YO DIGO SÍ A LA PAZ

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miércoles, 22 de febrero de 2017

COMO SAMPER: EL FISCAL NO SE CAE…

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Al referirse al escándalo por la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña Samper Presidente, Álvaro Gómez Hurtado dijo en su momento: “el Presidente no se cae porque nadie lo está tumbando, ni los estudiantes, ni los sindicatos…, pero tampoco se puede quedar…”.

Tenía  razón en parte el líder conservador. A Samper nadie lo quiso tumbar a pesar  de la enorme crisis de gobernabilidad que generó el que se haya conocido públicamente[1] la entrada de dineros “sucios” del cartel de Cali a su campaña;  lo que si hubo fue manifestaciones de rechazo al interior de las filas castrenses, en particular en cursos de ascenso de oficiales que sugerían “tumbar” al Presidente.

Es decir, se dieron conatos de desobediencia y acciones deliberantes, pero al final el Régimen dejó que la institucionalidad siguiera en pie a pesar de la ilegitimidad y de los cuestionamientos morales y éticos que sobre esta recayeron, en particular sobre la institucionalidad presidencial, por el escándalo del Proceso 8.000.

Sin duda, los narcos, con su incontrastable poder económico, lograron permear la vida social, política y económica del país. Al final, y como prueba irrefutable de la fragilidad moral y ética de amplios sectores sociales, incluidas las élites empresarial y política, hoy exhibimos un ethos mafioso[2] sobre el que se soportaron y se lograron las  relaciones y transacciones que dieron vida a los negociados y a las conductas dolosas e impropias en los escándalos de Reficar y Odebrecht, para nombrar tan solo a los más recientes casos de corrupción público-privada.

Guardadas las proporciones, las circunstancias contextuales y la trascendencia de los cargos, sugiero que volvamos a lo dicho por el asesinado líder conservador, pero a la luz de las actuaciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

Es claro que el único que quiere “tumbar” al Fiscal es el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Ni los sindicatos, ni los estudiantes, ni la academia, ni las Altas Cortes, ni los medios masivos, ni los partidos políticos y mucho menos el Congreso en pleno, están pidiendo la renuncia de Humberto Martínez a su cargo como Fiscal General de la Nación. Al igual que en el caso de Samper, nadie del Régimen (empresarios, por ejemplo) está presionando la caída de quien dirige hoy el ente acusador e investigador.

Así entonces, y siguiendo la lógica del discurso del inmolado líder conservador, crítico, pero afecto al Régimen, nada ganaría el país si se cae el Fiscal, porque lo que hay que “tumbar” es el Régimen. Pero ello no va a suceder, por lo menos, por ahora.

El inquieto y acucioso senador Robledo considera que Martínez Neira, como cabeza del ente acusador, estaría impedido, éticamente, para continuar al frente de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por las coimas que pagó la multinacional brasilera para hacerse con los contratos de obras civiles en varios tramos de la llamada Ruta del Sol. El impedimento ético estaría dado por la amistad[3] que Martínez Neira sostiene con Luis Carlos Sarmiento Ángulo, el rico empresario colombiano que tiene intereses en la construcción de los carreteables de la Ruta del Sol; y por las asesorías legales que, según Robledo, Néstor Humberto Martínez prestó, en su calidad de abogado, al consorcio Navelena que tenía relación comercial con Odebrecht[4].  

Como lo hiciera Samper, el Fiscal niega los señalamientos. Eso sí, a diferencia de Samper, no acude a la frase “se había producido a mis espaldas”. Martínez Neira insiste en que él no tiene conflictos de interés en el caso de Odebrecht, al tiempo que desvirtúa los documentos que presentó Robledo, que demostrarían que él, como abogado, ofreció asesoría legal a Navelena y calificó lo dicho por el Congresista como una mentira del tamaño de una Catedral[5].

