Por Germán Ayala Osorio,
comunicador social y politólogo
Las diferencias que puedan encontrarse o existir entre Santos y Uribe bien
las podemos concentrar en una dimensión ético-política. Y desde allí podemos
comprender las formas como ambos asumen el Estado, las relaciones entre los
tres poderes públicos y el respeto hacia la institucionalidad, pero
especialmente, las maneras como enfrentan a sus detractores y/o enemigos
políticos, en particular aquellos que
desde adentro del Estado atacan el proceso de paz, como es el caso del
Procurador Ordóñez o desconocieron en su momento la existencia del conflicto
armado interno y en la actual coyuntura, se oponen al proceso de paz de La
Habana. Algunos de ellos lo descalifican llamándolo traidor por haberse elegido
con las banderas de la seguridad democrática y los votos de su mentor y jefe,
cuando Santos fungió como ministro de la Defensa.
Mientras que Álvaro Uribe Vélez
en sus ocho años de mandato buscó a todas luces debilitar las instituciones
y concentrar el poder y manejarlo de manera discrecional de acuerdo con su
carácter mesiánico y autocrático, Santos buscó desde el principio recomponer
las relaciones entre los tres poderes públicos, en especial con la rama
judicial. Y como sus antecesores, buscó, a través de la llamada Unidad
Nacional, cooptar el Congreso para sacar adelante su proyecto político.
Quienes se opusieron a las ideas y al proyecto dictatorial que Uribe
planteó, fueron perseguidos, apelando a las más bajas prácticas de persecución
política. Uribe usó el DAS[1] como su policía política y desde allí persiguió
a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, congresistas y
académicos que no se hincaron ante su poder de intimidación y que no cayeron
ante la devoción que la gran prensa ayudó a construir al presentarlo como irremplazable y como el salvador del
país. El esperado Mesías.
Uribe debilitó y evitó los canales institucionales y buscó los atajos
para perseguir, amedrentar y golpear a quienes no aplaudieron sus acciones y
decisiones. La Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática fue el
instrumento jurídico-político e ideológico con el cual buscó darle un carácter
de legalidad a lo que claramente eran acciones ilegales de un Estado dirigido
al mejor estilo de lo que Orwell describió en su libro 1984[2].
A pesar de que Santos hace parte del mismo proyecto político hegemónico,
en especial en materia de política económica (ambos son neoliberales), como
hijo de una élite que se presta de ser decente, prefiere actuar dentro de la
institucionalidad, dentro de las normas y el derecho. O por lo menos, guardar
prudente distancia de los entuertos, de las prácticas ilegales y de los
desmanes que se cometieron desde el Estado durante los años en los que Uribe
mandó[3].
Con el reciente escándalo mediático que protagoniza el llamado ‘hacker’
Sepúlveda, las diferencias sustanciales entre los dos políticos saltan a la
vista. Ética y políticamente son distintos, así compartan el mismo modelo económico.
Santos deja que la justicia actúe y que esta use a medios como la revista Semana para develar -desprestigiar
como parte de una persecución política, dirán en el Centro Democrático- a quien
se ha convertido en su mayor detractor político y quizás, como el más fuerte
enemigo del proceso de paz.
A Santos no le preocupa tener a
Uribe como enemigo político, lo que de verdad le preocupa es que el ex presidente
tenga el poder y la osadía para convocar a fuerzas oscuras e incluso, a
sectores de las Fuerzas Armadas, para atentar contra el proceso de paz[4].
Su origen de clase le permite a Juan Manuel Santos Calderón no cazar
peleas con quien no tiene su mismo linaje y alcurnia. Santos reconoce a Uribe
como un emergente y como un
experimento de un sector de la élite económica y política que comprendió que
aquel estaba llevando al país por caminos insospechados de cooptación mafiosa
del Estado, lo que prendió las alarmas en la élite bogotana. En parte le
quitaron el respaldo y finalmente fue la Corte Constitucional, con ponencia
negativa del magistrado Humberto Sierra Porto, la corporación que evitó su
segunda reelección. Luego vendría el apoyo dado a la elección y a la reelección
de Santos (2014-2018) y el que aún le mantienen para que dé continuidad al
proceso de paz.
