Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Para combatir la guerra con una posibilidad remota, pero real de éxito,
es necesario comenzar por reconocer que
el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo social,
como la interdependencia misma, y que la noción de una sociedad armónica es una
contradicción en los términos. La erradicación de los conflictos
y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable, ni
deseable; ni en la vida personal - en el amor y la amistad-, ni en la vida
colectiva. Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en
el cual los conflictos puedan manifestarse
y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión
del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo[1]
El desarrollo y
evolución del conflicto armado interno ha de servir para reconocer que el
Estado y la sociedad colombianas no sólo son premodernos desde la perspectiva
de una lejana euro modernidad que, como discurso unívoco dejó por fuera
realidades y dinámicas de orden local, regional[2] y nacional, sino que el país mismo no
es uno solo en la medida en que a la noción de Estado unitario se le contrapone
culturalmente un mixtura regional que hace posible señalar que dentro del
territorio nacional conviven disímiles formas de vida que hacen viable y le dan
sentido de realidad a la expresión Colombia,
país de países o país de regiones[3].
Expresión esta que
explicita las dificultades históricas para consolidar un proyecto de nación que
recoja y aglutine en un discurso nacional mitos fundantes que permitan recoger
la vida de costeños del Atlántico[4]
y del Pacífico, nariñenses, antioqueños, tolimenses, vallecaucanos, caucanos,
chocoanos y aquellos otros colombianos que viven en las extensas llanuras y
selvas de departamentos como el Guaviare, Caquetá, Arauca, Guainía y Amazonas,
entre otros, dispersos por iniciativas de desarrollo concentradas en la región andina, ancladas a su vez a los poderes de la
élite bogotana y de las élites regionales de departamentos ubicados en la zona
de los Andes. Estas iniciativas de desarrollo andino aseguraron el atraso de
otras zonas del país como la de los Llanos Orientales, y poblaciones enteras
asentadas en el Chocó Biogeográfico, particularmente la región pacífica.
Lo cierto es que
en medio de un desarrollo desigual, el conflicto armado interno jamás alcanzó
un carácter nacional y una dimensión de guerra generalizada que pusiera en
crisis el Establecimiento. Por el contrario, la guerra irregular se ubicó y se
entronizó en territorios en donde el Estado históricamente ha brillado por su
ausencia y terminó por afianzar prácticas políticas y económicas con las que una
reducida élite bogotana y sus réplicas regionales lograron legitimarse hacia
adentro y hacia fuera, al tiempo que las guerrillas perdían apoyo popular por
las transformaciones internas[5]
y por los cambios internacionales que se dieron, especialmente en la adopción
indiscutida de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos[6].
Por ejemplo, el
departamento del Cauca y los corredores estratégicos entre el norte del Cauca,
sur del Valle del Cauca y las salidas al mar Pacífico se erigen como zonas
especiales de orden público por las disputas que se dan entre actores armados,
por el control del tráfico de drogas. Igualmente, el sur del país es de tiempo
atrás teatro de operaciones tanto de la fuerza pública, como de las fuerzas
insurgentes y contra insurgentes que se disputan no sólo rutas de narcotráfico
y laboratorios de procesamiento de drogas ilícitas, sino amplios territorios
biodiversos[7] afectados por bombardeos
de la fuerza pública, por la construcción de campamentos guerrilleros y por
prácticas agroindustriales, especialmente manejadas por grupos de poder económico
y político que contaron en el pasado con el apoyo irrestricto de los
paramilitares.
De esta forma, la
guerra interna de Colombia ha tenido disímiles manifestaciones, expresiones y
consecuencias. Por tratarse de un conflicto altamente periférico, hay regiones
históricamente signadas por los efectos de los cruentos enfrentamientos entre fuerza
pública, paramilitares y grupos subversivos. Caquetá, Putumayo, Huila, Nariño,
Guaviare, Meta, Tolima, Cundinamarca y Cauca son departamentos en los cuales el
conflicto interno tuvo y tiene aún mayores efectos, dada la intensidad de los
combates, en relación con otras jurisdicciones territoriales en las que la
guerra irregular no ha tenido un ímpetu igual o similar.
La guerra interna
colombiana, entonces, no sólo es la
respuesta a modos de violencia, exclusión política, social y económica, sino a
la debilidad de un Estado y de una sociedad en general y civil en particular, que al hacer parte y convalidar un orden
político que exhibe graves problemas para erigirse como un referente moral y
guía para que sus asociados, hicieron posible la naturalización de múltiples
formas de violencia. Al final, la sociedad en general se erige dispersa,
escindida e incapaz de coadyuvar a la consolidación de un orden social y político
distinto, por lo menos en aquellas regiones en las que el conflicto armado no
ha hecho presencia significativa. Lo cierto es que el país exhibe al mundo y
hacia su propio interior, procesos civilizatorios incapaces de minimizar el
riesgo de vivir juntos y de compartir, desde las diferencias, un mismo
territorio.
La histórica
incapacidad del Estado nacional para erigirse como un orden político de alcance
nacional se explica a través de la frase Colombia
es más territorio que Estado[8]. Es decir, el poblamiento
del territorio no se dio de manera homogénea y mucho menos obedeció a
iniciativas locales y regionales articuladas a un proyecto político convergente
en una sola idea de Nación. No.