Más allá del rifirrafe y del cruce de documentos y opiniones, lo cierto es que el Conpes[6] 3817 de 2014 daría vida a un efectivo e innegable conflicto de interés en tanto que Néstor Humberto Martínez, en su calidad de “Súper Ministro” de Santos, firmó y dio vida a dicho Conpes con el que claramente se mantuvo en operación la concesión vial, que ya arrastraba cuestionamientos de todo tipo. Subsiste allí un conflicto ético que el Fiscal minimiza, en el contexto de una sociedad que ve como una nimiedad todo lo que tenga que ver con la ética[7].

Que actores importantes de la sociedad civil no estén exigiendo la caída del Fiscal[8] General de la Nación, no significa que en el manejo que le está dando a las investigaciones y capturas producidas por el caso Odebrecht, no subsistan, por lo menos, conflictos de carácter ético. Pero no estamos en un país decente. Estamos en Colombia y por tanto, el Fiscal no se cae. Y al igual que Samper, se atornillará en su cargo, así sea a costa de la ética, porque una parte del Régimen lo necesita[9] para torpedear o ponerle límites a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Lo mínimo que debe pasar es que el Fiscal se declare impedido para manejar y orientar las investigaciones en el caso de las coimas pagadas por Odebrecht. Y aunque solo se le esté pidiendo que dé un paso al costado,  una sociedad que tiene claro qué es lo público y sabe ponerle límite a lo privado y un país comprometido con la paz y la implementación del Acuerdo Final (II), debería de volcarse a las calles a exigir la renuncia de Martínez Neira al cargo de Fiscal. Su perfil corporativo es suficiente para entender que sus decisiones y directivas como Fiscal General de la Nación devienen y devendrán permeadas y contaminadas por sus intereses particulares y sus relaciones de amistad con personas que ostentan gran poder político y económico. 

Imagen tomada de ElPais.com.co


[1] El país no se espantó, en sí mismo, por la entrada de los dineros de la mafia a la campaña presidencial de Samper, sino por el haberse hecho público el hecho delictivo. Y es así porque dineros de los mafiosos siempre estuvieron presentes en otras campañas. Política y crimen en Colombia de tiempo atrás caminan juntos.
[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2016/12/por-un-nuevo-ethos.html; Ethos mafioso: “Se define como el conjunto de acciones, actitudes,  decisiones y comportamientos que claramente buscan acomodar las leyes, los códigos y las normas, incluyendo las sociales y consuetudinarias, a los intereses de unos pocos, en especial, aquellos que ostentan algún tipo de poder o que buscan imponer su voluntad en detrimento del Bien Común. Ese ethos mafioso guiaría las actividades y transacciones de todo tipo, que los ciudadanos y las instituciones desarrollan y establecen en sus cotidianidades, lo que les daría un carácter subrepticio y acomodaticio a particulares y reducidos intereses. Ese ethos mafioso, al consolidarse, corre el riesgo de volverse norma social, legitimada por la debilidad y la incapacidad del Estado de erigirse como un orden justo, viable y legítimo y por la imposibilidad de la sociedad de auto regularse y de enfrentar ese ilegítimo e inmoral orden establecido, para intentar cambiarlo en perspectiva de alcanzar el Bien Común”.  

martes, 21 de febrero de 2017

ELECCIONES DE 2018: ¿SEGUNDO PLEBISCITO?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Por largos 53 años las dinámicas del conflicto armado interno y en específico las acciones bélicas adelantadas por las guerrillas de las Farc y del ELN, incidieron de manera directa e indirecta en las elecciones de Presidentes de la República. Es decir, por más de medio siglo los colombianos, en  sectores rurales y urbanos, eligieron mandatarios presionados por el devenir de la guerra interna y por el odio que hacia las guerrillas logró inocular, exitosamente, la Prensa afecta al Régimen y la animadversión que de manera natural lograron generar dichos grupos subversivos, por sus acciones demenciales y actos de terrorismo perpetrados en el contexto de un degradado conflicto armado.

Ahora que se avecina el primer evento electoral con las Farc convertidas, ojalá ya  en partido político, el tema que varios medios masivos están buscando posicionar en las audiencias electoras es el Acuerdo Final (II), la implementación y el cumplimiento de la palabra empeñada tanto por las Farc, como por el Gobierno de Santos. Insistir en ese camino, llevará a darle un inconveniente carácter plebiscitario a las elecciones de 2018. 

