YO DIGO SÍ A LA PAZ

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viernes, 20 de enero de 2017

ELN: SANTOS ESTÁ DE SALIDA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Odian a quienes hoy desean poner fin a la guerra, y admiran a las elites que hicieron todo para hacer legítimo el levantamiento armado.


Después de varios desencuentros y una histórica y bien construida desconfianza[1], delegados del Gobierno y del ELN decidieron iniciar la fase pública de la negociación política del fin del conflicto armado, el próximo  7 de febrero.

Hay que celebrar el anuncio, pero debemos reconocer que hay una circunstancia política que desde ya juega en contra del buen curso de la negociación: Santos está de salida de la Presidencia. De esta forma, los negociadores tendrán que apurar el paso y llegar a acuerdos antes de que termine la actual administración.

La única forma de hacerlo es hacer que confluyan varios puntos de la Agenda pactada con el ELN, con el proceso de implementación del Acuerdo Final de Colón, firmado entre el Gobierno de Santos y la dirigencia de las Farc. De no hacerse así, se abrirá espacio a las posturas radicales, en especial cuando desde el COCE se exija a Santos hacer cambios estructurales en el funcionamiento del Régimen, al final de su mandato.  Si ha sido difícil para varios sectores de poder aceptar el sentido de la negociación lograda con las Farc, no es difícil imaginar la reacción ante mayores exigencias que en verdad permitan pensar que “se le está entregando el país a la guerrilla”. 

Muy seguramente la fase pública que se espera arranque el 7 de febrero y en adelante las propias discusiones que se darán en Quito, recibirán las presiones propias de un escenario político-electoral que girará en torno a dos asuntos: el primero, la implementación del Acuerdo Final al que llegaron el Gobierno y las Farc y el real compromiso estatal para construir una paz estable y duradera sobre la base de cumplir con la palabra empeñada; y el segundo, la lucha contra la corrupción, convertida como nunca en un asunto electoral de gran interés para un electorado acostumbrado a votar en medio de masacres, tomas sangrientas de pueblos, ataques a estaciones de policía y bases militares y voladuras de torres y oleoductos, en el marco de un conflicto armado del que hoy ya poco se habla.

Si la dirigencia del ELN actúa con responsabilidad histórica y lee con sabiduría y “sacrificio ideológico” el momento histórico que vive el país, promoverá en sus delegados la idea de negociar con el Gobierno de manera rápida, supeditando la discusión de la Agenda pactada, a los dos temas públicos sobre los cuales girará el pulso presidencial entre los sectores que creen posible construir una paz estable y duradera, y aquellos empecinados en torpedear el proceso jurídico, social, cultural y político que recién comienza para lograr la implementación del Acuerdo Final (II), alcanzado en La Habana.

Por ejemplo, la liberación del ex congresista Odín Sánchez debería de guiar la discusión de la Agenda pactada entre el Gobierno y el ELN, para exigirle al Establecimiento compromisos reales en la lucha contra la corrupción. Liderar esa discusión la daría al COCE y a esa guerrilla, un carácter social y político distinto, en un ambiente electoral polarizado.

Quizás a las élites de poder no les convenga que el tema de la corrupción se imponga en la próxima contienda electoral y menos aún, que resulte determinante a la hora de elegir un nuevo Presidente. De allí la necesidad de que el ELN libere al ex congresista Odín Sánchez, quien es apenas un eslabón de las redes clientelares, mafiosas y corruptas que históricamente han guiado las relaciones Estado, Mercado y Sociedad.

Está claro que el Estado tiene toda la capacidad militar para extender el conflicto armado interno con el ELN[2]. Con la desmovilización de las Farc, y el reagrupamiento de los Paramilitares, le quedará más fácil a la Fuerza Pública golpear militarmente a los “Elenos”. Por ello insisto en que develar a nivel nacional e internacional el carácter mafioso de esas élites de poder que han “cooptado y capturado” el Estado para su propio beneficio, puede resultar más favorable y rentable políticamente para la guerrilla del ELN, que insistir en una lucha armada caduca y anacrónica.

Los comandantes del ELN deben entender que por primera vez el electorado colombiano participará de una elección presidencial en donde el tema central es la corrupción y no la guerra. Ojalá comprendan que se requiere conquistar a un electorado que poco a poco comprende que la Gran Prensa[3], durante más de 50 años, inoculó la idea de que el único problema del país era la presencia de las guerrillas. Semejante engaño sirvió para ocultar el real cáncer que sufre el Estado y la sociedad: la corrupción[4].