Baste con leer lo
que en el propio Plan Nacional de
Desarrollo del Gobierno de Santos, 2010-2014 se dice sobre el desigual
desarrollo y las deficitarias instituciones del Estado, para comprender el
alcance de dicha sentencia de que Colombia
es más territorio que Estado.
“En términos de ingreso, las
disparidades se hacen evidentes. En efecto, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca,
Santander, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Casanare, Boyacá, Tolima y Córdoba
generan el 80% del ingreso nacional. Por su parte, los PIB per cápita de
Casanare y Bogotá son 4,3 y 1,6 veces el de Chocó, cuyo ingreso per cápita es
el más bajo en el país. Estas diferencias económicas indican que para lograr la
convergencia en las condiciones básicas para el desarrollo es necesario
impulsar más aceleradamente las potencialidades económicas de los departamentos
rezagados. Las brechas más significativas entre departamentos se presentan en
los procesos productivos, los departamentos más competitivos del país se
concentran en el centro del país y ocupan los primeros lugares en el escalafón
de competitividad, con excepción del departamento de Atlántico, en el Caribe,
que se ubica en el quinto lugar. Las mejores capacidades institucionales
municipales se concentran en el centro del país especialmente en Bogotá, y el
departamento de Cundinamarca, parte de Antioquia y el sur de Boyacá y en los
departamentos que conforman el Eje Cafetero y el departamento del Valle. La
mayor parte de los departamentos presentan municipios con capacidades
institucionales bajas relacionadas directamente con altos niveles de pobreza.
Hay zonas del país en las cuales las tendencias en los niveles de capacidad
institucional municipal son uniformes, caracterizando departamentos donde el
común denominador son indicadores de pobreza preocupantes y niveles de
capacidad institucional bajos. Este es el caso en Amazonas, Guaviare, Guainía,
Vaupés y Vichada, a los cuales se les suma la mayoría de municipios de la costa
pacífica, especialmente los del departamento del Chocó y algunos del Cauca y
Nariño”[9].
Por el contrario,
las dinámicas de poblamiento estuvieron y están aún ancladas a intereses de
clase y de liderazgo político claramente andinos, esto es, determinados
geográfica y culturalmente por aquellas familias tradicionales que desde Bogotá,
la capital del país, intentaron, con relativo éxito, desarrollar el país y
mantener la cohesión de regiones geográfica, cultural (perfiles étnicos
distintos), social, política y económicamente diferentes.
Como país de regiones[10], el
Estado colombiano ha enfrentado un reto mayúsculo: consolidarse mediante un
concepto de Nación que convoque a todos los sectores societales y de una acción
estatal que, si bien respete y reconozca las diferencias regionales, coadyuve a
fortalecer la idea de la existencia de un sólo orden social al servicio de todos los ciudadanos sin
distingo de raza, condición social, religión, idea política y menos aún, por el
origen regional.
Los desarrollos regionales son desiguales, justamente
porque no ha existido una noción compartida de lo que debe ser el Estado. Hay
ideas remotas de lo que debe ser, por ejemplo, en los antiguos territoriales
nacionales, pues allá la imagen estatal se refunde en maniguas y ecosistemas
hídricos por la acción violenta, tanto del propio Estado, como de actores
armados ilegales.
El centralismo bogotano compite con fuerzas
electorales, con caciques y gamonales, y con élites regionales que tienen una
particular concepción de lo que debe ser el Estado, idea que se expresa en la
frase: Estado para unos pocos. Huelga
decir, que ese mismo centralismo es la expresión de una élite que
históricamente ha vivido y se ha enriquecido de la función pública y ha dado
ejemplo de cómo se pueden someter los recursos públicos y el interés colectivo,
connatural al ejercicio estatal, a sus conveniencias e intereses. En esa línea,
el Estado colombiano deviene capturado por grupos de interés y de poder. De
esta manera han evitado que el Estado se consolide como un orden viable, con
instituciones fuertes y con un sentido amplio de lo colectivo.
Así entonces, no hay una doctrina de Estado sobre la
cual la sociedad colombiana pueda pensar su devenir y proyectar su futuro. Hay
una variedad de juicios alrededor de lo que debe ser el Estado, sujetos, claro
está, a las acciones privadas de élites y de grupos que emergen asociados a
actividades lícitas e ilícitas, teniendo como principio orientador someterlo y
crear uno que se ponga a su servicio, así el costo sea la disgregación del
Estado como único orden social, político y económico. Por ello, actividades
como el narcotráfico, proyectos agroindustriales, el desarrollo empresarial y
fenómenos como el paramilitarismo, comparten la idea de que entre más precario
sea el Estado, mejor para los intereses de quienes han creado, desde la
legalidad o la ilegalidad, verdaderos paraestados
que se oponen a la consolidación de un único referente de orden.
Como referente de unidad social y cultural el Estado
colombiano está colapsado. Como referente político, ese mismo Estado sobrevive
porque hay una acción política vigorosa, desde lo electoral -clientelismo- y
desde la construcción de forzosos consensos que, claramente, benefician a
quienes, desde la tradición y la violencia física y simbólica se erigen como
sectores poderosos que sostienen el aparataje estatal, a pesar de su notable y
evidente ilegitimidad. Además, existe Estado porque hay la suficiente fuerza
represiva para enmascarar su crisis y porque hay una actividad económica capaz
de sostener tanto a dicha fuerza represiva como al mismo referente de orden[11].
