Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El Presidente Santos cree que los
pesos y contrapesos de la Democracia se garantizan, exclusivamente, a través de
cambios en funciones nominales de magistrados de las altas cortes, del Senado,
e incluso, las ya estipuladas y las nuevas que se le asignen al Presidente en
el proyecto de reforma política que pronto discutirá el Congreso, en el que
incluye la eliminación de la reelección presidencial.
El marco constitucional, afectado
por numerosas reformas desde la promulgación de la Carta Política en 1991, está
instalado y funciona en un contexto cultural en el que hay que buscar las
razones para que el Estado colombiano devenga débil e incapaz de erigirse como
un orden justo y legítimo. De igual manera, para encontrar las circunstancias
que hacen posible que la sociedad en su conjunto devenga apática, ignorante y
escindida en torno a asuntos públicos de especial interés general.
Por supuesto que el diseño del Estado
y el funcionamiento mismo de las estructuras de poder que lo sostienen son
claves para lograr un equilibrio entre los tres poderes públicos, pero el
régimen presidencialista suele dar al traste con cualquier iniciativa de
regulación y de cambio de las co-relaciones de fuerza que se dan entre grupos
de interés que históricamente se han hecho con el Estado para lucrarse de él e
imponer una lógica mafiosa de cooptación.
Habría que examinar primero quién
pone los presidentes en Colombia y la crisis de representación que arrastran
quienes se han sentado en el Solio de Bolívar, a gobernar para unos pocos. Y
allí aparece la variable cultural. La idea de país, de nación y de Estado que
tiene la élite económica que pone presidentes en Colombia es premoderna y
anclada de muchas maneras a prácticas patrimonialistas y a una idea de orden
cercana a la promovida por los anteriores señores feudales. Allí mismo se
expone y se disemina una idea de país desde la lógica de una masculinidad
cultivada sobre el sometimiento de la mujer, de lo femenino, pero también del
débil, de unos Otros que deben ser vencidos, perseguidos, cooptados, sometidos
y excluidos por su origen étnico y social, capacidad económica, y filiación
política. Todo lo anterior a través de ejercicios de violencia física y
simbólica.
No se cambia el estado de cosas inconstitucional
generalizado en el que vivimos de tiempo atrás en Colombia, entregándole al
Presidente la capacidad nominadora de quienes estarán al frente de órganos de
control y de investigación. No. Lo que
debe pasar es que el país conozca y comprenda el tipo de Estado y de nación que se ha construido gracias a la
guía de una élite sucia, usurera, cicatera, matrera, ladina, mezquina, avara,
corrupta, permisiva, precapitalista y con una conciencia ambiental instalada y
sumergida en las subculturas arriera, ganadera, agroindustrial y minera. Esa
misma conciencia ambiental que hoy tiene al país sumergido en un desarrollo
extractivo criminal, que en el corto y mediano plazo generará nuevos conflictos
socio ambientales.
Podrá el actual Congreso de la
República y el que elijamos en cuatro años tramitar reformas constitucionales
para garantizar el pretendido equilibrio de poderes que hoy le preocupa al
Presidente Santos. Pero dichas modificaciones serán inocuas hasta tanto la
variable cultural no sea atendida de manera responsable, con miras a cambiar
las prácticas políticas, sociales y económicas. .
Y es que en ese órgano
legislativo poco se discuten asuntos claves para reordenar e incluso, repensar
el Estado y el devenir de la Nación. Asuntos como el territorio, las
territorialidades, las cosmovisiones de indígenas y afros, y sus proyectos de
vida colectivos; de igual manera, la colcha de países que co existen dentro del
territorio nacional apenas si es reconocida a través de una representación
territorial lograda a través de prácticas clientelistas y mafiosas.
Reducimos lo cultural a
festivales gastronómicos, a ferias, a manifestaciones localizadas, que solo
sirven para encasillar y estigmatizar y para insistir en una vieja
justificación con la que intentamos explicar porqué tenemos tantas dificultades
para consolidar un proyecto de nación incluyente: es que somos un país de
países, por aquello de que cada región es una Colombia distinta. Tanto es así,
que hablamos de país vallecaucano, país paisa… Tantas ideas de país que solo
sirven para ocultar la incapacidad histórica de la élite bogotana que justifica
e insiste en el centralismo bogotano y las élites ‘espejos’ que en cada región
hacen ingentes esfuerzos para mantener dicho centralismo y por ese camino, las
grandes diferencias que existen entre el centro y la periferia.
El equilibrio de poderes será
posible cuando la élite militar, económica, social y política tradicional por
fin tenga una idea de justicia que extienda y haga llegar el orden jurídico, el
imperio de la ley a todas las regiones del país. Será posible el equilibrio de
poderes cuando esa élite modifique y transforme su idea de Estado Social de
Derecho, en la perspectiva de ceder poder y riqueza para garantizar avances de
una democracia social, política y económica que deviene precaria.
Insisto, el asunto del equilibro
de poderes debe pasarse por el harnero de la cultura. Quizás allí encontremos
explicaciones a ese perverso individualismo con el que actuamos en público y en
relación con lo público; y sobre todo, a esas prácticas mafiosas y corruptas
que la élite ha impuesto y ha permitido para garantizar su otoñal poder y
someter no sólo a millones de colombianos, sino a un país biodiverso, ambiental
y culturalmente, que bien merece otro orden, otro Régimen de poder.
Imagen tomada de Semana.com
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