No son tiempos estos para mantener posturas dogmáticas y sueños románticos. Es posible redireccionar los objetivos del Estado, si a través de la discusión pública logramos desenmascarar a los corruptos y a partir de allí, discutir un nuevo ethos[5] sobre el cual anclemos esa paz estable y duradera que tanto anhelamos.

Señores del COCE: tengan en cuenta que Santos está de salida.

Adenda: si en su política exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump decide desconocer el Acuerdo Final (II), el próximo Gobierno de Colombia deberá optar por el multilateralismo y consolidar los apoyos que la Unión Europea y los países de América Latina le han ofrecido para asegurar escenarios de posconflicto.




Imagen tomada de notimerica.com

martes, 17 de enero de 2017

CORRUPCIÓN: ENEMIGO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Mientras se cumple paso a paso con lo pactado en el Acuerdo Final de La Habana, firmado en el Teatro Colón, el país nuevamente se sacude, mediática y políticamente, por hechos de corrupción público-privada.

Hechos estos que requieren ser comprendidos por los ciudadanos, en especial los jóvenes que decididamente participarán en la elección presidencial de 2018.

De cara a las definitivas y claves elecciones que se aproximan, parece que el tema de la corrupción se posicionará en la agenda política y mediática, mientras que los hechos de guerra, en el contexto del conflicto armado interno, van quedando, inexorablemente, en el pasado, gracias a la desmovilización de las Farc y al avance en los acercamientos de paz entre el ELN y el Gobierno.

Si se logra ese cambio en la agenda mediática y la fase de implementación de lo acordado entre el Gobierno y las Farc avanza sin mayores contratiempos, por primera vez los colombianos asumiremos el reto de elegir Presidente (periodo 2018-2022), sin el eco de los combates, es decir, sin la histórica influencia electoral de la guerrilla que hoy está adportas de hacer dejación de armas.

Digamos que un escenario político-electoral sin las lógicas de la guerra interna, se torna alentador y puede convocar a quienes tradicionalmente se abstienen de participar en los comicios. Pero el mismo factor que hoy escandaliza a los periodistas y que otorga ganancias a las empresas mediáticas que cubren las decisiones que al respecto viene tomando la Fiscalía, puede convertirse en el mayor obstáculo para que la implementación de lo acordado en La Habana se dé en las condiciones que se requieren para asegurar una paz estable y duradera.

Así entonces, la corrupción público-privada puede erigirse como el mayor y fuerte obstáculo que enfrentará la construcción de esa paz territorial que se requiere para cambiar las condiciones de abandono de amplios territorios y de millones de colombianos que viven en zonas rurales, víctimas de la corrupción y de un nefasto y anacrónico centralismo bogotano y sus “espejos” regionales. 


Muy seguramente el escándalo mediático por los hechos de corrupción protagonizados por los directivos de la multinacional Odebrecht y políticos colombianos, irá perdiendo intensidad y atención en la opinión pública. Y es posible, que en el escenario electoral de 2018, esa misma opinión pública no recuerde a sus protagonistas y los negativos efectos de sus dolosas decisiones.

Más allá de exigir sanciones ejemplares e investigaciones exhaustivas, lo que deben exigir quienes están directamente comprometidos con la construcción de una paz estable y duradera, es fortalecer los organismos de control y limpiar la acción estatal y privada, de las institucionalidades estatales y privadas involucradas en las coimas pagadas por Odebrecht, para lograr la adjudicación de contratos en obras civiles de gran importancia para el desarrollo económico del país.

Silenciados los fusiles -por lo menos los de las Farc-, la corrupción política podrá alcanzar el lugar protagónico que las dinámicas del conflicto armado le quitó, lo que hizo que millones de colombianos creyeran a pie juntillas que el único problema del país era la otoñal presencia de las guerrillas.

La misma Prensa que por años se encargó de construir y consolidar esa reducida representación social de nuestra realidad política, tendrá en adelante la oportunidad de develar las finas redes de corrupción y las mafias que hoy tienen “cooptado y capturado” el Estado en sus dimensiones nacional, regional y local. El reto es enorme, aunque es claro que varias empresas mediáticas se auto censurarán, dados los compromisos políticos que atan su labor informativa.

