LO QUE OCULTA EL DECÁLOGO DEL CENTRO DEMOCRÁTICO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Bien vale la pena leer con atención el Decálogo que recién divulga el Centro Democrático, dado que es, y será, sin duda, la columna ideológica de sectores de derecha y de  ultraderecha, que de cara al escenario electoral de 2014, buscarán llegar al poder presidencial. El documento no puede entenderse como una simple reacción o comunicado de un ‘nuevo’ movimiento político que crea Álvaro Uribe Vélez, en su afán de torpedear el proceso de paz de La Habana. Por el contrario, estamos ante la plataforma ideológica con la que el uribismo buscará recuperar el poder del Estado.

Miremos varios puntos de lo que puede considerarse como la introducción, en los que de manera clara y abierta el Centro Democrático exhibe el país que tienen en mente los sectores políticos y económicos que hoy se aglutinan en dicha micro empresa electoral.

En una primera idea, en el Decálogo se dice lo siguiente:   “El Centro Democrático reafirma ante la opinión pública que uno de los principios fundamentales de su ideario político es la aplicación legal y efectiva de la autoridad del Estado para neutralizar la acción de los violentos…”.

Tanto en esta idea, como en otras, aparece la noción de Estado de Derecho, concepción en la que sobresale el imperio de la ley sobre cualquier circunstancia contextual que de manera clara le reste legitimidad al actual régimen de poder político. Así mismo, en el documento se apela al universal violentos, con el firme propósito de invisibilizar y minimizar el carácter político de los grupos alzados en armas, que son la expresión histórica no sólo de la debilidad del Estado, sino de su ilegitimidad como orden social y político.

A renglón seguido, el Centro Democrático señala que deja abierta la posibilidad de buscar la paz a través del diálogo. Es decir, hablarían de paz, sobre la base de continuar desconociendo la existencia de un conflicto armado interno, y por ese camino, de la coexistencia de actores armados. Exhibe el Centro Democrático, una idea de paz sobre la base de ‘reconocer’ a unos enemigos que actúan por fuera de la ley, desconociendo su lucha y sus apuestas ideológicas y políticas.  En el texto se lee: “Sin embargo, está abierto a la realización de diálogos como camino para lograr la paz en Colombia…”

Más adelante, se puede leer lo siguiente: “El gobierno de la Seguridad Democrática realizó extraordinarios avances en mejorar la seguridad para todos los colombianos sin distingo, en recuperar la soberanía del Estado sobre todo el territorio nacional, en garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, en defender el imperio de la Ley, y, en resumen, en pacificar el país por medio del ejercicio legítimo de la autoridad”.

De manera clara, los ideólogos del Centro Democrático ocultan que la PPDSD fue una estrategia militar que buscaba no sólo acabar con las Farc, sino que fue usada como instrumento de persecución política e ideológica contra campesinos, afrocolombianos, indígenas, líderes de izquierda, periodistas, libre pensadores y académicos, entre otros. Objetivo que se cumplió con la ayuda del antiguo DAS y las interceptaciones ilegales contra periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban los nexos de políticos amigos de Uribe, con los paramilitares (parapolítica). Todas las estrategias e instrumentos aplicados por el Gobierno de la Seguridad Democrática, dejaron víctimas mortales, conocidas por los medios como ‘falsos positivos’ (entre 1.800 y 3.200 ejecuciones).

Más adelante, en el Decálogo se puede leer la siguiente idea: “…y desarrolló una política social que incluía programas de consolidación territorial orientados a generar desarrollo, empleo, ingreso y seguridad social a las comunidades más azotadas por la violencia, así como la normalización institucional de las regiones liberadas de la presencia terrorista…”

Nuevamente se oculta una realidad dramáticamente distinta a la que se expone en el Decálogo: es cierto, se recuperaron territorios, pero el Estado no logró consolidarse como orden social y político. Por el contrario, esos espacios fueron llenados por la acción de paramilitares, Bacrim y empresarios mineros que, sin control ambiental estatal, explotaron los recursos naturales a discreción, generando varios desastres ambientales.

En otra parte del documento se puede leer: “Desafortunadamente para el país, el gobierno del Presidente Santos se ha desviado de este rumbo y está realizando en La Habana unos diálogos con el grupo terrorista de las FARC, en unas condiciones inaceptables para el pueblo colombiano: diálogos en medio de la violencia y el terrorismo; negociación de la agenda nacional con un grupo terrorista que no tiene ninguna representatividad social ni legitimidad política; garantías de impunidad para sus crímenes atroces y de lesa humanidad; promesas de elegibilidad para criminales que no pasarán ni un solo día en la cárcel; y no entrega de armas de los terroristas”.

En la primera idea subrayada se insiste en que el Presidente Santos traicionó un ideario, un proyecto político que durante ocho años sirvió para desmontar el Estado Social de Derecho y avanzar hacia la consolidación de un Estado de Opinión. Sin duda, Santos dio un timonazo político al reconocer la existencia del conflicto armado interno, en franca contravía con el concepto de amenaza terrorista, acuñado en la Política de Seguridad Democrática. Así mismo, se insiste en desconocer la existencia del conflicto armado al decir que se dialoga en medio de la violencia y el terrorismo. Si bien hay que reconocer que las guerrillas apelan y han apelado a prácticas terroristas despreciables, insistir en llamarlos grupos terroristas no deja de ser una acción discursiva con la que no sólo se oculta el terrorismo de Estado, sino la naturaleza política de las agrupaciones guerrilleras.

Sobre la idea de agenda nacional, no queda claro si efectivamente existe una agenda nacional. Lo que se está negociando en La Habana son los puntos de una agenda de 5 puntos, acordados por las partes. Ahora, que ello implique modificar el modelo económico, por ejemplo, el que se aplica hoy en el sector rural, confirma la complejidad sistémica de los puntos de la agenda de negociación y la de los problemas que afronta el país de tiempo atrás.

En otro aparte del documento el Centro Democrático señala que “el gobierno de Santos jamás recibió un mandato para realizar diálogos en semejantes condiciones. Junto con la inmensa mayoría de la opinión pública nacional, el Centro Democrático rechaza la forma y el contenido de las conversaciones de La Habana, y reitera una vez más ante toda la ciudadanía los principios y condiciones que deberían respetarse para que el Estado, en representación de toda la sociedad, adelante conversaciones de paz con cualquier grupo violento”.

Esta idea parece tomada de una reciente opinión lanzada por el ex presidente Pastrana, quien afirmó que él, contrario a Santos, sí recibió un mandato ciudadano para buscar la paz con las Farc. Pastrana, efectivamente, contó con el apoyo del Mandato por la Paz, en el que cerca de 10 millones de colombianos dieron su aval para que dialogara con las Farc en el Caguán.

Sobre esta idea, huelga decir que Santos cuenta con la obligación constitucional de buscar la paz, que señala el Artículo 22, que dice que La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Además, contó con el apoyo ciudadano que se expresó en la reciente Marcha por la Paz, que se llevó a cabo en Colombia en los primeros días de febrero de 2013.

Es mucho más lo que oculta el Centro Democrático en este Decálogo. Pero es mucho más lo que hay por develar de los ocho años de un Gobierno que intentó ‘superar’ el Estado Social de Derecho, para convertirlo en un régimen autocrático, sostenido por encuestas y por la acción de unos medios de comunicación que se hincaron ante el poder amedrentador y el carácter camorrero y montaraz de un Presidente que afectó en materia grave la institucionalidad estatal.