Las órdenes de captura libradas (medidas de aseguramiento y posterior llamados a juicio) emitidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de varios senadores, ex senadores, políticos y representantes a la Cámara no sólo confirman el nivel de penetración alcanzado por el paramilitarismo y el narcotráfico, sino el distanciamiento político que de tiempo atrás subsiste entre un sector de la CSJ y el Gobierno de Uribe Vélez. De especial significado político resulta el pronunciamiento de la CSJ en el sentido de no reconocer como sediciosos a los paracos.
Es decir, por un lado va el sentido jurídico de las medidas y posturas jurídicas adoptadas por dicha Corte, y por el otro, el sentido político que tienen éstas y que se explica en la posición asumida por el alto gobierno en torno a una vieja intención del Ejecutivo de reformar la justicia, a la tutela y de quitarle el fuero o el estatus que hoy tiene la Corte Constitucional (CC).
La historia es así. El presidente Uribe Vélez mantuvo, hasta antes del fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional en torno de la reelección presidencial inmediata, una prudente distancia frente a los criterios filosóficos, políticos y jurídicos con los cuales dicha Corte se pronunciaba alrededor de hechos públicos como las demandas de los ahorradores del sistema UPAC, así como las interpretaciones alrededor de fallos de otras instancias como la Corte Suprema de Justicia y el propio Consejo de Estado frente a tutelas de diversa índole.
El conocido y viejo ‘choque de trenes’ permitió, de alguna manera, que el Presidente se acercara a las Cortes (Suprema de Justicia, Constitucional y Consejo de Estado) con recelos y simpatías dependiendo de ciertos intereses y coyunturas políticas. Inicialmente, y antes del fallo que declaró la exequibilidad de la reelección presidencial inmediata, Uribe Vélez mostró simpatías hacia magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con aquellos que en otras instancias, veían con buenos ojos reformar la tutela, y por ese camino, restarle poder a la Corte Constitucional, quitándole de esta forma la posibilidad a los colombianos(as) de interponer este recurso ante fallos judiciales.
Existió y existe aún el criterio que señala que los fallos de la Corte Constitucional tienen un carácter populista que terminan co gobernando y tomando decisiones en el ámbito económico. De ahí la intención, de unos y otros, de quitarle poder a la CC con el proyecto de Reforma a la Justicia que se hundió hace un tiempo en el Congreso.
Cuando el gobierno anunció que no apoyaría, a través de su bancada uribista, cambios drásticos en torno a la tutela y menos aún, en contra de los alcances de la Corte Constitucional, casi de inmediato se entendió en las otras dos Altas Cortes, que el Presidente había tomado partido a favor de la instancia que le había permitido presentarse como candidato a la reelección presidencial inmediata.
Quizás ese sea el motivo político que explique y sostenga las órdenes de captura emitidas –y las que vendrán- por parte de la Corte Suprema de Justicia contra los ya conocidos amigos, colaboradores o miembros del paramilitarismo en Colombia. Pero quizás este antecedente sea la razón político-jurídico que hoy tiene enfrentado al Presidente con la Corte Suprema de Justicia en el caso del proceso y el estatus político que el primero reclama con especial interés para los señores de las autodefensas unidas de Colombia (AUC). Quizás por ello el Presidente señale que en el reciente fallo de la Corte Suprema negando el delito de sedición para juzgar a los paras subsisten elementos ideológicos.
Lo claro es que Colombia se ‘derechizó’ y se ‘paramilitarizó’ y que el escándalo seguirá. Se espera que la rama judicial haga su trabajo y que las pocas voces de ‘oposición’ que se escuchan contra el unanimismo político y mediático que aún se respira y se vive en Colombia, denuncien lo que sucedió con la penetración del paramilitarismo.
Es posible que quienes creyeron en el hombre fuerte, recio y trabajador estén pensando en quitarle el apoyo, dado los niveles de ingobernabilidad que puedan generarse ante el desenmascaramiento de un Gobierno y de un Congreso que simpatizan con el paramilitarismo en cualquiera de sus manifestaciones. Dicho escenario, aunque indeseable, es mejor que mantener en silencio las simpatías, las relaciones y el connubio entre paramilitares, la institución legislativa y el Gobierno que prometió luchar contra la corrupción.
