Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Por el caso de Plazas Vega, el Presidente de Colombia desconoció el fallo de los magistrados del Tribunal de Bogotá, en cuyo auto se ratifica la condena a 30 años de prisión, proferida en contra del ex oficial del ejército, por un juez de primera instancia. Sin duda, estamos ante un público desacato que aumenta la tensión entre el Ejecutivo y la Justicia, como poderes públicos, que ya tiene graves antecedentes a juzgar por lo sucedido en el anterior gobierno.
Venimos de un largo y agrio enfrentamiento entre estos dos poderes públicos, originado por la persecución que el entonces presidente Uribe Vélez desató contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por los fallos proferidos en contra de políticos uribistas, en el marco de la llamada parapolítica. Persecución que los narcoparamilitares, Don Berna y alias El Tuso, vienen develando en sus recientes declaraciones. Es claro que Uribe usó el DAS para atacar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Y ahora, el propio Santos arremete contra la justicia, a través de un pronunciamiento público que deja varios interrogantes, alrededor del tipo de relaciones que Santos está construyendo o por construir, con los militares. Que el país le pida perdón al ejército y al ex presidente Belisario Betancur Cuartas por el polémico fallo de los magistrados del Tribunal de Bogotá, resulta inconcebible y políticamente inviable, pues está claro que sí hubo excesos en el operativo de retoma del Palacio de Justicia.
Santos cree que con este tipo de pronunciamientos públicos va a recuperar la institucionalidad en las fuerzas militares, que se perdió por cuenta de los manejos irregulares, personalizados y privados que mantuvo Uribe Vélez, por ejemplo, con el ejército. Uribe manejó al ejército y en general a las otras fuerzas, de tal forma, que terminó afectando la institucionalidad y la relación de sometimiento de éstas, al poder político.
Juan Manuel Santos Calderón recibió unas fuerzas armadas mimadas, burocratizadas y con el poder político y el reconocimiento social suficientes, como para presionar al Ejecutivo para que éste desestime el fallo de los jueces y para exigirle al actual mandatario de Colombia un tratamiento menos distante con la tropa. Y el asunto no se resuelve durmiendo en bases militares. No. De fondo hay una actitud generalizada del alto mando militar, de acatar a medias las decisiones del poder civil y de controvertir en privado las orientaciones que salen de la Casa de Nariño.
No es sano para un país como Colombia, que sufre de tiempo atrás de una baja o débil institucionalidad, que las fuerzas militares se erijan como un factor de poder capaz de obligar a un Presidente a controvertir los fallos judiciales.
Mucho se habla del carácter civilista de las fuerzas militares colombianas y de su total sumisión al poder político que encarna y se concentra en el Presidente. Creo que las recientes arremetidas terroristas de las Farc se explican en buena parte por la decisión de un sector del ejército, de bajarle a la presión que se venía ejerciendo sobre las guerrillas, ante el fallo proferido contra Plazas Vega, alto oficial, que junto al ex general, Arias Cabrales, son considerados dentro del ejército como héroes. Es decir, las fuerzas militares se sienten desmotivadas porque siempre les ha molestado la intromisión de la Procuraduría en la revisión de actuaciones en determinados operativos y porque ahora, deben enfrentar a una justicia ordinaria, a la que juzgan como incapaz de comprender sus lógicas, su mística y sus reacciones en el contexto de un conflicto armado interno.
No la tiene fácil el presidente Santos con las fuerzas militares. Hay claramente sectores dentro de éstas que no comulgan con la justicia ordinaria y desconocen el papel de los jueces y el de la propia Procuraduría. A ese sector pertenecen oficiales troperos que suelen apelar a todas las formas de lucha, con tal de asestar golpes certeros a las Farc y por esa vía, de ganar indulgencias de su máximo comandante, el presidente de la República. De ese mismo sector suelen salir presiones al Ejecutivo para que modifique decisiones o simplemente, para que públicamente ofrezca disculpas por lo que se considera un fallo que desconoce los sacrificios de los soldados.
Por causa del largo conflicto armado interno colombiano, fuerzas como el ejército vienen reclamando no sólo protagonismo y reconocimiento social y político, sino tratamientos diferenciados cuando se trata de vigilar a los uniformados que combaten a las fuerzas insurgentes. Es decir, vienen pidiendo a gritos una justicia penal militar a la medida de las circunstancias, lo que se traduce en una protección amplia del fuero militar, lo que haría a los uniformados intocables por la ley.
Ojalá no pase a mayores los evidentes roces que hoy se evidencian entre los poderes Ejecutivo y Judicial, a raíz del pronunciamiento de Santos frente al señalado fallo de segunda instancia. Y ojalá que detrás de lo expresado por el propio Presidente, no esté la presión de una cúpula militar que parece gustar de la relación consentida, desinstitucionalizada y cómplice que Uribe Vélez construyó con los ella y en general con las fuerzas militares entre el 2002 y el 2010.
Estamos a todas luces ante un hecho que hace aún más débil la democracia colombiana, en tanto la doctrina castrense, con sus objetivos e intereses, ha alcanzado peligrosos niveles de aceptación tanto en sectores del actual gobierno, como en sectores de la sociedad civil y los partidos políticos, que terminan por desconocer realmente quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios.
Por el caso de Plazas Vega, el Presidente de Colombia desconoció el fallo de los magistrados del Tribunal de Bogotá, en cuyo auto se ratifica la condena a 30 años de prisión, proferida en contra del ex oficial del ejército, por un juez de primera instancia. Sin duda, estamos ante un público desacato que aumenta la tensión entre el Ejecutivo y la Justicia, como poderes públicos, que ya tiene graves antecedentes a juzgar por lo sucedido en el anterior gobierno.