Así entonces, y en
medio de un conflicto armado interno de relativa presencia nacional,
“las
regiones en Colombia, y en este sentido, las comunidades y pueblos, enfrentan
un conjunto de problemáticas, muchas de ellas relacionadas con las paradojas
del proceso de globalización, que privilegian las demandas del mercado mundial
sobre las débiles capacidades del mercado local e interno; se suma a lo
anterior, un conflicto armado que ha precarizado la vida de muchos colombianos,
así como los altos niveles de corrupción y los pésimos manejos del erario,
fallidas y débiles decisiones para afrontar la pobreza, la marginación y la
exclusión, la inequidad y la desigualdad territorial en términos de atención
del Estado; también, la falta de claridad sobre un ordenamiento territorial que
permita generar mejores condiciones de vida y protección a los pobladores,
infraestructuras insuficientes para mejorar la movilidad y cobertura de
servicios básicos, sociales y educativos, entre otros más”[12].
El conflicto en el Valle del Cauca y Cauca
La naturaleza periférica
del conflicto armado, las estructuras de poder emergentes y tradicionales y las
correlaciones de fuerza entre actores de la sociedad civil al interior de cada
departamento y municipio, así como la ubicación geoestratégica de las guerrillas
en zonas selváticas y agrestes, entre otros elementos; y las dinámicas mismas
del narcotráfico y las relaciones establecidas con los actores armados, en
especial con paramilitares y guerrilleros permiten que el desarrollo de la
guerra interna no obedezca a una lógica lineal y uniforme en la perspectiva de
un conflicto armado de carácter nacional. Por el contrario, la guerra irregular
colombiana tiene disímiles expresiones regionales que obligan al diseño de
ejercicios investigativos, comprensivos y comparativos, que permitan hallar diferencias entre las formas en las que el conflicto
armado se ha presentado en zonas como el Valle del Cauca, Nariño y Cauca, así
como a lo largo de la llamada zona del Chocó Biogeográfico.
Se suman a estos actores y
circunstancias contextuales regionales, el latifundio y la concentración de la
tierra en pocas manos, así como las dinámicas de poblamiento, soportadas
especialmente en el crecimiento de urbes intermedias como el caso del Valle del
Cauca, que establecen, por ejemplo, claras diferencias con el departamento del
Cauca cuyo desarrollo urbano se circunscribe casi de forma total a la ciudad de
Popayán, su capital, lo que de inmediato pone de presente una relación con un
mundo rural en el que además hacen presencia indígenas y comunidades
afrocolombianas golpeadas fuertemente por los actores armados y los
enfrentamientos armados; igualmente, esas mismas comunidades ancestrales hoy son
acosadas por los conflictos socio ambientales que viene generando la aplicación
de una política ambiental, correlato de una apuesta de desarrollo extractivo
imperante en Colombia de tiempo atrás, pero alcanzó mayor auge en los dos
periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y los primero cuatro
años de la administración de Santos Calderón (2010-2014).
De esta manera Gonzalo
Sánchez y otros autores caracterizan la zona norte del Cauca y el Cauca
indígena:
“Caracterizada por una liturgia de procesiones y adoraciones por caminos
y veredas, manifestación de una forma de catolicismo moldeado por el legado
africano y por la historia de la esclavitud, la cultura de la zona plana del
norte del Cauca también acusa gran énfasis
en la familia matrilineal extendida y en los grupos de edad. En su forma
menos quebrantada, está representada por
los miembros de un enclave de pequeños
propietarios cuyos orígenes se remontan
a los de las haciendas esclavistas. Dentro de ellas, los negros cimarrones
formaron palenques y los esclavos abrieron chagras que manejaron comunalmente. Una vez abolida la esclavitud,
se consolidaron sobre algunas de esas tierras, gracias a su propia tenacidad y
a que los terratenientes conservadores habían tenido que abandonar la región
por la situación política. A partir del decenio de 1890, son víctimas de asedios
periódicos, muchas veces violentos, impulsados por empresas cultivadoras de
caña o soya para ampliar sus dominios. Momentáneamente, la descampesinación de
este enclave se ha detenido a causa de
factores externos, como el afianzamiento de una relación simbiótica entre
campesinos y agroindustria…”[13].
En lo que respecta al
departamento del Cauca, la historia y los académicos reconocen la presencia
activa y digna de comunidades indígenas que se resisten no sólo al paso y a la
presencia permanente y semi permanente de los actores armados, sino a los
embates socio culturales y a los procesos de hibridación que se generan por el
permanente intercambio con el mundo urbano de ciudades intermedias y grandes,
cercanas a zonas de resguardo, entre ellas, por supuesto, Cali, Popayán y
Santander de Quilichao; igualmente, las comunidades indígenas se oponen a
iniciativas desarrollistas que llegan de la mano de la proyectos
agroindustriales, de las propias dinámicas que impone el narcotráfico y de la
minería, actividad económica convertida hoy en el mayor reto cultural,
ambiental, social y económico que enfrentan las comunidades indígenas asentadas
en el Cauca.