Es decir, por un lado va el sentido jurídico de las medidas y posturas jurídicas adoptadas por dicha Corte, y por el otro, el sentido político que tienen éstas y que se explica en la posición asumida por el alto gobierno en torno a una vieja intención del Ejecutivo de reformar la justicia, a la tutela y de quitarle el fuero o el estatus que hoy tiene la Corte Constitucional (CC).
La historia es así. El presidente Uribe Vélez mantuvo, hasta antes del fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional en torno de la reelección presidencial inmediata, una prudente distancia frente a los criterios filosóficos, políticos y jurídicos con los cuales dicha Corte se pronunciaba alrededor de hechos públicos como las demandas de los ahorradores del sistema UPAC, así como las interpretaciones alrededor de fallos de otras instancias como la Corte Suprema de Justicia y el propio Consejo de Estado frente a tutelas de diversa índole.
El conocido y viejo ‘choque de trenes’ permitió, de alguna manera, que el Presidente se acercara a las Cortes (Suprema de Justicia, Constitucional y Consejo de Estado) con recelos y simpatías dependiendo de ciertos intereses y coyunturas políticas. Inicialmente, y antes del fallo que declaró la exequibilidad de la reelección presidencial inmediata, Uribe Vélez mostró simpatías hacia magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con aquellos que en otras instancias, veían con buenos ojos reformar la tutela, y por ese camino, restarle poder a la Corte Constitucional, quitándole de esta forma la posibilidad a los colombianos(as) de interponer este recurso ante fallos judiciales.
Existió y existe aún el criterio que señala que los fallos de la Corte Constitucional tienen un carácter populista que terminan co gobernando y tomando decisiones en el ámbito económico. De ahí la intención, de unos y otros, de quitarle poder a la CC con el proyecto de Reforma a la Justicia que se hundió hace un tiempo en el Congreso.
Cuando el gobierno anunció que no apoyaría, a través de su bancada uribista, cambios drásticos en torno a la tutela y menos aún, en contra de los alcances de la Corte Constitucional, casi de inmediato se entendió en las otras dos Altas Cortes, que el Presidente había tomado partido a favor de la instancia que le había permitido presentarse como candidato a la reelección presidencial inmediata.
Quizás ese sea el motivo político que explique y sostenga las órdenes de captura emitidas –y las que vendrán- por parte de la Corte Suprema de Justicia contra los ya conocidos amigos, colaboradores o miembros del paramilitarismo en Colombia. Pero quizás este antecedente sea la razón político-jurídico que hoy tiene enfrentado al Presidente con la Corte Suprema de Justicia en el caso del proceso y el estatus político que el primero reclama con especial interés para los señores de las autodefensas unidas de Colombia (AUC). Quizás por ello el Presidente señale que en el reciente fallo de la Corte Suprema negando el delito de sedición para juzgar a los paras subsisten elementos ideológicos.
Lo claro es que Colombia se ‘derechizó’ y se ‘paramilitarizó’ y que el escándalo seguirá. Se espera que la rama judicial haga su trabajo y que las pocas voces de ‘oposición’ que se escuchan contra el unanimismo político y mediático que aún se respira y se vive en Colombia, denuncien lo que sucedió con la penetración del paramilitarismo.
Es posible que quienes creyeron en el hombre fuerte, recio y trabajador estén pensando en quitarle el apoyo, dado los niveles de ingobernabilidad que puedan generarse ante el desenmascaramiento de un Gobierno y de un Congreso que simpatizan con el paramilitarismo en cualquiera de sus manifestaciones. Dicho escenario, aunque indeseable, es mejor que mantener en silencio las simpatías, las relaciones y el connubio entre paramilitares, la institución legislativa y el Gobierno que prometió luchar contra la corrupción.
Reconocerlos como sediciosos es poner en riesgo a los colombianos ante un poder asesino que se incrustó en diversas actividades de la sociedad colombiana y que hoy alardea y amenaza con regresar al monte. El afán del Presidente de generar forzosos consensos y lograr legitimar a los paracos confirma no sólo su cercanía ideológica con el paramilitarismo, sino su desprecio por la justicia y por el Estado de derecho.
Falta quitarle la máscara a empresarios que apoyaron a los grupos paramilitares y que hoy ven con buenos ojos que éste fenómeno político, militar y económico se esté institucionalizando, y que además apoyan la idea del Presidente de que efectivamente cometieron el delito de sedición.
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