YO DIGO SÍ A LA PAZ

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lunes, 29 de agosto de 2016

CONSTRUIR CIVILIDAD


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La guerra en Colombia coadyuvó en gran medida al debilitamiento de los procesos de construcción de civilidad. Procesos estos que ya soportaban una enorme dificultad contextual que no solo es histórica, sino que se mantiene aún a pesar de los avances logrados, por ejemplo, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991. Esa enorme dificultad se expresa a través de esta sentencia: tenemos un Estado débil y precario y una sociedad atomizada, fuertemente estratificada y empobrecida culturalmente en todos los estratos.

Ahora que el país respira vientos de paz con la declaratoria de un definitivo cese bilateral del fuego, el camino que debemos trasegar para consolidar una paz estable y duradera está lleno de retos. El primero de ellos, que lo acordado entre las Farc y el Gobierno se cumpla a cabalidad. Aunque ya el Centro Democrático amenazó[1] con desmontar lo acordado una vez recupere el poder político, como ciudadanos debemos estar atentos y vigilantes al cumplimiento de la palabra empeñada en el proceso de La Habana.  El segundo, que inicie cuanto antes la fase pública de la negociación con el ELN y que ojalá termine con un Acuerdo Final como el que se logró en las últimas horas en Cuba. Resulta inconveniente mantener una paz parcial. Y el tercer reto adquiere especial importancia: construir civilidad. La misma que los combatientes, legales e ilegales, debilitaron no solo con sus acciones armadas, sino porque de disímiles maneras sometieron la voluntad de los civiles, desecharon oportunidades para dialogar y porque a la vida de los civiles le dieron un lugar secundario.

En adelante, como Estado y sociedad debemos trabajar para desmontar los imaginarios y transformar las representaciones sociales sobre las que creamos Héroes[2] que terminaron no solo invalidando y desestimando la condición civil, sino que fueron artífices de la degradación de un largo conflicto armado interno. Por ello, los civiles debemos alzar la voz y gritar, a voz en cuello, ¡no más Héroes[3] uniformados, ni a la derecha, ni a la izquierda!

52 años de guerra degradada y sucia debería de ser suficiente para proscribir la violencia armada. Ahora que se firmó el fin del conflicto con las Farc, estamos obligados como sociedad a darle una oportunidad a la vida civil, a la discusión civilizada de las ideas, al ejercicio de una ciudadanía capaz de discutir asuntos públicos sin agresiones que nos lleven a calificar al otro como un enemigo y por ese camino, a pensar en su eliminación física.

Y para darle un nuevo lugar a la condición civil, debemos insistir en la necesidad de educar niños para que se comporten como Hombres[4], y no como Machos[5] como tradicionalmente esta sociedad conservadora, pacata y violenta lo propuso y lo impuso. Para lograrlo, será clave reeducarnos. Las mujeres jugarán aquí un papel definitivo para coadyuvar a la reconstrucción de esos imaginarios alrededor de lo que ha significado ser Hombre en un país como Colombia.

Así entonces, el gran reto del posconflicto será construir civilidad y ello implica educarnos para aceptar la opinión contraria, a los Otros con todo y su capital social. Pronto, parte de los combatientes harán dejación definitiva de las armas;  y los otros, los que están dentro de la institucionalidad, están llamados a no usarlas para el ejercicio de la política.  Ahora nos toca a los civiles desarmar nuestros espíritus y darnos la oportunidad de resolver los conflictos de manera civilizada. Sin matarnos.  






Imagen tomada de infoblancosobrenegro.com

[4] Cuando hablo de Hombres lo hago desde una perspectiva antropológica, alejada de cualquier discusión que tenga que ver con identidades sexuales.
[5] Alude a comportamientos violentos sobre los que sectores conservadores impusieron una idea Hombre Heterosexual (berraco, Macho, fuerte, varonil; un hombre sin emociones, que no puede llorar y que puede en cualquier momento usar la violencia) que sirvió para violentar y someter a las Mujeres, sino a quienes expresaran identidades sexuales distintas. 

viernes, 26 de agosto de 2016

A PROPÓSITO DE LA AMENAZA DEL CENTRO DEMOCRÁTICO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Pocas horas después de la histórica firma del Acuerdo Final[1], resultado de los diálogos de paz adelantados por el Gobierno nacional y la dirigencia de las Farc en La Habana, Alfredo Rangel, vocero del Centro Democrático (CD), señaló al Noticiero Caracol lo siguiente: “Advertimos desde ya a la opinión nacional e internacional que si llegamos a ganar la presidencia en 2018 haremos todo lo posible por desmontar los acuerdos que han sido nocivos para el país[2].