“El enclave indígena más numeroso y fuerte del país está localizado en
el departamento del Cauca… Las etnias más representativas son las de los
guambianos y los paeces, con 10.000 y 100.000 almas, respectivamente. La
primera es una sociedad nucleada, con centro en el resguardo de Guambía…Los
paeces, por su parte, están asentados principalmente en Tierradentro, viven más
dispersos. La resistencia de ambas etnias a la conquista es legendaria. Terminó
en el siglo XVII cuando Juan Tama aceptó el régimen del resguardo y cabildos, que sus descendientes voltearían
en contra de la dominación ibérica. De ahí en adelante, complementadas con las
mingas, las dos instituciones han encarnado la etnicidad caucana, conforme
puede apreciarse en las plataformas que guiaron
las luchas de Manuel Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez durante los decenios
del 20 al 40, así como el programa que en 1971 le dio vida al Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC): 1. Recuperación de las tierras de resguardo. 2.
Ampliación de los resguardos. 3. Fortalecimiento de los cabildos indígenas. 4.
Eliminación del terraje. 5. Divulgación de las leyes indígenas y exigencia de
su cumplimiento. 6. Defensa de la historia, lengua y costumbres indígenas. 7.
Formación de profesores para educar a los indígenas de acuerdo con su situación
y lengua”… Pero los <> del Cauca siempre habían
considerado a los indios como <>”[14].
Las circunstancias en las
que deviene la convivencia entre disímiles etnias dentro de un mismo
territorio, a las que se suma el valor
político, social y cultural que las comunidades indígenas del Cauca le dan a la
figura jurídica de la jurisdicción especial indígena[15]
consagrada en la Carta Política; y las que aportan los desarrollos desiguales
entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca y las que construyen las
dinámicas de un conflicto armado interno, han permitido que desde Bogotá dicho
departamento sea mirado como un territorio problema en donde la legitimidad del
Estado es débil y las relaciones con comunidades indígenas[16],
especialmente, sobrevienen en medio de una mutua desconfianza y estigmatización
desde huestes gubernamentales que asumen
la cultura indígena como pre moderna, como un obstáculo para el avance del
progreso y cercanas al ideario de las guerrillas que hacen presencia en el
territorio caucano.
En el informe Pacificar la
paz se confirman las anteriores circunstancias contextuales y se listan otras
que terminan por confirmar que el Cauca es, de tiempo atrás un territorio en
disputa lo que de inmediato pone de presente la crisis del Estado como orden
perenne y una conflicto étnico no declarado, en el que claramente sobresale la
animadversión cultural de una reducida élite ‘blanca’ y mestiza que mira con
desdén a los indígenas.
Entre tanto, como veta de
investigación, llama la atención la no aparición del Valle del Cauca en este
informe, asunto que confirma las disímiles condiciones en las que el conflicto
armado se ha manifestado a lo largo de 50 años.
En dicho informe se lee:
“Este departamento se caracteriza por una heterogeneidad cultural y
social contradictoriamente expresada en
discriminación a los indígenas y campesinos, y en la falta de participación
política y económica del conjunto de los ciudadanos. En el primer sentido, la élite regional mantiene una desconfianza
tradicional frente a la capacidad de los citados sectores étnico y social para
gestar el desarrollo a través de sus propias organizaciones; y peor aún,
algunos reproducen visiones que criminalizan a los movimientos sociales,
obstaculizando así su participación política. Los mismos movimientos sociales,
por su parte, han estado interferidos por los tradicionales mecanismos de
cooptación de las redes clientelistas y por los esquemas de una izquierda
atrapada en el conflicto armado. La
exclusión de buena parte de la población de la toma de decisiones económicas y
políticas ha facilitado la desviación y la concentración de los recursos
estatales en favor de unos pocos sectores privilegiados de la sociedad caucana;
los recursos y los esfuerzos locales se han dirigido hacia la meseta de Popayán,
donde hay una gran variedad de cultivos
agrícolas, y hacia el norte del departamento, donde los ingenios del Valle
desarrollan una economía de enclave. La riqueza relativa de esta zona contrasta
con la pobreza y miseria en que están sumidas las comunidades campesinas e
indígenas del sur, los colonos de la zona del Pacífico, donde no existe ningún
tipo de presencia estatal… Finalmente, la exclusión política y la presencia de
la guerrilla contribuyeron a que los conflictos se resolvieran violentamente”[17].
Pacífico
En la extensa zona del
Chocó Biogeográfico, que va desde el sur del país, hasta los límites con
Panamá, subsisten comunidades indígenas, mestizas y afrocolombianas en medio de
conflictos socio ambientales generados por un modelo de desarrollo extractivo
que se expresa a través de actividades productivas como la minería[18],
en todas las escalas, la explotación maderera, pesquera, la ganadería y el
desarrollo de proyectos agro industriales. Una importante porción de este
territorio está jurídica y políticamente bajo la figura de la propiedad
colectiva, que cobija estrictamente los territorios rurales en los que habitan
comunidades afro e indígenas. “Sin embargo, la fuente de mayor
inestabilidad es la economía de enclave
que ha dominado a la región…”[19].
Dentro de esa estratégica
zona aparece Buenaventura, la ciudad puerto, sumida en la pobreza, la
violencia, el abandono estatal y en general, en profundas contradicciones socio
ambientales.
