RESEÑA DEL ARTÍCULO DELINCUENCIA Y VIOLENCIA: NACIÓN, REGIÓN Y CIUDAD

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Para la concepción de esta reseña crítica se estableció el siguiente esquema: una breve mirada al contexto, a cargo del autor de la reseña. Posteriormente se presentan las ideas centrales del texto leído, comentadas por el responsable de la reseña en la perspectiva de establecer lecturas cruzadas y sugerir nuevas vetas de investigación. El autor de esta reseña concentra su atención en el periodo del Frente Nacional  y en las disquisiciones que el reseñado hace en torno a las relaciones Estado-Sociedad- Mercado.

Es en el contexto de un Estado débil y de una sociedad escindida y con un generalizado empobrecimiento cultural en el que es posible y necesario entender los análisis y los indicadores estadísticos sobre disímiles formas de violencia (comisión de delitos, entre estos los homicidios) en Cali[1] y los departamentos de Valle del Cauca[2] y Cauca[3].

A lo anterior se suman otros elementos, factores y actores de poder y circunstancias de contexto nacional y mundial. Entre éstos aparece el conflicto armado interno que tiene expresiones distintas desde una perspectiva regional y que deviene degradado por la lumpenización de miembros jóvenes de las guerrillas, pero especialmente por la penetración del narcotráfico no sólo en los frentes guerrilleros, sino en las estructuras de poder de fuerzas paramilitares y neoparamilitares; y por supuesto, en las propias huestes de la fuerza pública. Hay que señalar también la penetración del narcotráfico en la economía regional y nacional, así como la entronización de prácticas negativas de transacción social y política en la sociedad y en la clase política, dirigente y empresarial que ha asegurado la construcción de un ethos mafioso compartido por millones de colombianos.

El proceso de globalización también debe considerarse como un factor aportante al análisis de la violencia en Cali y la región del Suroccidente colombiano, desde la perspectiva que se abre cuando se habla de crímenes y delitos transnacionales[4]; igualmente, dicho proceso puede considerarse como un factor generador de ‘nuevas’ formas de violencia, resultantes de políticas económicas aplicadas en el país  y que son de obligatorio cumplimiento para el Estado debido a la firma de tratados de libre comercio y a la adopción del modelo neoliberal.

Dicho modelo garantiza una relación conflictiva entre Estado-Mercado-Sociedad, caracterizada por la reducción del Estado a un simple coordinador con poca capacidad de intervenir en el Mercado; un mercado que construye un ciudadano-cliente que al estar imbuido en las lógicas del consumo olvida sus obligaciones y derechos en el ámbito de lo político; y una sociedad que camina a la deriva sin referentes de orden en lo político y en lo moral, pero con medianas claridades en lo que concierne a lo económico (consumo), lo que finalmente permite y/o facilita la entronización de un ethos mafioso. Ethos mafioso que se funda en las lógicas y prácticas como los meso contratos, el clientelismo y todas aquellas prácticas pensadas para limitar el sentido de lo público y de lo colectivo, y dar vida al individualismo y al sentido de lo particular.

Desde ese complejo contexto se expone la reseña crítica del texto del profesor Álvaro Guzmán Barney[5], intitulado Delincuencia y violencia: nación, región y ciudad, publicado en el libro Cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo veinte, editado bajo la responsabilidad de la Universidad del Valle, el Cidse y Cerec.

Como bien lo dice el autor, “este artículo presenta un análisis preliminar de las tendencias del delito y del homicidio  durante la última mitad del siglo pasado y los primeros del presente… El artículo hace referencia a la situación nacional, a la de los departamentos del Valle y del Cauca y, finalmente, a la ciudad de Cali… El énfasis analítico  descansa sobre una presentación  de series de tiempo de delitos y homicidios, en el caso nacional desde 1958, en el regional y en el de Cali desde 1981.

Los estudios sobre la violencia en Colombia son copiosos en datos y en interpretaciones, pero adolecen de cruces con elementos y factores institucionales, económicos, con la propia dinámica del conflicto armado interno y las formas en las que históricamente se han dado las relaciones entre el Estado y la sociedad, mediadas estas por las estructurales dificultades para erigirse como un orden justo y viable, desde las exigencias de la euromodernidad; y por la incapacidad de la segunda de aceptar la institucionalidad y asumir las pautas de un orden social y político en todavía en consolidación.

