Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El acuerdo de cooperación militar firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia debe entenderse como el visto bueno que el Departamento de Estado y el gobierno de Obama le dan a la continuidad de Uribe en el poder. Es decir, el tercer mandato de Uribe tiene ya la bendición de la potencia militar.
¿Qué falta entonces? Muy poco realmente. Que la Corte Constitucional cumpla con su función de control constitucional de la ley del referendo. Ojalá no cometa el error político de declararla exequible. Eso sería el fin de la institucionalidad en Colombia. Pero es altamente probable que le dé el sí, a pesar de que el proceso surtido en el Congreso y la ley misma están viciados, lo que los hace no sólo ilegales, sino ilegítimos. Se ha venido sosteniendo que varios de los magistrados de dicha Corte son cercanos al Gobierno.
En caso tal de que la Corte Constitucional declare inexequible la ley que dio vida al referendo reeleccionista, los simpatizantes de Uribe, los medios de comunicación y las ‘fuerzas oscuras’ de siempre, crearán un escenario de miedo, de terror, con atentados terroristas (falsos positivos, claro), que obligará a la ‘opinión pública’ a pedirle a Uribe que continúe, que se lance nuevamente. Claro, Uribe inmediatamente aceptará y en las urnas, los ricos y los pobres agradecidos con Uribe, darán su voto para cuatro años más.
En el eventual caso en el que Uribe desista de su aspiración, más por cansancio personal, que por considerar las voces oficiales que le piden que abandone su aspiración y que dé oportunidad a otros, quien gane las elecciones sabe de antemano que su gobierno será de mera transición, pues deberá devolver las riendas a Uribe en 2014. Para cumplir con esa tarea están dispuestos Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, Noemí Sanín, y hasta el mismo Rafael Pardo, verdaderos manzanillos al servicio de un modelo económico abiertamente contrario al espíritu de la Carta Política de 1991.
Lo cierto es que mientras el proyecto chavista se mantenga en Venezuela, Estados Unidos necesita de un alfil que contenga en algo a ese indescifrable socialismo del siglo XXI. En el plano interno, el proyecto neoconservador que encarna Uribe tiene simpatizantes de gran peso como el Procurador General de la Nación, una especie de censor oficial, un Torquemada moderno que extraña la caverna.
Con un marco constitucional como el de 1991, con todo y las reformas ya hechas, los colombianos que confían en la Carta Política y que han apelado a ella para defenderse del Estado y de los particulares, resultan incómodos para el sistema financiero, para las fuerzas militares y en general, para las élites económicas y políticas. Les incomoda que haya mecanismos de participación con los cuales los ciudadanos exijan el cumplimiento de sus derechos. Es más, les incomoda que haya derechos.
Las discusiones y la polarización que generan asuntos como el aborto, la dosis mínima y la eutanasia demuestran con claridad lo difícil que es y ha sido construir un país liberal[1] y un sentido de la ciudadanía a partir del cual cada colombiano sea capaz de decidir de manera autónoma sobre aquellos asuntos que sólo le competen resolver a él desde su esfera privada. Todo está servido para que el proyecto neoconservador de Uribe se perpetúe, con él o con quienes han decidido acompañar su proyecto político.
Ya en el plano internacional tienen el visto bueno de los Estados Unidos. En el plano interno, las voces disidentes que se levantan en contra del proyecto neoconservador de Uribe, apenas si se dejan oír en los canales y medios de información. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, viene ejerciendo contrapeso a la intención del Gobierno de cooptar y dominar los poderes públicos.
Sin duda, Uribe logró ‘despertar’ y darles un segundo aire a conservadores, retrógrados y retardatarios, que agazapados, estaban esperando a un líder capaz de sacarlos del letargo y de la inacción política, fruto de la crisis no sólo del partido conservador, sino de la fuerza de la Carta de 1991, que de alguna manera los mantuvo al margen durante un tiempo.
