Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
En
los hechos conocidos como ‘falsos positivos’ se han visto involucrados
soldados, suboficiales y oficiales en rangos de capitán, mayor y coronel. Varios
ya han sido condenados por crímenes de
civiles presentados como guerrilleros muertos en combate. Se habla de por lo
menos 2.000 asesinatos. Sin duda, crímenes de Estado, en el contexto de una
perversa política de incentivos, perfectamente conectada con la forma como se concibió
y aplicó la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD) entre 2002 y
2010. Baste con recordar el Decreto 1400 de 2006 (Boina) y en especial la
Directiva Ministerial 029 de 2005.
Ayer
03 de septiembre, varios medios masivos dieron a conocer que la Fiscalía
General de la Nación, al recoger y validar el testimonio del ex coronel
González del Río, investiga y compulsará copias de la investigación premilitar a
la Corte Suprema de Justicia, en la que nueve (9) generales estarían
involucrados en los casos de ‘falsos positivos’. Entre ellos, el comandante de las Fuerzas Militares, Juan Pablo
Rodríguez, junto con los generales Justo Eliseo Peña,
Hernando Pérez Molina y Leonardo Gómez Vergara[1]. Sin
duda, un escándalo de inmensas proporciones, dado que esos hechos confirmarían
que asesinar civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate,
correspondía a una política oficial. Una práctica sistemática que anula preceptos
y principios constitucionales asociados al devenir de un Estado Social de
Derecho.
Que
nueve (9) generales de la República sean requeridos por la Fiscalía y muy
seguramente resulten procesados por la Corte Suprema de Justicia, no solo mancha la trayectoria de los
implicados, sino que se convierte al tiempo en una oportunidad para repensar la
doctrina militar y diseñar las Fuerzas Armadas para el posconflicto. Claro
está, siempre y cuando se firme el fin del conflicto armado en La Habana y
posteriormente se haga lo mismo con el ELN.
Por
ello, este episodio debe servir para generar consensos sociales, militares y
políticos alrededor de la necesidad que hay de modificar sustancialmente la
naturaleza de las Fuerzas Armadas, profundamente afectadas por la degradación
del conflicto armado interno.
Una
guerra interna en la que por largos 50 años se han enfrentado guerrillas y
Fuerzas Armadas, sin que haya un vencedor claro que reclame la victoria, solo puede
producir fenómenos como el de los ‘falsos positivos’ y la degradación de de la
estructura armada, que arrastra en su colapso con la mística, la disciplina y
el honor de unas fuerzas estatales que han sido incapaces de someter
militarmente al enemigo interno.
Hay,
entonces, suficientes razones para exigirle a los negociadores de las Farc y
del Gobierno y al grupo de asesores militares que viajaron a Cuba, que deben
continuar sentados en la mesa de diálogo, hasta lograr un acuerdo que ponga fin
a un largo y degradado conflicto que además de millones de desplazados y
cientos de víctimas mortales, ha provocado la putrefacción de unidades
militares que bajo el hedor de unos incentivos económicos y militares, violaron
la constitución y la confianza que la sociedad ha depositado en sus fuerzas
armadas.
Los
‘falsos positivos’ son una monstruosidad a la que se le debe poner fin. Y la
mejor forma de garantizar que ello no vuelva a ocurrir es negociar el fin del
conflicto armado interno, cambiar la orientación de la doctrina de defensa y
por ese camino, cambiar los criterios de reclutamiento y la formación académica
y militar de aquellos que de manera voluntaria deseen enlistarse.
Resulta
no solo contradictorio, sino preocupante que desde el propio Estado se ordene
el asesinato de civiles. Ello pone en riesgo la institucionalidad y la
institución castrense, dado que las pone en el mismo nivel de peligrosidad de
organizaciones criminales al margen de la ley, como las propias guerrillas y
las llamadas bandas criminales.
Ojalá
que este nuevo escándalo mediático no se quede en eso y que lo expresado por el
ex coronel González del Río resulte veraz y que sirva para proscribir de una
vez por todas esa abominable práctica de asesinar civiles para cobrar
recompensas y obtener ascensos y bonificaciones.
Nada
le ayudaría más a la institución castrense, y en particular al Ejército, que una
fuerte depuración al interior de sus filas. El Estado colombiano no puede sumar
a su histórica debilidad institucional para erigirse como un orden justo y
legítimo, el recorrer los caminos de un Estado que asesina y tortura a sus
propios asociados.
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