EL CONPES DE NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Ahora que avanza con éxito la fase de implementación del Acuerdo Final (II) alcanzado entre el Gobierno de Santos y la dirigencia de las Farc, poco a poco el país empieza a conocer las dimensiones de la corrupción público-privada que durante más de 50 años fue opacada por las dinámicas del conflicto armado interno.

Reficar y Odebrecht son apenas dos muestras del enorme cáncer que carcome la Política en su sentido ético del servicio público y mina la confianza de los ciudadanos en el Estado y en el régimen actual de poder.

Y así, a cuenta gotas, los colombianos empiezan a comprender que el más grande problema de Colombia no era la presencia y el accionar de las guerrillas, sino que la corrupción es el principal desafío y quizás el problema más difícil de erradicar, por cuanto las prácticas corruptas de funcionarios estatales y privados están soportadas en un ya establecido ethos mafioso[1].

Y será difícil desmontarla porque las prácticas corruptas son variadas y están profundamente entronizadas en la Política, es decir, en las formas regladas y en las lógicas de operación del Estado y de los particulares.

Así entonces, desmontar la corrupción será difícil, por ejemplo, mientras las campañas presidenciales y las de los aspirantes a llegar al Congreso, Asambleas y Concejos, sigan siendo patrocinadas por interesados contratistas y de específicos actores de la sociedad civil que invierten en candidatos presidenciales y en candidatos a ocupar cargos legislativos, en los órdenes nacional, regional y local, para luego recuperar dicha inversión y obtener enormes ganancias cuando se les asignan multimillonarios contratos para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

El caso de Odebrecht resulta emblemático en la medida en que se van conociendo detalles de la conexión mafiosa que se dio entre agentes estatales, políticos profesionales, ex congresistas  y funcionarios de la compañía brasilera, que estuvieron detrás de la adjudicación de los contratos para la ejecución de obras en el marco de la construcción de la ruta del Sol e incluso, en las acciones emprendidas para hacer navegable, nuevamente, el río Magdalena.

Quienes llegan a instancias de poder político tienen acceso a información privilegiada que da vida a posibles negocios que requerirán del Estado para su ejecución, bien porque este pone la infraestructura, o porque fungirá como garante de la inversión, en especial si aquella viene a través de empréstitos, o porque el mandatario de turno (local, regional  o Nacional) dispone de los mecanismos legales y de la institucionalidad estatal, para dar vía libre a licitaciones que devienen, por supuesto, amarradas.

Los documentos Conpes suelen ser los vehículos jurídicos, políticos y técnicos sobre los cuales “viajan” la corrupción o la interesada adjudicación de las obras de infraestructura. Como ya es común oírlo, un Conpes no se le niega a nadie. Por esa vía, estos documentos se conciben a la medida de los intereses de las empresas, nacionales y multinacionales, que previamente han contactado a congresistas, alcaldes, gobernadores, “lobistas” profesionales y a los asesores del Gobierno nacional, en una larga cadena de contactos en donde, poco a poco, se van cocinando los negociados.

El Conpes 3817[2] bien podría considerarse como un ejemplo y expresión de las finas relaciones y conexiones establecidas por quienes hicieron posible que Odebrecht entrara a operar en Colombia.  

En dicho texto se lee: <<Con la modificación al Documento Conpes 3571 se busca adicionar el proyecto de gasto de inversión “Mejoramiento apoyo estatal proyecto de concesión Ruta del Sol, sector 2 nacional”, sin necesidad de fuentes de financiamiento de la nación adicionales toda vez que se utilizarán los recursos que habían sido aprobados previamente para las vigencias 2024 y 2025 por un valor de $311.394 millones de pesos constantes de 2008. Estos recursos disponibles serán utilizados para financiar el mejoramiento de la vía Ocaña (Río de Oro) - Aguaclara - Gamarra y las conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra, la cual se conecta con el proyecto Ruta del Sol Sector 2 en la intersección de Aguaclara. Esto permitirá una mejora sustancial en la conectividad de Cúcuta y Venezuela con el Sector 2 del Proyecto Ruta del Sol y con el Río Magdalena>>[3].

De esta manera, el carácter técnico, jurídico y político de un documento Conpes, suele servir para encubrir las redes clientelares y mafiosas que normalmente se tejen antes de que un documento de esta clase sea concebido.

Lo que llama la atención del Conpes 3817 de octubre de 2014 es que contó con la aprobación del alto Gobierno, en cabeza del Presidente Santos, el vicepresidente Vargas Lleras y el entonces Ministro de la Presidencia, o “Súper Ministro”, Néstor Humberto Martínez Neira, hoy Fiscal[4] General de la Nación y sobre quien recae la responsabilidad de develar las finas redes clientelares y mafiosas sobre las cuales se montó y de garantizó la operación de Odebrecht.

Por supuesto que el hecho de ser firmante de ese Conpes limita las orientaciones que en materia investigativa puede dar el Fiscal General. A esta circunstancia se suma  otra de igual o más importancia: las finas redes de amigos y clientes que como abogado tejió Néstor Humberto Martínez Neira antes de convertirse en Fiscal, generan suspicacias alrededor de su real interés y capacidad para develar el entramado oscuro que está detrás de las operaciones de Odebrecht en Colombia.

Además, la aprobación de dicho Conpes se dio cuando ya se conocían problemas de incumplimiento por parte de la multinacional brasilera y muy seguramente el alto Gobierno ya conocía la información que recién divulgó el Departamento de Estado de los EEUU, en relación con el pago de coimas ofrecidas por altos funcionarios de la compañía brasilera.

De esta manera, los documentos Conpes no son más que la expresión de las formas legales y regladas desde y sobre las cuales operan las redes clientelares y los “lobistas” que las empresas nacionales e internacionales deben tejer si de verdad esperan hacerse a un millonario contrato. Para el caso de Odebrecht, se contó con la complicidad del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien en sus 8 años como Jefe del Ministerio Público dedicó a perseguir impíos, al tiempo que evitaba que el ente de control vigilara el actuar de los funcionarios estatales que tuvieron relación directa o indirecta con la operación de la multinacional brasilera.

Al final, los involucrados y sancionados por las prácticas corruptas que se puedan descubrir (No todo se podrá saber), saben muy bien cómo funciona aquello de la “Economía del delito”. Saben soportar unos años de desprestigio mediático y una leve sanción moral (social), pues las millonarias coimas y las ganancias obtenidas por unos y otros les servirán para vivir muy bien durante muchos años. Y de eso se trata todo: de enriquecerse.

Imagen tomada de Elespectador.com