En palabras del autor se lee: “Como conclusión de otros trabajos hemos planteado la necesidad  de que los estudios  sobre la violencia subrayen su relación con el conflicto social y, de manera más general, con el contexto de orden de la sociedad. Es necesario encontrar explicaciones a la violencia no sólo elaborando conceptualmente sobre la violencia misma, sino también haciendo referencia a procesos aparentemente externos a los hechos violentos”.

Investigar sobre las múltiples formas de violencia que se presentan en Colombia y en particular las que se manifiestan en Cali, el Valle y el Cauca tiene obstáculos fuertes en las fuentes a utilizar, dado que se reconocen como factores negativos para la recolección eficiente de los datos, la no denuncia de los ciudadanos, el subregistro de las autoridades municipales y la inconcordancia de las cifras que entregan por ejemplo la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y Policía, entre otras, a los que suman los datos recogidos por observatorios universitarios.

Guzmán Barney se refiere al asunto en estos términos: “En Colombia no ha podido establecerse  con claridad cuál es la magnitud del delito y tampoco se ha hecho una evaluación en profundidad sobre la calidad de las fuentes de información. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estimó, sobre la base de una Encuesta de hogares, que en 198 la criminalidad <>, o no denunciada, era de 79.1%. mientras que en 1991 habría sido de 73,7% (Dane, 1995:104)… Ahora bien, existen dos fuentes de datos que captan el delito: la Policía nacional y la administración de justicia. Cada una de esas fuentes tiene puntos a su favor o deficiencias, en cuanto a la calidad  de la información que proporcionan. El hecho es que las cifras globales pueden ser muy distintas según la fuente…para ilustrar los problemas que se plantean para el investigador, los delitos por inasistencia alimentaria son los más numerosos, mientras que los homicidios tienen un subregistro importante. La estadística de la Policía, por otro lado, capta los delitos sobre los que la institución despliega  su actividad prioritaria: homicidios, lesiones personales, delitos contra la propiedad, hurto agravado, porte de armas, la ley 30 etcétera. La estadística de la Policía no tienen en cuenta  delitos como la inasistencia alimentaria y tiene subregistros muy importantes en varios títulos del código penal, en lo que la institución no centra su atención.”

Esta circunstancia contextual debe ser tenida en cuenta para aquellos investigadores que decidan dar continuidad a estudios como el aquí citado, en la perspectiva de mantener un línea de investigación y/o de observación sobre las violencias que se suceden en la ciudad de Cali y la región.

De igual manera, habría que llamar la atención sobre una necesidad mucho más compleja que la del mejoramiento de las fuentes de información. Se trata de cambios misionales en la Policía nacional o una mejor articulación con la Academia y otros sectores estatales y societales para el registro de datos que dan cuenta de delitos y de conflictos no necesariamente asociados a violencia física, sino psicológica y simbólica. Quizás allí se advierta un campo de análisis, de cara a la posibilidad de pensar escenarios de posconflicto, en los que la Policía deje de depender orgánicamente del Ministerio de la Defensa, hecho este que daría sentido y posibilidad a los cambios misionales sugeridos.

En cuanto a los datos y las sugerentes conclusiones a las que llega el autor, él mismo define  momentos históricos sobre los cuales posó su interés analítico. Hago referencia al periodo que dio vida al Frente Nacional, por considerar que es momento histórico clave y determinante para el Estado, la sociedad y la política partidista. Guzmán señala al respecto que “mientras los delitos aumentaron durante el periodo del Frente Nacional los homicidios disminuyeron y cuando los delitos comenzaron a disminuir los homicidios  aumentaron de manera notable. Es claro que los homicidios son una parte  del delito, pero el fenómeno interesante es que las formas de delito distintas al homicidio tienden a aumentar de manera significativa  cuando este disminuye e inversamente”.

Son muchas las interpretaciones y las lecturas negativas y positivas que se hacen sobre el Frente Nacional. Para algunos analistas e historiadores el Pacto de Benidorm que dio vida al pacto de convivencia entre las fuerzas leales a los Partidos Liberal y  Conservador, significó la crisis de identidad política, ideológica y programática de los dos históricos partidos políticos colombianos, mientras que otros reconocen que esta circunstancia poco importa si se observa que los índices de violencia disminuyeron sustancialmente e incluso, se reconoce la consolidación pasajera del Estado.

