Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Los acuerdos que se logren firmar en La Habana y los que sean refrendados social, jurídica y políticamente, en el contexto del proceso de paz adelantado entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, deben abrir el camino para que la sociedad y el Estado colombianos transiten hacia un gran escenario de posconflicto.
Ese multifactorial escenario de posguerra abarca variables y circunstancias que lo hacen complejo de realizar, dado que en tantos años de guerra interna, se ha naturalizado no sólo la debilidad del Estado, las prácticas clientelistas, la cooptación privada, legal e ilegal, y la desarticulación de la sociedad civil, sino la crisis de los procesos civilizatorios echados a andar en una Nación que deviene sin un proyecto que recoja las complejidades de un país pluriétnico, multicultural y biodiverso.
Propongo tres amplias expresiones de ese esperado escenario de posguerra, con el firme propósito de orientar la discusión en universidades y centros de pensamiento, preocupados hoy por el devenir del proceso de paz, en especial por la señalada alianza de sectores de derecha para torpedear los diálogos, así como los acuerdos a los que lleguen los negociadores de las Farc y del Gobierno, alrededor de los cinco puntos de la agenda acordada previamente.
Posconflicto estatal y político
Una primera expresión de ese anhelado escenario de posconflicto tiene que ver con el Estado y en especial, en la urgente necesidad de consolidar, social, económica, jurídica y políticamente un real, efectivo, eficaz y eficiente Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho que demanda de los tres poderes públicos, de los partidos políticos y de la élite política tradicional, reales compromisos para que ese carácter perdure y se haga presente a través del actuar estatal y de una consensuada ideología de Estado, defendida por todos y cada uno de los colombianos.
Concepción de Estado que implica desde ya cuestionar, congelar y reversar, si es el caso, algunas o todas aquellas políticas, recetas y recomendaciones que organismos multilaterales de crédito vienen haciendo a sucesivos gobiernos, alineados bajo las orientaciones del Consenso de Washington. Al final, hay que revisar a fondo el modelo económico, el régimen político, la política minera y de hidrocarburos y en general, la forma como la Nación viene haciendo uso de los servicios ambientales que le ofrecen selvas, páramos y sub páramos, entornos concentrados bajo el sistema de parques nacionales naturales y otras zonas que están por fuera de dicha delimitación.
Es posible, incluso, que en materia de derecho internacional, desde ya el Estado enfrente, con carácter y fortaleza, la injerencia de organismos como la ONU, del derecho internacional y de la Corte Penal Internacional, en lo que concierne, por ejemplo, a las características, particularidades y exigencias de la justicia transicional que se necesitará para darle viabilidad jurídica y política al proceso de negociación y de inserción a la vida civil de los combatientes de las Farc que se desmovilicen. Sin duda, deberá hablarse de amnistías colectivas para todos los miembros de los ejércitos enfrentados (Fuerza Pública, Paramilitares y Guerrilleros), sobre la base de que se conozca la verdad, que haya reparación y el compromiso y las garantías, sociales y estatales, de no repetición.
Redefinir el papel del Estado, hacerlo sólido y desnaturalizar su debilidad, así como desmontar las mafias clientelares enquistadas en oficinas e instituciones oficiales, aupadas por partidos y líderes políticos, son acciones concretas para dar vida al posconflicto estatal. Estamos, entonces, ante la necesidad de pensar en un nuevo pacto social, que puede empezarse a gestar, por vía de una Asamblea Nacional Constituyente.
Asegurar una amplia, limpia y segura participación política de opciones ideológicas y políticas distintas a la que representan los partidos conservador y liberal y otras fuerzas de derecha, es una necesidad inaplazable. Hay que garantizar la participación política de otros sectores que históricamente han estado marginados de la participación democrática. Se requiere profundizar la democracia por la vía de fortalecer la democracia política.
