YO DIGO SÍ A LA PAZ

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lunes, 4 de mayo de 2015

CONDENAR A URIBE: IMPERATIVO MORAL PARA TRANSFORMAR A COLOMBIA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La reciente condena proferida contra María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es el hecho jurídico-político más importante para el amplio sector de la opinión pública, que espera que, con dicho fallo, se llegue, por fin, a procesar, juzgar y ojalá condenar, a quien muy seguramente dio las órdenes para seguir, interceptar comunicaciones y desprestigiar a periodistas, magistrados,  críticos e intelectuales: Álvaro Uribe Vélez.

Esas mismas orientaciones, órdenes y directrices que la entonces directora del DAS cumplió a cabalidad, y con las que dicha entidad se convirtió en la Policía Política de un régimen que persiguió a quienes desde distintas entidades del Estado y roles de la sociedad civil, simplemente cumplían con sus deberes.

Si bien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (CACR) para que investigue al ex presidente de la República, la opinión pública sabe que en esa instancia investigativa no pasará nada. De hecho, varias denuncias contra el mismo ex presidente reposan en esa misma Comisión, sin que hasta el momento se haya movido un solo folio de las denuncias recibidas.

Será difícil procesar y condenar al ex presidente Uribe. La naturaleza política (clientelista) de la CACR, el miedo que sus miembros sienten al pensar que tienen que investigar a Uribe Vélez y su incapacidad para asumir las tareas investigativas, son suficientes elementos para pensar que el ex mandatario jamás responderá por los señalamientos y denuncias, a pesar de que le cabe toda responsabilidad política por  las violaciones de los derechos humanos, perpetradas durante sus ocho años de Gobierno. Y no solo por lo acaecido con las operaciones ilegales ejecutadas por el entonces DAS, sino por la penetración, cooptación y captura del Estado, por parte de los paramilitares. Grupos estos que contaron, además, con el apoyo de actores sociales, económicos y políticos de la sociedad civil, y por esa vía, dieron vida al paramilitarismo[1] como fenómeno sistémico y empresa criminal.

Si bien jurídicamente los procesos contra Uribe no caminan, el país, social y políticamente, necesita procesar a Uribe Vélez. Hacerlo, podría representar el inicio de un cambio cultural para un país que se acostumbró, entre el 2002 y 2010, al Todo Vale. Es claro que se borraron los límites de la decencia. Hubo excesos. El llamado “Embrujo autoritario”, consolidó las negativas Representaciones Sociales (RS) e imaginarios colectivos, que frente al Estado y la función pública, históricamente exhiben los colombianos. Con Uribe se naturalizó la corrupción. Él mismo decía que su Gobierno no compraba conciencias, que seducía. Y todos sabemos que la Unidad Nacional, del Congreso de la época, se conformó sobre la base de contratos y dádivas. Yidis Medina, condenada por cohecho, es el claro ejemplo de esa “seducción política”. Vaya eufemismo para encubrir lo que fue una vulgar compra del voto, con el que no solo se reeligió Uribe, sino con el que el país vivió el periodo más oscuro y tenebroso, en lo que respecta al ejercicio del poder del Estado y de un Presidente. ¿En dónde quedó la legalidad y la legitimidad de esa reelección? Es claro que Uribe fue una invención mediática.

Los daños que Uribe le hizo al país[2] son de múltiple naturaleza: ambientales, sociales, políticos, jurídicos, culturales, institucionales, éticos y morales. Nunca antes, en la reciente historia del país, un Gobernante en Colombia debilitó tanto las instituciones y transformó la institucionalidad. Uribe sometió las instituciones estatales a su proyecto autárquico, soportado en una sed de venganza contra las Farc y en la clara intención de anular y proscribir la política, y de esta manera, erigirse en el “dictador que el país necesitaba (¿necesita?) para modernizarse”.