Las declaraciones de Rangel lo comprometen como ciudadano y vocero del Centro Democrático, así como al resto de sus miembros, incluido al líder político de esa colectividad, el senador, ganadero y latifundista, Álvaro Uribe Vélez.

Se trata, sin duda, de una clara amenaza que alienta a sectores de la opinión, del Establecimiento, e incluso, a los grupos paramilitares, a desconocer la autoridad del Presidente Santos como jefe de Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y único responsable del orden público. Y por esa vía, Rangel invita a sectores legales e ilegales a planear y ejecutar acciones que impidan la implementación de lo acordado en La Habana, entre el Gobierno, en representación del Estado, y la dirigencia de la guerrilla de las Farc.

Lo dicho por Rangel es de suma gravedad y así lo deberían de entender tanto el Gobierno, como la Fiscalía, la Procuraduría y hasta la propia Corte Suprema de Justicia. En su calidad de ciudadano y dentro de un régimen democrático, Rangel Suárez puede exponer sus opiniones, pero en su calidad de congresista está obligado a respetar el orden establecido, acatar las normas y las leyes que el Congreso expida.

¿Cómo piensan desmontar los acuerdos? Dentro de la institucionalidad o por fuera de esta? ¿O combinarán todas las formas de lucha para alcanzar el objetivo que desde ya se traza el CD para participar en las elecciones de 2018?

Si el actual Congreso expedirá leyes que darán vida a políticas públicas de Estado (no de Gobierno), blindadas jurídica y políticamente, ¿cuáles serán los mecanismos y las acciones que emprenderán los congresistas del Centro Democrático que en el 2018 regresen al Congreso, o aquellos que por primera vez llegarán al legislativo?

Desde ya habrá que estar atentos al cumplimiento de la amenaza que acaba de proferir contra el orden establecido el senador Alfredo Rangel. Sin duda, el talante vindicativo con el que se expresa Rangel Suárez frente al Acuerdo Final alcanzado en La Habana, servirá para atizar la polarización política que desde 2002 su patrón, Álvaro Uribe Vélez, aupó con el concurso de los medios masivos afectos a la “causa” uribista.

Así las cosas, y de cara a generar condiciones institucionales proclives a mantener la palabra empeñada en el Acuerdo Final y asegurar por esa vía el cumplimiento total de su contenido, es urgente que la sociedad colombiana entienda que el país necesita, para el 2018, un Gobierno de Transición. Hay que buscar el candidato idóneo para que asuma la tarea de ambientar la paz, sobre la base de iniciar, cuanto antes, las transformaciones institucionales, sociales, políticas y culturales que hagan posible el diseño y la consolidación de escenarios de posconflicto.

Para esa transición, el país no puede elegir como Jefe de Estado, y mucho menos llevar al Congreso, a Asambleas, Concejos, Alcaldías y Gobernaciones a quienes compartan el sentir del Centro Democrático de desconocer el Acuerdo Final y oponerse a la implementación de los compromisos que el Estado adquirió con las Farc y de los que fueron garantes Noruega y Cuba.

Como abrebocas a las elecciones de 2018, el plebiscito se presenta como la gran oportunidad para “sepultar” políticamente a Uribe y a quienes siguen a pie juntillas sus ideas políticas. Entre ellos, Alfredo Rangel Suárez. Por lo anterior, decir plebiscito, abrirá el camino para ese Gobierno de Transición[3] que el país necesita.



Imagen tomada de elespectador.com 

jueves, 25 de agosto de 2016

24 de agosto

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El 24 de agosto de 2016, en La Habana, Cuba, las delegaciones de paz del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón y de la guerrilla de las Farc-Ep, firmaron el fin del conflicto armado, después de 52 años de confrontaciones.

Día histórico que sin duda marca un antes y un después en el devenir del país, en especial para aquellas generaciones que vivieron, sufrieron, lucharon y soñaron en el complejo contexto político, social, económico y cultural que,  para el caso de Colombia y este hemisferio, les dejó las luchas ideológicas, políticas y los conflictos armados en lo que se conoció como la Guerra Fría.