En el acto de posesión, el nuevo[1] Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo,  “advirtió que la corrupción, no la guerra, es hoy el peor enemigo del país”. Y aseguró que será “veedor y garante de esos acuerdos, porque volver al pasado no es una opción viable[2].

Por ese camino, ojalá que el tema central de discusión electoral y política en 2018 sea la corrupción. De esta forma y dadas las dimensiones alcanzadas por la corrupción público-privada en el país, será una prioridad elegir un Presidente que se comprometa a luchar denodadamente contra ese terrible flagelo. Más importante aún, que no tenga vínculos con criminales o con negociados.

Para el caso, será difícil encontrar un candidato a la Presidencia que no haya sido tocado por alguno de los múltiples tentáculos de la corrupción. Mientras llega la elección presidencial, ya sabemos que Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical, fue cercano al hoy condenado ex gobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Y por las dimensiones de la corrupción en el caso Odebrecht[3], y que tocan de manera directa al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es fácil inferir que cualquier candidato presidencial que apoye el latifundista y ganadero, a través del Centro Democrático, llevará sobre sus hombros la probada corrupción que se aupó entre 2002 y 2010. 

Ya se escuchan voces que invitan a establecer “cruzadas” contra la corrupción. Estos estribillos deben ir acompañados de compromisos reales de las disímiles élites de poder (militares, empresarios, banqueros, industriales) y de la presión de una ciudadanía y de una opinión pública capaz de discutir asuntos públicos. No hacerlo, abre la posibilidad para que la corrupción público-privada sea la responsable del fracaso del proceso de paz con las Farc. Razón le cabe al columnista Luis Sandoval: “la implementación requiere seguridad jurídica y política, capacidad técnica y recursos. Con élites políticas y burocráticas clientelizadas, sin grandeza ni generosidad, no habrá implementación[4]”.

Las redes mafiosas y clientelares desde ya deben estar atentas para apropiarse o desviar los recursos nacionales e internacionales que se invertirán para implementar lo acordado y diseñar escenarios de posconflicto. Y nosotros como ciudadanos debemos estar atentos a denunciar a esas mafias que se enquistaron en el Estado y que cooptaron las relaciones entre este y el sector privado. 

domingo, 15 de enero de 2017

ODEBRECHT: UNO MÁS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


La corrupción pública y privada en Colombia deviene no solo histórica, sino legitimada social, política y culturalmente. Y está anclada en un ethos mafioso que ha permeado la sociedad hasta tal punto, que actores de la sociedad civil, pensados como referentes de moralidad, pocas veces salen a manifestar su rechazo a las prácticas corruptas y a los delitos cometidos por gobernantes y en general, por la clase política y empresarial. La corrupción no convoca marchas en su contra. Se marcha y se protesta contra Gobiernos, desde orillas ideológicas cuyos líderes tampoco se atreven a develar el carácter estructural de la corrupción.

Los casos del “Carrusel” de la Contratación en Bogotá (Los Nule y el alcalde Samuel Moreno), Interbolsa (Víctor Maldonado y sus compinches), Reficar y ahora Odebrecht (gobiernos de Uribe y Santos) dan cuenta de las finas redes de clientelismo y corrupción tejidas entre políticos y contratistas y empresarios, lo que pone en evidencia que subsiste dentro del Estado poderosas estructuras mafiosas al servicio de empresas nacionales (grupos de contratistas) y extranjeras que no solo desfalcan las arcas públicas, sino que debilitan la confianza de la sociedad en el régimen democrático, dado que el voto para  elegir a mandatarios locales, regionales y hasta el propio Presidente de la República, pierde su real valor y poder elector, frente al consolidado y validado poder mafioso y corruptor de contratistas ávidos de cerrar negocios (negociados) con el Estado.  


Frente a estos hechos deshonrosos y delictivos han guardado silencio cómplice la Iglesia Católica, otras comunidades religiosas, Sindicatos, asociaciones de industriales, banqueros, Intelectuales y la Academia. El mutismo de estos actores de la sociedad civil colombiana ha servido para legitimar la comisión de delitos como el cohecho y el concierto para delinquir. El desinterés de aquellos facilita la tarea de los delincuentes de Cuello Blanco, que de antemano conocen las debilidades de la Justicia colombiana, los vacíos legales y normativos y la facilidad con la que pueden llegar a presionar y/o comprar jueces, magistrados y fiscales.  