Transformar a una sociedad como la colombiana, que parece acostumbrada a la corrupción pública y privada, a que el Estado le sirva a unos pocos, requiere de medidas excepcionales, de hechos contundentes y ejemplarizantes, que pongan en crisis las perversas prácticas políticas que han hecho posible el sometimiento de las instituciones estatales, a disímiles mafias, que han contado con la anuencia de Gobiernos, o por lo menos, con su cómplice silencio. Procesar y condenar a Uribe sería ese hecho contundente y ejemplarizante que necesita la Nación, para dar un viraje de 360 grados, a las maneras como sus ciudadanos asumen y entienden el papel del Estado, de la política y las relaciones de este con la sociedad. Procesar a un ex presidente como Uribe, podría generar la confianza en la justicia, que una sociedad civilizada necesita para operar en condiciones de normalidad.

La vigencia política y mediática de Uribe Vélez representa la confusión moral y ética de una sociedad que deviene sin referentes éticos capaces de llevarla hacia estadios civilizados y de una moral pública capaz de universalizar el respeto por los derechos y que nos lleve a repensar las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Quienes extrañan el talante dictatorial de Uribe y su complacencia con la corrupción, no solo sirven a los intereses de las empresas encuestadoras y los del noticiero de televisión RCN, que ayudan universalizar las opiniones de unos cuantos, sino que son el mayor obstáculo ético que enfrentan los sectores de opinión que exigen y esperan una profunda transformación cultural. De allí que, insisto, sea urgente procesar a Uribe, para transformar social y políticamente a una sociedad, guiada, históricamente, por un Estado hecho a la medida de unas mezquinas élites políticas y económicas, y de grupos emergentes que le han sometido, para ponerlo al servicio de sus particulares intereses.

Fueron tan poderosas, efectivas, eficaces y eficientes las redes clintelares que Uribe y su equipo de Gobierno lograron tejer dentro del Estado, que los hechos de corrupción que hoy salpican e  involucran al Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chaljub, llevan, detrás, las manos de quien mandó en Colombia entre 2002 y 2010.

Urge, entonces, que la sociedad civil y los sectores de la sociedad que no comulgan con el proyecto político que ejecutó Uribe, presionen a la CACR, a las élites que aún lo apoyan y a la justicia en general, para que Uribe sea juzgado. Procesarlo y juzgarlo es, a todas luces, un insoslayable imperativo moral, para una sociedad confundida en, y por su propia historia de inmoralidades públicas y privadas.

Que el polémico ex presidente cuente con el apoyo de algunos sectores sociales y políticos y de empresas mediáticas, no significa que sus actuaciones al frente del Estado hayan sido legítimas y legales. Por el contrario, su vigencia mediática debe ser suficiente para dudar de la honorabilidad y pulcritud de sus decisiones político-administrativas. Y es así, porque esa misma prensa que hoy lo mantiene como líder de opinión y como determinador político y electoral de las campañas de candidatos de derecha que buscarán hacerse con el poder en el 2018, para retomar el rumbo, es la misma que él cooptó e irrespetó durante su periodo presidencial.

Así las cosas, debemos continuar con la tarea de confrontar la historia oficial-mediática,  que logró  ocultar y minimizar los graves y execrables hechos  ocurridos en Colombia, entre el 2002 y el 2010. Igualmente, debemos guiar la transformación cultural del país, develando las mentiras de una prensa y de unos medios masivos, que cada vez más actúan como actores políticos.

Blogueros y tuiteros tenemos la responsabilidad de convertir la Red en un espacio de discusión pública de asuntos públicos, en aras de generar estadios de opinión divergentes, que hagan contrapeso a la homogénea y homogeneizante opinión pública que se genera desde la Gran Prensa, que insiste en mantener la vigencia política de lo que simplemente fue una invención mediática[3] y el perverso experimento de una derecha que solo buscaba probar sus propios límites, en lo que respecta a debilitar[4] el propio Estado, y en lo que respecta a la violación de los derechos humanos. El país debe pasar esas páginas y desechar los principios que guiaron el dañino experimento de una Derecha que perdió los límites de la decencia.

Nota: El giro de 360 grados, aunque nos regresaría al mismo punto, para este caso, no se trataría de una contradicción o de un regreso al mismo punto de partida, sin mayores cambios. Por el contrario, volver al punto de partida inicial, se daría con la intención de reiniciar y de recomponer el camino, sobre la base, eso sí, de un profundo cambio cultural.





Imagen tomada de Semana.com

1 comentario:

natural mente dijo...

Es casi un punto obligatorio para empezar a recomponer al Estado.La República y las Participaciones Ciudadanas