Buenaventura, como
espacio geográfico, arrastra años de abandono
y debilidad institucional, en el marco de prácticas racistas y de exclusión
étnica aupadas desde actores políticos, sociales y económicos asociados a una
‘cultura blanca’ (mestiza) que colonizó el territorio y hasta cierto punto
aprovechó las débiles organizaciones raizales y locales, con el claro propósito
de someter la cultura afrocolombiana a las lógicas de un proyecto de desarrollo
atado de manera exclusiva a la explotación de los recursos naturales y al
aprovechamiento de las instalaciones portuarias, en desmedro de la vida y de la
cultura de cientos de miles de ciudadanos afrocolombianos.
Elementos
para el diseño de escenarios de Posconflicto desde y para la Región[20]
En el contexto de una campaña electoral que
transcurre en medio de escándalos y pugnaces enfrentamientos entre los
candidatos más opcionados de la derecha y la ultraderecha colombiana y en medio
de las incertidumbres políticas que generan los acuerdos parciales en tres
puntos de la Agenda de Paz que se discute en La Habana, bien vale la pena
pensar, desde Cali y la región del suroccidente elementos y circunstancias que
permitan diseñar escenarios de posconflicto, así la guerra interna mantenga
vivas sus dinámicas.
La reconstrucción física, simbólica y cultural es un
elemento sustancial para pensar escenarios de posconflicto, especialmente si
tenemos en cuenta que la guerra degradada en Colombia tiene efectos negativos
en la construcción de representaciones sociales (RS) e imaginarios colectivos
con los que los ciudadanos se explican no sólo el conflicto mismo, sino la
vida, lo público, el papel del Estado y de la sociedad. RS e imaginarios que
devienen en actitudes y acciones de rechazo de la ciudadanía frente a las
autoridades, y en general en prácticas sociales propias de semi fallidos
procesos civilizatorios dados en Cali y Buenaventura, entre otras ciudades
desiguales, violentas y segregadoras.
Parte de lo que hay que reconstruir en nuestro país
es la confianza entre el Estado y la sociedad, así como entre las autoridades
de justicia, aquellas con capacidad de coerción y los ciudadanos.
Para lograrlo, se debe contar con el concurso
decidido de las fuerzas vivas de la
sociedad civil caleña y
vallecaucana en aras de construir y consolidar experiencias de reconstrucción
del tejido social afectado directa o indirectamente por las acciones de actores
armados con carácter político, o de
aquellos grupos calificados como delincuencia común; e incluso, por las
afectaciones provocadas por las decisiones de grupos de poder privado, así como
por las acciones de autoridades estatales que por acción u omisión afectaron y
afectan la vida y la tranquilidad de comunidades urbanas y rurales.
De allí que en el marco de la reconstrucción o de la
generación de confianza entre el Estado y la sociedad es urgente replantear la
visión y la misión de la Policía, en especial eliminar la idea de que los
problemas de violencia urbana y de convivencia en ciudades como Cali, se
solucionan exclusivamente con el aumento del pie de fuerza. Anexo a este cambio,
es igualmente urgente que la autoridad militar y policial se someta al poder
civil para que el alcalde de Cali lidere las políticas de seguridad y
convivencia a implementar.
Resulta inaceptable que decretar el plan de desarme
dependa de la voluntad del comandante de la Brigada. Ese elemento claramente se
apoya en un Estado y una sociedad militaristas, lo que va en contravía de los
propósitos planteados para asegurar la reconstrucción de las relaciones entre
el Estado y la sociedad.
Todo lo anterior apunta a asegurar experiencias de
posconflicto en las que el riesgo de vivir juntos sea minimizado con procesos
de socialización sólidos, sostenidos en principios democráticos de respeto a la
diferencia, anclados a un proyecto educativo que no sólo enseñe a hacer, sino a
pensar a niños, adolescentes y adultos en que es posible vivir juntos.
Para lograrlo, se requiere que todos compartan
referentes éticos y morales construidos y propuestos por el Estado y la
sociedad, en una conjunción basada en la confianza y el respeto. Por ello, es
necesario liberar al Estado local, regional y nacional de las mafias
clientelares que lo tienen ‘capturado’; amparadas muchas de ellas por miembros
de una élite política, social y económica que debe erigirse como un actor
importante para pensar, por fin, un proyecto regional de Nación que sirva de
ejemplo para el Gobierno central y el resto de la sociedad colombiana.
Así entonces, mientras el proceso de paz de La Habana
avanza y el país define la continuidad o
no del Gobierno de Santos, es urgente que las autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, con el concurso de la Academia y de otros sectores y grupos de
interés se sienten a revisar las formas como el orden social y político
funciona de tiempo atrás y las responsabilidades que cada actor debe asumir
frente a los problemas de convivencia que afrontan ciudades como Cali y
Buenaventura, para citar dos ejemplos.
El caso
Cali
La capital del Valle del Cauca deviene en una especie
de imán que atrae a inmigrantes de todas partes del país, pero especialmente de
la zona suroccidental y del Pacífico. Colombianos que huyen de la violencia o
que buscan mejores de vida en una ciudad vista como una posibilidad real para
‘progresar’.