Unos y otros, políticos y particulares, comprenden muy bien lo que se conoce como la “economía del delito[1]”. No temen a la justicia y mucho menos al escaso señalamiento social y mediático, porque los beneficios económicos son mayores frente a los costos en los que deben incurrir para cometer los ilícitos y en los que posiblemente incurran al enfrentar penas, normalmente irrisorias.


El resultado no puede ser más nefasto: la naturalización del soborno, del pago de coimas, de la contratación amañada y del cohecho. Además, el cubrimiento periodístico coadyuva en ese proceso de naturalización de la corrupción público-privada por cuanto los hechos narrados por la Gran Prensa, le dan a esos hechos delictivos un carácter episódico que no deja ver y entender que estamos ante una "cooptación y captura" criminal del Estado por parte de agentes privados que se sirven de la clase política y de la Política, para agrandar sus utilidades y riquezas, mientras erosionan la legitimidad del Estado y la viabilidad del régimen democrático. Todo, en un ejercicio de un extendido individualismo que solo tiene como objetivo buscar el rápido enriquecimiento, no importa cómo se logre.


Así entonces, el nuevo escándalo que hoy nos muestran los Medios por las prácticas mafiosas y dolosas emprendidas por la multinacional Odebrecht[2] en Colombia y en otros países de América Latina, solo servirán para corroborar la inoperancia de los órganos de control del Estado (Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación), la ineficacia de la Justicia, la entronización del ethos mafioso en empresarios, contratistas y políticos, y el inexistente sentido de la ética y de la moralidad pública de unos y otros. ¿En dónde estaban los órganos de control cuando se adjudicaron y se ejecutaron las obras viales otorgadas a Odebrecht?


Adenda 1: de cara a las elecciones de 2018 y garantizado el éxito en la desaparición de las Farc como grupo guerrillero, debemos insistir en que el real problema del país no estaba en las acciones bélicas de la subversión, sino en la corrupción público-privada liderada por una clase política sucia, criminal y mafiosa, que con la anuencia de una oscura burguesía, han puesto el Estado al servicio de contratistas inescrupulosos y tramposos. Eso sí, debemos ser conscientes de que no importa quién llegue a la Presidencia, porque la corrupción público-privada no va a parar. Para ello se requerirá de un profundo cambio cultural, el mismo que nuestra clase dirigente (empresarial y política), no está dispuesta a emprender. Y  dudo de que la corrupción se acabe derrotando el actual Régimen de poder.

Adenda 2: ojalá las capturas del ex vice ministro de transporte, Gabriel García y del ex senador Otto Bula no terminen siendo ellos, simples chivos expiatorios para una sociedad mediatizada que exige cabezas, pero que de muchas maneras ha validado la corrupción y ha permitido la entronización del ethos mafioso. 



miércoles, 11 de enero de 2017

EL INCOMPRENDIDO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Suele bastarle al periodismo y a los periodistas un titular para enaltecer o arruinar la imagen de un personaje público. Ese es, digamos, el pretendido poder con el que el periodismo y los reporteros cubren hechos de especial trascendencia y con el que se espera que los tratamientos periodísticos tengan efectos reales en lo que se conoce como la opinión pública.

El título de una nota periodística suele servir para calificar o evaluar una acción, decisión o unos hechos. Recientemente, la revista Semana abrió su edición 1809[1] con la imagen del alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. La fotografía del burgomaestre está acompañada de la frase “El incomprendido”. 

Con este titular, quien escribió la nota y el editor que la revisó, al parecer llegaron a la conclusión de que efectivamente la gestión del Alcalde no ha sido comprendida y que aún él, como ser humano, no goza del afecto generalizado de los bogotanos, porque es un incomprendido.

Quien decide leer el texto, espera encontrar los elementos de juicio suficientes para corroborar que efectivamente Peñalosa es un incomprendido. La conclusión propuesta por el autor de la nota, con el apoyo del editor, cumple la función de anular las críticas, los errores e incluso, la ineficacia de las acciones emprendidas en su primer año de Gobierno al frente de los destinos de la Capital del país. No caben las críticas hacia una persona cuando esta, según la prensa, es incomprendida.

Leí con atención el texto en mención y no encontré esos elementos de juicio que me permitieran validar la “tesis-conclusión” propuesta en el titular de la revista Semana, en el sentido en el que Peñalosa efectivamente es un incomprendido. Por el contrario, encuentro un artículo poco profundo en el análisis de la gestión del Alcalde.