El acuerdo de cooperación militar firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia debe entenderse como el visto bueno que el Departamento de Estado y el gobierno de Obama le dan a la continuidad de Uribe en el poder. Es decir, el tercer mandato de Uribe tiene ya la bendición de la potencia militar.
¿Qué falta entonces? Muy poco realmente. Que la Corte Constitucional cumpla con su función de control constitucional de la ley del referendo. Ojalá no cometa el error político de declararla exequible. Eso sería el fin de la institucionalidad en Colombia. Pero es altamente probable que le dé el sí, a pesar de que el proceso surtido en el Congreso y la ley misma están viciados, lo que los hace no sólo ilegales, sino ilegítimos. Se ha venido sosteniendo que varios de los magistrados de dicha Corte son cercanos al Gobierno.
En caso tal de que la Corte Constitucional declare inexequible la ley que dio vida al referendo reeleccionista, los simpatizantes de Uribe, los medios de comunicación y las ‘fuerzas oscuras’ de siempre, crearán un escenario de miedo, de terror, con atentados terroristas (falsos positivos, claro), que obligará a la ‘opinión pública’ a pedirle a Uribe que continúe, que se lance nuevamente. Claro, Uribe inmediatamente aceptará y en las urnas, los ricos y los pobres agradecidos con Uribe, darán su voto para cuatro años más.
En el eventual caso en el que Uribe desista de su aspiración, más por cansancio personal, que por considerar las voces oficiales que le piden que abandone su aspiración y que dé oportunidad a otros, quien gane las elecciones sabe de antemano que su gobierno será de mera transición, pues deberá devolver las riendas a Uribe en 2014. Para cumplir con esa tarea están dispuestos Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, Noemí Sanín, y hasta el mismo Rafael Pardo, verdaderos manzanillos al servicio de un modelo económico abiertamente contrario al espíritu de la Carta Política de 1991.
Lo cierto es que mientras el proyecto chavista se mantenga en Venezuela, Estados Unidos necesita de un alfil que contenga en algo a ese indescifrable socialismo del siglo XXI. En el plano interno, el proyecto neoconservador que encarna Uribe tiene simpatizantes de gran peso como el Procurador General de la Nación, una especie de censor oficial, un Torquemada moderno que extraña la caverna.
Con un marco constitucional como el de 1991, con todo y las reformas ya hechas, los colombianos que confían en la Carta Política y que han apelado a ella para defenderse del Estado y de los particulares, resultan incómodos para el sistema financiero, para las fuerzas militares y en general, para las élites económicas y políticas. Les incomoda que haya mecanismos de participación con los cuales los ciudadanos exijan el cumplimiento de sus derechos. Es más, les incomoda que haya derechos.
Las discusiones y la polarización que generan asuntos como el aborto, la dosis mínima y la eutanasia demuestran con claridad lo difícil que es y ha sido construir un país liberal[1] y un sentido de la ciudadanía a partir del cual cada colombiano sea capaz de decidir de manera autónoma sobre aquellos asuntos que sólo le competen resolver a él desde su esfera privada. Todo está servido para que el proyecto neoconservador de Uribe se perpetúe, con él o con quienes han decidido acompañar su proyecto político.
Ya en el plano internacional tienen el visto bueno de los Estados Unidos. En el plano interno, las voces disidentes que se levantan en contra del proyecto neoconservador de Uribe, apenas si se dejan oír en los canales y medios de información. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, viene ejerciendo contrapeso a la intención del Gobierno de cooptar y dominar los poderes públicos.
Sin duda, Uribe logró ‘despertar’ y darles un segundo aire a conservadores, retrógrados y retardatarios, que agazapados, estaban esperando a un líder capaz de sacarlos del letargo y de la inacción política, fruto de la crisis no sólo del partido conservador, sino de la fuerza de la Carta de 1991, que de alguna manera los mantuvo al margen durante un tiempo.
[1] En términos de garantizar libertades individuales y colectivas, y por supuesto, garantizar derechos.
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