Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Históricamente Colombia ha tenido problemas para administrar, proteger y aprovechar las ventajas medioambientales que tiene como país biodiverso. Dificultades que guardan estrecha relación con la labilidad estatal, su privatización por la vía del clientelismo, a lo que se suman el desconocimiento de los límites entre lo público y lo privado, la inexistencia de un proyecto de Nación que reconozca el valor social, político y cultural de frágiles zonas biodiversas, así como la ‘ingenuidad’ y la incapacidad para negociar, con empresas nacionales y extranjeras, la oferta ambiental que tienen las selvas y otros ecosistemas, a partir de criterios de sostenibilidad socio ambiental.
Pero quizás haya una circunstancia que ha facilitado la depredación y el aprovechamiento insostenible de la biodiversidad, que hoy tiene su mayor expresión en la puesta en marcha de la locomotora minero-energética: la inexistencia de una perspectiva ambiental que haga confluir el trabajo investigativo y crítico de la Academia y el rol que deben jugar la Política y los Partidos Políticos en el diseño de políticas públicas y en el control social y político de planes de desarrollo, fincados en un desarrollo extractivo y por supuesto, el funcionamiento de las instituciones ambientales y la aplicación de los principios de responsabilidad ambiental de la Ley 99 de 1993. En otras palabras, hemos tenido una academia y un Estado de espaldas al medio ambiente. No tenemos pensamiento ambiental y mucho menos prácticas ambientales consecuentes con el medio.
No hay en Colombia un pensamiento ambiental lo suficientemente desarrollado que movilice y aglutine las investigaciones y las recomendaciones de la Academia, así como las protestas sociales en torno a megaproyectos energético y mineros. De igual forma, no hay un sólido partido político, ideológica y políticamente comprometido con la defensa sensata de la biodiversidad y menos aún, hay dentro de las corporaciones legislativas (Congreso, Asambleas y Concejos) una conciencia ambiental capaz de frenar la unívoca concepción de desarrollo que se agencia desde el Estado central.
Así las cosas, la defensa del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos de la biodiversidad, son asuntos alejados de las realidades cotidianas de millones de ciudadanos que conviven en ciudades, sin que les importe los desastres ambientales provocados y permitidos, por ejemplo, por los gobiernos de Uribe Vélez y Santos Calderón; el primero, a través del desmonte de la institucionalidad ambiental (la entrega express de licencias ambientales) y el segundo, a través de una locomotora minera cuyos rieles se instalaron sobre una demostrada incapacidad estatal para responder a semejante desafío.
En cuanto a las realidades socio ambientales de zonas biodiversas, como el Chocó Biogeográfico, en especial lo que corresponde a los territorios rurales de Buenaventura, hay que señalar que la ausencia del Estado ha facilitado la tarea depredadora de empresas, legales e ilegales, con el apoyo armado de paramilitares y guerrilleros, que sistemáticamente vienen erosionando no sólo el poder de las comunidades locales, sino sus propias prácticas culturales de aprovechamiento de la manigua, sino que tienen en entredicho su supervivencia.
¿Qué hacer, entonces, ante la enorme grieta que de tiempo atrás subsiste entre el discurso ambiental, el aprovechamiento y explotación insostenibles de los recursos naturales y el rol esperado de un Estado Social de Derecho, con problemas para consolidarse como un orden social y política viable y perenne? ¿Qué hacer para acercar el discurso científico y académico a la Política y por esa vía, convencer a científicos y académicos de la imperiosa de necesidad de consolidar un discurso ambiental y político que colonice espacios legislativos, con el claro propósito de reversar el actual modelo de desarrollo extractivo?
Por lo pronto, hay que recuperar el sentido político del ambientalismo, en los términos que Hildebrando Vélez Galeano expuso hace un tiempo: “el ambientalismo es la política del obrar bien… que debe enfrentarse a modelos y estilos de vida y aquellas relaciones sociales que arrebatan el espacio a las comunidades, destruyen sus culturas e imponen relaciones económicas avasalladoras, trayendo como consecuencia el deterioro precoz de los humanos y los ecosistemas”[1].
Otro elemento clave que nos puede conducir a la consolidación de un pensamiento ambiental, políticamente comprometido con la necesidad de cambiar una visión de desarrollo que viene dejando graves estragos socio ambientales, es aceptar que la compleja realidad humana no puede comprenderse desde la frágil trinchera de una profesión u oficio. Este elemento, que directamente señala a la Academia, debe socializarse de tal forma, que cada ciudadano sea capaz de entender y comprender que sus acciones cotidianas tienen efectos sistémicos, que demandan de él prácticas equilibradas.
[1] Vélez Galeano, Hildebrando. Ambientalismo y vida buena. En: La manzana de la discordia, debate sobre la naturelza en disputa. Bogotá: Ecofondo, Ecos Nro 6. p. 50.
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