La historia de Cali señala que
“Al iniciarse el siglo XX comienza un arduo
despegue hacia la modernización… La consolidación de un sector social
agropecuario y comercial, la construcción del Ferrocarril del Pacífico y la
extensión de la infraestructura fluvial
y luego carreteable, provocaron el despegue. Sólo la crisis de 1929-1932
interrumpió transitoriamente esta marcha
hacia el progreso…Creció, entonces,
la población de la ciudad con base en las inmigraciones. La generación de
empleo, los salario relativos favorables y también la violencia en el entorno,
actuaron como atractores de población. Creció la ciudad a golpe de invasión de
terrenos, pero también de construcciones legales… Y cambiaron las estructuras
sociales, las mentalidades, la moral, la cultura y los patrones de consumo[21].
Con el paso del tiempo Cali se convirtió en una urbe
dinámica, sobre la que se construyeron imaginarios colectivos que daban cuenta
de una ciudad próspera, con un clima agradable y con una población alegre.
A pesar de los efectos negativos de un crecimiento
urbanístico desordenado y sin mayores criterios ambientales, el resto del país
acogió esos imaginarios y ayudó a consolidar otros. Luego Cali sería la capital deportiva de América, apelativo
ganado por la realización de los Juegos Panamericanos de 1971, hito deportivo
que sirvió de impulso para el crecimiento urbanístico y el mejoramiento de sus
instalaciones viales; también sería Cali,
la sucursal del cielo y la Capital
mundial de la salsa otros dos imaginarios con los cuales las autoridades
municipales y los caleños progresivamente aceptaron la idea de una ciudad-marca
con la que fue posible ocultar el crecimiento de desordenado de la ciudad hacia
la ladera y hacia el oriente de la ciudad, convertidos en lugares propicios
para el nacimiento y consolidación de asentamientos subnormales o asentamientos
de desarrollo incompleto. Estas formas irregulares de poblamiento permiten hoy
clasificar a Cali como una ciudad segregadora[22], tal
y como lo ha demostrado el profesor Harvy Vivas Pacheco.
Vivas Pacheco
concluye que,
“De
acuerdo con los resultados de los índices y métricas utilizados en este estudio
se puede apreciar que la ciudad de Cali es altamente segregada en su composición socio-demográfica y presenta
fuertes indicios de asociación entre las unidades espaciales que conforman clusters homogéneos en la métrica de
densidad de capital humano. Una de las novedades de este estudio consiste en la
construcción de índices locales de segregación, que vayan más allá de la mirada
global que aportan los índices generales calculados para la ciudad como un
todo. Tal y como se aprecia la evidencia de segregación global es fuerte y coincide parcialmente con
los hallazgos de Barbary (2004). Sin embargo, la métrica utilizada aquí tiene
un alcance mucho más amplio que permite identificar la presencia de alta
segregación en el cordón longitudinal de la ciudad y en las zona oriente y de
ladera: la concentración de población con alta composición relativa de capital
humano y fuerte correlación espacial se localiza en el cordón central, mientras
que en las otras dos zonas predomina una composición baja de capital humano”[23].
De igual forma, dichas etiquetas sirvieron y sirven
aún para ocultar los índices de violencia que la tienen hoy en día como la
cuarta urbe más violenta del mundo.
Sobre los índices históricos de la violencia en la
capital del Valle del Cauca, se habla de una
“Cifra
inicial y disponible de delitos de 15.790 en 1982, que corresponde a una
tasa de 1.271. Veinte años más
tarde, en 2001, la cifra para el área metropolitana de Cali es de 13.163 delitos, que corresponde a una tasa
de 542… Por el contrario, la tasa de homicidios de Cali en 1980 fue de 33 y en
2001 casi se triplicó, al llegar a 95. La trayectoria de la tasa entre 1980 y
2001 es muy significativa en sus variaciones: muestra un ascenso entre 1980 y
1986, cuando pasó de 33 a
76, multiplicándose 2,3 veces en solo
seis años; luego tuvo un breve descenso, entre 1980 y 1988, cuando llegó a 0, y
luego se asiste a un descenso
pronunciado, entre ese año y 1994, cuando llegó a su punto más alto del
periodo: 120, multiplicándose 2,4 veces, también en un periodo de seis años,
sobre una base mayor a la de 1980” [24]
En el 2013 la tasa de homicidios fue de 86 por cada
100 mil habitantes. Según estimativos, se espera que para el 2014 el índice
disminuya, alcanzándose una tasa que puede oscilar entre el 60 y 66 que sigue
siendo alta si se tiene en cuenta que ciudades como Bogotá y Medellín viene
bajando sus tasas de homicidios.
[1] Estanislao Zuleta. Colombia: violencia, democracia y
derechos humanos. Bogotá, Altamira Ediciones, 1991. p. 77.
[2] El sentido flexible de región dado en el documento que
dio vida al CIER, señala que el concepto de Región permitirá pensar, por
ejemplo en definiciones de región como: la región Pacífico (que incluye
Departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó), la que se propone
geográficamente a lo largo y ancho del Valle Geográfico de la Cuenca del Río Cauca, la
región del norte del Valle. Puede
implicar también diferentes formas de expresiones regionales como por
ejemplo: el Valle del Cauca como región, región del valle geográfico del río
Cauca; región del sur occidente colombiano, costa Pacífica colombiana. Incluso,
puede incluir una cuenca hidrográfica, la zona rural o urbana, zonas de conurbación
o de integración ubicadas en esta área de influencia regional. En este sentido,
la definición de una de estas expresiones de región depende más de cuál es la
expresión regional que atenderá el objeto de investigación construido por el
investigador o el grupo en el marco del CIER. Será clave para el CIER abordar
problemas coyunturales y estructurales del Pacífico colombiano, región
estratégica para el desarrollo del Valle del Cauca y para propia cuenca, que
sufre de tiempo atrás los efectos de una gestión estatal y privada precarias, que la tienen sumida en un
estadio de subdesarrollo o de desarrollo lineal, poco amable con sus especiales
circunstancias medioambientales y socioculturales.
