LA OTRA TRIBUNA: IMAGINADO, PERO SANGRIENTO POSCONFLICTO

martes, 24 de enero de 2017

IMAGINADO, PERO SANGRIENTO POSCONFLICTO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La muerte de líderes sociales (en 2016, fueron asesinados 94), defensores de derechos humanos, miembros del movimiento social y político Marcha Patriótica (van 125, desde 2011) y reclamantes de tierra, entre otros, obedece a una práctica sistemática. He aquí algunos elementos que bien podrían servir para que la Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto Martínez Neira, cambie el concepto[1] que recientemente dio al respecto, y con el que niega la existencia de una sistematicidad en los crímenes perpetrados por las sempiternas “fuerzas oscuras”.

El primer elemento que daría cuenta de la existencia de una práctica sistemática está anclado a las funciones de liderazgo de las víctimas. Se trata de sobresalientes e importantes líderes sociales y políticos que apoyan el proceso de paz y la terminación del conflicto armado interno. El asesinato de las cabezas visibles de defensores de derechos humanos, líderes campesinos y reclamantes de tierra busca no solo resquebrajar los movimientos sociales afectos a la solución política del conflicto armado interno, sino que manda un mensaje claro a la institucionalidad pública y privada comprometida con la implementación de lo acordado en materia de reforma agraria integral. Mensaje que claramente dice: resultarán costosos, en vidas humanas, los cambios pactados en Cuba, en aras de mejorar las condiciones de vida de campesinos, afros e indígenas. Se avecina un recrudecimiento de las disputas territoriales y nuevos conflictos socio ambientales.

De allí se desprende, entonces, que se trata de crímenes por razones políticas, sostenidas en los procesos de apropiación social y de defensa de lo acordado en La Habana y ratificado en el Teatro Colón.

El segundo elemento, de carácter territorial, está profundamente anclado al sentido político de los crímenes de los líderes sociales. Y tiene que ver con los territorios en donde desarrollaban sus tareas las víctimas de esas “fuerzas oscuras” que muy seguramente están al servicio de quienes se oponen a la implementación de lo acordado en La Habana, en particular con lo que tiene que ver con la reforma agraria integral. Es decir, clase política, empresarios del campo, ganaderos, latifundistas y palmicultores, entre otros.

Para el caso de los miembros asesinados de Marcha Patriótica, sus tareas políticas y sociales las adelantaban en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cauca, Caquetá, Meta, Nariño, Atlántico y Huila. No se trata de hechos aislados fruto de una “dispersión” territorial tal y como las autoridades están leyendo estos crímenes, sino de una práctica orientada a debilitar, en lo nacional, un movimiento social y político fundamental para los procesos de implementación y consolidación de lo acordado en el Acuerdo Final (II), en materia de paz territorial y apertura política.

Aunque la Fiscalía señale que en los crímenes perpetrados confluyen causas múltiples que impedirían reconocer la sistematicidad de los hechos violentos, bien se podría pensar que de manera deliberada los autores intelectuales que están detrás de estos asesinatos, orientan y ordenan a sus perpetradores, la construcción disímiles motivos o razones y hasta escenas del crimen, que terminen confundiendo a las autoridades que asumen las investigaciones de estos hechos delictivos.

Sumo este otro elemento: en razón al momento histórico que vive el país y debido a las evidentes resistencias sociales y políticas que generó en varios departamentos y municipios la firma del Acuerdo Final de Colón, en particular en agentes de la sociedad civil, y el triunfo del NO, subsiste el interés de varios actores de poder en generar condiciones de incertidumbre, miedo y desazón en quienes creen y defienden la terminación negociada del conflicto armado interno y en general, comparten el sentido político, social, cultural y económico de lo acordado, en especial en el tema agrario.

Sin duda, el reconocimiento o la negación de la sistematicidad de una práctica, en este caso violenta, dado el asesinato de cientos de líderes sociales, miembros de Marcha Patriótica y defensores de derechos humanos, obedece más a una decisión política y administrativa con la que la Fiscalía, y el silencio cómplice del Gobierno, evita posteriores sanciones internacionales por la permisividad, e incluso, por la connivencia de autoridades de policía y de otros organismos del Estado con quienes están detrás de los señalados crímenes.

A esa negación de la sistematicidad que hace el Fiscal, que insisto es de carácter político, se suma el anuncio del ministro de la Defensa, en el que señaló que en Colombia ya no existen los paramilitares[2]. Que estas estructuras hayan mutado y que ya no exista públicamente una Confederación de Paramilitares[3], no significa que como fenómeno y como actor armado haya desaparecido. La afirmación del Mindefensa parece calzar perfectamente con el sentido político de la negación que hace el Fiscal Martínez Neira, alrededor de la sistematicidad de los señalados crímenes.

Es decir, parece ser que ambos conceptos se articulan a la idea fundamental de crear y recrear un imaginado posconflicto, que solo sirve para ofrecer la biodiversidad y los recursos del subsuelo a unas cuantas multinacionales europeas y americanas. Lo importante es vender la idea de que ya no hay guerra, así persistan los asesinatos selectivos y sistemáticos de líderes sociales y políticos en los territorios rurales.

Lo que llama la atención es el nulo rechazo y el silencio que de estos asesinatos hacen fuerzas políticas como el Centro Democrático, en especial, la silente postura de su propietario y líder, el latifundista y ganadero, Álvaro Uribe Vélez. Se suman también al silencio, industriales y empresarios del campo, muchos de estos preocupados por lo pactado entre el Gobierno y Farc en materia de la reforma agraria integral. Igual silencio guarda en general la Academia, que poco presiona al Estado para que brinde seguridad a los líderes sociales y políticos que sobreviven en territorios alejados de las grandes urbes.

Más allá del reconocimiento de si subsiste o no una sistematicidad en los crímenes, lo que esperamos del Estado es la decisión política de proteger las vidas de quienes con claridad se la están jugando por la consolidación de una paz estable y duradera. Los crímenes de estos líderes mandan un mensaje claro: cambiar las correlaciones de fuerza en los territorios rurales no será fácil y costará cientos de miles de víctimas más. Dicha amenaza hace rato empezó a cumplirse.