Por Germán Ayala Osorio, comunicador
social y politólogo
El
Estado colombiano históricamente se presenta como un orden social, político,
económico y cultural precario y lábil, circunstancia que se manifiesta,
atraviesa y limita los alcances de las políticas económicas y sociales
implementadas por sucesivos gobiernos, cuyos planes de desarrollo gravitan
sobre un modelo económico extractivo de riquezas del subsuelo y de explotación de
recursos naturales, renovables y no renovables, y sobre un desarrollo
agroindustrial con énfasis en monocultivos; todas las anteriores actividades
antrópicas se dan a través de prácticas ambientales insostenibles.
Algo de razón tiene el
anterior diagnóstico si se contrasta con lo que el Plan Nacional de Desarrollo
señala alrededor de lo que se necesita para el país:
“Necesitamos una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental sea
una prioridad y una práctica como elemento esencial del bienestar y como
principio de equidad con las futuras generaciones. Así mismo, necesitamos un
Estado que abogue por el desarrollo sostenible y que anteceda y prepare a la
sociedad para enfrentar las consecuencias del cambio climático”[1].
En
ese camino de lograr un Estado y una sociedad comprometidos con el desarrollo
sostenible, en el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce un especial momento
histórico para el Estado colombiano, especialmente desde la lógica de la
inversión extranjera:
“El contexto histórico que enmarca este Plan Nacional de Desarrollo es
diferente al de otras administraciones. Estamos frente a un optimismo auténtico
en nuestro futuro, una confianza incomparable en las potencialidades del país y
una imagen en el exterior que es claramente positiva. De ser percibidos en el
mundo como un Estado fallido nos convertimos en una economía emergente,
atractiva para la inversión y para el turismo. Pasamos además a formar parte,
desde hace poco, de un selecto grupo de naciones, los CIVETS –Colombia,
Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica–, percibidas en el planeta como
economías con grandes expectativas de crecimiento para las próximas décadas.
Adicionalmente, hemos iniciado el proceso para ingresar a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); algo impensable hace tan sólo
unos años. Si bien todavía enfrentamos grandes retos como los de consolidar la
seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza, y enfrentar los
desafíos del cambio climático, es indudable que hemos sobrepasado unas barreras
que parecían inquebrantables hace unos años, y el camino hacia la prosperidad,
no obstante difícil, parece ahora más despejado en el contexto histórico del
país”[2].
A
pesar de los positivos augurios que recoge el Plan Nacional de Desarrollo del
Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, en los últimos meses Colombia asistió
y vio a través de los medios masivos (especialmente los audiovisuales) eventos,
crisis socio ambientales y los efectos nocivos que el desarrollo extractivo
viene dejando a lo largo y ancho del territorio nacional. La más reciente y
quizás la más publicitada fue la muerte de un centenar de mineros en una mina
ilegal en zona rural del municipio de Santander de Quilichao (Cauca); de igual
manera, la muerte de cientos de chigüiros, venados y tortugas, entre otras
especies de fauna y flora en el Casanare, fue un evento ambiental bastante
publicitado. A lo anterior hay que sumar que ya están encendidas las alarmas
por la escasez de agua y en general por los efectos que viene dejando un
desarrollo que no respeta límites de resiliencia.
Por lo anterior, y dadas las
complejas circunstancias ambientales generadas por un desarrollo
circunscrito a la extracción de recursos naturales escasos y a la afectación de
ecosistemas frágiles, hay que discutir y pensar en la propuesta de desarrollo y
libertad que hace Amartya Sen.
Señala Sen que,
“el desarrollo puede concebirse como
un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los
individuos… el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de
privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades
económicas y las privaciones sociales
sistemáticas…”[3].
