Uribe, imagínese si existe
alguna posibilidad de saber quién ordenó y recibió todo lo de 'Andrómeda'”,
concluye uno de los militares consultados por Semana.com”. http://www.semana.com/nacion/articulo/alguien-espio-los-negociadores-de-la-habana/376076-3
[5] Véase Título VII, De la Rama
Ejecutiva, Capítulo 1. Del Presidente de la República. Constitución Política de
Colombia.
[6] Antes
se llamó Puro Centro Democrático (PCD). Luego, Uribe Centro Democrático (UCD).
Por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), se autorizó su registro en
el tarjetón como Centro Democrático (CD). Se trata de otra micro empresa
electoral.
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