Pero hay un aparte del texto que generó molestias y comentarios en varias redes sociales. Dice así: “Para comenzar, como sucede en la mayoría de las reelecciones, su imagen está desgastada. El Peñalosa peliblanco del siglo XXI no es el mismo que el pelinegro del siglo XX. Sin embargo, sus defectos de personalidad siguen siendo los mismos. Es percibido como arrogante, intransigente y mal comunicador. Su conocido talante obsesivo lo lleva a echar para adelante los proyectos e ideas que ha acumulado durante décadas y cree que ponerlas en práctica es más importante que buscar un reconocimiento inmediato. Eso lo dicen todos los políticos, pero en el caso del actual alcalde de Bogotá es cierto. Se ha desgastado en discusiones inútiles como la de sus títulos universitarios[2] y también ha menospreciado las sensibilidades legítimas de algunos sectores que defienden la continuidad de proyectos sociales iniciados por Petro, o como el de los ambientalistas en relación a los proyectos que cubrirán partes de la famosa reserva Van der Hammen…”

El citado párrafo sirve para entender la intención política y periodística del titular de reducir la gestión de Peñalosa, a un asunto de personalidad incomprendida. Sin duda, un reduccionismo que solo sirve al propósito de salvaguardar la imagen de un político históricamente “mimado” por la prensa bogotana, por su origen de clase y su filiación política.

Digamos que ese reduccionismo puede resultar periodísticamente explicable y aceptable, pero lo que no se puede aceptar es que el redactor y el editor de la revista Semana minimicen lo que bien puede constituirse en un delito (delito falsedad ideológica en documento público). En el texto se lee: “Se ha desgastado en discusiones inútiles como la de sus títulos universitarios”.

No puede calificarse como inútil una discusión que varios medios masivos bogotanos  dieron en torno a la verdad de los títulos universitarios obtenidos por el alcalde Peñalosa. Por el contrario, se trata de un delicado asunto que pone en entredicho la ética del burgomaestre y por supuesto, la posibilidad de que haya cometido un delito.

El diario EL ESPECTADOR en su momento señaló lo siguiente: “En la campaña pasada, nuevamente se vendió la idea de que Enrique Peñalosa era el gerente que podía darle esperanzas Bogotá, un tecnócrata y no un político. Pues bien, lo que soporta ese halo técnico son las credenciales académicas del Alcalde, las cuales al parecer han sido maquilladas durante más de 30 años. Bien sea por omisión o por un intento de engañar a sus votantes hay claros indicios de que el tal doctorado de Peñalosa no existe, y esto contradice sus perfiles públicos desde Wikipedia hasta las solapas de sus libros… Más allá de cualquier postura política, guardar silencio ante ese error es una omisión inaceptable para cualquier funcionario público. Esto ha sido un engaño deliberado a la opinión pública para reforzar la idea de gran gerente que ha vendido Peñalosa durante toda su carrera. El Alcalde le debe a la ciudadanía una respuesta inmediata a esta denuncia, porque lo que la evidencia prueba es que Peñalosa no es doctor y ha repetido por más de tres décadas que sí lo es”[3].
Así entonces, la nota publicada en la revista Semana termina ayudando a la imagen de Peñalosa, en momentos en los que enfrenta un fuerte movimiento social y político que busca revocar su mandato. Y lo hace no solo a través de un titular generoso y con una inexistente relación con lo expuesto en el texto, sino minimizando la inaceptable conducta de ocultar o de mentir alrededor de unos estudios universitarios que, según lo expuesto por la prensa, Enrique Peñalosa no realizó. Como faro de la moralidad pública, a un funcionario no se le puede aceptar que mienta con su formación como lo hizo Enrique Peñalosa. 
En la línea expositiva del artículo de Semana, discutir sobre la ética no solo resulta desgastante, sino inútil. Inconveniente mensaje para una sociedad que de muchas maneras permitió la entronización de ese ethos mafioso[4] con el que “funcionan” las relaciones Estado-Mercado-Sociedad. Ethos Mafioso que también se coló en las redacciones de varios medios masivos. 
Adenda: no creo que la nota tenga visos de publirreportaje en estricto sentido, pero si puede observarse la intención de la revista de minimizar las decisiones adoptadas por el Alcalde.


[2] El subrayado y las negrillas son mías.