[3] En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan
Manuel Santos Calderón se lee: “Colombia se caracteriza por ser un país heterogéneo en
su geografía, con diferentes niveles de desarrollo regional y condiciones
culturales y sociales diversas. Así mismo, presenta brechas en el desarrollo de
sus territorios, las cuales son un reflejo, entre otros aspectos, de las
trampas de la pobreza, de la complejidad de las relaciones territoriales y de
condicionamientos históricos estructurales. En este sentido, uno de los mayores
desafíos para alcanzar la prosperidad democrática, es lograr niveles de
crecimiento y desarrollo socioeconómico, sostenible y convergente, reconociendo
y aprovechando las diferentes capacidades económicas, sociales, institucionales
e iniciativas de desarrollo regional”.
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Tomo I, p. 27.
[4] En el ideario popular, en el lenguaje común y en
representaciones colectivas desde la perspectiva de Durkheim, se habla de
costeños para reconocer y nombrar la vida de aquellos ciudadanos colombianos
que viven en la Costa Atlántica. Contrario sucede con quienes viven en la Costa
Pacífica, dado que no se reconoce colectivamente el apelativo de costeños. Se
habla de nariñenses, chocoanos y bonaerenses, pero no costeños. Véase
Representaciones sociales. Teoría e investigación. Tania Rodríguez Salazar y
María de Lourdes García Curiel (coordinadoras).
Universidad de Guadalajara. 2007. p. 17-40.
[5] Crisis de liderazgo, cansancio en las filas por la
dificultad de alcanzar el poder, lo que terminó por convertir el proyecto
armado y pretendidamente revolucionario, en un modus vivendi para cientos de guerrilleros jóvenes que vieron en la
‘lucha amada’ la oportunidad para ‘progresar’. La llegada del narcotráfico
también aportó negativamente a la consolidación del proyecto liberador de las
guerrillas. En el informe Pacificar la paz se lee que “el narcotráfico ha operado como un canal de
ascenso individual, sustituto del reformismo social. Se pone en evidencia cómo
el movimiento guerrillero se ha vuelto
co partícipe y víctima del narcotráfico
unas veces, y cómo en otras los
guerrilleros han jugado el papel de ilusos inyectores de <> a los narcotraficantes, estos nuevos y agresivos colonizadores
de la política y de la sociedad. Empero, creyendo <> al
narcotráfico, la guerrilla ha resultado a menudo colonizada por é l”. Tomado
de Sánchez Gómez, Gonzalo. Colombia: violencia y democracia. Comisión de
Estudios sobre la violencia. La Carreta Política. Iepri. 5ª edición. 2009. p.
18.
[6] Ejemplo de ello, constituye el discurso y la lucha
antiterrorista proclamados por los EE.UU después de los ataques del 11 de
septiembre de 2001. Dicho discurso fue recogido y adoptado como propio por el
Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien diseñó y aplicó, bajo esos
parámetros ideológicos y políticos su Política de Defensa y Seguridad
Democrática (PPDSD), con la que combatió a las guerrillas, en especial a las
Farc. Como parte del cambio de orientación, el conflicto armado interno
desapareció del discurso estatal y fue remplazado por la idea de amenaza
terrorista. Durante ochos años el conflicto armado interno y las guerrillas
perdieron el estatus y las condiciones políticas que históricamente gobiernos,
la academia y la sociedad en general les había conferido o reconocido.
[7] En el contexto de una guerra de guerrillas prolongada,
los territorios distantes suelen convenir a los grupos armados ilegales, por
cuanto aprovechan la baja institucionalidad, la precaria o nula presencia del
Estado, así como las incertidumbres sociales de comunidades que se han
sostenido sin el amparo del Estado. Alfredo Rangel Suárez señala: “En esta situación los terrenos distantes,
selváticos y de difícil acceso contribuyen
a la preservación y al ocultamiento de la insurgencia, así como para
eludir los embates de las fuerzas gubernamentales…La geografía es un elemento
clave desde el punto de vista táctico y estratégico que juega en favor de la
guerrilla y en contra del Gobierno”.
Alfredo Rangel Suárez. Naturaleza y dinámica de la guerra. EN: Guerra,
Sociedad y medio ambiente. Foro Nacional Ambiental. Fescol, Fundación Alejandro
Ángel Escobar, Universidad de los Andes, Ecofondo, GTZ, Tropenbos Internacional
Colombia. p. 2004. p. 50.
[8] Alfredo Rangel sostiene que “Colombia ha sido un país con mucho más territorio que Estado. Esta
precariedad de las instituciones del Estado frente a la dimensión del
territorio ha hecho posible fenómenos como la colonización espontánea y no
regulada, y el asentamiento de grupos insurgentes en amplias zonas del país”.