Al entenderse de esa manera, se reeditará lo sucedido en el plebiscito del 2 de octubre de 2016: un duro enfrentamiento ideológico, mediático, político y  de clases sociales, en torno a la vieja relación binaria Paz- Guerra.

En esta ocasión, los del NO votarán para elegir a un Presidente que niegue lo acordado, plantee “renegociar” lo firmado, e incluso, para que se niegue a cumplir con lo acordado. Por el contrario, aquellos que dijeron SÍ al Acuerdo Final (II), buscarán elegir a un Presidente (a) que de lleno se comprometa a dar cumplimiento a la palabra empeñada por el Gobierno en el proceso de paz de La Habana y la que por extensión comprometió el Congreso de la República al refrendar el Nuevo Acuerdo alcanzado por las Farc y el Gobierno de Santos, como consecuencia del inesperado y apretado triunfo del NO. 

Las elecciones de 2018[1], entonces, serán trascendentales para Colombia. Podrán servir para trazar caminos de transformación política y cultural a una Nación que se acostumbró a vivir en guerra, en especial ese país urbano inconsecuente y poco interesado en el devenir del conflicto armado que en mayor medida se desarrolló en zonas rurales y selváticas; o por el contrario, la jornada electoral que viviremos en 2018 bien podría ser el inicio del mayor engaño político no solo a las Farc, sino a millones de colombianos que acompañaron y apoyaron el proceso de paz adelantado en territorio cubano.

Y en varios espacios mediáticos se viene hablando del carácter determinante de la elección presidencial. En reciente artículo, la revista Semana expone el tema de la siguiente manera: “El uribismo quiere comenzar a agitar el debate presidencial con el tema que seguramente terminará determinando hacia dónde se inclina la balanza: el proceso de paz[2].

Que el senador Uribe Vélez[3] insista en recuperar el poder presidencial para desconocer lo acordado en La Habana,  o plantear una “renegociación” de lo ya firmado, hace parte de sus mezquinas, pero legítimas aspiraciones en tanto que, como ganadero, político y latifundista, puede sentir amenazados sus intereses por lo acordado entre los negociadores de Santos y los plenipotenciarios de las Farc en materia de Reforma Agraria Integral y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Ahora bien, que los millones de colombianos que votaron por el NO el 2 de octubre de 2016 acompañen al Centro Democrático y a las otras fuerzas políticas que probablemente desconocerán lo firmado en el teatro Colón y lo negociado en la mesa de diálogos de La Habana, confirma y evidencia el carácter marginal con el que estos millones de colombianos miraron las dinámicas del conflicto armado y lo que es peor, y consecuencia de lo anterior, el carácter secundario y accesorio con el que estos mismos nacionales miran la posibilidad de construir un país en Paz.

Va a ser muy difícil quitarle ese carácter plebiscitario a la jornada electoral de 2018, pero si es posible modificar el lugar electoral que la Prensa colombiana desde ya le está dando al Proceso de Paz. Para lograrlo, es necesario que los mismos periodistas y empresas mediáticas asuman la tarea de posicionar el debate electoral no en términos de que se acepte o no lo que se acordó en La Habana, sino en relación con un factor que resultará trascendental para la eficiente, eficaz y efectiva implementación de lo firmado en el teatro Colón de Bogotá: la corrupción.

En esa línea, la revista Semana cae en la trampa que el senador Uribe le tendió al señalar que el tema que terminará inclinando la balanza electoral es el proceso de paz. Convendría que al interior de la publicación hebdomadaria se hiciera un juicioso análisis político y periodístico, alrededor de lo que significa insistir en darle a las elecciones de 2018 ese carácter plebiscitario, anclado de manera natural a la polarización política que generó el proceso de paz de La Habana, la misma que aupó Uribe desde el 2002.

Así entonces, y sin desconocer el riesgo electoral en el que caerá el proceso de paz de La Habana en 2018, hay que apostarle a posicionar, como único tema electoral,  la corrupción público-privada como un factor determinante y preponderante para la transformación del país. La lucha contra la corrupción debe ser la bandera que la gran Prensa debe ayudar a izar y a agitar, con el firme propósito de desenmascarar a ese enemigo que carcome la confianza de los ciudadanos en el Estado, en la política y en la democracia.