Ampliar derechos y libertades
aporta, sin duda, a un mejor vivir, pero se requieren espacios democráticos
efectivos para que todos participemos de la discusión alrededor del tipo de
desarrollo que queremos. Y ello incluye la posibilidad de manifestar nuestro
rechazo a los innumerables proyectos mineros, entre otros, que hoy desangran la
madre tierra colombiana. Es probable que dichas iniciativas muy poco contribuyan
a superar la pobreza de millones de colombianos. Por el contrario, no sólo
llenarán los bolsillos de las empresas nacionales y multinacionales que
explotan los recursos, sino que harán que los derechos ambientales consagrados
en la Carta Política sean, como muchos otros, tan solo letra muerta.
Hay
que insistir en que el Estado colombiano, en su conjunto, es débil y exhibe problemas graves de coordinación
interinstitucional, lo que termina garantizando una precaria institucionalidad[4]
especialmente en asuntos relacionados con el manejo del riesgo. En el Plan
Nacional de Desarrollo se reconoce la situación:
“En este camino hacia la prosperidad, es indiscutible que así como unas barreras
se van superando, otros obstáculos van apareciendo. En este sentido, una
barrera que su puso al frente del país y que obligó a modificar la visión de
Gobierno y a adaptar, reformular y reforzar componentes esenciales del Plan
Nacional de Desarrollo, es la fuerte ola invernal que azotó a gran parte del
territorio desde la segunda mitad de 2010, y que ha dejado consecuencias
devastadoras sobre la población y las actividades económicas. Ahora bien, más
que un desafío, la emergencia invernal representa una oportunidad. La
oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas, de
generar empleo, inversión y crecimiento con las obras de rehabilitación y
reconstrucción, y de adelantar los proyectos de inversión y ajustes
institucionales y normativos necesarios para que las consecuencias del cambio
climático, y el riesgo de desastres, en los próximos años y para las próximas
generaciones se puedan prevenir, mitigar, o al menos reducir”[5].
Los
dolorosos eventos ambientales reseñados no pueden impedir que se reconozca que
Colombia tiene y exhibe problemas para administrar, proteger y aprovechar las
ventajas medioambientales que tiene como país biodiverso. Dificultades que
guardan estrecha relación con la labilidad estatal, su privatización por la vía del clientelismo y la ‘captura’ del Estado
por parte de actores privados a los que poco les interesa conservar y
aprovechar de manera racional unos recursos que son finitos.
Se
suma a lo anterior el desconocimiento de los límites entre lo público y lo
privado, la inexistencia de un proyecto de Nación que reconozca el valor
social, político y cultural de frágiles zonas biodiversas, así como la
‘ingenuidad’ y la incapacidad para negociar, con empresas nacionales y
extranjeras la oferta ambiental que tienen las selvas y otros ecosistemas, a
partir de criterios de sostenibilidad socio ambiental.
En
el mismo Plan Nacional de Desarrollo se establece la importancia que para el
Gobierno de Santos tiene la explotación petrolera, aurífera y carbonífera.
Estas actividades extractivas demandan no sólo el cumplimiento de las normas
ambientales, sino de la existencia de una fuerte institucionalidad que controle
y vigile las formas de exploración y explotación a las que apelan las
multinacionales y sus filiales locales en territorios biodiversos natural y
culturalmente.
“El sector minero-energético
representa la oportunidad que tenemos de aprovechar de manera responsable
nuestra riqueza de recursos naturales para generar crecimiento sostenible y
mayor equidad social, regional e inter-generacional. Las elevadas proyecciones
de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al
alza de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la
creciente actividad de exploración en el territorio nacional, muestran
claramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en
los próximos años. Ahora bien, con el desarrollo de los sectores
minero-energéticos, viene atada una enorme responsabilidad de gestión ambiental.
El desarrollo de esta locomotora no puede ir en contravía del desarrollo
sostenible del país y de su conservación para las próximas generaciones”[6].