Rangel Suárez, Alfredo. Naturaleza y dinámica de la guerra en Colombia. En:
Guerra, sociedad y medio ambiente. Colombia: M. Cárdenas y M. Rodríguez B. Foro
Nacional Ambiental. Fundación Alejandro Ángel Escobar. Universidad de los
Andes, Facultad de Administración. Ecofondo. Tropenbos Internacional de
Colombia. GTZ y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia- Fescol. Bogotá, 2004.
p.49.
[9] Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014. Tomo I. p. 37-39.
[10] El pensador Fernando González así lo reconoce: “…cada departamento es entre nosotros un país: sobre todo, Colombia tiene al Departamento de Antioquia, vasco y
judío, pueblo fecundo y trabajador que
va unificando poco a poco a la República y que reniega de la vanidad”
EN: Negroides. p 28.
[11] Ayala Osorio, Germán. Paramilitarismo en Colombia: más
allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, 2011. págs 22-23.
[12] Tomado del documento que dio vida al Centro
Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico colombiana, CIER, de la
Universidad Autónoma de Occidente.
[13] Colombia: violencia y democracia. Comisión de estudios
sobre la violencia. Gonzalo Sánchez Gómez. La Carreta Política. IEPRI,
2009. p. 112.
[14] Ibid. Comisión de estudios sobre la violencia. págs
114-115.
[15] En el capítulo 5, De las jurisdicciones especiales,
Artículo 246, se lee lo siguiente: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean
contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las
formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial
nacional”. El Artículo 330 señala que “De conformidad con la Constitución y las
leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos
conformados y reglamentados según los
usos y costumbres de sus comunidades…
Parágrafo: La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica
de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de
dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los
representantes de las respectivas
comunidades”.
[16] Para el pensador nadaísta Fernando González los indios
americanos tienen una personalidad “completamente
reconcentrada, humillada; caminan agachados, embrujados, entristecidos
celularmente, los ojos alertados por el miedo. Tipos de vencidos. Pero no
imitan, no desean parecerse a sus amos, no se prostituyen. Poseen un orgullo
prometedor…” EN: Los negroides. p. 27. Texto sin referencia.
[17] Pacificar la paz. Lo que no se ha negociado en los
acuerdos de paz. Comisión de la Superación de la Violencia. Alejandro Reyes
Posada (director). Bogotá, 1992. IEPRI,
Cinep, Comisión Andina de Juristas y Cecoin. págs. 83-84.
[18] “La ausencia
de políticas discriminatorias en la
minería refuerza un problema ya común en las relaciones entre el Estado y la sociedad: la ausencia de articulación de
las demandas locales, las dinámicas de la
vida social y las especificidades culturales e identitarias de las poblaciones que habitan los territorios, con
la configuración de intereses
estructurales de rango nacional que se sustentan en un principio de
bienestar general o bien común, aquel principio
fundamental de la ideología del estado.
En un país que proclama discursivamente que posee una nación pluriétnica
y multicultural, no se ha llegado a un
punto en el que ese discurso sea practicado
respetándose tajantemente los derechos culturales de sus diversas poblaciones. El llamado interés nacional se
contrapone a la subsistencia de
distintos sistemas sociopolíticos en un mismo territorio, o en otras
palabras, diversas culturas,
identidades, mundos de vida, etc. La
forma en que se ha configurado en la actualidad la minería de oro en el país, se debe a una multiplicidad de factores
internacionales que ejercen influencia
en el campo”. El escenario de la minería aurífera como campo de luchas, estrategias
antagónicas de reproducción. Ana Cristina Soto y Alexandra Urán. Anuario del Conflicto Social 2013. http://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/10363/13154
[19] Colombia: violencia y democracia. Gonzalo Sánchez
Gómez. Comisión de Estudios sobre la violencia. La Carreta Editores. IEPRI.
2009. p. 110.
[20] Publicado en el Semanario Realidades y Presencias Nro
8 del Observatorio de Realidades
Sociales de la Arquidiócesis de Cali. http://observatoriorealidades.arquidiocesiscali.org/semanario/
[21] Vásquez Benítez, Édgar. Historia de Cali en el siglo
20. Sociedad, economía, cultura y espacio. Cali, 2001. p. 3.
[22] “Las ciudades contemporáneas que concentran un
importante volumen de población llevan consigo la paradoja de ser lugares
segregados, hostiles, sucios, inseguros y con un deterioro importante del medio
ambiente; sin embargo, tal y como lo señalara Edward Glaeser (2011) en su
fascinante obra “Triumph of the City”, la ciudad es quizá una de
las más grandes invenciones: allí proliferan las oportunidades de acceso a los
servicios de salud, educación y empleo y, así mismo, atraen y concentran el
talento y facilitan la movilidad económica y social. Los motores de la
innovación y del progreso económico y social se posibilitan en la ciudad. En
tal sentido, más allá de la distancia física, la segregación se refiere a la
baja probabilidad de interacción que aparece entre los miembros de un grupo social
y otro, la cual se desprende de las distancias en las afinidades de sus
atributos (escolaridad, empleo, origen, color de piel, etc.)…
[23] Vivas Pacheco, Harvy. Segregación residencial y
distancia socioeconómica en Cali. Congreso Nacional de Sociología. Versión PDF,
tomada de la red. Acceso 26 de mayo de 2014.
[24]
Guzmán Barney, Álvaro. Delincuencia y violencia: nación, región y ciudad.
p 201.
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