Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El terrorismo como arma de guerra sirve a los propósitos políticos y militares de los actores armados enfrentados. Los recientes atentados de las Farc, al parecer y según las autoridades, en contubernio con grupos de narcotraficantes, generan miedo y terror en la población civil, principal objetivo de acciones terroristas, que son, en sí mismos, actos pre políticos.
Pero así como las Farc logran sus oscuros cometidos, las fuerzas del Estado también, pues no sólo claman la solidaridad de los civiles, sino que demandan del gobierno central y de las fuerzas económicas y políticas, más presupuesto y todo de tipo de consideraciones y garantías, para enfrentar el desafío terrorista de grupos al margen de la ley. Sin duda, estamos en un juego de intereses en donde los más afectados son los civiles, víctimas de los criminales atentados como los perpetrados recientemente en Villa Rica (Cauca) y en Tumaco (Nariño). Ello no pretende desconocer el valor de las vidas de los uniformados muertos, pero en una guerra, se debe esperar que en el mayor número de víctimas esté dentro de quienes combaten.
Pero no todos los atentados terroristas tienen sustento político y pueden entenderse dentro de la dinámica del conflicto armado interno. Y es así, porque en un largo y degradado conflicto armado como el colombiano, en el que el narcotráfico ha logrado penetrar no sólo a las Farc y a otras organizaciones al margen de la ley, sino a las propias fuerzas armadas y a otras instituciones del Estado y de la propia sociedad civil, hay acciones terroristas que cumplen con el objetivo de castigar o de mandar mensajes claros, a específicos agentes del Estado, y en los más recientes, a unidades policiales, bien porque han tocado los intereses de los grupos que están detrás de los atentados o de personajes que patrocinan su accionar.
Los atentados con ‘carros o motos bomba’ vienen precedidos de sentimientos de venganza y de retaliación, propios del actuar de carteles de la droga o de grupos armados ilegales con intereses en el narcotráfico, que no siempre actúan en respuesta a una política, a una acción de Estado, en el contexto del conflicto armado interno, sino para responder a una acción particular de unos agentes del Estado que pueden tener o que sostienen negocios con grupos ilegales. Esta tesis bien debería de tenerse en cuenta por parte de los líderes policiales y militares, en aras de depurar de las filas a aquellos efectivos que realizan o realicen transacciones con grupos al margen de la ley.
Por lo anterior, los órganos de control, el propio gobierno e incluso, sectores de las fuerzas armadas no permeados por la corrupción y por el narcotráfico, deben explicar a la opinión pública cuándo efectivamente estamos ante un atentado terrorista, diseñado y perpetrado dentro del contexto del conflicto armado interno y cuándo se produce por la disputa y la guerra ‘micro interna’ que sectores armados del Estado sostienen con grupos armados ilegales, con los cuales tienen relaciones y negocios ilegales.
Esas circunstancias deben tenerse en cuenta a la hora de explicar atentados como los que se han producido recientemente. El de Villa Rica no encajaría dentro de la tesis arriba enunciada, pero es probable que el de Tumaco sí pueda explicarse desde esas complejas condiciones.
Entre tanto, y mientras las autoridades ofrecen recompensas e intentan vencer a una fuerza ‘invisible’ como lo es el terrorismo (así detrás estén o no las Farc), hay que volver a la discusión sobre la pertinencia de mantener dentro de los cascos urbanos a las estaciones de policía.
Los 11 civiles y cuatro policías muertos, como resultado de las acciones terroristas en Tumaco y Villa Rica, son suficiente argumento para volver sobre la discusión y poder así pensar y tomar la decisión de sacar a los policías de los municipios, para evitar, al máximo, la muerte de vidas civiles y las cuantiosas pérdidas económicas. Si reconociéramos realmente que vivimos una guerra interna, entonces, los muertos los deben de poner los actores armados y no la población civil. Sacar a los policías de ciudades y pueblos es un acto de responsabilidad y de sensatez del Estado. No se trata de dejar desprotegidos a pueblos y a ciudades pequeñas. Por el contrario, de lo que se trata es de cambiar la estrategia para enfrentar a los enemigos del Estado.
