Por Germán Ayala Osorio,
comunicador social y politólogo
Se equivocan quienes piensen que
la paz está cerca. Lo que puede estar cerca es la firma de un pacto político,
fruto de una negociación política, con el que se pondría fin a un largo y
degradado conflicto armado interno.
La paz deberá construirse y
consolidarse en el tiempo a través de profundos cambios en las formas como el
Estado viene operando y el tipo de relaciones que se han venido legitimando con
la sociedad. En el fondo, ese anhelo de paz requerirá de un fuerte cambio
cultural en las maneras como concebimos lo público, el Estado, el poder, la
sociedad, el medio ambiente y en general, la vida en comunidad.
De esta forma, debemos comprender
que si negociar una Agenda pactada a seis puntos nos pudo o nos puede parecer
difícil, la implementación de los acuerdos será aún más difícil, complejo y
delicado, dado que demandará grandes esfuerzos institucionales, económicos,
sociales y políticos que hagan viables y alcanzables esos acuerdos. De allí que
asegure que la paz aún está lejos, así el fin del conflicto esté cerca de
firmarse.
Consecuente con la naturaleza de
un conflicto armado interno que jamás alcanzó el carácter nacional, en las
negociaciones de paz que se adelantan en territorio cubano se habla de paz territorial, esto es, una idea de
paz diferenciada en consonancia con una realidad: el conflicto armado y sus
dinámicas tuvieron disímiles expresiones y efectos en territorios,
circunstancias estas que hacen pensar en la construcción de una paz igualmente
diferenciada y a tono con necesidades particulares.
“La paz se construye desde los territorios que más han sufrido la guerra[1]” ha dicho en
reiteradas ocasiones Sergio Jaramillo, miembro de la comisión del Gobierno que dialoga y negocia con los miembros de las
Farc. No se trata de una frase más. Es, por el contrario, el norte de los
escenarios de posacuerdos y posconflicto que se puedan concebir, implementar y
consolidar, después de la firma del acuerdo con el que se pondrá fin al
conflicto armado interno.
Mirada y entendida como una
estrategia para la implementación de los acuerdos a los que lleguen Gobierno de
Santos y cúpula de las Farc, la paz
territorial demandará no sólo el fortalecimiento del Estado en las regiones
en donde las dinámicas del conflicto afectaron la vida de comunidades
campesinas, afro e indígenas, entre otras, sino el reconocimiento político de
los enormes daños que de tiempo atrás viene dejando el centralismo bogotano. No
somos el país descentralizado que muchos promulgan.
De no lograrse un
redireccionamiento en la misión del Estado central, en relación con las
demandas y realidades particulares de cada región, lo acordado en la mesa de La
Habana no logrará implementarse y por ese camino, la paz se alejará como
propósito político de reconciliación y de no repetición de los errores y de los
crímenes cometidos en el pasado, que coadyuvaron a la expansión del conflicto
armado interno.
Se va a necesitar que el Estado
colombiano, débil, precario, cooptado y capturado por disímiles mafias
clientelares y élites de poder incapaces de guiar los destinos de la Nación, se
transforme en un orden social, político, económico y cultural acorde con las
exigencias que lo acordado en La Habana demanda, en aras de consolidar la paz y
la convivencia en todo el territorio nacional. Ese es y será el gran reto que
desde las regiones se deberá emprender, claro está, con el concurso decidido de
un “nuevo” centralismo bogotano.
La élite bogotana debe aceptar
que falló en la guía de un Estado que no logró consolidarse en todo el
territorio y que coadyuvó, en buena medida, a mantener una idea de regiones
diferenciadas, con el claro propósito de impedir la consolidación de un
proyecto de Nación incluyente. Claro que las élites regionales también
aportaron a la consolidación de un país de regiones que en lugar de
compartir mitos fundantes en torno a una idea de ser colombiano, parece compartir, sin mayor repudio, un ethos
mafioso que ha contaminado la función pública, desde muy precisos intereses
privados.
Dice el propio Enrique Santos
Calderón, que “no habrá transición hacia una paz estable y duradera si no se apoya en
pactos políticos locales, regionales y nacionales y en amplios consensos
sociales…”[2]. ¿Tendrán las élites
locales y regionales, incluyendo la bogotana, la capacidad para entender que
una paz territorial demandará de ellos fuertes sacrificios para consolidar en
sus territorios modelos de paz acordes con viejas demandas sociales y con las
que acompañen la estructura discursiva de los acuerdos finales de La Habana?
Esa es una pregunta que muy seguramente servirá para medir el talante
democrático y el liderazgo de unas élites sobre las que recaen
responsabilidades en el surgimiento y en la extensión en el tiempo del
conflicto armado interno.
Así entonces, la paz territorial es, desde ya, la
oportunidad para que grupos de poder, de interés y élites sean capaces de
redireccionar y cambiar el destino de ese “nuevo barco” que llamado Colombia,
se está reconstruyendo en ese astillero de La Habana; serán co-responsables
tanto del naufragio, como del mantenimiento a flote de esa embarcación que
lleva en su carga las llaves de la paz en perspectiva territorial. Amanecerá y
veremos. Lo claro es que el camino hacia la consolidación de una paz estable y
duradera, estará lleno de trabas, obstáculos,
enemigos y detractores. No será fácil.
Y no será fácil en la medida en
que el componente de seguridad será definitivo para la implementación de los
acuerdos de paz. Y no me refiero exclusivamente a la seguridad que brinden las fuerzas
armadas estatales, sino a condiciones democráticas asociadas a la seguridad
alimentaria, la participación política y el ejercicio seguro de derechos y
libertades ciudadanas. Por ello, la idea
de una policía rural, de la que
puedan hacer parte guerrilleros desmovilizados, será clave para reelaborar o
recomponer los lazos sociales y las prácticas culturales que el conflicto
armado interno y los actores armados afectaron negativamente. Mientras esa policía rural cumple esas y otras
funciones, le corresponderá a las fuerzas militares continuar combatiendo a
grupos de narcos, paras y disidencias farianas que intenten copar los
territorios y continuar con actividades ilícitas y criminales (minería ilegal,
contrabando y narcotráfico, entre otras).
[1]
Tomado de Santos Calderón, Enrique. Así empezó todo. El primer cara a cara
secreto entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Bogota, Intermedio Editores,
2014. p. 128.
[2]
Santos Calderón, Enrique. Así empezó todo. El primer cara a cara secreto entre
el Gobierno y las Farc en La Habana. Bogota, Intermedio Editores, 2014. págs 129-130.
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