Por Germán Ayala Osorio. Columna
publicada en EL PUEBLO
En
medio de escándalos avanza la campaña presidencial en Colombia. Sin la
discusión pública de propuestas y planes de gobierno, el ambiente electoral da
cuenta de un ethos mafioso que se entronizó en la vida política de un Estado y
de una sociedad que se sostienen sin referentes de civilidad y orden. No hay
propuestas de cambios sustanciales. Los candidatos a la Presidencia parecieran
reconocer que poco o nada se puede hacer para cambiar el rumbo de Colombia.
Como
en La Habana, el modelo económico no se discute en la campaña hacia la
presidencia. Eso parece que lo aceptaron los aspirantes a ocupar el Solio de
Bolívar. Y menos aún está en discusión la extracción legal e ilegal de minerales,
a pesar de los daños socio ambientales que viene dejando y que comprometen
seriamente las políticas ambientales de los Gobiernos de Uribe y de Santos.
Mientras
llega la hora de votar, la sociedad colombiana asiste a espectáculos mediáticos
de vida y muerte, de eros y tanatos. La vida brota en salas de neonatos y en
las selvas que aún se mantienen en pie, a pesar de un desaforado desarrollo
extractivo. Eso sí, la muerte aparece con mayor fuerza y contundencia en
ecosistemas naturales cercanos a centros urbanos como Cali.
El
reciente desastre socio ambiental en una mina ilegal en zona rural de Santander
de Quilichao es claro ejemplo del avance sin límites de la explotación aurífera
hacia las goteras de ciudades capitales. Ya no se trata exclusivamente de
grandes y medianas minas a cielo abierto, instaladas en territorios selváticos,
muy lejos de centros urbanos. No.
La
minería acecha a las ciudades cada vez con más fuerza, ante la anuencia de las
autoridades ambientales que exhiben su histórica debilidad para controlar,
requerir y enfrentar a empresas privadas y a grupos de narcotraficantes que
están detrás de minas como las que proliferan en los departamentos de Valle y
Cauca, en particular la mina de la vereda San Antonio, en Santander de
Quilichao, que contamina las aguas del
río Quinamayó. Hay que recordar que éste es tributario del río Cauca, que
atraviesa la ciudad de Cali.
Eso
sí, no podemos olvidar los desastres socios ambientales dejados por la extensa
e intensa explotación de oro en el cauce del río Dagua, en la zona de Zaragoza en
la vía Cali- Buenaventura y las minas que muy seguramente aún se mantienen
dentro del parque nacional los Farallones de Cali.
Sin
duda, la biodiversidad está en riesgo y ello parece importarle tan sólo a unos
cuantos expertos y amantes de la naturaleza. También está en riesgo la salud de
millones de habitantes concentrados en urbes como Cali, que posiblemente estén
consumiendo aguas contaminadas por mercurio y cianuro de ríos que proveen el
vital líquido. Mientras los desastres ambientales avanzan, las autoridades,
locales y nacionales, guardan silencio.
Lo
cierto es que el país no discute con seriedad los problemas que viene dejando a
su paso la locomotora minero-energética de Santos. La Academia guarda silencio.
El periodismo se concentra en los escándalos de la política doméstica y en la
proximidad del Mundial de Fútbol a realizarse en Brasil. Las autoridades poco o
nada pueden hacer ante el poder mafioso que está detrás de la minería ilegal y
menos aún pueden hacer algo ante el poder económico y político de grandes
multinacionales, que con sus filiales colombianas, avanzan en zonas de páramos
y sobre otros ecosistemas valiosos y estratégicos. Los candidatos a la
presidencia hablan con timidez de los graves problemas que dejan la minería
legal e ilegal. Pero no proponen mayores cambios.
De
esta manera, un país biodiverso como Colombia asiste a la presencia de eros y
tanatos sin la aplicación de medidas de control y autocontrol para tratar de
mitigar sus efectos. Como asunto humano, la dicotomía parece preocupar a unos
pocos, mientras el desarrollo extractivo y la aplicación efectiva y eficiente
del modelo económico neoliberal continúan provocando crisis y problemas socio
ambientales y la pauperización sistemática de las condiciones de vida de
millones de colombianos apiñados en ciudades cada vez más insostenibles y
segregadoras como Cali.
Para
los medios de comunicación la tragedia de Santander de Quilichao ya pasó. Para
el Estado nacional, regional y local fue un episodio lamentable, propio de la
minería ilegal. El país continúa dando tumbos en lo que toca a su viabilidad
como orden social y político.
El
25 de mayo saldremos a votar. La Derecha seguirá en el poder, por lo tanto, la
locomotora minera seguirá adelante, sin pausa, pero con prisa. De esta manera,
muy seguramente los efectos de la minería ilegal y legal se sentirán con mayor
fuerza en ciudades capitales como Cali, en donde eros y tanatos conviven de
tiempo atrás.
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