El terrorismo como arma de guerra sirve a los propósitos políticos y militares de los actores armados enfrentados. Los recientes atentados de las Farc, al parecer y según las autoridades, en contubernio con grupos de narcotraficantes, generan miedo y terror en la población civil, principal objetivo de acciones terroristas, que son, en sí mismos, actos pre políticos.
Pero así como las Farc logran sus oscuros cometidos, las fuerzas del Estado también, pues no sólo claman la solidaridad de los civiles, sino que demandan del gobierno central y de las fuerzas económicas y políticas, más presupuesto y todo de tipo de consideraciones y garantías, para enfrentar el desafío terrorista de grupos al margen de la ley. Sin duda, estamos en un juego de intereses en donde los más afectados son los civiles, víctimas de los criminales atentados como los perpetrados recientemente en Villa Rica (Cauca) y en Tumaco (Nariño). Ello no pretende desconocer el valor de las vidas de los uniformados muertos, pero en una guerra, se debe esperar que en el mayor número de víctimas esté dentro de quienes combaten.
Pero no todos los atentados terroristas tienen sustento político y pueden entenderse dentro de la dinámica del conflicto armado interno. Y es así, porque en un largo y degradado conflicto armado como el colombiano, en el que el narcotráfico ha logrado penetrar no sólo a las Farc y a otras organizaciones al margen de la ley, sino a las propias fuerzas armadas y a otras instituciones del Estado y de la propia sociedad civil, hay acciones terroristas que cumplen con el objetivo de castigar o de mandar mensajes claros, a específicos agentes del Estado, y en los más recientes, a unidades policiales, bien porque han tocado los intereses de los grupos que están detrás de los atentados o de personajes que patrocinan su accionar.
Los atentados con ‘carros o motos bomba’ vienen precedidos de sentimientos de venganza y de retaliación, propios del actuar de carteles de la droga o de grupos armados ilegales con intereses en el narcotráfico, que no siempre actúan en respuesta a una política, a una acción de Estado, en el contexto del conflicto armado interno, sino para responder a una acción particular de unos agentes del Estado que pueden tener o que sostienen negocios con grupos ilegales. Esta tesis bien debería de tenerse en cuenta por parte de los líderes policiales y militares, en aras de depurar de las filas a aquellos efectivos que realizan o realicen transacciones con grupos al margen de la ley.
Por lo anterior, los órganos de control, el propio gobierno e incluso, sectores de las fuerzas armadas no permeados por la corrupción y por el narcotráfico, deben explicar a la opinión pública cuándo efectivamente estamos ante un atentado terrorista, diseñado y perpetrado dentro del contexto del conflicto armado interno y cuándo se produce por la disputa y la guerra ‘micro interna’ que sectores armados del Estado sostienen con grupos armados ilegales, con los cuales tienen relaciones y negocios ilegales.
Esas circunstancias deben tenerse en cuenta a la hora de explicar atentados como los que se han producido recientemente. El de Villa Rica no encajaría dentro de la tesis arriba enunciada, pero es probable que el de Tumaco sí pueda explicarse desde esas complejas condiciones.
Entre tanto, y mientras las autoridades ofrecen recompensas e intentan vencer a una fuerza ‘invisible’ como lo es el terrorismo (así detrás estén o no las Farc), hay que volver a la discusión sobre la pertinencia de mantener dentro de los cascos urbanos a las estaciones de policía.
Los 11 civiles y cuatro policías muertos, como resultado de las acciones terroristas en Tumaco y Villa Rica, son suficiente argumento para volver sobre la discusión y poder así pensar y tomar la decisión de sacar a los policías de los municipios, para evitar, al máximo, la muerte de vidas civiles y las cuantiosas pérdidas económicas. Si reconociéramos realmente que vivimos una guerra interna, entonces, los muertos los deben de poner los actores armados y no la población civil. Sacar a los policías de ciudades y pueblos es un acto de responsabilidad y de sensatez del Estado. No se trata de dejar desprotegidos a pueblos y a ciudades pequeñas. Por el contrario, de lo que se trata es de cambiar la estrategia para enfrentar a los enemigos del Estado.
Nota: publicada en el portal www.hechoencali.com, http://www.hechoencali.com/de-atentados-y-estrategias-de-guerra/#respond
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