Quizás
haya una circunstancia que ha facilitado la depredación y el aprovechamiento
insostenible de la biodiversidad por cuenta de las actividades auríferas,
petroleras y carboníferas, entre otras: la inexistencia de una perspectiva
ambiental que haga confluir el trabajo investigativo y crítico de la Academia y
el rol que deben jugar la Política, la sociedad civil y los Partidos Políticos
en el diseño de políticas públicas y en el control social y político de planes
de desarrollo, fincados en actividades extractivas y por supuesto, el
funcionamiento de las instituciones ambientales y la aplicación de los principios
de responsabilidad ambiental de la Ley 99 de 1993. En otras palabras, hemos
tenido una academia, la sociedad y un Estado de espaldas al medio ambiente. No
se cuenta tampoco con un sólido pensamiento ambiental y mucho menos prácticas
ambientales consecuentes con el medio ambiente y los compromisos adquiridos por
Colombia con el mundo en materia de conservación.
No
hay en Colombia un pensamiento ambiental[7] lo
suficientemente desarrollado que movilice y aglutine las investigaciones y las
recomendaciones de la Academia, así como las protestas sociales en torno a
megaproyectos energético y mineros. De igual forma, no hay un sólido partido
político, ideológica y políticamente comprometido con la defensa sensata de la
biodiversidad y menos aún, hay dentro de
las corporaciones legislativas (Congreso, Asambleas y Concejos) una conciencia
ambiental capaz de frenar la unívoca concepción de desarrollo que se agencia
desde el Estado central.
Así
las cosas, la defensa del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de
los recursos de la biodiversidad son asuntos alejados de las realidades
cotidianas de millones de ciudadanos que conviven en ciudades, sin que les
importe los desastres ambientales provocados y permitidos, por ejemplo, por los
gobiernos de Uribe Vélez y Santos Calderón; el primero, a través del desmonte
de la institucionalidad ambiental (la entrega express de licencias ambientales) y el segundo, a través de una
locomotora minera cuyos rieles se instalaron sobre una demostrada incapacidad
estatal para responder a semejante desafío.
¿Qué
hacer, entonces, ante la enorme grieta que de tiempo atrás subsiste entre el
discurso ambiental, el aprovechamiento y explotación insostenibles de los
recursos naturales y el rol esperado de un Estado Social de Derecho, con
problemas para consolidarse como un orden social y política viable y perenne?
¿Qué hacer para acercar el discurso científico y académico a la Política y por
esa vía, convencer a científicos y académicos de la imperiosa de necesidad de
consolidar un discurso ambiental y político que colonice espacios legislativos,
con el claro propósito de reversar el actual modelo de desarrollo extractivo?
Por
lo pronto, hay que recuperar el sentido político del ambientalismo, en los
términos que Hildebrando Vélez Galeano
expuso hace un tiempo:
“el ambientalismo es la política del
obrar bien… que debe enfrentarse a modelos y estilos de vida y aquellas
relaciones sociales que arrebatan el espacio a las comunidades, destruyen sus
culturas e imponen relaciones económicas avasalladoras, trayendo como
consecuencia el deterioro precoz de los humanos y los ecosistemas”[8].
El Plan Nacional de Desarrollo con
énfasis regional
Colombia es un país de países. Esta sentencia suele servir para dar cuenta de un
desarrollo regional desigual, resultado de políticas emanadas por o desde un
histórico centralismo bogotano que ha impedido la cohesión de la Nación y la
articulación entre dos ámbitos que aparecen disociados, pero que deben estar
conectados: lo urbano y lo rural.
En
medio del desigual desarrollo regional subsiste una vieja dicotomía: Lo
Rural-Lo Urbano. En cuanto al primero, hay que decir que sigue siendo visto
como atrasado y premoderno, mientras que lo urbano es referente de orden, de
progreso y de modernidad. Respecto a este asunto, en el Plan Nacional de
Desarrollo se lee lo siguiente:
“Contar con un sistema urbano
regional articulado a partir de ejes y áreas de desarrollo territorial, implica
desarrollar un proceso de coordinación institucional entre el Gobierno nacional
y las entidades territoriales, que permita integrar los diferentes componentes
de la estrategia, a través de un Programa Nacional para la formación y/o
consolidación de ejes y áreas de desarrollo territorial, mediante el cual
se definan los componentes, las fases, recursos e instrumentos para promover e
integrar ejes y áreas de desarrollo territorial. Una fuente posible para
financiar este Programa puede provenir de los recursos del Sistema General de
Regalías (Proyecto de Acto Legislativo 13 de 2010 aprobado en plenaria del
Senado, el 12 de octubre de 2010), en el cual se establece un fondo de
desarrollo regional, cuya finalidad es la financiación de proyectos regionales
de desarrollo (artículo 2)”[9].