El profesor Guzmán comparte de esta forma lo expresado líneas atrás: “El Frente Nacional  habría recuperado institucionalidad estatal, incidido en el desarrollo de la economía nacional y logrado niveles importantes de legitimidad y apoyo humanidad. Esto se reflejó entonces en un control significativo  de la violencia homicida, particularmente la heredada  de la época de la Violencia. Este control, debido a una mayor presencia de la institucionalidad estatal, sería compatible con la regulación  de otras esferas de la vida social, especialmente las que tenían que ver con la propiedad, de manera que la delincuencia bajo control, aquella que se denuncia y tiene algún grado  de seguimiento, bien pudo aumentar  y reflejarse  de manera clara en las estadísticas de policía relacionadas con los delitos contra el patrimonio económico. En síntesis, una consolidación del poder estatal, por precaria que sea, puede traducirse efectivamente en la disminución de la violencia homicida y en el aumento de la delincuencia como sucedió en Colombia entre 1958 y 1976, periodo que esencialmente corresponde con el Frente Nacional. Pero la explicación no excluye de ninguna manera la intervención  de la economía y la regulación de la sociedad misma”.

Las relaciones establecidas por Guzmán entre  crecimiento económico y las múltiples expresiones de violencia permiten insistir en trabajos investigativos que den cuenta de una mejor manera de la incidencia de la economía, del desarrollo y del crecimiento económico en los problemas de convivencia, los conflictos sociales y sus expresiones violentas (homicidios, delitos contra la propiedad) en ciudades como Cali y departamentos como el Valle del Cauca con un desarrollo empresarial y agroindustrial importante.

Guzmán señala, citando al economista Carlos Ortiz, que “…pueden distinguirse dos momentos de crecimiento: el primero, jalonado por el sector II de la economía coincide, en buena medida, con el periodo 1958-1976; y el segundo, jalonado por el sector III, coincide con el periodo 1977-2002. En ambos hubo un buen desempeño  de la economía colombiana, pero de manera más notable en el primero que en el segundo. Pero, una cosa es tener una sociedad articulada en torno a principios  forjadores  de industria y de trabajo, así como un Estado mínimamente regulador y, otra, una economía dependiendo del crecimiento de los servicios, en medio  de un Estado acorralado, con una política  pública permeada por el neoliberalismo y enfrentado a varios grupos armados. Durante el periodo del Frente Nacional, entonces, pudieron actuar factores  de orden económico y político que incidieron en la disminución drástica de la violencia homicida en la sociedad colombiana, al mismo tiempo que contribuyeron a la regulación estatal  de la sociedad, aumentando las tasas de criminalidad de delitos asociados  con el patrimonio económico y, por tanto, disminuyendo niveles de impunidad muy altos de la sociedad. Si el Frente Nacional fue un principio de solución, lo fue de manera efímera para circunstancias nacionales muy precisas. Tan pronto se desmontó el pacto jurídicamente  se desató una lucha por una forma  de Estado más incluyente, se multiplicaron las movilizaciones contra el carácter dictatorial del Frente Nacional y las intenciones elitistas de perpetuarlo, y se desarrollo una lucha, en gran parte aunque no exclusivamente, armada por la democratización del régimen político”.  

Si el modelo político del Frente Nacional sirvió para disminuir las tasas de homicidio y en general para darle orden a la sociedad, ¿por qué las prácticas políticas, las relaciones de poder y el sentido de las políticas públicas diseñadas y aplicadas en esos momentos y circunstancias no se recogieron como parte de una ‘exitosa’ experiencia en la ya difícil relación Estado-Sociedad en un país como Colombia, que a través de su historia exhibe graves problemas de legitimidad estatal, inaceptables niveles de precarización de la vida social, así como indiscutibles tropiezos en sus procesos civilizatorios? El papel de las élites es clave para responder la pregunta en la medida en que sobre ellas recae, en parte, la responsabilidad de que hoy Colombia no tenga  y/o exhiba un proyecto de nación[6] que recoja las diferencias etno culturales de un país pluriétnico y multicultural, afectado por la presencia de regiones diferenciadas que hasta cierto punto actúan de la mano de un poder centralizado que ofrece dificultades para mantener la cohesión y la unidad territorial. Pero no sólo las élites son responsables, sino la academia, los medios de comunicación, la Iglesia Católica y en general el grueso de una sociedad empobrecida culturalmente bien por la tradición conservadora y su carácter premoderno y/o por la llegada del narcotráfico y la entronización en la cultura del modelo económico neoliberal.