Durante 53 años, la corrupción público-privada fue desestimada por las dinámicas de la guerra interna. Hoy, cuando estamos cerca de ponerle fin al conflicto armado, tenemos la oportunidad de señalar que el mayor enemigo para la construcción de una paz estable y duradera no está en el sentido de lo negociado en La Habana[4], sino en los tentáculos de esa enorme bestia que domina la voluntad y la ética[5] de funcionarios estatales y privados.



Imagen tomada de Semana.com

viernes, 17 de febrero de 2017

CON UN MAZO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Creo que Monseñor Jesús Darío Monsalve dio papaya. Y se la puso en bandeja a la  Derecha más recalcitrante del Valle del Cauca y a la de otras latitudes, que estaba esperando el momento para atacar no al Pastor de la Iglesia Católica, sino al político, al gestor de Paz, al seguidor de Camilo Torres y de su idea del Amor eficaz y al amigo del diálogo político para ponerle fin al conflicto armado interno.

Con el escándalo mediático, sectores de poder de la godarria y de la dirigencia vallecaucana presionan la salida[1] de Monseñor Monsalve porque les resulta incómodo. En varias ocasiones ha confrontado el pobre y mezquino liderazgo de una élite conservadora, amiga de la tradición, del poder concentrado en pocas manos, pero que actúa de manera taimada y ladina alrededor de los mismos asuntos que hoy “cuestionan” sus líderes y áulicos con denodada y briosa doble moral: la homosexualidad, la pederastia y la pedofilia.

No debe de ser fácil lidiar con los casos de curas pedófilos y pederastas que enlodan el nombre de la Iglesia Católica y la imagen de aquellos que, alejados de esas inaceptables prácticas sexuales[2]-como Monseñor-, terminan defendiendo una institucionalidad cuestionada, llevados y presionados por lo que suele llamarse el “espíritu de cuerpo”, muy propio de instituciones profundamente jerarquizadas como la Iglesia y el Ejército, entre otras.  

De seguro que Monseñor Monsalve no se dejó llevar por esa condición o espíritu institucional, pero quizás si dejó “suelta” la tarea del abogado que defiende los intereses de la Arquidiócesis de Cali, ante una exagerada demanda, en un proceso civil de reparación a las víctimas del hoy ex sacerdote William de Jesús Mazo. Lo conocido en el documento[3] de la defensa, en el que se entregan mayores responsabilidades a las familias de los menores abusados por Mazo, resulta no solo inverosímil, inaceptable, sino provocador.

Monseñor Monsalve no defendió, hasta donde sé, ni defiende o encubre la sucia práctica del hoy condenado ex sacerdote, William de Jesús Mazo y así lo expresó a varios columnistas[4] y periodistas de la región. Lo que está defendiendo es la viabilidad de la institución a la que pertenece, ante una astronómica pretensión económica del abogado Elmer Montaña, quien defiende los intereses de las víctimas del cura pederasta.  

Así entonces, por defender la viabilidad económica de la institución eclesiástica, el líder de la Iglesia Católica en la ciudad de Cali y amigo de la negociación política, les dio un enorme papayazo a quienes desde el poder local y regional se oponen de tiempo atrás no solo al proceso de paz de La Habana, sino al diálogo con el ELN.

Se trataría de las mismas familias y sectores conservadores que ven con recelo a quien tuvo la osadía de cuestionar el operativo militar en el que fue asesinado o “dado de baja”, Alfonso Cano. En un recordado comunicado, Jesús Darío Monsalve se preguntaba “¿Por qué no trajeron vivo, por ejemplo, a 'Alfonso Cano',cuando se dieron todas las condiciones de desproporción absoluta y de sometimiento y reducción a cero de un hombre de más de sesenta años…”[5]. 