Posconflicto cultural
Es posible señalar que hay procesos civilizatorios que históricamente que devienen como fallidos o por lo menos, con graves problemas en el afianzamiento de principios y valores en torno a lo que debe ser una vida digna dentro de una Nación plural y compleja culturalmente.
La sociedad y la Nación colombianas deben no sólo aprender a dirimir y a resolver sus conflictos de manera pacífica, dialogante y de acuerdo con los marcos legales, sino a reconocer particularidades regionales en las que la guerra interna se viene manifestando de muy diversas maneras. Por ejemplo, el sur del país, el Chocó Biogeográfico y la Costa Atlántica exhiben diversas circunstancias y dinámicas de la guerra interna que hacen pensar en que las soluciones de posconflicto sean diferentes frente a otras que se planteen para territorios en donde los enfrentamientos entre las fuerzas estatales y guerrilleras han sido menos intensos.
Lo anterior exigiría un profundo cambio cultural del que deben ocuparse, en primera instancia, el Estado, a través de los Ministerios de Educación y de Cultura, ONG, movimientos sociales, estudiantiles, medios de comunicación, industria del entretenimiento y sindicatos, entre otros. A través del diseño de Políticas Públicas Culturales, hay que modificar y afectar, sustancialmente, imaginarios individuales y colectivos, así como las formas en las que los ciudadanos se representan el poder y las maneras como se deben resolver las diferencias, los problemas y los conflictos.
En ese camino, es viable proponer la desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación, con el claro propósito de desligar la producción noticiosa de actores de poder económico y político, que vienen insistiendo en imponer un tipo de cultura blanca, patriarcal y urbana, que mira con desdén las culturas afrocolombiana e indígena.
En esa dirección, tanto el discurso publicitario, como la industria del entretenimiento (producción de novelas, seriados y películas) deben articularse a un discurso que promueva el reconocimiento cultural, el respeto a la diferencia y la no estigmatización y exclusión de sectores poblacionales por razones religiosas, étnicas, orientación sexual e ideología, entre otras.
Posconflicto económico
Es necesario modificar el modelo económico, de cara a los cambios propuestos para el Estado, en el llamado posconflicto estatal. Necesariamente hay que pensar en la distribución de la riqueza, en la desconcentración de la misma y someter el manejo macroeconómico a las necesidades internas, y no a las exigencias, por ejemplo, del mercado internacional y en especial, a los compromisos de la deuda externa (pública y privada).
Los cambios en el modelo económico deben llevar a retomar los caminos de la industrialización, teniendo en cuenta condiciones regionales y las aspiraciones de las comunidades, que deben ser previamente consultadas. El crecimiento económico no puede seguirse dando sobre un modelo de desarrollo extractivo que no sólo es regresivo, sino que deja graves efectos ambientales y culturales.
De otro lado, el sistema financiero nacional y los grandes ricos deberán comprometerse con el posconflicto, no sólo garantizando empleos dignos, sino convirtiendo a trabajadores en co-propietarios (accionistas), con el claro objetivo de ganar en competividad, por la vía de asegurar condiciones de bienestar para trabajadores y familias.
En lo que toca al sector rural, hay que señalar que el actual modelo de desarrollo rural no sólo es inviable, sino que es generador de violencia, inequidad y discriminación. Para modificar este estado de cosas, no sólo se requiere una fuerte institucionalidad y recursos económicos (subsidios), sino repensar el modelo centralista, que suele adoptar políticas agrarias y agroindustriales desde las lógicas tecnócratas de carteras ministeriales ubicadas en Bogotá, que están al servicio de gremios, latifundistas y agroindustriales y por esa vía, suelen desconocerse y violentarse vocaciones, necesidades y aspiraciones locales y regionales.
Con todo lo anterior, queda claro que el posconflicto en Colombia es un escenario que exigirá cambios profundos en el Estado, en el modelo económico y político, en la sociedad y en la cultura. La democracia económica es otro factor sobre el que se debe trabajar para ampliar la democracia y por ese camino, legitimar al Estado.
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