Venimos de un largo y agrio enfrentamiento entre estos dos poderes públicos, originado por la persecución que el entonces presidente Uribe Vélez desató contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por los fallos proferidos en contra de políticos uribistas, en el marco de la llamada parapolítica. Persecución que los narcoparamilitares, Don Berna y alias El Tuso, vienen develando en sus recientes declaraciones. Es claro que Uribe usó el DAS para atacar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Y ahora, el propio Santos arremete contra la justicia, a través de un pronunciamiento público que deja varios interrogantes, alrededor del tipo de relaciones que Santos está construyendo o por construir, con los militares. Que el país le pida perdón al ejército y al ex presidente Belisario Betancur Cuartas por el polémico fallo de los magistrados del Tribunal de Bogotá, resulta inconcebible y políticamente inviable, pues está claro que sí hubo excesos en el operativo de retoma del Palacio de Justicia.
Santos cree que con este tipo de pronunciamientos públicos va a recuperar la institucionalidad en las fuerzas militares, que se perdió por cuenta de los manejos irregulares, personalizados y privados que mantuvo Uribe Vélez, por ejemplo, con el ejército. Uribe manejó al ejército y en general a las otras fuerzas, de tal forma, que terminó afectando la institucionalidad y la relación de sometimiento de éstas, al poder político.
Juan Manuel Santos Calderón recibió unas fuerzas armadas mimadas, burocratizadas y con el poder político y el reconocimiento social suficientes, como para presionar al Ejecutivo para que éste desestime el fallo de los jueces y para exigirle al actual mandatario de Colombia un tratamiento menos distante con la tropa. Y el asunto no se resuelve durmiendo en bases militares. No. De fondo hay una actitud generalizada del alto mando militar, de acatar a medias las decisiones del poder civil y de controvertir en privado las orientaciones que salen de la Casa de Nariño.
No es sano para un país como Colombia, que sufre de tiempo atrás de una baja o débil institucionalidad, que las fuerzas militares se erijan como un factor de poder capaz de obligar a un Presidente a controvertir los fallos judiciales.
Mucho se habla del carácter civilista de las fuerzas militares colombianas y de su total sumisión al poder político que encarna y se concentra en el Presidente. Creo que las recientes arremetidas terroristas de las Farc se explican en buena parte por la decisión de un sector del ejército, de bajarle a la presión que se venía ejerciendo sobre las guerrillas, ante el fallo proferido contra Plazas Vega, alto oficial, que junto al ex general, Arias Cabrales, son considerados dentro del ejército como héroes. Es decir, las fuerzas militares se sienten desmotivadas porque siempre les ha molestado la intromisión de la Procuraduría en la revisión de actuaciones en determinados operativos y porque ahora, deben enfrentar a una justicia ordinaria, a la que juzgan como incapaz de comprender sus lógicas, su mística y sus reacciones en el contexto de un conflicto armado interno.
No la tiene fácil el presidente Santos con las fuerzas militares. Hay claramente sectores dentro de éstas que no comulgan con la justicia ordinaria y desconocen el papel de los jueces y el de la propia Procuraduría. A ese sector pertenecen oficiales troperos que suelen apelar a todas las formas de lucha, con tal de asestar golpes certeros a las Farc y por esa vía, de ganar indulgencias de su máximo comandante, el presidente de la República. De ese mismo sector suelen salir presiones al Ejecutivo para que modifique decisiones o simplemente, para que públicamente ofrezca disculpas por lo que se considera un fallo que desconoce los sacrificios de los soldados.
Por causa del largo conflicto armado interno colombiano, fuerzas como el ejército vienen reclamando no sólo protagonismo y reconocimiento social y político, sino tratamientos diferenciados cuando se trata de vigilar a los uniformados que combaten a las fuerzas insurgentes. Es decir, vienen pidiendo a gritos una justicia penal militar a la medida de las circunstancias, lo que se traduce en una protección amplia del fuero militar, lo que haría a los uniformados intocables por la ley.
Ojalá no pase a mayores los evidentes roces que hoy se evidencian entre los poderes Ejecutivo y Judicial, a raíz del pronunciamiento de Santos frente al señalado fallo de segunda instancia. Y ojalá que detrás de lo expresado por el propio Presidente, no esté la presión de una cúpula militar que parece gustar de la relación consentida, desinstitucionalizada y cómplice que Uribe Vélez construyó con los ella y en general con las fuerzas militares entre el 2002 y el 2010.
Estamos a todas luces ante un hecho que hace aún más débil la democracia colombiana, en tanto la doctrina castrense, con sus objetivos e intereses, ha alcanzado peligrosos niveles de aceptación tanto en sectores del actual gobierno, como en sectores de la sociedad civil y los partidos políticos, que terminan por desconocer realmente quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios.
Nota: publicada en el portal www.hechoencali.com, http://www.hechoencali.com/santos-la-justicia-y-la-cupula-militar/
; publicada en el potal www.nasaacin.org, http://www.nasaacin.org/attachments/article/3392/De%20atentados%20y%20estrategias%20de%20guerra.pdf
Publicada en el portal Aula & Asfalto de la Universidad Central de Bogotá, http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/
1 comentario:
Hola Uribito:
¡Buena tarde!
El caso amerita muchas reflexiones, desde diferentes puntos de vista. Lo mediático, es la noticia tal como se conoce y la forma como se le dio despliegue a la posición de Santos. Es muy triste que el máximo gobernante, por ser tan pusilánime, llegue a estos extremos de deshonor internacional. ¡Triste realidad la colombiana!
Hay que seguir luchando por el imperio de la ley en el nuevo Estado de Derecho, que no es el formal y liberal ni el socialista, sino uno centrado en el reconocimiento y respeto real de los derechos humanos.
Luis F.
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