Como
país
biodiverso Colombia arrastra problemas graves en materia de conservación y
explotación responsable[10]
de los recursos naturales, circunstancia que involucra, en forma
contradictoria, la existencia, por un lado, de marcos legales[11]
considerados como ‘completos y vanguardistas’, pero sin la fuerza jurídica y
política para vincular tanto al Estado como a los particulares en las tareas de
explotación ‘sostenible’ de dichos recursos, y por el otro, la imposición de
una racionalidad económica que exacerba la explotación irracional de los
recursos naturales, en un contexto en el que se sobresale la incapacidad y la
precariedad del Estado frente a una iniciativa privada, nacional y
transnacional, que cuenta con recursos económicos y con apoyos políticos (redes
clientelares) para el desarrollo de iniciativas de explotación, así como la
puesta en marcha de megaproyectos de infraestructura (construcción de
carreteables, hidroeléctricas y exploración minera y petrolera).
En
cuanto a las realidades socio ambientales de zonas biodiversas, como el Chocó
Biogeográfico, en especial lo que corresponde a los territorios rurales de
Buenaventura, otros municipios y territorios, hay que señalar que la ausencia
del Estado ha facilitado la tarea depredadora de empresas, legales e ilegales,
con el apoyo armado de paramilitares y guerrilleros, que sistemáticamente
vienen erosionando no sólo el poder de las comunidades locales, sino sus
propias prácticas culturales de aprovechamiento de la manigua, sino que tienen
en entredicho su supervivencia. En el Plan Nacional de Desarrollo se lee lo
siguiente:
“Colombia
se caracteriza por ser un país heterogéneo en su geografía, con diferentes
niveles de desarrollo regional y condiciones culturales y sociales diversas.
Así mismo, presenta brechas en el desarrollo de sus territorios, las cuales son
un reflejo, entre otros aspectos, de las trampas de la pobreza, de la
complejidad de las relaciones territoriales y de condicionamientos históricos
estructurales. En este sentido, uno de los mayores desafíos para alcanzar la
prosperidad democrática, es lograr niveles de crecimiento y desarrollo
socioeconómico, sostenible y convergente, reconociendo y aprovechando las
diferentes capacidades económicas, sociales, institucionales e iniciativas de
desarrollo regional. Un plan nacional de desarrollo con enfoque regional parte
de reconocer las diferencias regionales como marco de referencia para formular
políticas públicas y programas acordes con las características y capacidades de
cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos
poblacionales. En términos de ingreso, las disparidades se hacen evidentes. En
efecto, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Atlántico,
Bolívar, Casanare, Boyacá, Tolima y Córdoba generan el 80% del ingreso
nacional. Por su parte, los PIB per cápita de Casanare y Bogotá son 4,3 y 1,6
veces el de Chocó, cuyo ingreso per cápita es el más bajo en el país. Estas
diferencias económicas indican que para lograr la convergencia en las
condiciones básicas para el desarrollo es necesario impulsar más aceleradamente
las potencialidades económicas de los departamentos rezagados. Las brechas más
significativas entre departamentos se presentan en los procesos productivos,
los departamentos más competitivos del país se concentran en el centro del país
y ocupan los primeros lugares en el escalafón de competitividad, con excepción
del departamento de Atlántico, en el Caribe, que se ubica en el quinto lugar”[12].
Dentro del extenso Chocó
Biogeográfico aparece la zona del Pacífico. El Pacífico colombiano arrastra
años de abandono estatal, lo que involucra las instancias nacional y regional.