Al ver y escuchar los emotivos y emocionantes discursos de los líderes de las delegaciones de paz que por cuatro años negociaron una Agenda de seis puntos, solo queda esperar que lo pactado, que la palabra empeñada, sea respetada por las partes.

Sin triunfalismos, pero con la certeza de que lo ocurrido en La Habana es un paso significativo para la construcción de la paz, lo que nos corresponde ahora a todos es asumir con responsabilidad histórica, la tarea de refrendar el Acuerdo Final, y en adelante, seguir de cerca y participar de los procesos de verificación e implementación de lo acordado entre las partes. Ciudadanos vigilantes y críticos serán garantía de que lo acordado se respete.

La élite empresarial, política y la clase dirigente tienen la responsabilidad de que lo acordado en La Habana se respete y se cumpla, en aras de que este pacto parcial de paz no termine en una nueva frustración para el país, tal y como ocurrió con las esperanzas que se echaron a andar con el proceso constituyente de 1990, cuando se firmó la paz con el M-19 y se promulgó la Constitución de 1991. Baste con decir que posterior a la firma de ese tratado de paz, el país vivió episodios de violencia política y el escalamiento y degradación del conflicto armado.

Así entonces,  y sobre la certeza de que no se tocaron el modelo económico, la estructura del Estado, el modelo político y las fuerzas armadas, le corresponde al Establecimiento asumir con lealtad lo que acordaron el Gobierno de Santos y la dirigencia de las Farc en este ya histórico 24 de agosto de 2016. Es allí en donde la sociedad debe posar sus ojos vigilantes para advertir cualquier acción, decisión, actividad o proceso que conduzca al desconocimiento de lo acordado y por esa vía, se deshonre la palabra empeñada.

Si negociar fue difícil, lo que vendrá después de la firma del Acuerdo Final será aún más complicado: cumplir la palabra empeñada. Y será así porque lo acordado demandará enormes transformaciones institucionales y culturales (prácticas políticas), que bien sectores de derecha y ultraderecha pueden subvalorar y por esa vía, torpedear, con el objetivo de aplazar la construcción y consolidación de escenarios reales de posconflicto. El reto, entonces, es mayúsculo.

Ojalá los colombianos aceptaran los sentidos discursos leídos por De La Calle e Iván Márquez como una guía ética para lograr las transformaciones que como Estado y sociedad debemos lograr, si de verdad queremos proscribir la guerra, la violencia política, el ethos mafioso y la persecución a todo aquel que tiene una idea distinta de lo que debe ser el Estado, la sociedad y el mercado.

El camino quedó trazado el 24 de agosto de 2016. El 02 de octubre, día en el que votaremos el plebiscito, tendremos la oportunidad de mostrar de qué estamos hechos en términos democráticos. Con un contundente SÍ, exhibiremos un positivo talante ético y democrático que muy seguramente facilitará la reconciliación y la reconstrucción del Estado. Por el contrario, un revés, es decir, con un triunfo del NO, confirmaremos el empobrecido talante democrático con el que hemos sostenido hasta hoy las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Llegó la hora de que como ciudadanos asumamos, por fin, la tarea de confrontar políticamente a quienes desde sectores estatales y privados coadyuvaron -y coadyuvan aún- a la generación y al mantenimiento de las circunstancias contextuales que legitimaron en buena medida el levantamiento armado en los años 60.

Insisto en que con la firma del fin del conflicto armado con las Farc estamos dando, como sociedad y Estado, un paso gigante hacia el redireccionamiento de los procesos civilizatorios que truncaron y cercenaron la propia guerra interna, el comportamiento mafioso de las élites y la baja cultura política de las grandes mayorías.


El 24 de agosto se abrió una compuerta y una oportunidad para repensarnos como sociedad, examinando con cuidado las condiciones de una Nación diversa étnica y culturalmente, que ha sobrevivido a pesar de la existencia de un Estado privatizado que le ha servido a unos pocos.


Adenda: aplaudo la decisión de la plenaria del Senado de suspender de su cargo al Magistrado, Jorge Pretel Chaljub, para facilitar su juzgamiento por el delito de concusión. Seguimos esperando a que el Consejo de Estado anule la espuria reelección del Procurador Ordóñez Maldonado. Recordemos que fue el mismo Senado el que reeligió a Alejandro Ordóñez, el 27 de noviembre de 2012.


