Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Con
la entrega de la ex directora del DAS (2007-2008), María del Pilar Hurtado,
nuevamente se agita la política y la justicia colombianas y se consolida la
polarización política que viene desde 2002 y que de cara a las próximas
elecciones de alcaldes y gobernadores, jugará un importante y definitivo papel
electoral.
Ya
en manos de la justicia, desde diversos sectores de la opinión, presionan o
recomiendan a la señora Hurtado que confiese quién dio la orden directa de
interceptar comunicaciones y de esculcar y enlodar la vida pública y privada de
magistrados, periodistas y políticos, detractores y críticos del Gobierno de
Uribe Vélez. El propio Fiscal General exhorta a la ex directora del entonces
DAS, a que cuente quién dio la orden de “chuzar”. Sin duda, a la pregunta le
aparece una sugerida respuesta que de manera directa involucra a Álvaro Uribe
Vélez, quien como Presidente de la República debió tener dominio absoluto del
entonces Departamento Administrativo de Seguridad, por ser aquella dependencia
el organismo más importante para la seguridad del Estado. Y si algo demostró
Uribe durante sus ocho años, fue condiciones para la micro gerencia, así como una
gran capacidad para estar al tanto no sólo de los pequeños detalles y la
minucia de ciertas instituciones, sino de los asuntos más estructurales. De allí que sea tan difícil de creer que no
supiera que el DAS se convirtió en la policía
política con la que se persiguió a quienes previamente él calificó como
“enemigos de la seguridad democrática”.
Dispuesta
o no a contar todo lo que sabe sobre los ya señalados episodios, y más allá de
los efectos jurídico-políticos de su esperada condena, sobre estos y otros
asuntos gravita la imagen de Uribe Vélez. Después del proceso 8.000, que
involucró políticamente al presidente Ernesto Samper Pizano, el país y la
opinión pública tienen en Uribe Vélez al político y ex presidente más señalado
de tener vínculos con empresas criminales (paramilitarismo y DAS). Tanto en los
hechos que rodearon al proceso 8.000, como los que señalan, por acción u omisión
la participación de Uribe Vélez, lo que subsiste es un maridaje entre política
y crimen.
Para
el caso de Samper hay que recordar que fue investigado por la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes, en cabeza del Representante
investigador, Heyne Mogollón. Allí se precluyó la investigación en contra de
Samper Pizano. El caso de Uribe Vélez es diferente, por cuanto dicha Comisión
de Acusaciones poco o nada ha avanzado en las varias de las denuncias que se
han interpuesto en contra del polémico ex presidente antioqueño.
Así
las cosas, la pregunta y el interés del país político y mediático del momento
es si María del Pilar Hurtado está dispuesta a involucrar a su antiguo jefe en
la transformación del DAS en una empresa criminal para perseguir, desde el
Estado, a quienes dentro de la legalidad, simplemente cumplían funciones
jurisdiccionales como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia[1]
y otros, que simplemente, hacían uso de sus derechos a criticar y demandar
explicaciones por las acciones de Gobierno y de Estado, en cabeza del entonces
presidente Uribe.
Pero
detrás de ese interés y de esa pregunta gravita una de mayor calado: por qué, a
pesar de señalamientos de ex paramilitares y de exfuncionarios del DAS y
subalternos de Hurtado, en los que se señalan directas órdenes y directa
participación en la comisión de graves delitos por parte de Álvaro Uribe Vélez,
este no cae. Creo que cuando el Fiscal le “sugiere” a Hurtado que cuente quién
le dio la orden de interceptar de manera ilegal a magistrados, políticos y
periodistas, lo que Montealegre en el fondo quiere saber es si Uribe Vélez le
dio la orden expresa de espiar a quienes para la Casa de Nariño se convirtieron
en “enemigos y en un peligro” para el
Estado colombiano.
Lanzo
varias hipótesis con las que busco explicar por qué Uribe Vélez no cae (y en
general, los expresidentes), en especial ahora que nuevamente el país político
y mediático están atentos ante lo que
pueda decir la entonces directora del DAS.