Esas mismas castas que ven a Monseñor Monsalve como a un cura provocador, de izquierda, Camilista y promotor de cambios sustanciales en las maneras como operan el Estado, la sociedad y el mercado, aprovechan hoy la oportunidad para atacar a quien desde una cuestionada institución, viene aportando ideas y salidas para ponerle fin a un largo y degradado conflicto armado. Es claro que la godarria vallecaucana le está dando a Monseñor Monsalve con un enorme y pesado Mazo.

Adenda: desde una perspectiva noticiosa, el caso llama y llamará la atención de la Prensa porque ese interés está sujeto a unos perversos criterios de noticiabilidad. Nada que hacer ante esto; y desde una perspectiva más periodística, mediada por la política, la Prensa bien pudo abordar los hechos de una manera distinta, exponiendo, por ejemplo, lo incómodo que resulta Monseñor para esta parroquia anquilosada en el siglo XIX.





Imagen tomada de ElEspectador.com


[2] En particular no me opongo a la homosexualidad. Lo que no acepto es que a través de ejercicios de dominación, adultos sometan a menores de edad a sus deseos sexuales.

[3] Véase: http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-de-pederastia-en-colombia-sacerdote-abusa-de-ninos/515094 "La causa del daño es atribuible de manera exclusiva a las víctimas indirectas, quienes faltaron a su deber de cuidado, vigilancia, comunicación y protección de unos niños de 10 y 13 años que bajo ninguna circunstancia podían decidir, resolver, determinar el curso y devenir de su vida y su libertad sexual".

miércoles, 15 de febrero de 2017

MARGINAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Que el conflicto armado interno se haya desarrollado con mayor intensidad en amplios territorios selváticos y rurales, le dio un carácter marginal, alejado e insustancial que se alimentó de una realidad incontrastable: jamás la oligarquía y el Establecimiento en general, estuvieron en riesgo y mucho menos sufrieron derrota. Es más: las dinámicas de este prolongado y degradado conflicto armado, los procesos de paz -fallidos y exitosos- y los sesgados tratamientos periodísticos, sirvieron a los propósitos de esas élites de poder tradicional de mantener, a toda costa, un orden injusto e ilegítimo. Orden y forma de dominación que se tornó incontrastable  a través del uso de la fuerza represiva, la estigmatización, persecución y muerte de todo lo que oliera a izquierda, todo con la ayuda de una sociedad estratificada y unos ciudadanos confundidos alrededor de a quién y de cómo exigir sus derechos, pero sobre todo, de cómo cumplir con obligaciones de carácter político.

Ahora que avanza el proceso de concentración de las Farc en las zonas en donde finalmente harán dejación de las armas, se desmovilizarán y harán el tránsito a la vida civil, bien vale la pena discutir sobre el papel que jugarán los imaginarios colectivos y las representaciones sociales que lograron permear la vida de los colombianos por cuenta de ese carácter marginal con el que las élites, el periodismo, los partidos políticos y precisos agentes de la sociedad civil, entendieron la compleja naturaleza y el devenir histórico del conflicto armado interno.

Son varios ya los hechos que me hacen pensar que el sentido marginal con el que millones de colombianos y el Poder político tradicional miraron el desarrollo del conflicto armado, servirá de puente axiológico para emprender y sostener, desde diversos sectores de la sociedad, iniciativas, actitudes, procesos, acciones y caminos que lleven a irrespetar la palabra que el Gobierno empeñó en La Habana, en nombre del Estado y de la sociedad.

El primer hecho tiene que ver con la actitud política asumida por el Fiscal, quien claramente está tratando de torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final (II). Sus reparos y propuestas de ajuste a la Jurisdicción Especial para la Paz hacen parte de la idea marginal con la que Néstor Humberto Martínez Neira, como ciudadano, tuvo y muy seguramente tiene del conflicto armado interno. Simplemente, Martínez Neira, como agente de poder y gracias a su perfil corporativo[1], no puede más que ponerse al servicio de los enemigos, detractores y críticos de la implementación de lo acordado en La Habana, que entendieron y entienden aún el levantamiento armado como una afrenta al poder tradicional, un desafío a la democracia[2] y un reto innecesario y temerario a un Estado legítimo.