Buenaventura, la ciudad-puerto, es el centro urbano y político sobre el que
recaen iniciativas fallidas de desarrollo social, económico y ambiental. Baste
con recordar el Plan Pacífico y la intervención en la zona del Proyecto
Biopacífico.
Recientemente se aprobó la
Alianza Pacífico, apuesta comercial que de inmediato compromete a la ciudad de
Buenaventura como puerto y la expone a un tipo de desarrollo que poco o nada ha
de servir para que supere los graves problemas de gobernabilidad, de múltiples
violencias y de pobreza extrema.
La Alianza del Pacífico[13] se
enmarca en el contexto de un modelo neoliberal y en un proceso de globalización
económica, cultural, social y política que afecta de manera clara las lógicas y
las dinámicas locales. El Estado queda supeditado al mercado y éste se encarga
de someter al ciudadano de tal forma que poco a poco lo va transformando en
ciudadano-cliente
El Gobierno de Santos lo
reconoce en estos términos:
“Como
lo ha dicho el presidente Santos, el objetivo es establecer un gobierno de
Tercera Vía que se resume en un principio fundamental: el mercado hasta
donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Un gobierno
que prioriza las políticas que maximizan el impacto social, independientemente
de su origen ideológico”[14].
En ese marco ideológico y político Buenaventura y el Pacífico colombiano
afrontan retos mayúsculos, en particular las autoridades locales y regionales,
responsables no sólo del abandono y de las condiciones de pobreza y de
ingobernabilidad, sino del fortalecimiento de Representaciones Sociales que
arrastran prácticas racistas hacia la población afrodescendiente que vive en
esos territorios.
Las respuestas
institucionales del orden nacional no se hacen esperar. En el Plan Nacional de
Desarrollo se lee:
“El 9 de febrero de 2011 se suscribió el Protocolo de
constitución de la Región Pacífico de Colombia como un acuerdo de voluntades
suscrito por los gobernadores de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca,
Cauca y Nariño, con el objeto de promover la integración para mejorar la
calidad de vida de la población e impactar positivamente en los indicadores
sociales y económicos de este territorio. Esta iniciativa conocida como “Región
Pacífico de Colombia: Tierra de Paz, Mar de Prosperidad” busca consolidar una
mirada más integral del desarrollo regional, que consulte la experiencia
adquirida desde 1985, para la construcción de una agenda una agenda articulada
en temas de desarrollo rural, conectividad, energía, seguridad y servicios
públicos. La consolidación de este propósito de cuatro departamentos,
constituye el más reciente ejemplo del suroccidente colombiano sobre su
aspiración de lograr un desarrollo equilibrado”[15].
Hay que tomar el Plan
Nacional de Desarrollo del Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón como una
bitácora que debe ser revisada y seguida de cerca por la Universidad y los
grupos de investigación.
Para el caso de Cali resulta
clave revisar los problemas socio ambientales que genera el poblamiento
irregular de las laderas, del jarrillón del río Cauca y el nuevo proyecto
conocido como eco-ciudad Navarro, que la administración de Guerrero quiere
desarrollar con el apoyo de la firma internacional Atkins (firma inglesa de
consultoría). De igual manera, los problemas de convivencia que se registran en
Potrero Grande, pretendida solución habitacional para habitantes que el Estado
local logró reubicar del jarillón del río Cauca.
La contaminación de las
fuentes hídricas, de los siete ríos que bañan la ciudad de Cali y el
aprovechamiento incontrolado de aguas subterráneas son asuntos socio
ambientales que bien vale la pena revisar a la luz del proyecto nacional de
desarrollo del Gobierno de Santos.
[1] PND, 2010-2014. p. 23.
[2] Ibid.
PND, 2010-2014. p. 21.
[3] SEN,
Amartya. Desarrollo y libertad. Bogotá, Planeta. p. 19.
[4] “Las mejores
capacidades institucionales municipales se concentran en el centro del país
especialmente en Bogotá, y el departamento de Cundinamarca, parte de Antioquia
y el sur de Boyacá y en los departamentos que conforman el Eje Cafetero y el
departamento del Valle”.PND, 2010-2014.