Mientras Santos Calderón concentra sus energías en el proceso de paz de
La Habana, sus aliados en la Fiscalía -y más adelante desde la Contraloría[5]-, hacen y harán todo lo
posible para golpear, desde la institucionalidad, no sólo a Uribe, sino a
quienes acompañan y apoyan su proyecto político de ultraderecha.
Lo publicado por la revista Semana, medio que ahora acompaña fielmente a
Santos, no sólo sirve para bajarle presión al proceso de paz por cuenta de la
llegada de militares activos a La Habana, en calidad de asesores de los
negociadores del Gobierno, sino para mostrarle los dientes, desde la
institucionalidad, a quienes de manera desesperada buscan torpedear el proceso
de paz y llevar al país a que transite oscuros caminos por cuenta de la
fractura en la unidad de mando dentro de la Fuerza Pública, que Uribe, Acore[6] y Fernando Londoño Hoyos[7], entre otros más actores,
vienen auspiciando y provocando.
Las revelaciones del llamado ‘hacker’, Andrés Sepúlveda, pondrían en
evidencia las finas relaciones entre Andrómeda[8] y un sector del Ejército con
la entonces campaña electoral del candidato a la Presidencia, Óscar Iván
Zuluaga y el Centro Democrático a la cabeza de Uribe Vélez, con el claro
propósito de buscar el rompimiento del proceso de paz que se adelanta en La
Habana. Si esto es cierto, estamos ante una evidente polarización política e
ideológica en torno a la búsqueda del fin del conflicto. Es decir, subsiste una
fina relación ideológica que busca el colapso del proceso de paz, entre Uribe y
el Centro Democrático, con un sector del Ejército, con el apoyo del Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.
De esta forma queda claro que mientras Uribe apeló a prácticas
subrepticias e ilegales para asustar, perseguir y dominar a detractores y
enemigos de sus políticas, en especial la de Seguridad Democrática, Santos deja
que la Fiscalía actúe dentro de los márgenes de la ley y los marcos
institucionales.
[1] Departamento Administrativo de Seguridad. A raíz de la penetración
paramilitar y los escándalos de las llamadas ‘chuzadas’, el Gobierno de Santos
desmontó jurídica y operativamente dicha entidad y creó la Agencia Nacional de
Inteligencia, ANI.
[3] No gobernó, mandó, por su carácter intolerante, poco conciliador y
mesiánico. Santos es un político, deja jugar, es clientelista, dialoga, respeta
la opinión contraria; por el contrario, Uribe confronta y manda desde la
relación amigo-enemigo: quien no está conmigo, está contra mí.
[5] Con la elección de Edgardo Maya Villazón.
[6] Asociación de Oficiales Retirados que se opone al proceso de paz y
que en las pasadas elecciones aupó a oficiales de alto rango de las fuerzas
militares para que deliberaran y ayudaran con los votos de sus familias, a
elegir como presidente de la República al candidato de Uribe Vélez, Óscar Iván
Zuluaga. Uribe logró gran ascendencia entre oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, por la exagerada defensa que hizo del honor militar y de la
mística, a pesar de que manejó a la institución castrense como si se tratara de
un ejército privado.
[7] Ex ministro y ahora ‘periodista’ radial. Desde un espacio radial
genera estados de opinión pública negativos en torno al proceso de paz. El caso
de Invercolsa deja entrever el talante con el que suele actuar este político.
[8] Espacio físico desde donde la Inteligencia Militar intervino las
comunicaciones de los negociadores del Gobierno y de las Farc. Una clara
muestra de que sectores castrenses no apoyan el proceso de paz y por lo tanto,
no obedecen al Presidente Santos como comandante supremo.
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