En otro momento del texto de Guzmán Barney se comparan las cifras y las circunstancias de violencia dadas en los departamentos de Valle y Cauca. La  reflexión gira en torno a la relación entre desarrollo y criminalidad. En el texto se lee: “La comparación  de la situación de violencia homicida en los dos departamentos deja entrever diferencias significativas. De manera agregada, el departamento del Valle es mucho más violento que el del Cauca. Para todo el periodo 1981-2001, el Valle tuvo una tasa promedio de homicidios de 75, mientras que la tasa promedio del Cauca fue de 48. Pero, además, la temporalidad de las tendencias indica también  situaciones diferenciadas, más relacionadas, en el caso del Cauca, con la temporalidad política y, en el caso del Valle, con la implantación, desarticulación o reorganización del narcotráfico. A partir de 1991 se nota un diferencial en las tasas de violencia homicida entre el Valle y el Cauca, que lleva a pensar en un conflicto violento mayor en el Valle, de un carácter que no es exclusivamente político”.

Interesante resulta la interpretación que hace el autor alrededor de la relación entre desarrollo, progreso y crecimiento económico con las manifestaciones violentas. Dice Guzmán Barney que “nos encontramos ante una paradoja aparente: un departamento con mayor desarrollo económico y, si se quiere, con mayor presencia  estatal, con mejores índices socioeconómicos también y en una situación más ventajosa de lucha contra la pobreza muestra indicadores más desfavorables de violencia homicida que el otro departamento, en situación socioeconómica más desventajosa…Nuestro argumento va en el sentido de subrayar los efectos que tiene sobre la violencia la modernización de una departamento, a partir de los años 1980, que tiene un fuerte anclaje en la economía ilegal, en un Estado que no tiene presencia institucional efectiva y en una sociedad con bajo sentido de lo público y lo normativo”.

Para concluir, se llama la atención sobre la necesidad de indagar más sobre las formas en las que el Estado y la sociedad se han construido local y regionalmente. Es importante develar culturalmente sobre qué supuestos es posible que se haya dado, se mantenga y se proyecte inamovible esa relación conflictiva entre el Estado y la sociedad. Hay que indagar más desde la psicología social qué elementos y factores, coyunturales y estructurales facilitaron que fenómenos como el narcotráfico hayan penetrado y hayan coadyuvado a la consolidación de ese ethos mafioso al que ya se hizo referencia líneas arriba.

El papel de la educación sigue siendo clave, de allí que aparezca una veta investigativa importante para develar no sólo el lugar que la sociedad caleña, caucana y vallecaucana le da a la educación, sino la calidad de la misma, pero especialmente si en el contexto económico actual está sirviendo a los propósitos de mejorar y consolidar los procesos civilizatorios en el país y en esta región.

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[1] “…La tasa de homicidios de Cali en 1980 fue de 33 y en 2001 casi se triplicó, al llegar a 95. La trayectoria de la tasa entre 1980 y 2001 es muy significativa en sus variaciones: muestra un ascenso entre 1980 y 1986, cuando pasó de 33 a 76, multiplicándose 2,3 veces en solo seis años; luego tuvo un breve descenso, entre 1986 y 1988, cuando llegó a 50, y luego se asiste a un ascenso pronunciado, entre ese año y 1994, cuando llegó a su punto más alto del periodo: 120, multiplicándose 2,4 veces, también en un periodo de seis años, sobre una base mayor a la de 1980.  En los cuatro años siguientes, disminuyó, hasta llegar a 82 en 1998. En los tres últimos años, se asiste, de nuevo, a un aumento hasta llegar a 95 en 2001”. Guzmán, p. 201.

