Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Inconveniente, por decir lo
menos, resultaría que por efectos del incumplimiento del Gobierno, en la entrega
de los campamentos de paz, y por parte de las Farc, en lo que respecta a la entrega
de los menores de edad, el Congreso detenga la discusión jurídico-política de las
normas, que en el contexto del llamado Fast
Track, asumió desde el preciso momento en el que refrendó el Acuerdo Final (II) y dio inicio a la etapa de implementación de lo pactado en La Habana.
A estas eventuales talanqueras se
podría sumar una de mayor calado: los reparos del Fiscal General de la Nación
al capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz en lo que respecta a las
responsabilidades que deberán asumir militares de alto rango y la cúpula de las
Farc por los delitos de lesa humanidad cometidos por los combatientes que
operaron bajo el mando de unos y otros. Lo anterior, claro está, se entendería
en una eventual distancia que tendría lo acordado en La Habana en esa materia,
y las disposiciones del Estatuto de Roma[1] y la
competencia de la Corte Penal Internacional.[2]
Las discusiones sobre este espinoso y complejo asunto, se vienen dando al interior del Congreso, alimentadas por los reparos del Fiscal, de juristas y por, supuesto, de los miedos que la Jurisdicción Especial para la Paz suscita en sectores de poder directamente involucrados con las dinámicas del conflicto armado interno. Estas circunstancias poco a poco están llevando lo pactado en La Habana y firmado en el Teatro Colón, a una “nueva etapa de renegociación”, hecho que podría poner en riesgo la viabilidad de la implementación y el final feliz del mismo Proceso de Paz.
El 31 de enero es la fecha
pactada para que las Farc se agrupen y den así el paso para su desmovilización
y reincorporación a la vida civil. Los problemas logísticos presentados para la
adecuación de las zonas de pre agrupamiento y concentración de las Farc demuestran
improvisación y falta de diligencia en el alto Gobierno para cumplir con lo
pactado. En suma, una clara demostración de la débil presencia e incluso, de la
inexistencia del Estado en las zonas veredales en donde se vienen construyendo
los campamentos de paz.
En lo que respecta a la entrega
de los menores de edad, tanto Sergio Jaramillo como Pastor Álape le deben
explicar al país qué sucede con ese proceso. Que le hablen a la opinión pública con toda
claridad. ¿Acaso las Farc desconfían del ICBF y en general de la
institucionalidad estatal existente para el manejo de lo que se conoce como Desarme, Desmovilización y Reincorporación?
Si es así, entonces que la
guerrilla le exponga a los colombianos y a la comunidad internacional las dudas que les asiste, ojalá
soportadas estas en casos de filtración de información de desmovilizados, e
incluso, de presiones psicológicas, divulgación de identidades que
pudieron terminar en torturas, persecución o asesinatos de desmovilizados.
Lo anterior explicaría por qué
los menores farianos no han sido entregados a las autoridades, dado que la
dirigencia de las Farc teme por la suerte de los menores, una vez abandonen los
campamentos. ¿La dirigencia fariana conoce, por ejemplo, en dónde están los 13 menores que
fueron entregados a la ONU en septiembre de 2016[3] ? ¿Las
familias de esos menores se han podido reunir?
¿Será que la insistencia de
algunos sectores de poder político en la devolución de los menores está
sostenida en la oportunidad que ven allí los organismos de seguridad del Estado
para sacarles información, que podría ser usada con fines políticos y de seguridad? Son preguntas que deberían
contestar tanto las Farc, como el equipo de paz del Gobierno.
En cualquier caso, la opinión
pública debe entender que más importante que la entrega de los menores al
Estado, está el hecho de que están concentrados en las zonas de pre
agrupamiento y que están protegidos. Que el Estado se quiera hacer responsable,
tardíamente, de unos menores que la sociedad y el propio orden establecido les
negaron la posibilidad de tener otra vida, no puede ser un obstáculo para que
el proceso de implementación de lo acordado siga su marcha.
Se trata, en el fondo, de un
asunto de control y seguridad que la dirigencia de las Farc desea mantener
sobre sus combatientes, pues finalmente son de su entera responsabilidad por
haberlos reclutado. Insisto en que las Farc deben explicarle al país las
razones por las cuales no han devuelto a los menores.
Detener la tarea legislativa y
con ella la implementación de lo acordado, es un riesgo que el país no puede
correr. Estamos cerca de asegurar un final feliz al Proceso de Paz entre Farc y el
Gobierno de Santos. Dilatar el proceso jurídico y permitir que se contamine de
circunstancias electorales, es echar a la basura cuatro largos años de una
ardua y compleja negociación política. Eso es quizás lo que busca el Centro Democrático y al parecer otras voces, como la de la senadora Claudia López, que pidió detener las discusiones al interior del Congreso de la República.
Imagen tomada de Semana.com
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