Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El crecimiento de los indicadores en el sector minero y de hidrocarburos es motivo de regocijo para el gobierno de Santos. Ante los positivos balances económicos, la variable ambiental pasa a un segundo plano, lo que hará que se oculten los graves efectos que vienen dejando las actividades minera y maderera que se están desarrollando en vastas zonas biodiversas de Colombia, como el Pacífico.
En Colombia suele decirse, a manera de aforismo, que la economía va bien pero el país va mal. Creo que hay que sumarle una segunda parte al adagio popular: y el medio ambiente también va mal. Las denuncias de ambientalistas y de comunidades indígenas y campesinas no fueron atendidas de manera efectiva por el pasado gobierno de Uribe Vélez y el gobierno de Santos va en la misma dirección de ignorar los reparos expuestos por activistas y por las propias comunidades afectadas.
Lo cierto es que hay varios proyectos de explotación minera (carbón y oro, entre otros) que vienen dejando dudas sobre la implementación de planes de mitigación, pero especialmente, sobre el respeto a las normas ambientales, a las comunidades asentadas, a la naturaleza, desde la perspectiva de hacer sostenible el actual modelo de desarrollo.
A las consideraciones ambientales y de salud pública, se suman las económicas, pues en el tema de las regalías, los proyectos de exportación de carbón y de explotación de oro y de otros metales y recursos naturales, terminan beneficiando en gran medida las arcas de multinacionales y de sus filiales colombianas, con inocuos beneficios tanto para el Estado y la nación, como para los entes territoriales donde tienen asiento estas y otras actividades.
Son varios los ejemplos que bien ameritan la atención de los organismos de control y las autoridades ambientales, ocupadas, sin mayor éxito, en superar los estragos de las temporadas de lluvias, dejando de lado los nocivos efectos que dejan las actividades de exploración, explotación y de exportación de recursos naturales.
La explotación de carbón en la mina del Cerrejón y la exportación vía marítima del carbón que se extrae del Cesar, y que se transporta entre la bahía de Santa Marta y Ciénaga es un ejemplo claro de efectos ambientales por el polvillo de carbón. Allí hace presencia la controvertida multinacional Drummond.
También hay que señalar los casos de exploración y explotación de oro en Marmato (Caldas), en la que aparece la empresa Gran Colombia Gold, de origen canadiense, así como los que se desarrollan en inmediaciones de Cajamarca (La Colosa), y en Suárez (Cauca), en los que están los intereses de la controvertida multinacional Anglo Gold Ashanti. En esta zona del Cauca, la multinacional ha encontrado resistencia de campesinos, labriegos y pequeños propietarios de socavones, pero el proyecto de explotación minera persiste. De igual manera, es preocupante lo viene sucediendo en el Macizo colombiano, una región sitiada por empresas nacionales y multinacionales, paramilitares y guerrilleros, que van tras la extracción del oro.
No podemos dejar de señalar el proyecto hidroeléctrico del Quimbo (Huila), asignado por el gobierno de Uribe Vélez a la multinacional española Emgesa. Basta recordar algunos de los efectos que dejaría la construcción de la hidroeléctrica: inseguridad alimentaria, abandono de actividades agropecuarias de comunidades campesinas, que se verán obligadas a escoger entre desplazarse o cambiar de actividad económica, por ejemplo, convertirse en pescadores; de suma importancia, la desintegración de los lazos comunales construidos durante muchísimos años entre la gente que ocupa las veredas comprometidas en el proyecto.
En lo que corresponde a actividades de aprovechamiento forestal, el Chocó es escenario de un proyecto en el que nuevamente hace presencia una empresa multinacional canadiense. Se trata de la firma REM Internacional Cisa.