[5] Ibid. PND, 2010-2014. p. 21.
[6] PND,
2010-2014. p. 66.
[7] Otro elemento clave que nos puede conducir a la
consolidación de un pensamiento
ambiental, políticamente comprometido con la necesidad de cambiar una visión de
desarrollo que viene dejando graves estragos socio ambientales, es aceptar que la compleja realidad humana no puede comprenderse desde
la frágil trinchera de una profesión u oficio. Este elemento, que directamente
señala a la Academia, debe socializarse de tal forma, que cada ciudadano sea
capaz de entender y comprender que sus acciones cotidianas tienen efectos
sistémicos, que demandan de él prácticas
equilibradas.
[8] Vélez Galeano, Hildebrando.
Ambientalismo y vida buena. En: La manzana de la discordia, debate sobre la
naturaleza en disputa. Bogotá: Ecofondo, Ecos Nro 6. p. 50.
[9] PND,
2010-2014. p. 59.
[10] En
la actualidad el país asiste a una bonanza minera, que pone en contradicción
los intereses del gran capital transnacional, con la política ambiental e
incluso, con alguna legislación, en especial con el Código Minero, en el que
expresamente se prohíbe la explotación minera en zonas de páramo, pero que de
nada sirvió para que el Estado colombiano otorgara licencia ambiental a una
multinacional canadiense para explotar oro en la zona de Santurbán (Santander),
zona de páramo y ecosistema especialmente frágil y estratégico, por ser fuente
de agua y nacedero de varios afluentes.
[11] Por las señaladas condiciones endógenas y el dinámico
contexto exógeno, Colombia trató en el pasado de responder jurídica y
políticamente a las exigencias de
organismos internacionales, así como a corrientes de pensamiento ambiental, que
reclamaban una revisión del modelo de desarrollo, en donde se destaca la
mitigación de impactos ambientales por la puesta en marcha de proyectos de
infraestructura y explotación de recursos de especial importancia energética
(petróleo, gas y carbón) y económica (entrada de divisas por explotación de oro
y otros minerales), en zonas y ecosistemas frágiles e importantes como los
páramos, las formaciones coralinas y en general, los bosques tropicales. Colombia respondió y adquirió compromisos
éticos y políticos expuestos en el escenario de la Cumbre de la Tierra (1992, veinte años
después de la primera cumbre internacional llevada a cabo en Estocolmo). En
respuesta a éstos y en el contexto de una Constitución Política liberal y
garantista, promulgada en 1991[11],
el Estado colombiano avanzó en materia ambiental al concebir un marco legal que
le permitiera construir las bases de un modelo de explotación responsable de
los recursos naturales: la Ley
99 de 1993, con la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se organizó
el Sistema Nacional Ambiental (SINA). En términos prácticos, dicha norma le
daba un lugar privilegiado al tema ambiental, no sólo por el hecho de elevarse
al carácter ministerial, sino por la capacidad del novel Ministerio de
intervenir en discusiones de planeación, formulación de planes de desarrollo,
así como en la puesta en marcha de proyectos de infraestructura (construcción
de represas, complejos viales, explotación exhaustiva de oro y madera, entre
otros) y formulación de políticas
públicas y de reconocer, en adelante, la intervención interesada de las
comunidades locales asentadas en territorios y zonas biodiversas, proclives a
sufrir el impacto de obras de infraestructura ambiental y socialmente complejas.
[12] Op
cit. PND 2010-2014. p. 27.
[13] La
Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por
Chile, Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de 2011. Sus objetivos son: Construir, de manera participativa y consensuada, un área
de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación
de bienes, servicios, capitales y personas; Impulsar un mayor crecimiento,
desarrollo y competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr
un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la
inclusión social de sus habitantes; Convertirse en una plataforma de
articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al
mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico. Tomado de http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/la-alianza-del-pacifico-y-sus-objetivos/
Consulta 29 de mayo de 2014.
[14] PND,
2010-2014. p. 24.
[15] PND, 2010-2014. p. 47.
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