[2] “La tasa de homicidios en el Valle del cauca fue de 47 en 1981, decreció durante tres años hasta 1984, cuando llegó a 39, su punto más bajo en el periodo de análisis. A partir de ese momento, en sólo dos años se duplicó, al pasar a 79, reflejando claramente una primera coyuntura de violencia, con su momento más pronunciado en 1986, cuando empezó disminuir, de manera irregular, hasta llegar a 46 en 1988. A partir de ese año, comenzó un aumento sostenido durante seis años y llegó a 124 en 1994, es decir se multiplicó 2,7 veces, configurándose entonces una segunda coyuntura de violencia homicida”. Guzmán. págs 194-195.

[3] “La tasa de homicidios en el departamento del Cauca tiene algunas particularidades: comenzó en 1981 con la cifra más alta (65) y terminó, veinte años más tarde, en un momento de auge, pero con una cifra más baja (58). Parece que en el conjunto del periodo, entre 1981 y 2001, la violencia homicida tendió a disminuir en el departamento, pero hay variaciones muy significativas que deben tenerse en cuenta. La tasa en un sentido general decrece hasta 1987, cuando inició un aumento progresivo hasta 1991, año en que volvió a disminuir  de manera notable hasta 1998”. Guzmán, p. 196.

[4] No exclusivamente desde la perspectiva de conexiones entre grupos delincuenciales. Se trata de la aparición de prácticas criminales y acciones disonantes divulgadas por los medios de comunicación y aprendidas a través del registro noticioso y el consumo cultural que ofrece la red Internet.

[5] Sociólogo con grado de Doctor y  profesor-investigador de la Universidad del Valle, reconocido en el ámbito nacional y regional como un estudioso de la violencia en Cali, ciudad en la que reside.

[6] “Cruzados apenas los umbrales del siglo XXI conviene insistir en cierta excepcionalidad  colombiana en el ámbito latinoamericano. A saber, que las clases gobernantes y dirigentes de la <> nunca sufrieron derrota y, por tanto, su experiencia y sensibilidad políticas son bastante limitadas en eso de ponerse <>. Esto les ha impedido dialogar y conciliar abiertamente con las clases populares y con sus diversas organizaciones. Defienden en principio y a ultranza un Estado fiscalmente débil…  Este cerramiento oligárquico resta legitimidad democrática al Estado colombiano. Pero también le resta eficacia en cuanto instituciones clave para el orden, como son un poder judicial independiente y su soporte, una policía moderna, quedaron desbordados por la urbanización caótica, la acelerada mundialización del crimen organizado con sus múltiples expresiones y secuelas domésticas, de las cuales el narcotráfico ha sido la más grave…importándoles fundamentalmente que el Estado tuviese baja capacidad fiscal extractiva, independientemente  de si había  o no déficit  en las cuentas de la hacienda pública, se pasó a las clases populares <>.  En efecto, a partir del Frente Nacional (1958-1974) la política social empezó a funcionar como una <> administrada por los políticos profesionales, cada vez más incontrolables, quienes dispensaban la provisión de educación, casa-lote, electricidad, acueductos, vacunas. Paliativos a la pobreza urbana y rural que sirvieron al sistema político para crear y mantener clientelas en barrios y veredas que darían fluidez a un mercado electoral competitivo en apariencia, pero de hecho, circunscrito a los partidos Liberal y Conservador  y a sus múltiples facciones, movimientos y grupos que jugaban en la arena electoral del lado del gobierno de turno.  Así, registramos modestos programas asistenciales que comenzaron a surgir en los comienzos del Frente Nacional como las juntas de acción comunal y las brigadas cívico-militares…La guerra irregular termina imponiendo  una lógica del terror sobre la población civil, que tiene una salida espeluznante en las corrientes de desplazados. Aquí se corroen los precarios tejidos sociales  y los tenues lazos entre autoridad y población… En suma, y volviendo al inicio, lo que diferencia a nuestro país de otros latinoamericanos no es la exclusión como tal, o la inseguridad ciudadana en las grandes ciudades y en los campos, o la desigualdad social creciente, sino la ausencia de una clase dirigente capaz de gobernar  el Estado, de tramitar los procesos complejos de construcción de ciudadanía y de dar curso al sentimiento de que todos somos colombianos”. Palacios, Marco. Un país sin clase gobernante. EN: El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003. p. 33.