Algunos medios masivos registraron el hecho ambiental. Por ejemplo, el diario El Colombiano señaló:
La firma canadiense REM Internacional Cisa, ahora subsidiaria de Prima Colombia Hardwood con matriz en Vancouver (que por pocos meses fue Flagship Industries), comenzaría en mayo a explotar en firme 44.596 hectáreas del territorio del Consejo Comunitario General Los Delfines, que reúne las 15 comunidades de esa jurisdicción. Aunque el proyecto maderero está dentro del marco de la Ley 70 de 1993 sobre territorios colectivos asignados a las negritudes y cuenta con los permisos respectivos, ha sufrido tropiezos y diversos cuestionamientos. Sobre la firma, que estableció su campamento en playa Huaca, menos de 10 kilómetros al norte de la cabecera de Bahía Solano, pesan además otras investigaciones de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) por haber iniciado la construcción de una carretera en zona prohibida y sensible, relató Darío Cújar, subdirector de Calidad y Control Ambiental de esa entidad. La empresa también es investigada por una supuesta extracción de muestras botánicas vía aérea. (Tomado de http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/de_como_canadienses_explotan_la_selva_chocoana/de_como_canadienses_explotan_la_selva_chocoana.asp).
Lo cierto es que el gobierno de Santos Calderón puso a andar la locomotora minera sobre una débil institucionalidad ambiental, lo que, sin duda, dejará efectos nocivos de muy largo plazo tanto en las zonas intervenidas, como en los proyectos de vida de campesinos, negros e indígenas. Las condiciones de operación de las multinacionales en un país biodiverso como Colombia deben no sólo ser discutidas con las comunidades de base, sino que la adjudicación de los proyectos debe hacerse sobre la probada responsabilidad social y ética empresarial de las poderosas corporaciones que hoy operan en Colombia. Lo cierto es que en estos asuntos, las señaladas multinacionales tienen resultados controvertidos y controvertibles. Hay un asunto de ética ambiental que el Estado en su conjunto no puede obviar por el afán de obtener recursos económicos.
Según el portal www.lasillavacia.com, la actividad minera en Colombia se concentra hoy en cuatro empresas, compuestas a su vez por pequeñas y medianas filiales: Anglogold Ashanti (422 títulos, 781.573 hectáreas), Votorantim Metais Colombia S. A. (43 títulos, 82.458 hectáreas), Grupo Iacono (92 títulos, 14.260 hectáreas), Grupo Allen y Mineros S.A. (134 títulos, 121.388 hectáreas).
Es evidente que el Estado colombiano no tiene la capacidad institucional para controlar los diversos proyectos y megaproyectos mineros, madereros e incluso, los viales. Resulta más preocupante el panorama cuando un gobierno como el de Santos no exhibe una política ambiental clara y eficaz que establezca controles efectivos a los proyectos que se vienen ejecutando y que sirva para frenar las concesiones que de manera irresponsable entregan Corporaciones Autónomas Regionales, que sin mayor criterio ambiental y técnico, firman concesiones y autorizan la intervención en zonas biodiversas y frágiles.
En el discurso, Santos deja entrever su desconocimiento en materia ambiental. En dos intervenciones, en el contexto de los estragos dejados por la ola invernal, el Presidente de Colombia no sólo evita señalar culpables institucionales (directores de las CAR, alcaldes, gobernadores, entre otros), sino que culpa a la naturaleza y al fenómeno de la Niña e incluso, al Cambio Climático, de los desastres ocasionados por las lluvias.
Antes de finalizar el 2011 Santos señaló ante los medios de comunicación como responsable de las inundaciones al fenómeno de la Niña, a la que calificó de ‘maldita’. En alocución del 7 de diciembre de 2010, Santos dijo lo siguiente:
La crisis que vivimos hoy por causa de la dura ola invernal es la peor tragedia natural en nuestra historia. Podríamos decir que la naturaleza se ha ensañado con nosotros, pero no sería justo. Porque la naturaleza no hace otra cosa que devolver el inmenso daño producido por la desidia de muchos países que no han querido controlar sus emisiones contaminantes.
Por eso es tan importante la cumbre ambientalista que ahora mismo se reúne en Cancún, y esperamos que tenga el mayor éxito posible. El cambio climático es una realidad irreversible –que ya no podemos detener pero sí mitigar–, y a nosotros, como país afectado, nos corresponde aprender a vivir con él… .
Nota: artículo publicado en el Ethos Regional, boletín del CIER, edición nro 2 de enero-marzo de 2012.
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