La
primera hipótesis está dada en términos de cultura
política: dado que en Colombia el ejercicio de la política, la política misma y el crimen
devienen en un profundo e histórico maridaje, los expresidentes son
estratégicos eslabones de la corrupción y co-responsables de los diversos
crímenes que se puedan suscitar o cometer, en el contexto de ese matrimonio
entre política y crimen.
Por
ello, no pueden ser tocados por la justicia, aunque si procesados y absueltos,
como fue el caso de Samper Pizano. Está en la cultura y en los proyectos ético
y políticos de élites de poder militar, económico, social y político del país,
mantener ese connubio entre política y crimen, entre lo legal y lo ilegal. Así
ha funcionado el Establecimiento y hasta tanto un ex presidente no devele esas
finas relaciones clientelares y criminales, su “dignidad” no podrá ser tocada
por ningún poder político-jurídico que ose hacerlo. Se permite, eso sí, que se
monten circos mediáticos y que incluso, sectores sociales y políticos señalen
con vehemencia la responsabilidad jurídica y política de uno o de varios ex
mandatarios. Pero saben que todo quedará allí, en espectaculares hechos
noticiosos que no tienen el poder para modificar las condiciones en las que
opera y se manifiesta ese contubernio entre política y crimen. Aceptan,
también, que se construyan “verdades sociales”, sostenidas en imaginarios con
los que la sociedad cada vez más se aleja de la política y de las convocatorias
a fortalecer la democracia a través de la participación política y electoral.
La
segunda hipótesis está dada en términos jurídico-políticos:
en el contexto de una justicia politizada y clientelista, los procesos judiciales
contra expresidentes se convierten de manera natural en juicios políticos, es
decir, en simples retaliaciones de sectores “opositores” que comparten y hacen
parte de la misma cultura política y del Establecimiento. Es decir, que de
muchísimas formas han aceptado, aceptan y han participado y/o beneficiado de
esas finas relaciones entre crimen y política.
Desde
una perspectiva más de la técnica jurídica, algunos señalan que en los procesos
contra Uribe Vélez no ha aparecido la prueba reina que demuestre sus vínculos
con grupos paramilitares y su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa
humanidad. Para el caso del DAS, muy seguramente el solo testimonio de María
del Pilar Hurtado no baste para procesar a Uribe. Se trata, como el caso de Samper, de un ex presidente y como tal, debe
considerarse y conservarse su “dignidad”, en tanto ella, de diversas maneras,
está, de tiempo atrás, al servicio de esa inquebrantable relación entre
política y crimen.
Y
una tercera y última hipótesis da cuenta de una sociedad que valida y legitima,
por acción u omisión, ese matrimonio entre política y crimen. Y lo hace, porque
esa sociedad fue concebida desde arriba, bajo los principios de una relación
clientelar y mafiosa con un Estado que
deviene cooptado y capturado por grupos de interés y de poder que se benefician
de las relaciones y de las acciones puestas en marcha desde esa indisoluble
pareja entre crimen y política.
Con
lo anterior, lo que el país debe preguntarse es por qué no caen expresidentes
en Colombia, si en varios casos se han indicado sus responsabilidades, por
acción u omisión, en la comisión de delitos y crímenes. Por ahora, asistiremos
al show mediático y judicial en torno a la ex directora del DAS, quien es una
pieza más de una cadena de corrupción y comisión de disímiles crímenes, de la
que son responsables las élites de poder tradicional y de la que los ex
presidentes son estratégicos, protegidos e intocables eslabones de ese
indisoluble matrimonio entre crimen y política.
Imagen tomada de las2orillas.com
2 comentarios:
El Tratamiento debe ser Social por todos Medios posibles, pero se necesita Participación Masiva Política con las Herramientas Nuevas,la Mejor la Voz del Pueblo,a través de del comentario,la información y la Comunicación.
En Términos prácticos Castigo Social con no Repetición y Divulgación de ese personaje del caso,por ejemplo Uribe !!
Todos los Políticos o funcionarios deben estar expuestos al no Fuero y en especial a rendir cuentas antes y después de cada elección o asignación, por Acción u Omisión, es lo mínimo, y se puede hacer en un formato de 3 paginas sin tanto tecnicismo y complicación juridica.
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