Y la mejor forma de hacerlo es a través de una mala interpretación de la indeclinable voluntad de paz de las Farc, que a pesar de los incumplimientos del Gobierno y del Estado,  concentró sus hombres y mujeres aún en armas, en unas zonas que no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad para pernoctar por un largo tiempo.

Puede el país, con actitudes como las asumidas por el actual Fiscal General de la Nación, entrar en un juego de contradicciones. Esto es, considerar como importante haber adelantado una negociación política con las Farc, pero minimizar lo realmente sustancial: cumplir con la palabra empeñada. Por ese camino, y abusando de la firmeza de las Farc para cumplir con lo acordado, la sociedad y el país político parecen estar despreciando, tempranamente, el proceso de implementación del Acuerdo firmado en el teatro Colón.

Otro elemento o hecho que bien puede estar alojado en ese mismo carácter marginal con el se entendió el levantamiento armado de los años 60, tiene que ver con la forma como los Medios masivos están cubriendo hoy la salida de las Farc de la selva. Se advierte en las empresas mediáticas un profundo desinterés periodístico-noticioso y político, por cubrir semejante hecho histórico: las últimas marchas de los guerrilleros farianos que aún armados, exhiben, por ahora, una fuerte confianza en los Comandantes que negociaron con los enviados del Gobierno, al tiempo que dudan que el Estado cumpla con lo que en su nombre firmó el Presidente Santos en su calidad de jefe de Estado, de Gobierno, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y máximo responsable del orden público.

Se suma a lo anterior, las reiteradas amenazas[3] de Uribe[4] y de sus áulicos, en el sentido en que si recuperan el poder del Estado en las próximas elecciones de 2018, derogarán y echarán para atrás gran parte de lo negociado en La Habana y ratificado en el teatro Colón de Bogotá. Dichas posturas e intimidaciones claramente no solo están alojadas en el carácter marginal con el que se entendió y devino el conflicto armado interno, sino en la equívoca lectura que de éste hizo Uribe Vélez y que quedó plasmada en su Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), aplicada con mano fuerte durante sus ocho años de mandato. Recordemos que en dicha política pública se desconoció la existencia del conflicto armado interno y por esa vía, los derechos de las víctimas que produjeron las Farc, el Estado y los Paramilitares. Se dijo que el país afrontaba una amenaza terrorista.

El hecho de que el conflicto armado no haya logrado desmontar el histórico y actual régimen de poder, no puede alentar a quienes tienen hoy máximas responsabilidades políticas y un lugar privilegiado en la sociedad, a promover desde el Estado el incumplimiento del Acuerdo Final (II) y a incitar a agentes de la sociedad para que respalden las acciones de específicos actores de la sociedad civil que, amparados en que no sufrieron derrota, harán todo lo posible, en el posacuerdo y en el posconflicto, para cobrarle a las Farc la osadía de haber desafío su Poder, que al parecer ellos mismos consideran que deviene natural.

Quienes respaldamos el 2 de octubre de 2016 el Acuerdo Final (I) y aquellos que entendieron que fueron engañados[5] por el Centro Democrático, por Uribe y por los líderes de la Campaña del NO, debemos salir a defender la implementación de lo acordado en Cuba y a denunciar acciones de dilación y de incumplimiento de la palabra empeñada, por parte del Estado, de instituciones como el Congreso, el poder judicial y los partidos políticos que acompañaron en la negociación  a Santos, en nombre y a través de la llamada Unidad Nacional.

Adenda: son muchas las incertidumbres y miedos que hoy tienen los guerrilleros que están adportas de dejar las armas y de reinsertarse a la vida civil. Es urgente que universidades estatales y privadas se acerquen a los campamentos para iniciar procesos de acompañamiento y capacitación a estos hombres y mujeres que no tuvieron otra opción que la guerra. El SENA debería de estar instalándose ya en esos campamentos para indagar necesidades y aspiraciones de los guerrilleros(as). De igual manera, la Registraduría Nacional del Estado Civil debería de hacer presencia temprana, para entregar las cédulas a esos “nuevos” ciudadanos. Se trataría de gestos y acciones para generar confianza y aminorar incertidumbres. La confianza en los Comandantes puede flaquear en cualquier momento.