Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Por estos días varios hechos
noticiosos confirman que la sociedad colombiana continúa siendo goda,
premoderna y violenta. Hechos noticiosos, vale la pena decir, fundados en el
morbo de un periodismo que, atado a unos criterios de noticiabilidad
acomodaticios e inconvenientes, termina legitimando prácticas discriminatorias.
Los hechos tienen que ver con la vida privada y las “orientaciones” o
“preferencias” sexuales de las ministras de Educación, Gina Parody y de
Comercio, Cecilia Álvarez y de las Congresistas, Claudia López y Angélica
Lozano.
Por cuenta de ese periodismo y de
la presión de sectores societales homofóbicos, las funcionarias y figuras
públicas fueron sometidas al escarnio público como si sus decisiones alrededor
de con quién decidieron convivir y compartir sus vidas fueran un asunto público
e incluso, un asunto estatal. Es clara y evidente la confusión que ronda en los
periodistas y en la sociedad colombiana: la vida privada no puede ser un objeto
de interés colectivo y menos, de consumo masivo, por cuenta de un discurso
noticioso fundado en los miedos y en los fantasmas de una sociedad que siente y
ve que con preocupación que el modelo tradicional de familia cambió. Ese viejo
referente y paradigma de vida social, papá, mamá e hijos, está en crisis por
cuenta de cientos de miles de colombianos que consideran que existen otras
formas de asumir la vida, alejados de esa tradición que obliga a hombres y mujeres
a casarse y a reproducirse porque así lo demanda la sociedad y por supuesto,
Dios.
Apegados a la tradición
conservadora y siguiendo las orientaciones de la Iglesia Católica y las
prácticas discriminatorias del Procurador Ordóñez Maldonado, que configuran ya una
persecución ideológica contra aquellos no heterosexuales, los medios masivos
hicieron eco no sólo de la denuncia interpuesta contra las investiduras de la
senadora Claudia López y la Representante a la Cámara por Bogotá, Angélica
Lozano, sino que exacerbaron el morbo de una sociedad que aún no acepta que en
Colombia coexistan con el resto de la sociedad, hombres y mujeres que se
sienten atraídos y aman a parejas del mismo sexo.
Dentro de los criterios de
noticia, medios y periodistas reconocen en lo “raro” un valor con el cual
calificar un hecho. En esa línea, resulta “raro” ser homosexual, como si se
tratara de una enfermedad o de una decisión individual contra natura. Nada más
equivocado que ese valor con el cual el periodismo y algunos periodistas
abordaron a las vidas privadas de las mencionadas funcionarias públicas.
Por lo anterior, es urgente que
los periodistas y las empresas mediáticas cambien los criterios con los cuales
históricamente vienen elevando al estatus de noticia hechos que están anclados
en el ámbito de lo privado y que guardan correspondencia con los derechos
inalienables de los individuos, de las personas. En adelante, entonces, no
tendría que ser noticia la presencia de ciudadanos no heterosexuales dentro de
la Fuerza Pública, en el Congreso o en el gabinete de un Gobierno. Como agentes
socializadores y de cambio social, periodistas y medios deben convertir en
noticia todo acto de discriminación y de violencia física y simbólica que se dé
en contra de la población homosexual, pero no insistir en convertir en un hecho
noticioso (público), lo que claramente pertenece a un asunto privado.
Es mucho lo que pueden ayudar los
medios de comunicación y el periodismo a quitarle el velo a una sociedad goda
que se resiste a aceptar a aquellos que retan la tradición y el viejo y en
desuso modelo de familia, que a pesar de haber sido ampliado por la Corte
Constitucional, encuentra férreos detractores como el Procurador General de la
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien en varias ocasiones fustigó las decisiones del alto tribunal y
desestimó su aplicación. De esta forma, el Jefe del Ministerio Público deviene
convertido en una especie de nuevo Torquemada,
que de modo ampliado, persigue a mujeres que abortan o que estarían dispuestas
a hacerlo en los tres casos autorizados en la sentencia de la Corte
Constitucional; o aquellas mujeres y hombres homosexuales que desean e insisten
en adoptar niños o niñas que necesitan un hogar en el que puedan recibir amor y
unas mejores oportunidades para su desarrollo social. O simplemente, aquellas
parejas del mismo sexo que solo buscan que se les reconozcan los efectos
jurídicos de las uniones de hecho y se les respeten sus derechos a buscar la
felicidad.
Ahora bien, el reto no solo lo
tienen los periodistas, las empresas mediáticas y los sectores que se oponen a
formas diferentes y legítimas de vivir y asumir la vida en sociedad. Ahora el desafío lo tiene la
ministra de Educación, Gina Parody, quien debe presentarle al país propuestas
de política pública y programas educativos en donde claramente se indique y se
busque la necesidad de reconocer los derechos de los homosexuales. Desde su
cartera ministerial debe hacer ingentes esfuerzos para que casos como el del
estudiante Sergio Urrego[1] no se
vuelvan a presentar en el país. No se trata de que su Cartera tenga o no las competencias para vigilar lo que sucede en los colegios. De lo que se trata
es que desde su condición homosexual y como ministra, lidere campañas de
respeto a la diferencia, en especial hacia aquellos que no están obligados a
seguir los modelos de vida que sectores sociales premodernos, godos y violentos
quieren imponer al resto de la sociedad.
Imagen tomada de Semana.com
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