Imagen tomada de elheraldo.co



martes, 23 de agosto de 2016

ASCO



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Las “dificultades” para investigar, procesar y condenar a Jorge Pretel[1] Chaljub y lograr, por esa vía, sacarlo de la Corte Constitucional, así como las que impiden que magistrados del Consejo de Estado[2] declaren espuria la amañada reelección[3] de Ordóñez Maldonado,  indican, con enorme claridad, que subsiste en dichas corporaciones una empobrecida institucionalidad, reproducida por cada uno de sus integrantes, sobre la base de un oprobioso, pero aceptado, validado y legitimado ethos mafioso.

Más allá de los evidentes conflictos de intereses que circundan a las instancias naturales en las que deben juzgarse las actuaciones de Pretel y Ordóñez, llama la atención el silencio cómplice de los gremios económicos, de los Militares que deliberan sobre otros temas; o la afonía de la Iglesia Católica, la de los estudiantes; o el mutismo de las Universidades, de los sindicatos, de los Congresistas, de los Partidos Políticos y por supuesto, de los Medios masivos de comunicación, en relación con la ilegal reelección del Procurador General de la Nación y de las relaciones de Pretel Chaljub con Fidupetrol, que mínimamente pueden calificarse como maliciosas.

La presencia de estos dos ladinos personajes no solo ensucia la imagen de las dos señaladas instituciones, sino que termina consolidando el ethos mafioso que de tiempo atrás guía la función pública en Colombia.

Resulta vergonzoso que actores significativos de la sociedad civil no hayan convocado marchas para exigir a los jueces naturales de Pretel y Ordóñez, prontas respuestas y soluciones a las indelicadas e ilegales acciones adoptadas por estos dos personajes públicos.  Tardíamente el Presidente Santos conmina a las instituciones comprometidas para que decidan de una vez por todas, los casos jurídicos y éticos que comprometen a los dos señalados funcionarios.

Al respecto, la revista Semana señala lo siguiente:

Según Santos, lo único que ha pedido es que la justicia cumpla su deber, y por eso le exigió al Senado, que por primera vez se convierte en juez, pronunciarse sin dilaciones. <<Mí llamado a los senadores es que asistan y voten, a que no eludan su responsabilidad, y demuestren al país que las instituciones funcionan. Eso es bueno para la democracia, para la justicia, para el mismo doctor Pretelt y bueno para el país>>. Pero más fuerte, si se quiere, fue el ‘jalón de orejas’ al Consejo de Estado. Recordó que desde hace tres años está en ese tribunal una demanda sobre la reelección del procurador y calificó de <>>”[4].

No hemos dimensionado el enorme daño que Ordóñez y Pretel le vienen haciendo al país, a la institucionalidad y a todo lo que de ella se deriva. Pero quizás haya que advertir que más daño hacen al país y al Estado, el silencio cómplice de una sociedad civil que parece acostumbrada a este tipo de prácticas corruptas e ilegales, por cuanto estas hacen parte sustantiva de las relaciones de corrupción establecidas entre el sector privado con el sector estatal (público).

Claramente, no tiene el Estado, ni los miembros de la sociedad civil, ni líderes políticos como Uribe Vélez, amigo y defensor de Pretel y Ordóñez[5], la suficiente moral  para exigir que consagrados delincuentes, políticos y comunes, acepten las condiciones de una institucionalidad cada vez más amarrada a los mezquinos intereses de funcionarios inescrupulosos.

Por largo tiempo los medios de comunicación y ciertos caudillos se encargaron de vender la idea de que el único y principal problema del país era la existencia de las guerrillas. Ahora, ad portas de que terminen con éxito las negociaciones de La Habana para desmovilizar a las Farc, personajes como Pretel y Ordóñez se encargan de develar la histórica falacia, para confirmarnos que el real problema de Colombia es la rampante corrupción, aupada y protegida por la propia clase política, empresarial y por la burguesía. Dan asco.




Imagen tomada de Semana.com


[5] Estos ladinos personajes hacen parte de la cofradía que Uribe logró consolidar en sus 8 años de mandato. Y hacen parte, en especial Ordóñez, del proyecto neoconservador que el político y latifundista antioqueño puso en marcha entre el 2002 y 2010. Ordóñez quiere llegar a la Presidencia en 2018, para regresarnos a la Colombia de la Constitución de 1886 y para torpedear el Acuerdo Final al que lleguen las Farc y el Gobierno de Santos.